TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 848/2018-RRC

Sucre, 17 de septiembre de 2018


Expediente                        Santa Cruz 22/2018        

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Cristian Sosa Yoani

Delito                Abuso Sexual

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 237 a 240, Cristian Sosa Yoani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 84 de 15 de noviembre de 2017, de fs. 222 a 226 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Félix Olguín Sotomayor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


          I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3 de 22 de febrero de 2017 (fs. 172 a 178), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador de Santa Cruz del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cristian Sosa Yoani, autor  de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más el pago de costas procesales, quedando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Cristian Sosa Yoani (fs. 184 a 191), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 84 de 15 de noviembre de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.2. Motivos del recurso de casación.


  1. Citando el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, referido según lo expuesto por el recurrente en el memorial de casación a la imposibilidad que tiene el juzgador de valorar los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales y el Código de Procedimiento Penal, acusa el recurrente de manera concreta que las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público contienen defectos absolutos, dado que el informe preliminar emitido por el policía asignado al caso no lleva la firma del Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Guardia, siendo presentado además fuera del plazo establecido por el art. 293 del CPP; aspecto que, mereció en su momento que el imputado interponga exclusión probatoria por escrito, tal y como consta a fojas 138 y 139 cursantes en actuados. Finalmente, el recurrente transcribe lo previsto en los arts. 417, 419 y 420 del CPP y la glosa parcial del Auto Supremo 533 de 27 de octubre de 2001.


  1. Como segundo agravio identificado, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación; por cuanto, no consideró objetivamente que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectos para la aplicación de la condena y que la Resolución de mérito deviene de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida referidos a la valoración de la “prueba Nº 4” (sic).


Cita también como precedente contradictorio, el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, indicando que la Resolución impugnada se apartó de analizar los agravios denunciados en alzada con la debida fundamentación y motivación.


De modo similar, cita las Sentencias Constitucionales 1146/2003-R y 1075/2003-R, referidas según lo expuesto por el recurrente a la exigencia de fundamentación de los fallos y el derecho a impugnación del imputado desarrollado por el art. 407 del CPP. Finalmente, en el penúltimo párrafo del memorial de casación, el recurrente indica que: “Por lo que invoco el precedente contenido en los Autos Supremos expresado en la apelación restringida y los Autos Supremos 149/2013, 343/2013, 177/2013, 549/2013 y 251/2012…” (sic).


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que una vez analizados los actuados del proceso, se tramite y resuelva conforme los arts. 419 y 420 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, cursante de fs. 246 a 248, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Cristian Sosa Yoani, para su análisis de fondo sobre el motivo segundo y específicamente sobre el precedente contradictorio admitido.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 3 de 22 de febrero de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador de Santa Cruz del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cristian Sosa Yoani autor de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más el pago de costas procesales, quedando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el acusado, la madrugada del 2 de diciembre de 2015, entre la 01:00 y 01:30, habría ingresado al inmueble ubicado en el kilómetro 12 carretera antigua a Cochabamba, barrio Nueva Esperanza, municipio de La Guardia, de propiedad del denunciante Félix Olguín Sotomayor, a través de una ventana rota hasta la habitación que ocupaba la adolescente “NN” de doce años de edad, procediendo a taparle la boca y a abusarla sexualmente, siendo sorprendido por los tíos de la víctima, el denunciante y su esposa, quienes habrían salido de la habitación a ver lo que pasaba al escuchar gritos de la víctima, logrando el acusado huir en estado de ebriedad, para luego ser aprehendido por la Policía.


El Tribunal de Sentencia, una vez analizadas y valoradas las pruebas producidas en juicio determinó como hechos probados:


Que, Cristian Sosa Yoani la madrugada del 2 de diciembre de 2015, entre la 01:00 y 01:30, habría ingresado al inmueble ubicado en el kilómetro 12 carretera antigua a Cochabamba, barrio Nueva Esperanza, municipio de La Guardia, de propiedad del denunciante Félix Olguín Sotomayor, a través de una ventana rota hasta la habitación que ocupaba la adolescente “NN” de 12 años de edad, procediendo a taparle la boca y a abusarla sexualmente, siendo sorprendido por los tíos de la víctima, el denunciante y su esposa, quienes habrían salido de la habitación a ver lo que pasaba al escuchar gritos de la víctima, logrando el acusado huir en estado de ebriedad, para luego ser aprehendido por la Policía.

 

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Cristian Sosa Yoani, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos, en correspondencia a los motivos admitidos en el recurso de casación:


Denuncia en el tercer motivo los defectos expresados en el art. 370 incs. 4), 5), y 6) del CPP, en relación al art. 407 del mismo cuerpo normativo, con relación a: 1) A la objeción y consiguiente exclusión probatoria de la prueba documental de cargo del Ministerio Público, el cual no fue resuelto por el Tribunal a quo, sino únicamente por su presidente, quien rechaza sin más trámite dicha solicitud. Es así que, no resuelta la objeción y exclusión de dicha prueba por el Tribunal a quo, la restante prueba no cumple con el procedimiento penal, al no introducir por su lectura la prueba documental, en violación del art. 345 del CPP; 2) Que, resulta ser condenado sin ningún fundamento de hecho demostrado en juicio, respecto a la autoría por el ilícito que se lo juzga, debido a que el Tribunal de Sentencia no establece en que consistió el dolo, ni la prueba que acredita dicho extremo, omitiendo también el antecedente doctrinal, jurisprudencial y de derecho comparado, considerando que los hechos probados son una repetición de los requerimientos del Ministerio Público; 3) Que, en este extremo se evidencia en una declaración testifical la falta de credibilidad, consistencia y objetividad, pero en base a ella se dispone su condena; asimismo, los testigos manifestaron que participaron con testigos de actuación, situación que le resta credibilidad, objetividad e imparcialidad, incurriendo además en contradicciones que les quita consistencia y solidez a su testimonio.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso interpuesto por la recurrente, en base a los siguientes argumentos, que se encuentran en correspondencia a los motivos admitidos en el recurso de casación:


En relación al motivo identificado refiere: 1) Con relación al art. 370 inc. 4) del CPP, que el recurrente no especifica de manera clara y precisa cuáles son las pruebas que no habrían sido ilegalmente incorporadas a juicio, debido a que no ha considerado que todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido judicializadas por su lectura, conforme el art. 333 del CPP; 2) con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, refiere que la Sentencia impugnada cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 del CPP; puesto que, contiene sus motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones. Asimismo, se basa en hechos existentes y debidamente acreditados; toda vez, que al valorar las pruebas el Tribunal Sentencia, ha desarrollado una operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional. Por otro lado, el recurrente no especifica qué parte de la Sentencia no está debidamente fundamentada.


III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el presente caso, en relación al motivo admitido por el Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación; por cuanto, no consideró objetivamente que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectos para la aplicación de la condena y que la Resolución de mérito deviene de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida referidos a la valoración de la “prueba Nº 4” (sic), citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, indicando que la Resolución impugnada se apartó de analizar los agravios denunciados en alzada con la debida fundamentación y motivación.


En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicción con el precedente contradictorio invocado, a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.

El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “será obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación, vienen a constituir entonces criterios interpretativos, que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello, se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico; ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


Asimismo, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios, el Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo” (las negrillas no cursan en el texto original)


III.2. De la debida fundamentación en las Resoluciones judiciales.   


Asimismo, entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia; sino también, a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la Sentencia Constitucional 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.


Ahora bien, a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada se debe considerar las exigencias contenidas en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


III.2. Análisis del caso concreto.


En el presente caso, en relación al motivo admitido por el Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación; por cuanto, no consideró objetivamente que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectos para la aplicación de la condena y que la Resolución de mérito deviene de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida referidos a la valoración de la “prueba Nº 4” (sic), citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, indicando que la Resolución impugnada se apartó de analizar los agravios denunciados en alzada con la debida fundamentación y motivación.


III.2.1 Sobre la similitud de hechos y el sentido jurídico del Auto de Vista y el precedente contradictorio.


A efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada sobre el motivo precedentemente señalado, conforme los fundamentos jurídicos esgrimidos en el punto III.1. (La labor de contraste en el recurso de casación) del presente fallo, de modo previo es imperante examinar y contrastar si el hecho y el sentido jurídico objeto de análisis y resolución por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado; en consecuencia, de lo denunciado en el recurso de apelación restringida, tiene similitud o es análogo con el hecho que generó la fundamentación jurídica en los precedentes contradictorios admitidos, conforme el art. 416 último párrafo del CPP.


Al respecto, se analizan los hechos y sentido jurídico específicos que fundaron decisión en el Auto de Vista impugnado, desarrollado en el punto II.3. inc. 1) del presente fallo y los precedentes contradictorios:


En relación al Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, el hecho fáctico y su decisión jurídica en relación a este motivo señala que: “…En el único motivo del recurso de casación, cuyo análisis de fondo corresponde a este Tribunal, la recurrente señala que se llevaron a cabo audiencias en ausencia de representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y/o del Servicio de Gestión Social, pese a su minoridad, lo que le dejó en total estado de indefensión; por lo que la problemática planteada debe ser resuelta bajo el criterio de que si bien a la imputada mayor de dieciséis y menor de dieciocho años se le aplican las normas ordinarias del Código de Procedimiento Penal tanto en la etapa de investigación como en la etapa del juicio oral, todas las actuaciones deben contar con la presencia de sus padres o un representante del Estado de protección a la minoridad, cuya inconcurrencia vicia de nulidad los actos que se hubieren llevado a cabo sin dicha participación, conforme lo determinado por los arts. 85 y 389 inc. 4) del CPP.


En la especie se evidencia de antecedentes, que varias actuaciones procesales como la declaración ampliatoria de 7 de septiembre de 2011 (fs. 45), las audiencias de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 70, 117, 118, 152 - 154), la sesión de audiencia efectuada el 17 de enero de 2012 (fs. 156) donde el Ministerio Público procedió a la fundamentación de su requerimiento acusatorio, se recibió la declaración de la imputada y se formuló el alegato inicial de la defensa conforme las previsiones del Juicio inmediato previsto por el art. 393 Quinter del CPP, se celebraron sin que la imputada estuviera asistida por sus padres, el SEDEGES, ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pese a que su mayoridad la alcanzó recién el 8 de agosto de 2012, conforme se extrae del certificado de nacimiento de la imputada arrimado al cuaderno procesal y de los datos personales consignados en el contenido de la sentencia emitida en la presente causa y sin que se haya dispuesto la notificación a dichas instituciones para su participación, situación reiterada en las actuaciones posteriores como las cursantes a fs. 183, 185, 192, 195, 198, 201, 204. 210, 214, 216, 235, 239, 241, 242, 244 a 246, 249, 254, 255, 258, 263, 271, 273, 279, 281, 282, 286 a 288, 290 a 292, 294, 295, 302, 313, 314, 319, 322, 330 a 334, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Juez de instancia ni por el Tribunal de alzada, no obstante que dicha omisión, como se tiene señalado, determina la nulidad de los actos desarrollados, siendo aplicable lo establecido en los fundamentos jurídicos contenidos en el acápite III de esta Resolución.”. 


Del trabajo intelectivo de contrastación entre el hecho y sentido jurídico resuelto por este precedente invocado y el motivo en análisis, se tiene que en el primero se denunció y resolvió sobre defectos absolutos por ausencia de la representación de la imputada en diferentes actuados del proceso debido a su minoría de edad; y en contrario, en el segundo el recurrente denuncia la falta de fundamentación en la labor desarrollada por el Tribunal de alzada con relación a los defectos en que incurrió el Tribunal a quo, para imponer una condena y que la Sentencia impugnada emergió de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida pero referidos a la valoración de una prueba. Del análisis de la doctrina legal aplicable emergente del precedente admitido, se tiene que el mismo aborda una problemática completamente diferente a la pretensión expresada por el recurrente, quien a través de argumentos escasos e imprecisos busca que se realice un examen de contrastación con el Auto de Vista impugnado, cuando de su revisión se advierte el abordaje de cuestiones manifiestamente diferentes; por un lado, resolviendo el precedente sobre defectos absolutos, contenidos en el art. 169 inc. 2) del CPP; y por otro lado, el Auto de Vista impugnado resuelve con relación al art. 370 inc. 4) del CPP; que el recurrente no especifica de manera clara y precisa cuáles son las pruebas que no habrían sido ilegalmente incorporadas a juicio, a pesar que todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido judicializadas por su lectura conforme el art. 333 del CPP y con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, al referir que la Sentencia impugnada cumple con los normado por los arts. 124 y 360 del CPP; puesto que, contiene sus motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones el Tribunal de Sentencia; por lo que nuevamente dada la diversidad de cuestiones de fondo resueltas no se advierte ningún tipo de similitud entre estos presupuestos a efectos de realizar el trabajo intelectivo de contraste, conforme el art. 416 del CPP, incluso del motivo de recurso se advierte una absoluta falta de congruencia con el precedente invocado. Este análisis y examinación permite concluir la inexistencia de similitud de estos hechos, imposibilitando a este Tribunal realizar el contraste del sentido jurídico que se le asignó al Auto de Vista impugnado con el del precedente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cristian Sosa Yoani.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos