TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 857/2018-RRC

Sucre, 25 de septiembre de 2018


Expediente                        : La Paz 23/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Luís Alejandro Surco Zapana y otros

Delito                        : Uso de Instrumento Falsificado y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 16 de octubre de 2017, cursante de fs. 546 a 547, Ana María Campos Rodríguez de Uzin, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 06/2017 de 2 de junio, de fs. 522 a 530, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Félix Oblitas García contra , Jorge Antonio Mejía Valdez, Luís Alejandro Surco y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Ejercicio Indebido de la Profesión, previstos y sancionados por los arts. 164 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2017 de 6 de febrero (fs. 463 a 467 vta.), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Jorge Antonio Mejía Valdez y Ana María Campos Rodríguez de Uzin, autores de la comisión del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, previsto y sancionado por el art. 164 del CP, imponiendo la pena de un año y seis meses de reclusión, más daños civiles a favor de la víctima y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia. Asimismo, Luis Alejandro Surco Zapana, fue absuelto de pena y culpa del delito de Uso de Instrumento Falsificado.


  1. Contra la referida Sentencia, Félix Oblitas García en su calidad de víctima (fs. 490 y vta.) y la imputada Ana María Campos Rodríguez de Uzin (fs. 496 a 499), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 6/2017 de 2 de junio, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los fundamentos expuestos en los recursos planteados, confirmando la Sentencia apelada, motivando la interposición de los recursos de casación, habiendo sido admitido solo el de la imputada Ana María Campos Rodríguez de Uzin, motivando la interposición del presente recurso de casación..


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 464/2018-RA de 29 de junio, se admitió el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

                                             

La recurrente impugna que el Auto de Vista, respecto a su agravio denunciado como defecto de Sentencia del art. 370 inc. 11) de CPP, no cumplió con lo preceptuado por los arts. 124, 407, 408, 413 y siguientes del CPP, siendo que en el recurso de apelación denunció errores in judicando  que no fueron considerados ni valorados en el Auto de Vista, contradiciendo la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 139/2015-RRC de 27 de febrero y 167/2013-RRC de 13 de junio; ya que, establecerían que existe defecto absoluto cuando se vulnera el art. 370 inc. 11) del CPP; puesto que, ninguna autoridad puede inobservar las reglas establecidas de la congruencia entre la Sentencia y la acusación, por haber en el caso presente sentenciado por otro delito como el de Ejercicio Indebido de la Profesión, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso; ya que, su defensa se enmarcó en demostrar que no se habría incurrido en los delitos de Falsead Material y Uso de Instrumento Falsificado, que no corresponden a la misma familia de delitos a los que pertenece el Ejercicio Indebido de la Profesión.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que se emita nueva Resolución en base a la doctrina legal aplicable, declarando absuelta del hecho que se le acusa.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 464/2018-RA de 29 de junio, cursante de fs. 313 a 315, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la imputada Ana María Campos Rodríguez, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la acusación pública.


Por Sentencia 3/2017 de 6 de febrero (fs. 463 a 467 vta.), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Jorge Antonio Mejía Valdez y Ana María Campos Rodríguez de Uzin, autores de la comisión del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, previsto y sancionado por el art. 164 del CP, imponiendo la pena de un año y seis meses de reclusión, más daños civiles a favor de la víctima y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia. Asimismo, Luis Alejandro Surco Zapana, fue absuelto de pena y culpa del delito de Uso de Instrumento Falsificado.

II.2.        Del Auto de apertura a juicio.


Por Resolución 089/2016 de 21 de abril (fs. 372 y vta.), el Tribunal de Sentencia Noveno emitió auto de apertura de juicio en base a la siguiente relación señalada por el Ministerio Público, en contra de: Luis Alejandro Surco Zapana por el delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto por el art. 203 del CP; Jorge Antonio Mejía Valdez por el delito de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Ejercicio Indebido de Profesión y Abogacía y Mandatos Indebidos previstos por los arts. 198, 203, 164 y 175 del CP; y, Ana María Campos Rodríguez por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado sancionado por los arts. 198 y 203 del CP, en grado de autoría conforme el art. 20 del CP.


II.3.        De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio, se tiene que por denuncia presentada por Félix Oblitas García, el 18 de noviembre de 2014, solicita al encargado de seguridad del Edificio Mariscal de Ayacucho que llame a personal de Radio Patrullas 110, en razón a que encontró al señor Luis Alejandro Surco Zapana, que tenía en su poder un documento duplicado del testimonio 191/1989, en el que figuraría la firma del denunciante, manifestando el mismo que la firma sería falsificada y que dicho documento habría sido entregado por Luis Alejandro Surco Zapana, que fue conducido a oficinas de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC) en calidad de aprehendido, quien manifestó en su declaración informativa que el duplicado del Testimonio habría sido entregado por parte de los abogados Ana María Campos Rodríguez y Jorge Mejía Valdez, que tienen su oficina en el pasaje peatonal, edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, piso 3, of. 309, donde el fiscal conjuntamente el investigador y personal de laboratorio técnico científico, se constituyeron y procedieron a la aprehensión de los        co-imputados Ana María Campos Rodríguez y Jorge Mejía Valdez, que se identificaron como abogados, procediéndose a precintar dicha oficina.


En base a dichos hechos, el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia 03/2017 de 6 de febrero, declarando a Jorge Antonio Mejía Valdez y Ana María Campos Rodríguez de Uzin, autores de la comisión del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, previsto y sancionado por el art. 164 del CP; asimismo, a Luis Alejandro Surco Zapana, lo declaró absuelto de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que en fecha 18 de noviembre, en función a una denuncia efectuada por Félix Oblitas García, se encuentra a Luis Alejandro Surco Zapana en poder de una escritura pública 191/1989 de 27 de marzo, con firma del Notario Félix Oblitas García a cuyo fin es conducido a las oficinas de la FELCC, en calidad de aprehendido y se apertura el caso Nº 1415321.


  1. Que Ana María Campos Rodríguez y Jorge Antonio Mejía Valdez, prestaban asistencia técnica jurídica, fungiendo en calidad de abogados o asesores legales, sin contar con el título en Provisión Nacional de Abogado y Licenciado en Derecho, que dicha actividad la realizaban en la oficina ubicada en el Edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, piso 3, oficina 309, ofertando este servicio al público en general.


Conclusión que emerge de las documentales MP6 (tarjeta personal de Ana María Campos Rodríguez), donde se establece la oferta en calidad de Asesora Legal especialista en Derechos Reales, así como describe el lugar de la oficina edificio Mariscal de Zepita, bloque B, tercer piso, of. 309, pasaje peatonal, dato coincidente con el acta de precinto policial de oficina en relación a la misma ubicación y fecha, signada como prueba MP5 (acta de precinto policial de 18 de noviembre de 2014), la misma que establece que el precinto policial se efectuó en la misma oficina descrita en la tarjeta personal, dentro del caso LPZ 1415321.


Concluyendo, que de conformidad a la prueba introducida a juicio y los hechos probados, efectuando una subsunción normativa al delito de Ejercicio Indebido de Profesión en relación a Ana María Campos Rodríguez aplica, el principio del iura novit curia, que permite novar o modificar el tipo penal acusado, sin modificar los hechos.


II.4.        Del recurso de apelación restringida.


       Notificada con la Sentencia, Ana María Campos Rodríguez interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


       Previa relación de antecedentes, refiere que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 11 del CPP; toda vez, que la declaró autora del delito previsto por el art. 164 del CP (Ejercicio Indebido de la Profesión), no considerando que la acusación y auto de apertura de juicio la juzgó por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; no obstante, se la sentenció por el delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, no considerando que el art. 362 del CPP, prevé la congruencia constituyendo defecto absoluto; por cuanto, el tipo penal por el que fue condenada no corresponde a la misma familia de los delitos señalados en la acusación y en el auto de apertura de juicio, que vulnera el principio de congruencia y sus derechos a la defensa y debido proceso.


II.5.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de la casación admitida:


Respecto a la apelación restringida de Ana María Campos Rodríguez.


  1. Se debe de tener en cuenta que al momento de juzgar un determinado caso concreto, el juez penal se sostiene en determinados principios hasta el momento de emitir su decisión final como los principios de la comunidad de la prueba, de congruencia, presunción de inocencia, in dubio pro reo, iura novit curia, que hacen al proceso penal un todo.


Que se debe tener en cuenta el Auto Supremo 097/2016-RRC de 16 de febrero, que refiere al principio iura novit curia; que de la revisión de la acusación presentada por la representante del Ministerio Público si bien es cierto que Ana María Campos Rodríguez es acusada por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; no es menos evidente, que al momento de formarse convicción y tener conocimiento el Tribunal de mérito sobre los hechos acusados y su calificación realizada por el Ministerio Público dentro de sus atribuciones, jugaron un papel importante al audiencias de juicio oral y público, como también los principios penales (sustanciales y/o procesales) que coadyuvaron y orientaron el desenvolvimiento del presente proceso penal.


Que, la parte apelante señala que en un principio la acusación fiscal estaría encaminada por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; empero, no toma en cuenta que conforme el Auto Supremo 097/2016-RRC de 16 de febrero, dicha calificación es provisional y por lo tanto no corresponde imponerle al Tribunal de mérito tomarla como única directriz al momento de decidir, debido a que, lo que se juzgan son hechos y no tipos penales, pues de la revisión de la Sentencia advierte, que Ana María Rodríguez fue sentenciada por el delito de Ejercicio Indebido de la Profesión; empero, el Tribunal de mérito al momento de decidir toma en cuenta que la calificación presentada por el Ministerio Público es provisional y así lo refirió la jurisprudencia citada.


En ese contexto, es que los hechos acusados en el presente caso conforme a los medios de prueba aportados y producidos en el desarrollo del proceso condujeron al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, la responsabilidad y la personalidad de la imputada conforme lo prevé el ordenamiento jurídico penal, por lo que no le resulta atendible el agravio.


  1. Respecto al principio de congruencia, se manifiesta en el entendido, la decisión tomada en un caso concreto tenga coherencia y sea sobre la base de los hechos acusados objeto de procesamiento siendo la calificación provisional realizada en la imputación formal, la acusación fiscal o particular como su nombre lo dice provisional en ese entendido las mismas no son impositivas a la autoridad jurisdiccional.


Que el principio iura novit curia, que conjuntamente con el principio de congruencia juegan un rol muy trascendental en la resolución de un determinado caso, en ese entendido el Auto Supremo 097/2016-RRC de 16 de febrero refirió sobre el principio iura novit curia; de la Sentencia advierte, que cumpliría en la máxima del principio de congruencia de que al imputado no se le podrá condenar por hechos distintos a los atribuidos en la acusación o su ampliación.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido ante la denuncia concerniente al defecto de Sentencia del art. 370 inc. 11) de CPP, contrarió a los Autos Supremos 139/2015-RRC de 27 de febrero y 167/2013-RRC de 13 de junio, que establecerían que existe defecto absoluto cuando se vulnera el art. 370 inc. 11) del CPP; toda vez, que ninguna autoridad puede inobservar las reglas de la congruencia entre la Sentencia y la acusación, aspecto no considerado ni valorado por el Tribunal de alzada; puesto que, fue sentenciada por el delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1. De los precedentes invocados.


La recurrente invocó el Auto Supremo 139/2015-RRC de 27 de febrero, que fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, que ante la denuncia de vulneración al principio de congruencia entre la acusación y la Sentencia, constató que el Tribunal de alzada no consideró ni reparó la denuncia; por cuanto, no observó primero, que la Sentencia, incorrectamente y en contra del principio iura novit curia, partió del análisis de los tipos penales para concluir que los delitos de Falsedad Material e Ideológica no fueron acreditados, cuando en materia penal no se investigan ni sancionan tipos penales; sino, hechos que se consideran delictivos por la acusación; y segundo, en esa errónea labor, nada se había dicho sobre el delito de Uso de Instrumento Falsificado, que también fue acusado por el Ministerio Público; tercero, en la acusación fiscal no había hecho referencia a la falsificación de documentos; sino, únicamente había mencionado que la imputada realizó retiro de montos de diferentes cuentas y en distintas oportunidades; no obstante, el Tribunal de Sentencia y por su cuenta; es decir, de oficio ingresó a analizar la autoría o no de la falsificación de firmas en los comprobantes, lo que evidenció que efectivamente la Sentencia vulneró el principio de congruencia, que también se presentó con relación a la acusación particular; ya que, el Tribunal de Sentencia no la tomó en cuenta, aspecto por el que fue dejado sin efecto, ratificando respecto al principio de congruencia entre la acusación y la Sentencia, previsto por el art. 362 del CPP, el siguiente entendimiento: “que los juzgadores están impedidos de incorporar en la decisión final o fallar sobre cuestiones no contenidas cuando menos en alguna de las acusaciones, además que los hechos concretos son el objeto de juzgamiento y no los tipos penales abstractos, pudiendo apartarse de la calificación provisional, siempre y cuando se trate de la misma familia de delitos, así, entre otros precedentes, en la doctrina legal del Auto Supremo 167/2013-RRC de 13 de junio, se recordó: “Al respecto, la naturaleza, contenido y alcances de este principio, que está taxativamente inserto en el Código de Procedimiento Penal vigente, ya fue abordado y desarrollado ampliamente por este Tribunal, siendo así que el Auto Supremo 123/2013 de 10 de mayo, sobre este tópico, explicó: Es necesario precisar que, toda calificación legal de los hechos objeto del proceso penal, realizada en actos anteriores a la Sentencia, es eminentemente provisional, susceptible de modificación, siendo que la facultad de establecer en definitiva la adecuación penal que corresponde al hecho delictivo es del Juez o Tribunal en Sentencia, en el fallo que resuelve la controversia, quien después de establecer la acreditación del hecho probado, procede a la labor de subsunción del tipo penal que corresponde, conforme a los presupuestos configurativos preestablecidos por el Código Penal, para finalmente, imponer la sanción prevista por la norma, facultad conocida en la doctrina como principio iura novit curia (el juez conoce el derecho)´.


Asimismo, el Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, refiriéndose, en uno de sus fundamentos, al principio de congruencia, sostuvo: Este principio referido a la imprescindible correspondencia que debe existir en materia penal, entre los hechos acusados por la acusación fiscal y/o particular, con los hechos por los que se condena en sentencia, se halla inmerso en el art. 362 del CPP, al prescribir: El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación, norma que guarda concordancia con el art. 342 del mismo Código, al establecer que en ningún caso los juzgadores pueden incluir en el Auto de apertura de juicio, hechos no contemplados en alguna de las acusaciones”. Entendimiento que es complementario al plasmado en el Auto Supremo 85/2013-RRC de 28 de marzo, que precisó: “También es importante remarcar, que la facultad privativa de realizar la adecuación penal del hecho al tipo penal, no puede ser discrecional ni arbitraria, pues resulta atentatorio al principio de congruencia y como consecuencia al derecho a la defensa y al debido proceso, el establecer una calificación jurídica por un delito que no se trate de la misma familia de delitos, pues no debe perderse de vista, que los medios de defensa del sindicado están orientados a rebatir un determinado hecho delictivo, y en función a ello es que se dirige su actividad probatoria de descargo, por lo que existiría quebrantamiento al derecho a la defensa, si por ejemplo, se pretende sancionar un hecho por el delito de Robo (que tutela la propiedad), cuando se acusó por Asesinato u otros delitos análogos (que protegen  la vida)”. (Las negrillas nos corresponden).


Del precedente, se tiene que resolvió una cuestión procesal que resulta similar a la denuncia de la recurrente, que reclama que el Auto de Vista recurrido no reparó la vulneración al principio de congruencia entre la acusación y la Sentencia, por habérsela condenado por un delito que no pertenece a la misma familia de los delitos por los que fue acusada; consiguientemente, corresponde ingresar al análisis del reclamo.


También invocó el Auto Supremo 167/2013-RRC de 13 de junio, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, donde constató que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse ante el reclamo concerniente a la ilegal fundamentación y aplicación de la pena, omisión que constituye vulneración al derecho al debido proceso, aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido; sin embargo, no será considerado en la resolución del presente recurso; por cuanto, aborda una temática procesal diferente a la que reclama la recurrente.


III.2. El principio de congruencia.


Antes de ingresar al análisis del presente recurso, resulta preciso referir sobre el principio de congruencia, en Bolivia, la exigencia de la congruencia en la Sentencia, se encuentra prevista por el art. 362 del CPP, que refiere: “El imputado podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación”, que resulta concordante con el art. 370 el inc. 11) del Código citado, que establece que constituye defecto de Sentencia, “La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación”, que guarda coherencia con los arts. 342 del CPP, que refiere: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación”; y, 348 del mencionado Código, que respecto a la ampliación de la acusación señala: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena. Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código"; de donde se deduce, que el sistema procesal penal impone como exigencia en la redacción de la Sentencia, la prohibición de modificar, suprimir o incluir otros hechos que no estuvieran descritos en la acusación y que sirvieron de base para el enjuiciamiento, implicando que el Tribunal de mérito se encuentra facultado para otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, con el debido cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, ante una calificación radical; es decir, que tiene como margen, que la misma se haga en relación a los hechos acusados, lo que implica la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia, de forma excepcional; por cuanto, conforme a la normativa procesal penal citada, únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación; consecuentemente, cuando el Tribunal de mérito condena por un hecho diferente al acusado en base a los hechos acusados, no significa vulnerar el derecho a la defensa del imputado, pues tuvo la oportunidad de ejercitar su defensa de forma amplia e irrestricta, respecto a los hechos y circunstancias detalladas en el pliego acusatorio y fijado como hechos a probar en el Auto de apertura del proceso.


III.3. El principio iura novit curia.


El principio iura novit curia, es un principio de derecho procesal por el que se entiende que “el juez conoce el derecho aplicable”; y por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Este principio se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, reservándole al juzgador el derecho y a las partes los hechos.


Carlos Creus sostiene: “el principio de congruencia refiere a los hechos no a su calificación jurídica, por eso el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta” (CREUS Carlos, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 117.), entendiéndose que en aplicación del mencionado principio, las partes deben limitarse a probar los hechos sometidos a litigio, sin que el juzgador necesariamente deba adecuar la conducta al tipo penal expresamente acusado; sino que, al quedar establecido los hechos y ante la evidencia de que dichos hechos probados no se ajustan a la pretensión jurídica acusada, en aplicación de éste principio, el Juzgador puede cambiar la calificación jurídica, con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, máxime si la modificación es favorable al imputado.


Al respecto, el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, sentó la siguiente doctrina legal aplicable: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la acusación en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.” (El resaltado nos corresponde). Concluyéndose entonces, que la facultad de modificar la calificación jurídica, otorgada al Juzgador, conocida como principio iura novit curia, no significa infracción al principio de congruencia; por cuanto, el primero únicamente tiene como límite el hecho acusado y el segundo a partir de la comprobación del hecho acusado y la convicción adquirida de la existencia del hecho, la participación del imputado y su culpabilidad, permite al Tribunal de mérito subsumir la conducta del imputado del tipo penal correcto, con la debida observancia de que la Sentencia deberá ser emitida sobre la base fáctica acusada y comprobada y que la nueva tipificación tenga el mismo bien jurídico protegido que el delito acusado.


III.4.        Análisis del caso concreto.

       

Sintetizada la denuncia en la que la recurrente reclama, que el Auto de Vista recurrido ante el agravio concerniente al defecto de Sentencia del art. 370 inc. 11) de CPP, no consideró ni valoró, que fue sentenciada por el delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, vulnerando el derecho a la defensa y debido proceso, puesto que, su persona se enmarcó en demostrar que no incurrió en los delitos acusados de Falsead Material y Uso de Instrumento Falsificado, que no corresponden a la misma familia de delitos al que pertenece el Ejercicio Indebido de la Profesión.


Ingresando al análisis del presente recurso, conforme se tiene de antecedentes procesales la representante del Ministerio público presentó acusación formal en contra de la imputada Ana María Campos Rodríguez por la presunta comisión de los delitos Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, en grado de autoría, bajo los siguientes hechos: “de la denuncia presentada por el señor Felix Oblitas García, se establece que en fecha 18 de noviembre de 2014 mientras el encargado del servicio de seguridad física del edificio Mariscal de Ayacucho (…), a denuncia del señor Felix Oblitas García de profesión abogado, le habría solicitado que llame a personal de radio patrullas 110; puesto que, dicho solicitante tenía en su poder un documento duplicado del Testimonio Nº191/1989 en el cual figuraría una firma con el nombre Felix Oblitas García, el mismo manifiesta que esta firma sería  falsificada y dicho documento habría sido entregado al denunciante por parte de Luis Alejandro Surco Zapana, el mismo que posteriormente fue conducido a las oficinas de la F.E.L.C.C., en calidad de aprehendido, posteriormente y en virtud a que el señor Surco, manifestó en su declaración informativa que el duplicado del testimonio habría sido entregado por parte de los abogados ANA MARIA CAMPOS RODRIGUEZ y JORGE MEJIA VALDEZ, los mismos que tiene su oficina en el Pasaje peatonal Edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, Piso 3 Of. 309, lugar al cual el fiscal asignado, conjuntamente el investigador y personal de laboratorio técnico científico de la F.E.L.C.C., se constituyeron y procedieron a la aprehensión de los co imputados ANA MARIA CAMPOS RODRIGUEZ Y JORGE MEJIA VALDEZ, quienes se identificaron como abogados, procediéndose a precintar de igual manera dicha oficina.” (sic); en base a dicha descripción fáctica, el Tribunal de mérito por Resolución 089/2016 de 21 de abril, aperturó el desarrollo del juicio y fue la base del juicio oral, en cuyo efecto, por esos mismos hechos, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.3 de este fallo, fueron los hechos acusados identificados en la Sentencia, teniendo en su exposición de motivos de hecho y probatorios: Que el 18 de noviembre, en función a una denuncia efectuada por Félix Oblitas García, se encuentra a Luis Alejandro Surco Zapana en poder de una escritura pública 191/1989 de 27 de marzo, con firma del Notario Félix Oblitas García a cuyo fin es conducido a las oficinas de la FELCC en calidad de aprehendido y se apertura el caso Nº 1415321. Que, Ana María Campos Rodríguez y Jorge Antonio Mejía Valdez, prestaban asistencia técnica jurídica, fungiendo en calidad de abogados o asesores legales, sin contar con el título en Provisión Nacional de Abogado y Licenciado en Derecho, que dicha actividad la realizaban en la oficina ubicada en el Edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, piso 3, oficina 309, ofertando este servicio al público en general. Añadiendo la Sentencia en su acápite exposición de motivos de derecho y doctrinales, que en el presente caso Ana María Campos Rodríguez sin contar a la fecha con un título en provisión nacional de Licenciado en Derecho, fungieron como tal, sin estar facultado para ello, además de no haber cumplido con los requisitos legales que habilitan el ejercicio de la profesión y se extrae el elemento constitutivo del ejercicio indebido de la profesión de abogado en razón a la relación existencial tanto de la publicidad que realiza a través de sus tarjetas personales donde esta descrita la calidad en la que se ofrece el servicio; concluyendo que de conformidad a la prueba introducida a juicio y los hechos probados, efectuando una subsunción normativa al delito de Ejercicio Indebido de Profesión en relación a Ana María Campos Rodríguez aplica, el principio del iura novit curia, que permite novar o modificar el tipo penal acusado, sin modificar los hechos.


En cuyo efecto, la imputada formuló recurso de apelación restringida alegando conforme fue extractado en el punto II.4 de esta Resolución, que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 11 del CPP; toda vez, que la declaró autora del delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, cuando la acusación y el auto de apertura de juicio la juzgó por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, lo que vulneraría el principio de congruencia, derecho a la defensa y debido proceso; respecto a lo cual, el Auto de Vista recurrido conforme lo extractado en el acápite II.5 de este fallo, aperturó su competencia, alegando que: de la revisión de la acusación de la representante del Ministerio Público si bien era cierto que Ana María Campos Rodríguez fue acusada por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, al momento de formarse convicción y tener conocimiento el Tribunal de mérito sobre los hechos acusados y su calificación realizada por el Ministerio Público dentro de sus atribuciones es que jugaron un papel importante las audiencias de juicio oral y público, como también los principios penales (sustanciales y/o procesales) que coadyuvaron y orientaron el desenvolvimiento del proceso penal.


Añadió el Tribunal de alzada, que si bien en un principio la acusación estaría encaminada por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; empero, la apelante no tomó en cuenta que conforme el Auto Supremo 097/2016-RRC de 16 de febrero, dicha calificación era provisional y por lo tanto no correspondía al Tribunal de mérito tomarla como única directriz al momento de decidir, debido a que lo que se juzgan son hechos y no tipos penales, que de la revisión de la Sentencia advierte, que Ana María Rodríguez fue sentenciada por el delito de Ejercicio Indebido de la Profesión, tomando en cuenta el Tribunal de mérito que la calificación presentada por el Ministerio Público es provisional.


Refiere el Tribunal de alzada, que encontró justificada el fundamento del iura novit curia y la posibilidad de que el Tribunal cambie la calificación jurídica sin que ello implique incurrir en incongruencia.


De esa relación necesaria de antecedentes, conforme se explicó en los acápites III.2 y III.3 de este fallo, si bien el Tribunal de mérito se encuentra facultado para otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica distinta a la que conste en la acusación; aspecto que, fue correctamente mencionado por los Tribunales de sentencia y alzada; no obstante, dicha calificación que otorgue tiene como margen, que se haga en relación a los hechos acusados, lo que sí implica la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia, de forma excepcional; sin embargo, en el caso de autos, se observa que el Tribunal de alzada no controló que el Tribunal de mérito incorrectamente aplicó el principio iura novit curia; por cuanto, si bien podía condenar a la recurrente por el tipo penal de Ejercicio Indebido de la Profesión aunque no haya sido acusado expresamente por el representante del Ministerio Público; toda vez, que en materia penal no se investigan ni sancionan tipos penales; sino, hechos que se consideran delictivos; la nueva calificación tenía y debía emerger de los hechos acusados; puesto que, esos hechos fueron la base del desarrollo del juicio, lo que no se advierte en el caso de autos; por cuanto, la acusación fiscal, auto de apertura de juicio y en la propia relación de hechos expuestos en la Sentencia, no se tiene referencia alguna a que la recurrente prestaba asistencia técnica, fungiendo calidad de abogada sin contar con título en provisión nacional, que fue establecido por el Tribunal de sentencia, lo que demuestra que efectivamente como arguye la recurrente se vulneró el principio de congruencia; puesto que, el hecho acusado de ninguna manera guarda relación con el tipo penal por el que fue sentenciada.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que no reparó la vulneración al principio de congruencia que derivó en la errónea aplicación del principio iura novit curia, implicando la vulneración de los derechos a la defensa y debido proceso conforme acusa la recurrente, a pesar de haber sido reclamado en apelación, por lo que, corresponde dejar sin efecto la Resolución impugnada; a objeto que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo Auto de Vista observando, que si bien el Tribunal de mérito se encuentra facultado para otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica distinta a la acusada, debe tener presente, que se encuentra limitado a que la modificación se haga en relación a los hechos acusados; es decir, que no puede modificar, suprimir o incluir otros hechos que no estuvieran descritos en la acusación; toda vez, que fue la base para el enjuiciamiento, consecuentemente el recurso en análisis deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ana María Campos Rodríguez de Uzin, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6/2017 de 2 de junio, disponiendo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos