TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 853/2018-RRC

Sucre, 25 de septiembre de 2018


Expediente                        : Cochabamba 13/2018        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Alexsander Claros Heredia

Delito                        : Violación con Agravante

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 364 a 369, Alexander Claros Heredia, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 22 de agosto de 2017, de fs. 334 a 341, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Roberta Lara Claros contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. h) y j) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 17/2015 de 22 de abril (fs. 234 a 249), el Tribunal de Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Alexsander Claros Heredia, absuelto de pena y culpa por la comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. h) y j) del CP, disponiendo la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Roberta Lara Claros (fs. 276 a 277 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 22 de agosto de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, para el análisis de fondo.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 504/2018-RA de 10 de julio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente, denunció que el Tribunal de apelación incurrió en revalorización probatoria y falta de control de la valoración de la prueba con relación a la declaración de la víctima, la prueba MP-2, las testificales de Jorge Capriles Aguilar y Delia Rodríguez Lora y la prueba pericial psicológica; a cuyo efecto, invocó los Autos Supremos 176/2013 de 24 de junio y 14/2013-RRC de 6 de febrero, señalando que el Tribunal de alzada cuestiona los elementos probatorios señalados -los cuales se encontrarían debidamente fundamentados-, sin controlar la valoración de la prueba según la sana crítica.


I.2.1. Petitorio.


Solicitó que previa admisión de su recurso el mismo sea declarado “probada”; y consiguientemente, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, así como se “declare la validez plena y legal de la Sentencia Nro. 17/2015.” (sic).


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Sacaba, dictó sentencia absolutoria a favor del imputado, precisando que su método valorativo fue esquematizado en dos partes; por un lado, una fuente primaria constituida por el testimonio de la víctima; y por otro lado, los demás medios y elementos probatorios, destinados, en perspectiva del Tribunal de sentencia a corroborar la información vertida por la fuente primaria. Planteada la metodología, el Tribunal concluyó:


  1. “Las pruebas indirectas no llegan a corroborar plenamente la declaración de la testigo principal (víctima) las pruebas de cargo, contienen datos que a la luz del conjunto de prueba practicada, adquieren un indiscutible valor confirmatorio de la existencia de duda razonable, respecto a la participación del acusado en los hechos.” (sic).


  1. “Las pruebas MP-2 y MP-6 si bien acreditan que  (la víctima) en fecha 16 de diciembre de 2013, presentada una herida contuso en labio inferior izquierdo, equimosis y excoriaciones en ambas rodillas, así como en introito vaginal, desgarro reciente a horas 5 según las manecillas del reloj y meato urinario con erosiones; sin embargo estas pruebas que por cierto poseen valor relevante, son contrastados o adversos a las pruebas MP-12 y MP-13, (que) acreditan que la (víctima) no tuvo acceso carnal, es decir, la penetración del miembro viril al área vaginal, debido a que no reporta la presencia de fosfatasa ácida prostática, ni mucho menos la presencia de ADN correspondiente a un individuo varón ni alguna célula descamática del acusado, habida cuenta que (la víctima en su deposición testifical refirió en efecto haber mantenido cópula no consentida con el acusado, aspecto reiterado también ante la perito psicológica)” (sic).


  1. “Por ello es que el Fiscal a tiempo de fundar sus conclusiones afirma solamente que el acusado le metió sus dedos en la vagina, cambiando de esta manera lo referido en la acusación en la parte de la relación de hechos, afirma que la violó sexualmente, también le metió sus dedos; en tanto que el abogado de la acusación particular en un afán desesperado afirma que el acusado metió su puño; peor aún intentó excluir su propia prueba MP-12 y MP-13, afirmando que los investigadores sustituyeran dicha prueba afirmación poco ética y coherente. Sumado a ello se tiene que, el certificado médico forense, no refiere que tipo de himen tiene la víctima, el tamaño de la erosión en el meato urinario, pues si bien este profesional médico al momento de su declaración cuando era interrogado  intensamente, se limitó a referir lo que se observa se anota además de apoyar su examen (en literatura médica); empero no es menos cierto que este certificado debió haber sido emitido con todas las particularidades propias de una revisión médica, pues resulta extraño que refiera el tipo de himen que tiene, pues es de conocimiento que las carúnculas mirtiformes necesariamente se producen en mujeres que han tenido hijos, más si victima refiere que ha tenido 4, con partos naturales y en su casa, por lo que referir simplemente que lo que se ve se anota denota un trabajo nada prolijo …pues este hecho ha generado inseguridad sobre la existencia del desgarro reciente a horas 5.” (sic).


II.2.  De la apelación restringida.


Por memorial saliente, de fs. 276 a 277 vta. RLC, opuso recurso de apelación restringida, denunciando valoración defectuosa de la prueba e invocando al efecto el art. 370 inc. 6) del CPP, expresando que la Sentencia de grado en su parte considerativa otorgó valor de relevante a una serie de elementos de prueba; empero, contradictoriamente absolver al imputado en su parte dispositiva. Tal postura fue planteada bajo con los siguientes argumentos:


  1. La declaración de la víctima (en la que se enfatizó el hecho de haber reconocido como autor al imputado) a la atestación del Dr. DSCA (que corrobora el contexto sobre las lesiones sufridas y consignadas en el certificado médico forense) y a la deposición testifical de JLTF (también dando información sobre el hecho de que la víctima reconoció al imputado como su agresor), la parte dispositiva de aquel fallo, declare la absolución del imputado.


  1. En cuanto a lo testificado por DRL, se señaló que fue calificada de relevante al ser hija de la víctima y por ende haber mantenido un contacto íntimo momentos después de ocurrido el hecho.


  1. Expresó que las documentales MP-1 y MP-2, fueron valoradas de manera contradictoria; ya que, a pesar de dar información sobre la identidad del autor y las lesiones sufridas, “no se las valora como tal, al momento de emitir el fallo.” (sic).


  1. Sobre la prueba MP-15, que fue el acta de desfile identificativo, en el que de igual manera la víctima reconoció al imputado como su agresor, se cuestionó que se la haya desestimado “por el simple hecho de que la víctima…conocía al imputado desde niño.” (sic).


De igual manera, sostuvo que la testimonial de JCA, brindó datos sobre la ruptura de la cadena de custodia, afirmando que: “en los hechos viene a traducirse en actividad procesal defectuosa o dicho en otros términos se ha valorado positivamente una prueba viciada” (sic) y cuestionando que el Tribunal de sentencia haya tenido a los informes del IDIF, como altamente relevantes pese a la demostración fehaciente de ruptura de esa cadena.


Sobre la prueba pericial practicada por RMTRF, señaló que por la última parte del art. 171 del CPP, el hecho que la perito no tenga al Quechua como lengua materna; y por ello, haber apoyado su informe en la hija de la víctima que hubiera oficiado de traductora, no podía ser argumento para calificar a la pericia como poco relevante, pues es una apreciación subjetiva.


II.3.  Del Auto de Vista impugnando.


En grado de apelación restringida, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró parcialmente procedente el recurso pretendido por la víctima, anulando totalmente la Sentencia 17/2015, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, habiendo considerado que: “Las conclusiones a las que arribo son contradictorias, vulneran las reglas de la sana crítica racional en sus vertientes de no contradicción y razón suficiente lo que hace que la decisión final se torne subjetiva e inmotivada, sin que el justiciable tenga una comprensión de los fundamentos de la absolución y torna la decisión en arbitraria, por transgredir la debida motivación como componente del Debido proceso y no satisfacer las previsiones legales  establecidas en los arts. 171, 713 y 124 del CPP, no siendo posible determinar el nexo racional entre las conclusiones a las que arribó el Tribunal a-quo con los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas” (sic). Parte de lo argumentado y cuya relación se vincula a los antecedentes del recurso de casación se sintetiza en:


  1. “De la revisión de la declaración testifical en juicio oral de la víctima y del hecho descrito en la acusación fiscal se tiene que ella refirió que le metió su mano; si esto es así, se encuentra corroborado por las pruebas MP-12 y MP-13 y la conclusión arribada por el Tribunal a-quo; es parciamente correcta la señalar que no lo víctima tuvo acceso carnal, es decir, la penetración del miembro viril al área vaginal; sin embargo, el tipo penal acusado como es el de violación previsto en el art. 308 del Código Penal, no solo implica la penetración de miembro viril sino de cualquier otra parte del cuerpo como las manos, circunstancia que no fue considerada por el Tribunal a-quo a tiempo de realizar el análisis de las pruebas producidas para llegar una conclusión no contradictoria” (sic).


  1. “El tribunal a-quo le otorga un valor poco relevante a la prueba pericial psicológica y califica de imparcial sin razón aparente, empero contradictoriamente dicha prueba es el sustento para que ese tribunal afirme que no corrobora la declaración de la víctima conforme sostuvo en el Considerando II.” (sic).


  1. “Respecto a la prueba MP-2 referente al certificado médico el Tribunal de primera instancia le otorga el valor de relevante a la atestación [de quién lo elaboró] y respecto a la documental MP-2 también le otorga el valor de relevante porque acredita que [la víctima] a la revisión médica presenta desgarro himeneal de data reciente, para luego contradictoriamente señalar que dicho certificado debió haber sido emitido con todas las particularidades propias de una revisión médica pues resulta extraño que refiera [que la víctima], no presenta carúnculas mirtiformes; es decir que, por un lado…señala que dicho medio de prueba acredita la existencia de lesiones sin describir que lesiones pero que no conduce a la existencia del delito, por otro lado que acredita las lesiones como el desgarro himeneal de data reciente…entre otras lesiones, para finalmente señalar que el tribunal tiene duda sobre la existencia del desgarro reciente a horas 5, siendo por demás evidentes las contradicciones en la valoración de la misma prueba al que incurre el tribunal de sentencia de Sacaba…” (sic).


  1. “Respecto a las atestaciones de JLFT, se trata del investigador asignado al caso cuya atestación fue considerada relevante para el Tribunal, sin embargo considero que no los conduce a afirmar la relación histórica de los hechos, sin dar una razón suficiente de su conclusión respecto a las atestación de DRL, el tribunal de sentencia la considera relevante por cuanto resulta la primera persona del entorno familiar de la víctima en suma refiere lo vertido por su madre, si esto es así sería una prueba que corroboraría la declaración de la víctima al igual que la prueba MP-1, empero el tribunal concluyó que las pruebas indirectas no llegan a corroborar plenamente la declaración de la testigo principal, más bien introduciría una duda razonable, sin aclarar cuales sería esas pruebas, o sin señalar por qué después de otorgar el valor de relevante a la declaración de DRL esta no podría corroborar lo vertido por la víctima, contraviniendo el razonamiento lógico de razón suficiente en la valoración de la prueba.” (sic).


  1. “…la atestación de JCA, los argumentos de la apelante van dirigidos a cuestionar la legalidad de la prueba pericial, esto al señalar que se rompió la cadena de custodia y que se habría valorado una prueba defectuosa, argumentos que no tiene mérito y que no se encuentran respaldados, máxime si no solicitó la exclusión probatoria de dichas pruebas en la audiencia conclusiva si consideraba que se rompió la cadena de custodia y se trataría de prueba viciada, al no haberlo hecho, precluyó su derecho, sumado a ello, el Tribunal concluyo que no se rompió la cadena de custodia, esto de acuerdo a las atestaciones de los peritos del IDIF quienes afirmaron que las muestras fueron entregadas con las actas respectivas y en sobre cerrado, por lo mismo corresponde desestimar su argumento. ” (sic).


  1. En lo que respecta a “la prueba MP-15 considerada poco relevante la prueba de reconocimiento de persona contemplado en el art. 219 del CPP, no tienen por única finalidad verificar si la sujeto procesal sea víctima o testigo conoce o no a quien debe ser reconocido, este es un medio  probatorio complementario a la prueba testimonial; ya que, no puede existir reconocimiento si es que previamente no existe un testigo…tiene la finalidad de identificar al sujeto como autor o partícipe de un hecho y su relación con el delito” (sic).


  1. “…respecto al argumento de que las pruebas y atestaciones prestadas por funcionarios del IDIF, calificadas por el Tribunal como altamente relevantes y que sin embargo de ello se habría roto la cadena de custodia, por lo mismo sería ilegal, no tiene mérito por cuanto no se advierte aquello, máxime si no se usó dicho argumento en el momento procesal oportuno.” (sic).

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1. Verificación de posible contradicción.


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no ejerció el control de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de mérito, a efectos de constatar si la Sentencia se ajusta a las reglas de la sana crítica, pretendiendo una revaloración probatoria, al cuestionar el valor asignado a la declaración formulada por la víctima, para posteriormente referir que la misma no está corroborada por otras pruebas -citando puntualmente a tal efecto, las pruebas MP-2, MP-6, MP-12 y MP-13-; cuestiona también las pruebas testificales de Jorge Capriles Aguilar y Delia Rodríguez Lora, la prueba pericial psicológica realizada por Ross Mery Russel Fuentes, calificándola de imparcial y la prueba MP-2, al señalar el Tribunal de apelación que el Tribunal de mérito incurrió en contradicciones respecto a la prueba aludida y la declaración del médico forense Dorian Chávez. Invocó como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 176/2013 de 24 de junio y 14/2013-RRC de 6 de febrero.


III.1.2.        Doctrina Legal contenida en los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero, fue emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso seguido por el delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, en relación a un recurso de casación en el que el Tribunal de Sentencia, declaró al imputado autor, condenándolo a sufrir pena de presidio de veinte años sin derecho a indulto, ante el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, realizó una mala interpretación de la sentencia recurrida en torno a la valoración de los elementos de prueba producidos en Juicio Oral, desconociendo la comunidad probatoria admitida; puesto que, se demostró convencimiento suficiente en el Tribunal de instancia sobre la culpabilidad del imputado, razón por la que lo condenó; empero, el Tribunal de apelación anuló totalmente la Sentencia de primera instancia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, en lo pertinente a la presente problemática se tiene como doctrina legal:


“Una vez introducida la prueba de cargo y descargo al proceso, desarrollados  los actos y pasos procesales inherentes a la sustanciación del juicio oral, realizados los actos de cierre por las partes y clausurado el debate, corresponde al Juez o Tribunal dictar una Sentencia, cimentada en la decisión asumida en la deliberación, sobre la base de lo visto, oído y percibido en la audiencia de juicio, efectuando la labor de valoración e interpretación siguiendo las reglas de la sana crítica, apreciando individual e integralmente las pruebas desfiladas y sometidas a la contradicción ante sus sentidos.


Aquellas expresiones y la exposición de las razones que hacen a la decisión asumida permitirá al Tribunal de alzada, establecer si la sentencia recurrida responde a cánones de racionalidad en la decisión sobre los hechos sometidos al debate de juicio, o bien entrar en la corrección de la aplicación del derecho con el objetivo de que sea posible su control por los órganos judiciales superiores competentes, para evitar toda posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, ofrecer satisfacción al derecho de los ciudadanos del Estado a la tutela judicial efectiva.


Es así que, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia”.


El Auto Supremo 176/2013 de 24 de junio, fue emitido dentro de un proceso por el delito de Violación en Estado de Inconciencia, al resolver el recurso de casación planteado contra el Auto de Vista que había dispuesto la nulidad de la Sentencia y reposición de juicio por otro Tribunal, estableció que si bien el Tribunal de alzada tenía plena competencia para disponer la nulidad de la Sentencia; no podía hacerlo con base a revalorización de prueba, reiterando la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero, en sentido de que: 


“En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, así, el art. 173 del CPP señala: `El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. Ahora bien, la sana crítica implica que en la fundamentación de la Sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Esta fundamentación o motivación sobre la base de la sana crítica, consiste en la operación lógica fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento son leyes que se presentan en el raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones. Leyes que, como es conocido en la doctrina, están regidas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.


Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba, es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia por el Juez o Tribunal de Sentencia, es el Tribunal de alzada el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano. Luego, si el Tribunal de alzada encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de sentencia, corresponde la nulidad de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, al estar prohibido de corregir directamente el defecto, como consecuencia del impedimento a la revalorización de la prueba, conforme el art. 413 del CPP, ello en resguardo de los principios de inmediación, oralidad, concentración, contradicción, que son rectores del proceso penal y a los que está sometida la prueba, para el resultado final de resolución del hecho sometido a juzgamiento.”


III.2. Análisis del caso en concreto.


El recurso de casación que motiva autos, teniendo presente que se opone a un fallo que anuló una absolución, plantea que el Tribunal de apelación incurrió en revalorización de la prueba, señalando expresamente y con fundamentos independientes cuáles fueran ellas, lo que en suma compone la contradicción denunciada en relación a la doctrina legal de los Autos Supremos 14/2013-RRC de 6 de febrero y 176/2013 de 24 de junio. De tal cuenta, corresponde verificar si los argumentos sostenidos por las Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el Auto de Vista de 22 de agosto de 2017, incurrió en revalorización de la prueba.


En ese ámbito, la doctrina legal aplicable emitida por esta Sala, sobre la labor de los Tribunales de apelación en los supuestos de cuestionarse la labor valorativa de la prueba de parte de las instancias de grado, adoptó un posicionamiento que es coherente, no solo a la jurisprudencia emitida tanto por la Corte Suprema de Justicia como este propio Tribunal, sino que se encuadra en el respeto al diseño procesal establecido en la Ley 1970, procurando siempre, no crear cauces paralelos que desfiguren la aplicación de todo un sistema procesal dentro de la jurisdicción ejercida en toda Bolivia, tal aspecto es visible en el Auto Supremo 325/2018-RRC de 15 de mayo, que de manera ampliamente comprensible, ha dicho sobre el particular: “En nuestro sistema adjetivo penal, con la previsión contenida en el art. 173 del CPP, la autoridad judicial se halla obligada a justificar y fundamentar las razones por las cuales otorga determinado valor a la prueba, lo cual se conoce como fundamentación probatoria, la misma que debe ser descriptiva e intelectiva; esa fundamentación descriptiva servirá para que el Tribunal de apelación, ante la denuncia de falso juicio de identidad, pueda controlar si la conclusión obtenida por el de mérito, tiene sustento en lo que informa el contenido de una determinada prueba documental; en este trabajo, la función del Ad quem, se resume en verificar si evidentemente una prueba contiene o informa lo establecido por el A quo, descartando que el de mérito en la apreciación intelectiva de la prueba descrita, haya distorsionado el contenido de la prueba, cercenado en su esencia o adicionado algún aspecto que objetivamente no se establece de la misma”.


III.2.1  Dice el recurrente que lo expresado por el Tribunal de apelación en torno a la testimonial de la víctima, es incorrecto por cuanto la valoración realizada por el Tribunal de sentencia es apegada a las reglas de la sana crítica; para ello, plantea que las pruebas MP-12 y MP-13 no condicen al relato de la víctima, enfatizando que si ella afirmase haber sido “abusada con el pene” (sic) estas pruebas debían demostrar la existencia de algún vestigio orgánico (PSA y ADN) empero ello no fue evidente. Agregó que si bien la “el auto de vista impugnado refiere que también la introducción de la mano o el puño en la vagina es considerado como violación obvia que la acusación en sus fundamentos fácticos ha referido una violación con miembro viril y el hecho de no acreditar este extremo con prueba idónea ha restado credibilidad y ha generado duda a la teoría del caso dela acusación particular.” (sic).


Ahora bien, a fines de un mejor y más explanado análisis, la Sala primeramente considera reseñar la forma adoptada por el Tribunal de sentencia para la valoración de la prueba; en tal sentido, esa instancia comprende que a fines de determinación del hecho la atestación de la víctima debía ser corroborada por los demás elementos probatorios, ejercicio en el que parte de las conclusiones hallaron divergencia en la probanza de cópula; por cuanto, no existió elemento que apuntale que tal acceso carnal haya en verdad sucedido, como es el caso de las pruebas MP-12 y MP-13.


Hasta aquí, el posicionamiento recursivo del imputado en casación, se basa simplemente en la confrontación de argumentos, reiterando lo expuesto en la sentencia sobre este tópico y calificando tal razonamiento de correcto, así como sugerir una eventual transgresión al principio de congruencia, visto en el art. 342 del CPP, en el supuesto de considerar que la introducción de una mano o un puño no resultaría congruente a la hipótesis planteada en la acusación.


El Auto de Vista de 22 de agosto de 2017, califica el razonamiento efectuado en Sentencia en torno al testimonio de la víctima como parcialmente correcto, aceptando que si bien no se constató la existencia de cópula; empero, sí se estimó que dentro de lo narrado por la víctima en juicio oral, describió que el imputado introdujo su mano y puño en su vagina, lo que orilló al Tribunal de apelación considerar que los alcances descriptivos del art. 308 del CPP, abría también la posibilidad de calificar un hecho en el que no necesariamente existiese cópula, pero sí penetración con cualquier otra parte del cuerpo.


Asimismo, la explicación del Auto de Vista impugnado en referencia a las cuestionantes planteadas en apelación restringida, no contradicen los lineamientos expresados por los precedentes contradictorios invocados, esta Sala no percibe que se haya otorgado ningún tipo de valor (ya sea positivo o negativo) a las pruebas producidas en juicio oral, al contrario la labor de control de logicidad ha sido cumplida de manera satisfactoria y coherente.


De hecho, uno de los pilares en los que se apoyó la decisión de reenvío del juicio, lejos de la cuestión sobre utilización de una mano o un puño en el hecho que resalta en su evidencia, se centró en identificar y cuestionar desde un marco de rigor de lógica formal- la ambivalencia de los razonamientos efectuados en la Sentencia. Si bien, el Tribunal de origen optó por un mecanismo de valoración convergente a la probanza de una prueba en específico, llamando la atención el no haber centrado el análisis probatorio en la corroboración de la hipótesis de los acusadores (que dicho sea de paso converge al objeto del proceso al que hace referencia el art. 342 del CPP), sino en la verificación difusa de lo depuesto por la víctima partiendo del cotejo de la información brindada por otros medios de prueba.


De ese ejercicio, en un plano argumental lógico, debe esperarse consistencia, más no contradicción y se reitera- ambivalencia, pues una afirmación proveniente de tal valoración debe ser categórica ya sea en un sentido negativo o positivo y con tal resultado desestimarse, si fuera el caso, la versión de la testimonial de referencia. Sin embargo, la argumentado en Sentencia, como bien, calificó el Auto de Vista impugnado posee contradicciones a momento de la valoración intelectiva individual, pues en el caso de las pruebas MP-12 y MP-13, tanto son relevantes a efectos de su ingreso a la valoración conjunta y a la vez son irrelevantes o carecen de consistencia a tiempo de restar valor a lo depuesto por la víctima. De tal cuenta el razonamiento del Tribunal de apelación en sentido que se vulneró el principio lógico de no contradicción es correcto, no incumbiendo entonces, ningún acto que constituya revalorización de la prueba.


III.2.2 De igual manera el recurrente pone encomio en las conclusiones sobre las testificales de JCA (investigador asignado al caso) y DRL (hija de la víctima), señalando en el primer caso que “ha ilustrado al tribunal sobre los actos finales de investigación pero no ha tomado en ningún momento contacto con el testimonio de la [víctima] no es posible llegar a la verdad de los hechos con sus atestaciones lo que sin duda conduce por inferencia a la acreditación de duda razonable y he ahí la relevancia de tal atestación lo que no contradice de ninguna manera los presupuestos de logicidad” (sic); y en el segundo caso, señalando que “al ser la declaración de su madre carente de verdad, la propia atestación también torna su relevancia al apoyar estos extremos cuestionados por la declaración de Roberta Lara Claros.” (sic).


Pues bien, el Tribunal de apelación detectó que la calificación de poco relevante sobre la información prestada por JCA, no poseyó una razón suficiente para tal exclusión o bien de haberla existido no estaba sentada en el razonamiento de la Sentencia, en cualquier caso, de hecho no constituye una revalorización de su consistencia probatoria, más cuando debe quedar clarificado, que el juicio oral no tuvo ni como objeto ni como fin, la corroboración de la veracidad del testimonio de la víctima, como erradamente intuye el recurrente; sino tal técnica, solo fue una forma de abordaje de la valoración probatoria, cuyo fin en efecto fue la probanza de los hechos relatados en las acusaciones y determinados como objeto del proceso, de tal cuenta la inconsistencia argumentativa en la Sentencia es ampliamente apreciable. La Sala considera aquí hacer referencia al texto contenido en el art. 329 del CPP, que determina que el juicio oral es la fase principal del proceso, que se realizará sobre la base de una de la acusación, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado.


Sobre lo vertido en relación a la deposición de DRL, la Sala estima inconsistencia en la línea argumentativa planteada por el recurrente, por cuanto se afirma que la valoración de la Sentencia fue correcta aduciendo una conjetura sobre la existencia de lesiones, sin que de por medio, se brinde razón u opinión sobre lo que el Tribunal de apelación consideró para calificar que la misma fue erróneamente valorada y menos la relación de contradicción sobre situación de hecho similar existente en los precedentes invocados. De hecho, el Auto de Vista impugnado, de nueva cuenta halló ambivalencia y contradicción en lo razonado por los de sentencia, pues a ese medio de prueba se otorgó un valor positivo para justamente escudriñar un valor negativo en la declaración de la víctima; aspecto que, no halla coherencia si se tiene presente que ambas reportan información sobre un mismo hecho. De tal manera, como lo hizo el Tribunal de apelación, se arribó a una estimación sin razón suficiente y contradictoria en la lógica de afirmar y negar implícitamente una misma cosa a la vez.


III.2.3 Se alega también, que las consideraciones hechas en el Auto de Vista impugnado sobre la valoración de la prueba pericial sicológica, no fueran valederas pues, “lo que sui se dijo es que referente al valor probatorio de la prueba pericial posee valor de poca relevancia y suma dos motivos esenciales el primero que otorga alto grado de credibilidad a la víctima y hay pruebas científicas que refutan lo contrario  como lo señalado en la MP-12 y MP-13, por otro lado explica la perito adolece de la imparcialidad que todo perito debe poseer y explica que la traducción del quechua al castellano de todo lo que le fue vertido a la perito por RLC lo realizó su hija y este dato jamás se hizo constar en su informe pericial sino que fue vertido por la misma perito.” (sic).


Como se vio en el punto b. del apartado II.3 de esta resolución, fueron dos las razones con las que el Tribunal de apelación cuestionó la valoración de la prueba pericial psicológica: primero, que fue calificada de parcial (“imparcial” en el original) sin razón aparente; y segundo, la contradicción que partiendo de esa calificación sirva de sustento para descartar la testimonial de la víctima. De hecho, acudiendo a la versión del recurso de casación, que reproduce y resume lo expresado en la Sentencia, se establece que en primer término que el Tribunal de apelación, no efectuó ningún tipo de revalorización de la prueba, sino más bien y conforme sus competencias específicas, identifica y censura la logicidad de dicha prueba dentro las conclusiones de la instancia de mérito. Si se tiene presente incluso el significado gramatical del término imparcialidad, la Sentencia, como bien estableció el Auto de Vista impugnado, no determina cual la razón para mermar el valor probatorio de esa pericia, tomando en cuenta si la información sobre la que se realizó la pericia fue cuestionada por la intervención de intérprete de la hija de la víctima, a la vez sirva para determinar que aporta a la hipótesis que no existió cópula; dato que llama la atención, cuando ese tipo de medios de prueba, tienen simplemente la finalidad de establecer un grado determinativo de credibilidad a partir del empleo de métodos propios de la psicología, más nunca determinar la historicidad de determinados hechos; dicho de otro modo ese tipo de estudios en el marco de lo previsto por el art. 204 del CPP, una pericia es un instrumento para descubrir o valorar un elemento de prueba a partir de conocimientos especializados en alguna ciencia; empero, no establecer la historicidad de los hechos.


III.2.4 Finalmente, en casación se expresó que el análisis sobre la atestación del médico forense con relación a la prueba MP-2 (certificado médico forense), fue correcto en Sentencia, sin contenido contradictorio “por cuanto hizo referencia a que ambos elementos de prueba son coincidentes a efectos de establecer la existencia de lesiones en la víctima y no precisamente el hecho delictivo” (sic), que el “tribunal de apelación ha interpretado de forma incorrecta el razonamiento sumido por el Tribunal de sentencia y al mismo tiempo tampoco ha dado fiel cumplimiento a lo que establece el Auto Supremo 176/2013 de 24 de junio.” (sic).


Viendo el contenido del punto ii del apartado II.1, no escapa a la evidencia el hecho de que la asignación de valor positivo se contrapone al mismo tiempo a un valor negativo, como identificó el Tribunal de apelación, pues a más de un llamativo subjetivismo (especular sobre la eventualidad descriptiva del himen de la víctima y la presencia de una particularidad anatómica, que nada tienen que ver con la probanza de un hecho tipificado como delito, ni con la finalidad del certificado médico forense de acreditar la existencia de condiciones médicas o clínicas en determinado espacio de tiempo), el posicionamiento sobre aceptar la existencia de lesiones y a la par aislar esa existencia cuestionando aspectos formales alejados de la probanza o no de los hechos, como es la atestación del responsable de su elaboración, son en evidencia contradictorios y dado el método asumido por el Tribunal de sentencia (subdividir y establecer graduación de las pruebas), no conducen a otro lugar que no sea la fractura total de los argumentos que sostuvieron la absolución; ya que, descartar una parte de la versión de la víctima con base en aspectos y valoración contradictoria hacen visible una deficiente valoración de las pruebas, como determinaron las Vocales de la Sala Penal Primera.     

III.2.5 El marco argumental planteado en el recurso de casación, contrastado con la doctrina legal contenida en los Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero y 176/2013 de 24 de junio, como quedó demostrado en los párrafos que preceden, de ninguna manera es evidente; por cuanto, el Tribunal de apelación limitó su labor a control de la eficiencia lógica de las conclusiones de la Sentencia, emergentes de la valoración de la prueba, siendo que en ningún momento se incurrió en un nuevo examen de las mismas en apelación restringida, siendo equivalente a afirmar que el Auto de Vista 22 de agosto de 2017, de fs. 334 a 341, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no es contradictorio a la doctrina legal de los precedentes invocados.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alexander Claros Heredia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos