TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 844/2018-RRC

Sucre, 17 de septiembre de 2018


Expediente                          : Chuquisaca 9/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                  : Plinio Vedia Saavedra y otros

Delitos                                : Trata de Seres Humanos y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 7 y 15 de febrero de 2018, Marcelina Saavedra Mamani, de fs. 2029 a 2036 y Gonzalo Ariel Vásquez Ríos en su condición de apoderado legal de Macario Carrizo Sullca, de fs. 2043 a 2057, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”, de fs. 1971 a 1982 y el Auto Complementario 52/2018 de 5 de febrero, de fs. 1985 a 1986, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Plinio Vedia Saavedra, Crhistian Fabricio Vedia Saavedra y Carina Paula Guamán Acuña, e inter partes por los delitos de Asesinato, Encubrimiento y Trata de Seres Humanos, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 6), 171 y 281 bis incs. 3) y 4) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 5/2017 de 13 de marzo, de fs. 1519 a 1566 vta., el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Christian Fabricio Vedia Saavedra, autor de la comisión del delito de Asesinato (art. 252 inc. 6) del CP), imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, Marcelina Saavedra Mamani, autora del delito de Encubrimiento (art. 171 del CP) en relación al delito de Asesinato, siendo absuelta de pena y culpa por los delitos de Trata de Seres Humanos y Asesinato, Carina Paula Guamán Acuña y Plinio Vedia Saavedra, absueltos del delito de Trata de Seres Humanos. Se impuso también a los condenados el pago de costas, más daños y perjuicios, averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Christian Fabricio Vedia Saavedra (fs. 1763 a 1781) y Marcelina Saavedra Mamani (fs. 1898 a 1901 vta.), interpusieron   recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró procedente el recurso planteado por el primero; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal llamado por ley, eximiendo del pronunciamiento del recurso de la segunda, por hallarse vinculado al fondo del proceso penal. Posteriormente la solicitud de complementación y enmienda de la parte acusadora particular fue rechazada, mediante Resolución 52/2018 de 5 de febrero (fs. 1985 a 1986).


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  305/2018-RA de 14 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.2.1. Recurso de casación de Marcelina Saavedra Mamani.


La recurrente denunció al Tribunal de apelación por su negativa a pronunciarse sobre los agravios planteados en su recurso de apelación restringida, manifestó que tal hecho constituye violación del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada por incurrir en incongruencia omisiva y violación del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos por los arts. 115.I-II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 124 y 398 del CPP.


I.2.2. Recurso de casación de Gonzalo Ariel Vásquez Ríos.  


Como primer motivo, expuso que el Tribunal de alzada vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en su elemento derecho a las resoluciones congruentes, pues al momento de resolver el primer motivo del recurso de apelación restringida de Christian Fabricio Vedia Saavedra, el Tribunal de alzada consideró aspectos ajenos a lo reclamados referentes a la valoración probatoria. Tal aspecto, es calificado como incongruencia aditiva e incongruencia externa. Agrega que el Tribunal de alzada al momento de emitir resolución en el fondo, de oficio incluye una segunda modificación no acusada por el apelante. Invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 431/2005 de 15 de octubre y 550/2016-RRC de 15 de julio.


Como segundo motivo denuncia que el Tribunal de alzada vulneró su derecho al debido proceso en su elemento derecho a las resoluciones debidamente razonables y suficientemente motivadas y fundamentadas, manifestando que en la resolución del primer motivo del recurso de apelación restringida del imputado, llegó a la conclusión de que al apelante se le procesó y condenó por hechos diferentes a los establecidos en la apelación, los de apelación expresaron argumentos sin la debida fundamentación y motivación, al no describir específicamente la prueba que observó y demás circunstancias a las que hizo referencia. Esta Sala consideró en el Auto Supremo 305/2018-RA de 14 de mayo, que se habían fundamentado la vulneración de sus derechos constitucionales, identificando los hechos concretos que se consideraron causantes de agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado el mismo, lo que hizo pasible la admisión de este motivo a objeto de verificar la supuesta lesión.


En el tercer motivo el recurrente denunció la aplicación indebida del art. 362 del CPP, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la tutela judicial efectiva, a cuya consecuencia se habría generado defecto insubsanable en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP. Arguyó que el Tribunal de alzada aplicó un rigorismo matemático, a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida del acusado, referente a la incongruencia que existiría entre las acusaciones y la Sentencia; sin embargo, el Tribunal de origen no modificó en lo sustancial ninguno de los elementos de temporalidad, espacialidad ni modalidad. En condiciones análogas a las del párrafo anterior, este motivo fue admitido en la consideración de haberse denunciado y argumentado una supuesta lesión de derechos y garantías constitucionales.


I.2.3. Petitorio.


Marcelina Saavedra Mamani, solicitó que previa admisibilidad de su recurso, se determine la nulidad del Auto de Vista 39/18 de 11 de enero, solo respecto a su pretensión, para disponer la dictación de uno nuevo respecto a su único motivo de apelación restringida.


Gonzalo Ariel Vásquez Ríos, solicitó que su recurso de casacón sea declarado fundado y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y el Auto Complementario, para disponer se: “dicte una nueva resolución acorde a la doctrina legal con una resolución motivada, fundamentada y congruente con aplicación debida de los arts. 124 y 362 del CPP.” (sic).


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  Del Auto de apertura de Juicio Oral.


Por Auto 127/2015 de 21 de septiembre, saliente de fs. 569 a 570, el Tribunal de origen, dispuso la apertura del juicio oral, tomando en cuenta, a fines del establecimiento del objeto del proceso, la acusación fiscal (fs. 1 a 18) y particular (fs. 45 a 56), expresando textualmente:


…el año 2011, Macario Carrizo Sullca, había quedado viudo con 6 hijos pequeños bajo su cuidado, siendo él, el único encargado de sus hijos, sin contar con los recursos económicos suficientes para hacerse cargo de los mismos, por lo que había pedido ayuda a las autoridades de Culpina, siendo que en esas circunstancias en el mes de mayo de 2013, Carina Guamán Acuña y su esposo de nombre Plinio Vedia Saavedra, ambos policías en servicio activo en Culpina, conociendo en el estado de necesidad en el que se encontraba Macario Carrizo Sullca, le habían visitado para pedirle que su hija Hermelinda Carrizo tarifa, de 8 años de edad, vaya a Sucre, a acompañar a la madre de Plinio Vedia Saavedra, de nombre Marcelina Saavedra Mamani, prometiéndole que la menor iba a estar mejor con esa persona, quien le pagaría por sus servicios, además de hacerse cargo de su alimentación, estudios y comprarle ropa, para finalmente estas personas saca a la niña de su hogar, quien se encontraba en buenas condiciones de salud cuando salió y llevarla en su propia movilidad a la ciudad de Sucre, sin hacer conocer a las autoridades correspondientes, sobre la situación legal de la niña.


Una vez que la niña llegó a Sucre, fue llevada al domicilio de Marcelina Saavedra Mamani ubicada en la Calle Wenceslao s/n (Barrio América), habiéndose asignado a esta menor el cuidado de una persona de la tercera edad de nombre Primitiva Mamani, realizando también labores domésticas como lavar platos, pelar papas, comprar pan, barrer la casa, lavar ropa y servir el té de Primitiva Mamani, sin recibir salario a cambio, ni asistir a la escuela, habiendo recibido más bien maltratos físicos por parte de Marcelina Saavedra, quien le había cortado su cabello y le castigaba constantemente, desde golpearle con ropa mojada hasta castigarle cruelmente cuando hacía alguna travesura o rompía la pieza de alguna vajilla.


Con estos antecedentes, la menor Hermelina Carrizo Tarifa, el 26 de noviembre de 2013, en horas de la tarde, fue encontrada sin vida en el interior del domicilio de Marcelina Saavedra Mamani, teniéndose como antecedentes que ese mismo día, a las 07  de la mañana la niña estaba con vida y que a esa hora Marcelina Mamani Saavedra, había salido a realizar sus actividades cotidianas, quedando en el domicilio Cristian Fabricio Vedia Saavedra y la menor Hermelina Carrizo Tarifa, ocasión en la que había surgido un altercado entre los dos, en el que Crhistian aprovechando su fuerza, edad y tamaño, había reducido a la niña, proporcionándole golpes en la cabeza con un objeto contundente, ocasionándole lesiones, a cuya consecuencia Hermelinda Carrizo, había perdido el conocimiento, momentos en los que Crhistian le había dejado y había ido en busca de su madre Marcelina Saavedra Mamani, para contarle todo lo sucedido, sin embargo antes de regresar a su casa, ese día juntos fueron a realizar un depósito bancario y recoger unos lentes, para después recién retornar al domicilio y ver que la niña no había reaccionado del golpe que le fuera proporcionado por Christian, por lo que procedieron a asfixiarle con una soga en la baranda, para hacer creer que la misma se había ahorcado.” (sic).


II.2.  De la Sentencia.


El Tribunal de Sentencia Tercero asentado en la ciudad de Sucre, concluido el juicio oral emitió al Sentencia Nº 05/2017 de 13 de marzo; por ella, condenó a Christian Fabricio Vedia Saavedra la comisión del delito de Asesinato [art. 252 inc. 6) del CP] y a Marcelina Saavedra Mamani la comisión del delito de Encubrimiento con relación al primer delito [art. 171 con relación al art. 252 inc. 6) del CP]. A continuación, en lo relevante a los motivos de los recursos de casación, se extractan en su integridad las conclusiones arribadas.


  1. “Conclusión No. 17.- El 26 de noviembre de 2013, la menor, Ermelinda Carrizo tarifa, se encontraba en el domicilio de la Avenida Wensceslao s/n (Barrio América), en compañía del ahora acusado Christian Fabricio Vedia Saavedra y Primitiva Mamani, que tenía entre 80 a 90 años (madre de Marcelina Saavedra) quien tenía problemas propios de su edad, como mucha dificultad en movilizarse, además de problemas propios de su edad, como mucha dificultad en movilizarse, además de problemas de memoria, pues como lo afirmaron los funcionarios policiales que se hicieron presente en el lugar, después de sucedido el hecho, la misma no podía caminar y al ser consultada por una lesión que tenía en la nariz, no pudo explicar cómo se hizo la misma, ingresando en contradicciones en su explicación, siendo importante tomar en cuenta que la primera información que dio Christian a los funcionarios policiales sobre Primitiva Mamani (su abuela), era que la misma tenía problemas mentales, siendo también que ese día como de costumbre Marcelina Saavedra Mamani, se fue a su puesto de venta, entre las 7 a 8 de la mañana, habiendo sido la niña ese día vista en la mañana por los vecinos cuando salió a comprar a la tienda, por lo que el hecho no pudo producirse en la mañana.” (sic).


  1. Conclusión No. 18.- El 26 de noviembre de 2013, en horas de la mañana y parte de la tarde, sólo tres personas estuvieron en la casa ubicada en la Avenida Wenceslao s/n (Barrio América): la menor Ermelinda Carrizo Tarifa, Christian Fabricio Vedia Saavedra y Primitiva Mamani, por lo que tomando en cuenta los informes suscritos por los funcionarios policiales que se constituyeron en este domicilio, al igual que la declaración de los mismos en juicio, quienes además participaron en el momento de realizarse el Registro del lugar del Hecho y el Levantamiento de Cadaver de Ermelinda Carrizo Tarifa, se tiene que se encontró el cadáver con manchas pardo rojizas (sugerentes a sangre) en la polera roja que vestía ese día, por lo que se concluye que entre las 11:30 a 14:00 horas del día de referencia, horario establecido en función a la data de las lesiones y muerte certificados por la médico forense, hubo un incidente entre Christian Fabricio Saavedra Vedia y la menor Ermelinda Carrizo Tarrizo, desconociéndose el motivo para ello, oportunidad en la que Christian dio un golpe a Ermelinda en la cabeza, con un objeto contundente, siendo que el golpe fue de tal magnitud que la dejó inconsciente, provocándole una hemorragia interna, ya que se colectaron del lugar del hecho hisopos con manchas pardo rojizas, específicamente del suelo (cerca a la puerta del dormitorio de Marcelina Saavedra Mamani), donde también dormía Ermelinda, hisopos que sometidos a estudios laboratoriales, dieron positivo para sangre, es decir que cerca a la puerta del dormitorio de Marcelina Saavedra Mamani se encontró sangre, lugar donde seguramente se suscitó el incidente” [sic].


  1. Conclusión No. 19.- Una vez que la menor Ermelinda Carrizo Tarifa se encontraba inconsciente Crhistian Vedia Saavedra, reaccionó de mala manera, impulsivamente,  pues la perito psiquiatra estableció que el mismo tenía tendencia a una impulsividad latente, que en el momento de la evaluación estaba siendo reprimida por el mismo, por lo que se concluye que al haber reaccionado el día de los hechos, entre las 11:40 a 14:00-14:30 horas, al haberla visto inconsciente y seguramente en la creencia de que la niña estaba agonizando o tenía un daño irreversible, decidió quitarle la vida, procediendo a estrangularle con una soga o lazo de color verde, ya que conforme a la pericia médico forense realizada en el presente caso y el informe complementario de la misma, se estableció que aun el golpe hubiera sido de gran magnitud provocando una hemorragia interna en el cráneo de Ermelinda, ese golpe no fue la causa de su muerte, sino que se produjo por un proceso asfíctico y que de acuerdo al surco equimótico encontrado en el cuello de Ermelinda, el mismo daba fe de que  fue estrangulada, es decir que no correspondía a un ahorcamiento o suspensión del cuerpo…porque el surco era perpendicular al eje del cuerpo de la niña ligeramente…ascendente en los laterales, sin haberse marcado el nudo que había en la soga y oprimía a nivel del cuello, como informó Marcelina Saavedra en la audiencia Inspección Ocular y Reconstrucción de los hechos…explicando de esta manera la…médico forense que luego de haberse estrangulado a Ermelinda Carrizo, el cuerpo fue puesto colgado de la baranda del segundo piso, para simular que la misma se había ahorcado, siendo lógico concluir que la única persona en la casa, a más de Primitiva Mamani que por su edad no podía movilizarse, por lo que se descarta por un tiempo en la baranda del segundo piso, ya que como efecto de esa suspensión la soga pudo marcar así tenuemente el surco (levemente ascendente) del cuello de Ermelinda” (sic).


  1. Conclusión No. 20.- Con la intención de ocultar el hecho y hacer creer que Ermelinda se había ahorcado, a partir de haber colgado el cuerpo en la baranda, Crhistian Vedia Saavedra, abotonó la chompa que ese día vestía la niña, para tapar las manchas pardo rojizas que tenía en la polera roja e inmediatamente después salió de la casa entre las 14:00 a 15:00 horas, dejando como de costumbre, para evitar sospechas, asegurados los cuartos por dentro, excepto el cuarto de su abuela y el de la cocina, al igual que aseguró la puerta de calle y se dirigió al puesto de venta de su madre…habiendo sido los mismos vistos ese día en el Mercado, donde Crhistian confesó a su madre lo que había sucedido y es de esperar que ante la gravedad del hecho ambos se angustiaron y no supusieron que hacer pero finalmente establecieron una coartada, para hacer creer que…se suicidó cuando estaba sola en la casa y que ellos desconocían sobre ese hecho, para lo cual intentaron realizar sus actividades normales, en ese sentido Crhistian Fabricio Vedia Saavedra retiró la suma de Bs. 1000 de su cuenta de PRODEM y ese mismo día a las 15:51 inexplicablemente realizó un depósito de Bs. 7000 en su otra cuenta y posteriormente en forma inmediata (posiblemente tomando un taxi) porque en micro bus hubieran tardado de 27 a 38 minutos, conforme el cálculo efectuado por la Investigadora Asignada retornaron a su domicilio, para continuar con su coartada de que la niña se había suicidado, reportando el hecho a la Policía, siendo que el Registro del Lugar del Hecho se produjo a las 17:00 horas y el Levantamiento de Cadáver a las 17:20, después de que los primeros funcionarios policiales se hicieron presentes en el lugar entre las 15:30 y las 16:00 horas, por lo que los acusados tuvieron que llegar al lugar inmediatamente después de haber realizado el depósito en el Banco, ya que no tuvieron tiempo para realizar el depósito en el Banco, ya que no tuvieron tiempo para realizar otra actividad como el ir a recoger los lentes que habían encargado como consecuencia de su visita al oftalmólogo día anterior, porque los lentes fueron recogidos recién a las 17:34 horas del día de referencia. Una vez que los funcionarios de la PAC se hicieron presentes en el lugar convocaron a la médico de la posta…quien aunque afirmó, seguramente por una confusión en la hora, haberse hecho presente en el lugar a las 17:50, lo que no pudo suceder porque el Registro  del Lugar del Hecho, que es un acto posterior, tuvo lugar a las 17:00 horas, refirió que cuando llegó al lugar Ermelinda…estaba sin vida, pudiendo también establecerse por las fotografías tomadas en el momento del Registro del Lugar del hecho y Levantamiento de Cadáver que el acto empezó temprano, donde había mucha luz del día y terminó cuando estaba anocheciendo.” (sic).


  1. Conclusión No. 21.- [ECT] no pudo quitarse la vida o suicidarse, conclusión que es explicada por los diferentes peritos, porque se trataba de una niña de apenas 8 años, que no tenía motivaciones para tomar una determinación de esa magnitud y naturaleza, ya que según estadísticas lo suicidios en niños son muy poco frecuentes y generalmente podrían darse a partir de los 15 años, además porque la soga con la que los acusados, refieren haberla encontrado colgada en la baranda, conforme los mismos explicaron a los policías que se hicieron presentes en la casa tenía dos nudos ciegos uno en el cuello y otro en la baranda, nudos que resultan ser demasiado complejos en su elaboración para una niña de 8 años, además que la misma al desplazarse, si es que pudo hacerlo, por los barrotes de la baranda o por encima de la baranda para quedar suspendida, tuvo necesariamente que impactar contra la pared de la cocina, lesionándose su cuerpo (cabeza, tórax, extremidades), sin embargo el cadáver de la misma fue encontrado sin lesiones, además de que se estableció como determinante que la causa de la muerte…fue por un proceso asfíctico por estrangulamiento, habiendo sido la escena del crimen modificada, a partir de haberse encontrado en el cuello de la menor un surco equimótico lineal, perpendicular al eje de su cuerpo, es decir…fue estrangulada ejerciéndose presión lineal contra su cuello, para después colgarla de la baranda y simular que la misma se habría ahorcado, creando de esta manera un surco levemente ascendente en los laterales, donde sin embargo de ello no se marcó el nudo que Marcelina Mamani Saavedra afirmó a momento de efectuarse la Inspección y reconstrucción de los hechos haber encontrado en el cuello de la misma y que apretaba el cuello, por lo que debe tomarse en cuenta también que existe diferencia entre ahorcamiento y estrangulamiento porque el primero corresponde a un suicidio y el estrangulamiento responde a la intervención de una tercera persona. Por otra parte se toma en cuenta que la lesión que se descubrió en la cabeza de la niña, en la autopsia correspondiente, fue de gran magnitud porque produjo una hemorragia  interna, se encontraba por encima de la línea del ala del sombrero, por lo que como explicó la médico forense, esa lesión no pudo provocarse por una caída sino por un agente externo (objeto contundente) que impactó con gran energía y a ello se suma el hecho de haber encontrado el cadáver de la niña, con la chompa abotonada, tapando unas manchas pardo rojizas de la polera y el hecho de que los acusados se encuentren en una estado de nervios cuando llegaron los funcionarios policiales.” (sic).  


Puesta la valoración de los elementos de prueba colectados y efectuadas las conclusiones sobre ese ejercicio, el Tribunal de sentencia procedió a realizar la labor de subsunción sobre el texto de los tipos penales acusados de la siguiente manera:


  1. Para el caso de Christian Fabricio Vedia Saavedra: “…a partir de las conclusiones 17, 18, 19 y 20…en atención a la base fáctica traída por los acusadores sobre la cual giró el desarrollo del juicio Christian Fabricio Vedia Saavedra fue la persona que el 26 de noviembre de 2013 dio muerte a la menor pero no fue como consecuencia de y la acción directa como el haber oprimido la soga en el cuello de la menor, sino que antes de esa acción, causó una lesión de gran magnitud en la cabeza de la niña, con un objeto contundente, habiéndole provocado una hemorragia interna que le dejó inconsciente, es decir que el provocó una lesión de gran magnitud, hecho que se encuentra sancionado en nuestro Código Penal, en los arts. 270 y 27 ”y al ver la consecuencia de la lesión inferida…decidió quitarle la vida, para ocultar el delito de lesiones, por lo que el hecho fáctico no puede acomodarse solo al delito de homicidio, ya que el hecho tiene sus agravantes  y no solo desde el punto de vista de que la víctima era una niña, de 8 años, por lo tanto vulnerable, como establece la última parte del delito de Homicidio…sino que existe agravante también desde el punto de vista de que el sujeto activo del delito causó mucho sufrimiento y dolor, tomando encuentra su corta edad, concluyéndose en consecuencia que el hecho se subsume al delito de Asesinato, descrito en el art. 252.6 del Código Penal.” (sic).


  1. Respecto a la acusación contra Marcelina Saavedra Mamani: “no se tiene prueba (documental o testifical) o evidencia que pueda llevar a concluir que en el momento en que sucedieron los hechos Christian Fabricio Vedia Saavedra, se encontraba en compañía de su madre…es más los testigos…afirmaron que el 26 de noviembre de 2013, ella se encontraba en su puesto de venta donde fue buscada por su hijo Christian, concluyéndose que le buscó para avisarle sobre la muerte de Ermelinda, decidiendo ella colaborar con su hijo, manteniendo la coartada que el mismo tenía sobre los hechos para eximirse de responsabilidad como era que a niña se había ahorcado, versión que la mantuvo ante todas las autoridades que se hicieron presentes en su domicilio, intentando también, cuando llevó el cadáver de la niña a Culpina, que el padre…entierre el cadáver…lo más antes posible, para evitar que se descubra el hecho, por lo que el Tribunal considera que su conducta se acomoda al tipo penal de Encubrimiento.” (sic).


II.3. De la apelación restringida.


II.3.1.        Apelación restringida promovida por Christian Fabricio Vedia Saavedra.


Con base en los arts. 370 inc. 11) y 169 inc. 3) del CPP, reclamó al Tribunal de apelación que el art. 362 del propio Código, había sido violentado por los de Sentencia. Para ello estableció una plataforma de referencias textuales entre los fundamentos fácticos de las acusaciones, fiscal y particular, el Auto de apertura de juicio y la Sentencia, cuestionando a esta última el haber cambiado los hechos con la finalidad de condenarlo. Distinguió cuatro aspectos que en su planteamiento- la Sentencia hizo desaparecer, estos son:


b) que estando solo en compañía de la menor…hubiese tenido un altercado con la víctima de 8 años ya que la prueba producida en el juicio oral…demuestra que…nos encontrábamos mi abuela…mi persona y la niña de 8 años…el tribunal de sentencia modifica el hecho acusado, ya que no existe ningún elemento de prueba que demuestre el supuesto hecho de un altercado entre mi persona y la niña de 8 años…


c) que a consecuencia de ese altercado mi persona hubiese procedido a golpear (una o más veces) a la víctima con un objeto contundente (objeto no determinado)…la sentencia…impugnada llega a la conclusión de que maté a la niña de 8 años para ocultar las lesiones  causadas…pero no determina el porqué de esa conducta de agresión…si no existió el altercado…no existe motivo para la acción de causar lesiones y consecuentemente al no existir ese motivo, tampoco existe el motivo para causar la muerte de la niña…


d) que la menor, a consecuencia de ese o esos golpes, hubiese quedado inconsciente y que esa inconsciencia hubiese durado mucho tiempo...la sentencia…cambia totalmente este hecho por cuanto afirma que después de causar las lesiones y dejar inconsciente a la niña, de forma inmediata procedí a asfixiar [la]…desapareció del hecho acusado del aprovechamiento de la inconsciente, así como…el largo tiempo en que la niña hubiese quedado inconsciente (desde aproximadamente horas 14:30 hasta aproximadamente a horas 18:00)…nunca me defendí del hecho de que la muerte se hubiese dado en forma inmediata después de la o las lesiones causadas con el objeto contundente…y consecuentemente mi defensa tendía que estar vinculada a desvirtuar ese hecho…y no a desvirtuar el aprovechamiento y la inconsciencia por más de tres horas…


f) que puse en conocimiento de mi madre el altercado, los golpes y la inconsciencia de la menor…


g) que para ocultar el hecho de haber causado lesiones- me dirigí al banco a realizar un depósito…


h) que después de retornar del banco junto a mi madre nos dirigimos a la óptica para recoger mis lentes…


i) que retornando a mi domicilio…desde el centro de la ciudad y en Micro encontramos yo y mi madre- a la menor aun inconsciente…


j)  que para ocultar las agresiones físicas- yo y mi madre- procedimos a asfixiar la menor con una cuerda…


k) que para ocultar la asfixia- hemos (dos personas) procedido a colgar a la menor con una cuerda desde una baranda.


Como segundo agravio en apelación restringida apoyado en los arts. 370.6, 124 y 359 del CPP, alegó que en Sentencia se infringieron las reglas de la sana crítica referidas a la ciencia: 1) Basado en la afirmación de haberse hallado manchas de sangre en los alrededores del supuesto altercado entre imputado y víctima, producidas por una lesión que provocó una hemorragia interna; explicando que por definición ese tipo de hemorragias no provocan que la sangre fluya al exterior del cuerpo, lo que condujo a la siguiente afirmación “no resulta lógico suponer que allí existió un, nunca un incidente” (sic), más cuando, las pruebas no revelaron que la víctima haya tenido lesiones en su cuerpo, que era su abuela quien el día de los hechos tenía una herida en la nariz, resultando ilógico sostener que su persona haya tenido conocimiento de un daño irreversible en la víctima, como concluyó la Sentencia; y, 2) Que, la impulsividad latente determinada por una pericia psiquiátrica, diagnosticó esa condición a momento de realizadas las pruebas más no expresó que fuera una condición existente en el imputado al tiempo de sucedidos los hechos; añade que cualquiera fuera la circunstancia, de haber sopesado ese estado a momento del hecho o no, desvirtúa de todas formas el razonamiento de la sentencia, por cuanto incluso de afirmarse positivamente ese estado, al ser una alteración cognoscitiva su conducta se habría visto sometida justamente limitada por tal condición, emergiendo una condición de inimputabilidad.


Añadió que se habían vulnerado la sana crítica por infracción a las reglas de la lógica arguyendo: a) Que, se obvió tener presente que los sucedido con su abuela el día de los hechos, sin que se haya considerado que de las atestaciones se desprendió información dando cuenta que ella tenía una herida en la nariz y manchas de sangre en el mandil; al contrario el Tribunal de sentencia concluyó que la sangre hallada en el domicilio pertenecía a la víctima, a pesar que ella no tenía ningún tipo de lesión abierta; y, b) Sostener que la muerte de la víctima sucedió entre 11:40 a 14:30, infringe la lógica pues el acta de la autopsia señala que el fallecimiento se produjo entre 55 a 60 horas de practicado el acto, es decir a las 17:00 del día de los hechos, coincidiendo con lo reportado en la prueba MP-4.

II.3.2.        De la apelación restringida promovida por Marcelina Saavedra  Mamani.

Por memorial saliente de fs. 1898 a 1901 vta., la nombrada opuso recurso de apelación restringida, planteando inobservancia de la Ley sustantiva, por no considerar la eximente del art. 172 del CP, sobre quién encubre a sus parientes, siendo ella madre del imputado a quien se impuso la pena principal.


II.4.  Del Auto de Vista.


Activado el recurso de apelación restringida y en conocimiento de las acciones recursivas, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con la relación de causa relatada por la Vocal Molina Villarroel y el voto del Vocal Sandoval Fuentes, declaró la procedencia del recurso planteado por Christian Fabricio Vedia Saavedra, y, considerando la existencia de defecto absoluto en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP, dispuso la nulidad de la Sentencia de grado y la reposición del juicio por otro Tribunal llamado por Ley. De entre sus argumentos destacan:

  1. Respecto al primer agravio planteado por Crhistian Fabricio Vedia Saavedra: “Si bien el a-quo identifica el contenido de la prueba de cargo y descargo; sin embargo, ingresa en una valoración intelectiva parcial, sesgada e ilógica de solo una parte del contenido probatorio del acervo conforme identifica el apelante, sin tomar en cuenta el contenido completo de cada uno de ellos, olvidando otorgar una protección preminente de los hechos y de la verdad material contenida, considerando los estándares internacionales existentes en hechos recogidos como buenas prácticas por el máximo tribunal a través del Auto Supremo 099/2013-RRC, y recomendaciones efectuadas en relación a la valoración de la prueba, ingresando ciertamente en omisiones de acontecimientos trascendentales en sus conclusiones sin explicar menos fundamentar de manera razonable respecto de los hechos que se reclaman y se encuentran consignadas en las pruebas identificadas, efectuando una compulsa parcial y sesgada…especialmente con los elementos probatorios decisivos y esenciales producidos en el juicio de la causa, como los extrañados en el recurso en examen, a partir de la acusación pública y particular contrastado con la Sentencia, en cuya fundamentación jurídica no se consignan supuestos de trascendencia como iniciar la determinación en atención a la base fáctica de los acusadores sobre la que giró el desarrollo del juicio, como la coautoría de ambos condenados por acción directa de quitarle la vida y el Auto de apertura de juicio que acusa la muerte propiciado por el apelante por golpe contundente, abandono a la menor en estado de inconsciencia, para posteriormente determinar que ambos (su madre, y él, procedieron a asfixiar a la menor y recién haberla colgado con una cuerda en una baranda, para finalmente condenarlo habiendo golpeado a la menor poniéndola en estado de inconsciencia y aprovechando ese estado con el fin de buscar ocultar las lesiones de forma individual la hubiere ahorcado, que resulta una acción diferente con la asfixia dejando en zozobra, si fue sólo el apelante el que dio muerte a la menor, si fueron ambos,  si las circunstancias, así como consta respecto de las diferentes deposiciones brindadas en juicio oral…delataron la presencia de la abuela del acusado…el objeto contundente con el que se dejó inconsciente a la víctima, quien quedó por más de tres horas en ese estado para concluir que se le causó la muerte de forma inmediata con el objeto contundente y que para ocultar la asfixia ambos procedieron a colgar a la menor con una cuerda que denota una modificación de acusación tanto en las circunstancias y supuestos mencionados como respecto a la participación de una coacusada así como la data de la muerte consignada en la prueba MP5, deduciendo que la teoría fáctica ha sido modificada significando infracción del principio aludido de congruencia afectando el derecho de defensa como componente del debido proceso, vinculado de manera trascendente a la prueba y a las conclusiones arribadas y que en el control de legalidad y logicidad desplegada por el Sentenciador, este Tribunal, deduce que evidentemente esas omisiones configuran el defecto de sentencia manifestado recursivamente, y violenta el debido proceso conforme el art. 169-3) del CPP, máxime si consideramos que el principio de coherencia, correlación o congruencia, es un principio que contiene una prohibición dirigida a la autoridad jurisdiccional de juzgar hechos o circunstancias distintas a las contempladas en la acusación, tomando en cuenta que la misma en el contexto enunciado, es el acto procesal que produce la presentación formal y definitiva de los cargos en contra de los imputados, mientras que la Sentencia es la decisión determinante de instancia en la que al inculpado y aquellos por los que se le procesa, en el caso que en concreto…ocurre que se han juzgado hechos distintos a los contenidos en la acusación pública y privada, con base en las cuales fue procesado el apelante, apartándose del principio corolario e indispensable del derecho de defensa y marco determinado del proceso de los hechos acusados, expresando como se denuncia, en la descripción de la conducta acusada, descripción que proporciona datos fácticos distintos y constituyen una referencia de error inconvalidable e insubsanable deviniendo el reclamo en procedente.” (sic).


  1. Respecto al segundo motivo de apelación planteado por Crhistian Fabricio Vedia Saavedra: “…se tiene en la conclusión 18 cursante a fs. 84 que el apelante dio un golpe a la víctima en la cabeza con objeto contundente, dejándola inconsciente, provocándole una hemorragia interna, ya que se colectaron del lugar del hecho hisopos con manchas pardo rojizas del suelo que dieron positivo para sangre, develando vulneración de la sub regla de la ciencia como elemento de la sana crítica al concluir de esa manera cuando en verdad científica la hemorragia interna, la existencia de lesiones, cuando la niña no presentaba lesiones, incurriendo en infracción de valoración al existir conclusiones son base lógica menos científica; asimismo, respecto de la prueba pericial psiquiátrica que establece tendencia del condenado a una impulsividad latente…presenta insolvencias de determinar a ciencia cierta si es impulsividad latente establecida en el momento del examen pericial que fue realizado dos años después del supuesto hecho, se presentó también, como concluye el tribunal en la conclusión 19, en el momento del hecho, supuestos que afectan la decisión; ya que en ambos casos debe precisarse, fundamentarse e identificarse plena y correctamente la circunstancia argüida así como la base probatoria; y, ello no ha ocurrido dejando en la brumosa; finalmente en la conclusión 17 de la sentencia, donde el tribunal establece la existencia de sangre en el suelo pero omite considerar circunstancias sucedidas vinculadas a la tercera persona que se encontraba en el lugar del supuesto hecho, la abuela del apelante, conforme a la atestación del acusado…que revelaron que…tenía una herida en la nariz, producida en circunstancias en que jugaba la víctima con otros tres niños y que en su mandil, la señora, tenía manchas de sangre, conforme a la prueba MP2, ingresando a una omisión de valoración vinculados a las circunstancias vinculadas a esta tercera persona con relación a la sangre encontrada en el piso y en el mandil de la misma. Finalmente, en cuanto a la data de la muerte de la niña, resulta ya intrascendente su análisis, toda vez que al haberse evidenciado infracción al debido proceso que constituye defectos absolutos hace de hecho imposible absolver las dudas y aclaraciones solicitadas por el apelante, aspectos que ciertamente se configuran en vulneraciones trascendentales deviniendo este segundo motivo recursivo también en procedente…constriñendo tomar en cuenta que la finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, los hechos naturales y los hechos humanos, porque de la prueba de la existencia de los hechos, se deriva la prueba de la existencia de los derechos que alegan las partes si se entiende la prueba como la representación de un hecho y, por consecuencia la demostración de la realidad o de la irrealidad, las que deberán ser plenas fehacientes e indubitables, conforme a las reglas otorgadas al efecto por la ley; que en el caso, al resultar frágiles, como se tiene extrañado, provoca razonablemente aplicar el aforismo conocido “es preferible absolver al culpable que condenar al inocente”, correspondiendo en todo caso que sea otro tribunal quien examine y determine lo que real, material y legalmente corresponde en derecho, siguiendo, cumpliendo y subsanado lo extrañado.” (sic).
  2. Respecto al recurso de apelación restringida presentado por Marcelina Saavedra Mamani: “por la nulidad decretada, este Tribunal se exime del pronunciamiento respecto al único motivo de recurso de apelación restringida formulada por la procesada por hallarse vinculado al fondo del proceso penal.” (sic).


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1. RECURSO DE CASACIÓN DE MARCELINA SAAVEDRA MAMANI.


La recurrente efectúa una explicación de los antecedentes del caso y denuncia, la infracción del derecho al debido proceso, en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada, por incurrir en incongruencia omisiva y violación del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos por los arts. 115.I y II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, invoca la admisión del recurso por flexibilización en consideración a la Sentencia Constitucional Plurinacional 224/2015-S2 de 25 de febrero y el Auto Supremo “234/2012-R” de 1 de octubre, fundamentando que concurren defectos absolutos como defecto del Auto de Vista.


Refiere que en atención de que el Tribunal de alzada al no resolver el único motivo de su recurso de apelación restringida, incurrió en la inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, por violación del debido proceso respecto al deber de fundamentar por incongruencia omisiva. Invocando en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 181/2013 de 27 de junio y 51/2013-RRC de 1 de marzo, que fueron desconocidos por el Tribunal de alzada.


III.1.1.        Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes contradictorios invocados.


Los Autos Supremos 181/2013 de 27 de junio y 51/2013-RRC de 1 de marzo, tienen en común haber resuelto denuncias vinculadas de incongruencia omisiva y falta de fundamentación en la respuesta de apelación restringida. En el primer caso, se precisó que “Todo Auto de Vista, será debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que contenga el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentos evasivos, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, mas aún si se trata de excepciones con apelación incidental, reservada para resolución en apelación restringida, aspecto que deviene en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a la defensa, a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”. A su turno en segundo precedente adiciona que “…cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cual0es deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.”.


III.1.2. Análisis del motivo en específico.


Tal cual se reseñó la recurrente, en casación denuncia al Tribunal de apelación de haber vulnerado su derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, por no haber brindado respuesta (positiva o negativa) al planteamiento expuesto en apelación restringida.


Más arriba en este Auto Supremo, la Sala reseñó tanto el extracto de la pretensión que Marcelina Saavedra Mamani planteó en apelación restringida, como la mención de respuesta que el Tribunal de alzada brindó en correspondencia. En efecto, el Auto de Vista expresamente se inhibe de otorgar respuesta sobre la denuncia de defecto de la sentencia conforme el art. 370 inc. 1) del CPP, consistente en la presunta no consideración de la causal de eximente prevista en el art. 172 del CP, en lo que es el delito de encubrimiento; sin embargo, no es como dice la recurrente, que una respuesta positiva o negativa no haya sido brindada, de hecho las razones del Auto de Vista impugnado son coincidentes a la pretensión de la entonces apelante; por cuanto, si su reclamo de eximente se basaba en la previa determinación de culpabilidad, y habiéndose eventualmente anulado la Sentencia que determinó esa postura, mal podría emitirse un pronunciamiento sobre conducta encubridora alguna, menos aún sobre aplicación de cualesquier tipo de eximente, so pena de generar un criterio adelantado sobre el fondo del proceso, con lo cual la Sala asume convicción que la contradicción pretendida no es cierta al no haberse observado lesión de los arts. 124 y 398 del CPP.

    

         III.2.  RECURSO DE GONZALO ARIEL VÁSQUEZ RÍOS


III.2.1. PRIMER MOTIVO


Denuncia de vulneración al art. 398 del

Código de Procedimiento Penal


Expresa el recurrente que en la respuesta al primer motivo del recurso de apelación restringida del imputado, fueron considerados aspectos ajenos a los reclamados, referentes a la valoración probatoria, por lo que el Auto de Vista impugnado hubiese ingresado en incongruencia aditiva, calificada de incongruencia externa por notoria contradicción y referida a la resolución del primer motivo de apelación restringida, pues de oficio incluye una modificación al objeto del proceso no argumentada por el apelante, que fuera: “…para concluir que se le causó la muerte en forma inmediata con el objeto contundente." (sic). A criterio del recurrente, tal hecho devela incongruencia externa, e incongruencia por contradicción, vulnerándose su derecho al debido proceso en su elemento derecho a las resoluciones congruentes, también afecta su derecho y garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.  Invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 431/2005 de 15 de octubre y 550/2016-RRC de 27 de marzo.

II.2.1.1. Doctrina legal contenida por los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005,  fue pronunciado dentro del recurso de casación promovido en el trámite penal seguido por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Manipulación Informática, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335 y 363 bis, del CP respectivamente; en tal recurso se planteó violación al art. 398 del CPP. La Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en el análisis de fondo consideró que la denuncia era en efecto evidente, lo que motivó deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y estableciera las siguientes conclusiones y doctrina legal aplicable:


“…que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.

El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos "Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes"; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas.

La competencia del Tribunal de Apelación se encuentra delimitada por los puntos cuestionados en la apelación restringida como enseña el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y por los defectos absolutos que violan los derechos y garantías previstos en artículo 396 inciso 3) del citado código adjetivo; debiendo en consecuencia el Tribunal de apelación dictar una nueva resolución fundada cumpliendo la presente Doctrina Legal”.


El Auto Supremo 550/2016-RRC de 15 de julio, fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia resolviendo un recurso de casación en el que se denunció al Tribunal de apelación haber emitido un Auto de Vista ultra petita, con el argumento que en apelación restringida no se argumentó infracción de los arts. 173 y 362 del CPP, empero el fallo cuestionado basó su decisorio en el análisis de aquellas normas, determinando en su parte resolutiva la concurrencia de los defectos del art. 370 nums. 5) y 8) del CPP, lo que también fue objeto de censura bajo la forma de violación al principio de congruencia. En el análisis de fondo, se verificó lo cierto de las denuncias, motivando dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado. Las consideraciones efectuadas, reiteran la línea jurisprudencial sentada en los Autos Supremos 111/2012 de 11 de mayo y 396/2014-RRC de 18 de marzo. A continuación, se extracta la doctrina legal aplicable: 


La fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar, justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


En cuanto al principio de congruencia, el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de marzo, señaló: “Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez…El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.”


III.2.1.2.        Análisis de situación de hecho similar y verificación de contradicción pretendida.


El motivo de casación aquí planteado transmite un hecho básico a ser verificado en el análisis; expresa el recurrente que el Tribunal de apelación en la emisión del Auto de Vista impugnado adicionó elementos y argumentos que el primer motivo de apelación restringida no mencionó, lo cual en términos del memorial de casación, constituiría un caso de incongruencia aditiva, recayendo en lo descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP; a consecuencia, de la afectación del derecho al debido proceso postulado por el art. 115 parág. II Constitucional, en lo que fuera el derecho a las resoluciones congruentes.


II.2.1.2.1 En rigor la problemática planteada denota una supuesta falta formal a la norma. Una situación de fallo extrapetita (algo diferente a lo pedido) incumbe la vulneración de un principio del derecho procesal básico como es el principio de congruencia, tal condición no deja de constituir una postura superficial a los fines que el instituto jurídico pretende y que en materia procesal penal torna sensible trascendencia. La premisa básica, en la actividad recursiva se asienta en el Principio Tantum Apellatum Quantum Devolutum (tanto lo deferido como lo reclamado) por el cual la autoridad jurisdiccional que conoce la acción impugnaticia sólo debe avocarse sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso. El art. 398 del CPP establece que: “Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, esta norma complementa el ámbito competencial de los tribunales de alzada (cuya conformación comprende el tipo de resolución recurrible y la fase procesal de su actuación) inhibe todo tipo de pronunciamientos oficiosos, ya sea en la incorporación de motivos, o fundamentos, extendiendo la eventual interpretación de los agravios que les fueran propuestos. En consonancia, el art. 17 de la LOJ aclara que los Tribunales de alzada (apelación y casación) deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; es decir, que el tribunal debe limitarse a lo solicitado por las partes de manera exclusiva y restrictiva.


La competencia de pronunciamiento en apelación restringida, prevista por los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, debe ser vista también en simetría con los arts. 407 y 408 del CPP, que a partir de la exigencia de requisitos de admisibilidad, forman el canal por el cual se asegura que los Tribunales de apelación no emitan resoluciones basadas en su propia opinión, o en una interpretación discrecional de lo que quiso decir el apelante. Por los arts. 407 y 408, se obtendrá certeza claridad sobre la problemática específica sometida al análisis y por el art. 398 se esperará una respuesta en correspondencia y simetría. El cúmulo de normas procesales antes referidas, en consideración de la Sala, en el terreno de los hechos, cerciora la observancia del principio de igualdad de partes ante el juez, haciendo que ellas tengan certeza plena sobre su calidad de tercero imparcial.


II.2.1.2.2 Ya en materia: emitida la Sentencia 05/2017 de 13 de marzo, Crhistian Fabricio Vedia Saavedra opuso recurso de apelación restringida, reclamando -de entre otros motivos-, una supuesta vulneración al principio de congruencia entre acusación y sentencia, con base en los arts. 370 inc. 11) y 169 inc. 3) del CPP, señalando la violación del art. 362 también de la Ley adjetiva procesal penal, con ese fin propuso una plataforma de referencias textuales entre los fundamentos fácticos de las acusaciones, fiscal y particular, el Auto de apertura de juicio y la Sentencia, cuestionando a esta última el “cambiar los hechos con la finalidad de condenar[lo] de un hecho del que no pudo defenderse” (sic).


En apelación el imputado distingue cuatro aspectos que en su planteamiento- la Sentencia hubiera modificado y suprimido (sintetizados en el punto II.3.1 de este Fallo) realiza un relato de antecedentes de las descripciones del hecho contenidas en la acusación confrontadas con versiones similares que la Sentencia contendría, exponiendo su parecer sobre las circunstancias específicas de las cuales manifiesta haber ejercido defensa. La argumentación posee también referencias a ciertas inconsistencias lógicas sobre cómo los hechos habrían sido determinados en la Sentencia, como lo fue aseverar que: “el Tribunal de sentencia hizo desaparecer el motivo por el cual hubiese agredido a una niña de 8 años” (sic); y finalmente, alega que la aplicación que pretende es redundancia necesaria- la aplicación del art. 362 del CPP, solicitando expresamente que en el orden del art. 413 de la misma norma procesal, se disponga la nulidad de la sentencia y el juicio de reenvío, precisando además que la sentencia incurriese en defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.


De tal manera el marco de resolución dispuesto a la Sala Penal Primera, consistía en verificar si el art. 362 del CPP había sido infringido, teniendo para ello los parámetros planteados por el entonces apelante, esto es, el relato de las afirmaciones (hechos) que consideró forjaban la incongruencia denunciada, cuyo resultado sería la eventual existencia del defecto de sentencia descrito en el art. 370 inc. 11) del CPP; además de precisar si sobre esa variación de haber sido evidente, se hubiera fundado la decisión condenatoria, ello a fines de constatar presencia de defecto absoluto en el orden de lo alegado por el apelante.


Lo resuelto por el Tribunal de alzada sobre este motivo se encuentra saliente de fs. 1978 vta. a 1980, contenido en el que en efecto se desprenden consideraciones no formuladas en el primer motivo propuesto por el apelante. Tal es así que, el párrafo de introducción, hace mención al art. 173 del CPP, atinente a la forma de apreciación y valoración de la prueba, para a continuación pronunciar juicios de valor sobre supuestos yerros incurridos por el Tribunal de mérito en lo que fue esa labor, que más allá de ser un aspecto no apelado en ese motivo en específico, es expuesto con ambigüedad a través de afirmaciones tales como “el A-quo identifica el contenido de la prueba sin embargo, ingresa en una valoración intelectiva parcial, sesgada e ilógica de sólo una parte del contenido probatorio” (sic) o bien: “ingresando ciertamente en omisiones de acontecimientos trascendentales en sus conclusiones” (sic). Más adelante en el fallo en análisis, se ejercita un control sobre las condiciones particulares que las acusaciones contuvieron en contraste con la Sentencia, tales como “la coautoría de ambos condenados y el auto de apertura de juicio que acusa la muerte propiciado por el apelante por golpe contundente” (sic), cuestionando en lo principal “si fue solo el apelante el que dio muerte a la menor, si fueron ambos (junto a la coacusada)” (sic).

Dentro del mismo argumento el Tribunal de apelación propala una serie de aspectos que entendiéndose- como circunstancias no habrían sido esclarecidas en la Sentencia, estas son: “las circunstancias, las diferentes deposiciones brindadas en juicio oral delataron la presencia de la abuela del acusado el objeto contundente con el que se dejó inconsciente a la víctima, quien quedó por más de tres horas en ese estado para concluir que se le causó la muerte en forma inmediata con el objeto contundente y que para ocultar la asfixia ambos procedieron a colgar a la menor con una cuerda que denota una modificación tanto en las circunstancias y supuestos mencionados como respecto de la participación de una coacusada así como la data de la muerte consignada en la prueba MP5, deduciendo que la teoría fáctica acusada ha sido modificada.” (sic).


De la relación de párrafos que antecede, no solo se desprende un marco procesal jurídico no propuesto por el apelante, recuérdese que en este motivo en particular, únicamente expuso una supuesta variación de hechos bajo un planteamiento centrado en la supuesta modificación de los hechos acusados; empero, no formas ni expresiones que al menos orienten un criterio de examen a la valoración probatoria, actuación que no es admisible a los fines del art. 362 del CPP; por cuanto, tal norma si bien tiene preponderancia protegiendo el derecho a la defensa bajo el principio básico de congruencia entre acusación y sentencia, no es menos cierto que al constituirse una prohibición taxativa, su acontecer procesal se vincule a un aspecto formal; es decir, no se prohíbe, ni se orienta que de la valoración de la prueba deba necesariamente obtenerse un resultado equivalente a la hipótesis fáctica de la acusación, sino se precisa que la condena de ninguna forma puede ser aplicada sobre un hecho distinto al acusado.


El Tribunal de apelación, ciertamente desborda su análisis más allá de los límites propuestos por el propio apelante, no solo es evidente el caso de la mención a la prueba MP-5, sino a partir de sus cuestionamientos implícitamente emprende una seguidilla de especulaciones, pues mencionando que los de sentencia no hubieran tenido presente la presencia de una tercera persona (apreciación aislada de las consideraciones que sobre tal particular se lee en la Sentencia), el objeto contundente supuestamente utilizado para golpear a la víctima, y la participación de la coacusada, genera en el lector una hipótesis fáctica alternativa a la que fue sometida al proceso, dejando un dilema sobre cómo los hechos pudieron haber acontecido, cuando su labor debía limitarse solo a verificar si efectivamente los hechos acusados no guardaban correlación con los hechos en los que la sentencia fundó su condena. Muestra clara de ello, se encuentra en la expresa alusión a la forma de participación de la coacusada, y la mención de la presencia de una tercera persona el día de los hechos, lo que en suma hace que en lugar de generarse sensación de validez jurídico-procesal se obtenga el planteamiento de un misterio de irreconciliable solución. Tales razonamientos, no condicen a la forma procesal incoada por el apelante, de hecho la configuración sobre incongruencia contenida en el art. 362 del CPP, no exige ningún tipo de análisis que propicie la censura de los medios de prueba o la valoración sobre los mismos, por cuanto tal norma es enfática y cerrada, precautelando únicamente la correspondencia entre hecho acusado y hecho base de la condena. Si bien es cierto, que la doctrina comprende que la prohibición de modificación del hecho incumbe también a las circunstancias directamente vinculadas al mismo y tengan la suficiencia de generar un cambio drástico en la calificación legal (como el caso de una agravante), es también evidente que el análisis depuesto por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”, no tuvo ese abordaje.


Siendo evidente que el debate contradictorio finaliza con la emisión de una Sentencia, no es menos cierto, que la naturaleza polarizada y confrontacional del proceso penal persiste, constituyendo el escenario donde el órgano jurisdiccional persiste también como tercero imparcial, debiendo someter sus actos y decisiones a los principios de imparcialidad e igualdad de partes ante el Juez (arts. 3.3 y 30.13 de la Ley 025); de ahí que, las formas dispuestas en norma como criterios predeterminados de actuación procesal, no son un formulismo como tampoco un fin en sí mismas, ellas deben ser entendidas como mecanismos que resguardan derechos a las partes en contienda; el diseño emanado de la Ley 1970, hace que el proceso no sea uno de sorpresas, sino uno regido por reglas claras, en igualdad de armas, transparente y sumido en un ambiente de imparcialidad.


La Sala concluye que la contradicción planteada por el casacionista es cierta; por cuanto, la problemática procesal abordada y consecuente doctrina legal emitida por los Autos Supremos 431 de 15 de octubre de 2005 y 550/2016-RRC de 15 de julio, brinda atención al deber de observancia del art. 398 del CPP por parte de los Tribunales de apelación, situación que como se tiene expuesto el Auto de Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017” contradijo, restando fallar en este sentido.


            III.2.2. SEGUNDO MOTIVO


         Denuncia vicio de insuficiente fundamentación


Reclama que el Tribunal de alzada vulneró su derecho al debido proceso en su elemento derecho a las resoluciones debidamente razonables y suficientemente motivadas, propiciando la vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva al no verse certeza sobre las razones arribadas por el Tribunal de apelación para su decisión, cuyo efecto trasunta la imposibilidad de ejercer el derecho a la impugnación.


Refiere que ese Tribunal concluyó que el apelante fue procesado y condenado por hechos diferentes a los establecidos en la acusación, afectando su derecho a la defensa; sin embargo, el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”, no menciona claramente qué hechos concretos y específicos- fueron modificados, (día, lugar, autores), o bien cuáles las circunstancias específicas y concretas que contenían las acusaciones y que hayan sido modificadas en la Sentencia.


El Tribunal de apelación indica el recurrente: “no manifiesta ni expresa los motivos de cuales de los antecedentes son considerados hechos y cuáles son considerados circunstancias de los hechos, no manifiesta ni expresa motivos ni razones de por qué considera que esas descripciones con algunas diferencias constituyen evidentemente una modificación indebida de la acusación, no indica si los hechos o circunstancias supuestamente modificadas han impedido el ejercicio de la defensa del acusado.” (sic).


Además alega que no se precisó: “si el Tribunal de instancia que tiene la inmediación…está completamente vedado de llegar y establecer conclusiones que tengan alguna diferencia con los hechos y circunstancias acusadas, o si puede en su labor llegar a algunas conclusiones con algunas diferencias al estricto marco fáctico de la acusación, o si según la naturaleza y características de cada hechos se puede llegar a conclusiones que no guarden idéntica igualdad gramatical…con los hechos y circunstancias acusados según la naturaleza de cada hecho en concreto.” (sic).


Por otra parte, expresa también en torno al segundo motivo de apelación del imputado, referido al cuestionamiento que la Conclusión 18 de la Sentencia (sobre lesiones y hemorragia en la víctima) vulneró la sub regla de la Sana Crítica vinculada a la ciencia, adolece de una debida fundamentación y motivación, pues no describe de qué conclusión se tratase (Sentencia, pericia, etc.); asimismo, si consideraron que se había vulnerado aquella subregla de la ciencia, no fundamentaron cuál fuera la ciencia de referencia; añade, que incluso teniendo presente que se tratase de la ciencia médica, no se especificó cuál de sus ramas haya servido para arribar a dicha conclusión, como tampoco se manifestó: “qué prueba específica y concreta fue la que valoró mal o indebidamente el Tribunal a quo por la cual habría arribado a conclusiones contrarias a la regla de la ciencia.” (sic).

Señala también que el Tribunal de alzada no exterioriza de manera clara, precisa ni concreta respecto de qué prueba específica se incurrió en infracción de valoración;_ igualmente, no manifiesta los motivos y razones por los cuales consideró no existe base científica ni lógica en las conclusiones de la Sentencia; de igual manera, no expresa qué regla o principio de la lógica se hubiese vulnerado (razón suficiente, identidad, tercero excluido, etc.) por lo que asegura-  el Auto de Vista no es claro, ni completo.


II.2.2.1.        Fundamentación en las resoluciones judiciales, naturaleza y alcances.


El art. 124 del CPP, ordena que las sentencias y autos interlocutorios sean fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; de igual forma precisa que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es visible un aspecto de trascendental importancia, que es el alcance que la norma nacional brinda a la fundamentación. La doctrina sobre la forma expositiva en la que los fallos son emitidos, reconoce dos componentes: motivación y fundamentación. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso y más primordialmente sobre la actividad probatoria  y los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado, fundamentar se relaciona, con la actividad eminentemente jurídica a ser realizada con el resultado de la motivación, esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligación de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y lógica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicación de la norma positiva al caso concreto. 


La jurisprudencia nacional, en sus jurisdicciones ordinaria y constitucional, ha sido uniforme en distinguir que la Constitución Política del Estado en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I, reconoce y garantiza el debido proceso; así como identificar que uno de sus componentes es la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que se vincula al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, postulada por el art. 115.I Constitucional; significa entonces, que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución. En consecuencia, un fallo debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencias que también se desprenden del art. 124 del CPP (véase el Auto Supremo 500/2014-RRC).


El desarrollo de criterios sobre la fundamentación, la vinculan al efectivo derecho de impugnación, así un parámetro indicativo es presente en la Sentencia de 5 de agosto de 2008, caso Caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, en el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sostuvo:


“78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”.


Ahora bien la debida fundamentación es un ejercicio argumentativo que desarrolla de forma sistemática los medios (hecho y derecho) en que se basa el decisorio; para ello debe necesariamente exponerse de modo concreto y preciso, cómo se produce la valoración y porqué corresponde aplicar una determinada norma, esto obliga a evitar la sola enunciación genérica y abstracta de principios o el llano señalamiento de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; al contrario deberá darse la razón abierta y explícitamente de qué fue lo que razonó la autoridad judicial y por qué y bajo cuales condiciones ha decidió por la aplicación de una norma al caso concreto.


III.2.2.2.        Análisis de la denuncia de violación del derecho al debido proceso.


En suma el recurrente argumenta que el Tribunal de apelación al no haber dado observancia a los lineamientos del art. 124 del CPP, afectó su derecho al debido proceso (art. 115 parág. II de la CPE) en su componente derecho a una decisión judicial debidamente fundamentada lo que acarreó la restricción el derecho de a impugnar el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”. Tal denuncia es acompañada por una serie de alegaciones, que en perspectiva del recurso, fueran falencias y omisiones incurridas por la Sala Penal Primera en el Fallo impugnado.


En perspectiva, el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de “2017”, declara la procedencia de dos problemáticas apeladas por el imputado, la primera referida a una supuesta modificación de hechos entre acusación y sentencia (señaló la violación del art. 362 del CPP) y la segunda, vicio de falta de fundamentación en torno a la valoración de la prueba. Ahora bien, considerando los argumentos expuestos en casación, corresponde verificar si en efecto son ciertos, apreciando para ello si las conclusiones son basadas en los argumentos de las partes, el análisis del caso concreto y la aplicación explicada de la norma.


En el apartado II.4 de este Auto Supremo, se extractó casi en integridad- el contenido del Auto de Vista impugnado, cuya parte considerativa o de análisis está compuesta por tres fragmentos, siendo los dos primeros los que dan respuesta a los motivos de apelación restringida opuestos por el imputado. En la respuesta a ese primer motivo, en casación se reclama una serie de omisiones vinculadas a saber cuáles las razones por las que el Tribunal de apelación consideró el art. 362 del CPP, había sido infringido y porqué las mismas podían ser entendidas como una modificación del hecho, que causó indefensión al imputado.


De hecho, la prohibición del art. 362 del CPP, impide que los hechos sobre los que se funda la condena sean distintos a los hechos por los que se promovió la acusación. De manera preliminar, la Sala dirá que una cosa son los hechos (entendidos como un acontecimiento histórico ocurrido en el mundo material) y otra cosa las circunstancias que rodean y forman parte de ese hecho; es más, tal distinción hace que el proceso de subsunción atraviese un filtro que asegure que la imposición de una pena sea correspondiente a la conducta del agente y no a cuestiones que por coincidencia de tiempo o espacio (estas son las circunstancias) si bien ocurrieron no se relacionan con su actuar típico, antijurídico, culpable y punible. Se reprocha la conducta no lo fortuito. 


En la especie, lo decidido por los de apelación, en efecto no aclara cuáles son en específico los hechos distintos entre acusación y sentencia, la fundamentación desarrollada se basa en una serie de afirmaciones -en algunos pasajes contrapuestas- a partir de las que el Tribunal deduce que “la teoría fáctica acusada ha sido modificada” (textual a fs. 1980), la estimación sobre haberse vulnerado el derecho a la defensa del imputado a partir de una modificación o modulación de los hechos, no posee una base clara y precisa a través de la que se advierta cuales los hechos o circunstancias relacionadas en efecto sean distintas, ni la trascendencia de estas últimas.

 

De igual manera, la decisión en análisis concluye que “la teoría fáctica acusada ha sido modificada significando infracción del principio del principio de congruencia afectando el derecho de defensa como componente del debido proceso…ocurre que se han juzgado hechos distintos a los contenidos en la acusación pública y privada” (sic); sin embargo, tal apreciación es realizada en base a afirmaciones sobre las que no se brinda un criterio valorativo que refleje su certeza. Tal es así, que no se expresó de manera clara cuáles son los hechos modificados o cuales las circunstancias de trascendencia al hecho y el porqué de esa trascendencia, tampoco son vistas la identificación precisa de la fase procesal en la que el Tribunal haya detectado la supuesta variación de hechos y cuál su relación con los hechos en los que se fundó la condena. Ante el no esclarecimiento de lo señalado; en efecto, la posibilidad de pretender un acto de impugnación es incierto.  


Así también, teniendo presente que por el art. 124 del CPP, las resoluciones judiciales deben expresar los motivos de hecho y derecho en que fundan su decisión, es de esperar que la argumentación explique también la aplicación o infracción de una determinada norma, dando las razones por las que el Tribunal considere un dispositivo es aplicable al caso concreto o bien por qué se lo tiene por violado. Tales elementos no se encuentran en el caso de autos; por cuanto, más allá de afirmaciones nunca precisas sobre la actividad de los de sentencia, no se percibe argumentos por los que se haya tenido al art. 362 del CPP, como infringido, menos aún se obtienen las razones que hayan conducido al Tribunal de apelación a concluir que el derecho a la defensa habría sido vulnerado si se tiene presente que los de apelación hacen referencia a la variación de datos fácticos juzgados sin precisarlos de manera explícita en referencia a los datos del proceso y menos a la vulneración del derecho al a defensa, a través de una exposición de argumentos que superen el solo señalamiento de vulneración.


Un segundo aspecto se vincula al tratamiento conferido por el Tribunal de apelación al segundo motivo de apelación restringida. En él se denunció defectuosa valoración de la prueba relacionada a la correlación entre manchas hemáticas y las lesiones en la víctima; las conclusiones obtenidas a partir del Dictamen Pericial Psiquiátrico y el no haber considerado las lesiones en la abuela del imputado el día de los hechos. El Auto de Vista recurrido, sobre el primer tema expresó que en efecto era evidente señalando haberse infringido la subregla de la ciencia; en relación al Dictamen, se consideró que no devela si la condición detectada estuvo presente en el imputado el día de los hechos y sobre la omisión de las heridas que la abuela del imputado presenta el día de los hechos, se dijo que  era evidente  y constituía “una omisión de valoración…vinculadas a las circunstancias da esta tercera persona” (sic). De tal cuenta a los fines del art. 124 únicamente, y teniendo presente que en casación sobre este tema se planteó también una supuesta insuficiencia formal, no sustancial ni valorativa; la Sala considera que lo expuesto por el Tribunal de apelación, en este punto en específico y bajo los patrones sobre motivación antes explicados, no denota insuficiente fundamentación.  

             III.3 TERCER MOTIVO


         Indebida aplicación del Principio de Congruencia


Finalmente denuncia la aplicación indebida del art. 362 del CPP, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la tutela judicial efectiva. Argumenta que fue aplicado un rigorismo matemático a tiempo de resolverse el primer motivo de apelación restringida del acusado, referente a la incoherencia entre hipótesis acusatoria y los hechos motivo de la condena. La Sala pronunciante determinó haber existido modificación de hechos entre las acusaciones y la Sentencia; sin embargo, no tomó en cuenta que conforme la jurisprudencia la modificación de hechos y circunstancias fácticas que no incidan en lo esencial de los hechos acusados, ni los elementos de los hechos acusados sí es posible. Precisa que en el caso de autos no se modificó en lo sustancial ninguno de los elementos de temporalidad, espacialidad ni modalidad.


El Tribunal de origen -prosigue- “concluyó, tras la sustanciación del juicio, en el  cual el acusado apelante participó en todo momento ejerciendo su derecho a la defensa material y técnica, que [el mismo] en fecha 26 de noviembre de 2013 al interior de su domicilio golpeó a la menor víctima en la cabeza provocándole estado de inconciencia y tras este hecho en la misma fecha procedió a quitarle la vida ahorcándola (quitándole el aire), de donde se evidencia que el Tribunal ad quem busca y pretende que cualquier modificación no sustancial al proceso (como que no la mató solo sino conjuntamente su madre) sea considerada modificación indebida que vulnera el art. 362 [cuando en todo caso] el hecho esencial acusado fue…que Fabricio Vedia en fecha 26 de noviembre de 2013 al interior de su domicilio golpeó a la menor víctima en la cabeza provocándole estado de inconciencia y tras este hecho en la misma fecha procedió a quitarle la vida privándole de aire, por lo que el hecho de que si el tribunal estableció que la madre del mismo no participó en el hecho de quitar la vida no es una modificación sustancial al hecho acusado” (sic) cuestiona que el Tribunal de apelación haya considerado que tales modificaciones hubieran vulnerado el derecho a la defensa del encausado; empero, sin brindar ningún tipo de soporte sobre cómo entendió vulnerados ese derecho. Señala también que la postura del Tribunal de apelación -explica- en: “pretender que para que una sentencia sea congruente con la acusación debe condenarse a todos los acusados con los delitos endilgados” (sic) restaría sustancialmente el sentido del juicio oral coartando la labor intelectiva de los Jueces haciendo previsible.


Por último acusa que, todas esas circunstancias vulneraron su derecho al debido proceso tutelado por el art. 115 parágs. I) y II) de la CPE, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación como describe el art. 169 inc. 3) del CPP, explicando que “no es evidente que el acusado haya quedado en estado de zozobra de no saber si fue él o su madre o ambos quienes quitaron la vida a la menor…pues claramente el Tribunal a quo en la Sentencia concluyó que fue solo el acusado quien le quitó la vida a la menor.” (sic) y que el “dejar sin efecto la Sentencia del caso que otorgaba la certidumbre de que se había obrado en justicia se ha vulnerado la tutela judicial efectiva al desconocer esos motivos y razones [que motivaron tal anulación, impidiéndole] impugnar efectivamente los mismos [con lo que] se ha vulnerado igualmente [su] derecho al debido proceso” (sic).


III.3.1. Consideraciones previas.


III.3.1.1.        Jurisdicción Penal y Debido Proceso.


El Código de Procedimiento Penal en su art. 42, determina que a la justicia penal le corresponde el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, además de indicar que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en ese mismo cuerpo procesal. La naturaleza de esa facultad encuentra su fuente en el ius puniendi que es la potestad del Estado para la investigación, juzgamiento y sanción de toda persona por la comisión de un hecho punible. En la eventualidad que esta potestad puede afectar de forma desproporcional y grave derechos fundamentales, resulta necesario que el propio Estado auto-regule el ejercicio del ius puniendi mediante el reconocimiento de derechos de cuyo respeto dependa la validez de imponer una pena. Es así que, el debido proceso es garantizado por el 117 parág. I) Constitucional, debiendo tenerse presente en ese contexto que las relaciones entre Constitución y Derecho Penal no pueden ser concebidas independientemente, pues los postulados de la primera deben impregnar la creación de normas penales, su interpretación y aplicación, teniendo que poseer armonía con la parte dogmática, fines y valores que la Constitución posee.        


La Constitución postula al debido proceso como una macrogarantía que avala a los justiciables, seguridad para ser juzgados conforme a reglas preestablecidas, en la práctica su materialización debe ser entendida a través de las normas adjetivas imperantes en el Estado; de ahí que, a fines del presente análisis surge necesario abordar la tendencia político criminal boliviana en su componente procesal. El otrora Tribunal Constitucional, poco tiempo después del cambio de sistema procesal penal en el país a través de la Ley 1970, por medio de la Sentencia Constitucional 1036/2002-R de 29 de agosto, estimó que “…un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado”. El Dr. Wilman Ruperto Durán, relator en ese Fallo, comprendió que la jurisdicción penal debe, en los hechos, asumir un equilibrio entre la coerción penal y el ejercicio de todos los derechos y garantías que la norma confiera a los justiciables. La Sala, haciendo suyo lo antedicho, considera que la práctica de la norma penal, en efecto debe ser respetuosa y resguardar firmemente los derechos y garantías que la norma disponga, como así no debe perder de perspectiva que el proceso penal no es un fin en sí mismo, sino un medio para la aplicación de la ley penal, misma que no hace otra cosa que conferir certeza de seguridad a la sociedad ante la lesión de un bien jurídicamente tutelado.


El procedimiento penal boliviano, delimita las funciones de los encargados de la persecución penal y el juzgamiento brindando una separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; el ejercicio de la acción penal pública está a cargo del Ministerio Público, ejerciendo la dirección funcional de la investigación, la aplicación de medidas cautelares para la averiguación de la verdad y la presencia del imputado, extendiendo su labor hasta la petición al órgano jurisdiccional de la imposición de una condena, en cambio las competencias de la autoridad judicial asume dos vertientes; por un lado, la de control de garantías, y por otro la de conocimiento: la primera, para la protección y control de no vulneración de derechos y garantías en la etapa preparatoria y la segunda, que es llevar adelante el juicio oral, público, continuo y contradictorio, caracterizado por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todos los derechos y garantías reconocidas en la Constitución y las Leyes.


III.3.1.2.        Sistema acusatorio investigación y demostración de los hechos.


El esclarecimiento de la verdad histórica, se halla puesta como tarea y labor del Ministerio Público, en las etapas preliminar y preparatoria, no por nada se le ha confiado la dirección funcional de las investigaciones. La Sala comprende que la averiguación de la verdad histórica de los hechos como tarea institucional, le está derivada al Ministerio Público, así, el art. 23 Constitucional alude que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; en similar sentido los arts. 171 del CPP, ordena al Juez admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, por su parte los arts. 190 (Incautación de correspondencia, documentos y papeles), 217 (Documentos y elementos de convicción), que regulan algunos medios de prueba, expresan que para su realización y consideración siempre debe mediar como fin la averiguación de la verdad. Incluso las medidas cautelares (arts. 221 y ss del CPP), la regulación del arresto, la incomunicación y la aprehensión, justifican su ejercicio a partir de la necesidad de averiguación de la verdad. Hasta aquí, la configuración normativa hace que la búsqueda de la verdad de un hecho penal centre su atención a las etapas previas a juicio oral; siendo que, llegada esa etapa debe entenderse que la acusación tiene como fin último la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado (art. 329 del CPP); es decir, se procura la probanza de la hipótesis acusatoria, ante la autoridad jurisdiccional.


En el proceso penal el Juez o Tribunal no busca la verdad de los hechos presuntamente ilícitos investigados por el Ministerio Público; de ahí que, su labor se rige por la intangibilidad de los hechos. En el sistema acusatorio el Juez o Tribunal busca resolver un conflicto de intereses (los derechos de la víctima, contrapuestos a los derechos del imputado), más no reconstruir el hecho para llegar a la verdad histórica, pues en rigor, ningún medio procesal podría demostrar un hecho tal y como ocurrió; sino, el proceso es un instrumento para emitir una decisión lo más aproximada y objetivamente posible a lo que pudo haber ocurrido, por lo cual en el proceso penal al existir un interés público, el Juez o Tribunal debe ser guiado no solamente en aplicar el ius puniendi, sino también y he aquí lo trascendente- en reestablecer la paz alterada por el delito ya sea condenando o absolviendo.


Superada la etapa preparatoria, el órgano judicial tiene en frente dos pretensiones, una que intenta aplique la Ley sustantiva y otra que bien puede contender a la primera. El juicio oral, etapa central del proceso, conforme al art. 342 del CPP, puede ser abierto sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente y en los casos que la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales el juicio será abierto. Esta norma es enfática en prohibir que el juez o tribunal incluyan hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio o abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación. De la acusación se perfila el objeto del proceso; es decir, las cuestiones a ser probadas que dan cabida al debate contradictorio.


Como se adelantó el germen del objeto procesal, es la propia denuncia o noticia fehaciente de la comisión de un delito, a partir de ahí el Ministerio Público ejerce la investigación con noticia a la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, el objeto del proceso experimenta durante las diferentes etapas procesales una paulatina y progresiva conformación, de ahí que en etapa preparatoria, sea solo exigible la existencia de indicios de responsabilidad sobre la existencia del hecho y la participación del imputado (art. 301 del CPP). El momento cúspide de su delimitación, que sirve para introducirlo al juicio, es la acusación formal, en la que se exige la individualización del imputado, la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido y la expresión de los elementos de convicción que la motivan (art. 341 del CPP). Sin embargo, ello no significa que con la producción de pruebas en juicio oral eventualmente puedan derivarse resultados que readecuen su contenido, eso sí, sin modificar sus elementos subjetivo y objetivo.


III.3.1.3. Objeto del proceso en juicio oral.


El objeto del proceso penal no es la pretensión punitiva contenida en la acusación, tampoco es el pretendido derecho a la tutela judicial efectiva, pues ambas cuestiones le son transversales; dicho objeto es aquello en el que se proyecta la actividad jurisdiccional penal y según la doctrina posee dos elementos: un elemento objetivo que es el propio hecho sobre que genera la aplicación de la ley sustantiva y un elemento subjetivo, constituido por la persona imputada. Es facultad del acusador proponer el objeto del proceso penal; esta facultad es una manifestación del principio acusatorio y de la naturaleza de la acción penal, como también es el contenido del principio de congruencia de la acusación con la sentencia.


En ningún proceso se busca la verdad, entendida como verdad real, sino en él se construye una realidad, pues la verdad real del hecho sólo la conocen únicamente el imputado e incluso la víctima en los supuestos que así sea. La verdad histórica es el ideal del proceso penal, pero al final en todos los procesos penales lo que se alcanza es la verdad legal. La verdad legal es aquella que se puede demostrar mediante las pruebas, porque al momento de dictar sentencia, la autoridad judicial está obligada a hacerlo con base en los argumentos y pruebas de la parte acusadora y defensora (sin que exista vinculación necesaria), aproximándose lo más posible a la verdad real más allá de cualquier duda.


III.3.1.4. Principio de congruencia.


Para abordar la aplicación del principio de congruencia entre acusación y condena es necesario recordar que el objeto del proceso penal está constituido por una pretensión progresiva -generalmente evolutiva- que comienza con la denuncia o noticia fehaciente de la comisión de un delito (enunciado en los arts. 289 y 293 del CPP) y el informe contiguo a la autoridad jurisdiccional del inicio de las investigaciones. En la inteligencia de los arts. 301 y 302 también del CPP, el resultado de las investigaciones preliminares puede conducir a requerir la imputación formal, que es considerado como el primer señalamiento o descripción formal del hecho sobre el cual se pretende el ejercicio del ius puniendi;   y alcanza su configuración más alta en la emisión de la acusación formal que no es otra cosa que la pretensión de una condena ante el Órgano Jurisdiccional.


El art. 362 del CPP, a la letra señala que:


“(Congruencia). El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación.


La Sala considera que la norma orienta al juzgador el respeto del principio de congruencia sobre dos pilares, a saber: congruencia personal que es la coincidencia de persona a quien se acusó y contra quien se dirige la sentencia y la congruencia fáctica, que es la homogeneidad entre los hechos propuestos por la acusación, y los que son base de la sentencia.


La congruencia, de tal manera, es la compatibilidad o correspondencia entre el hecho que impulsa el proceso (la existencia de un posible delito) y el resultado de la sentencia (una condena). Es decir: la acusación fija los hechos de los que la autoridad jurisdiccional no puede apartarse, lo contrario implicaría desvirtuar los fines mismos del proceso y el sustrato de la persecución del delito. Por otra parte, la congruencia entre acusación y sentencia no debe ser utilizada como sinónimo de identidad o adecuación perfecta en su literal extensión, suponerlo atrofiaría la facultad del Órgano Judicial de ejercer la jurisdicción en materia penal (desprendida de los arts. 179. I Constitucional y 42 del CPP), en todo caso la coherencia referida en el art. 362 del CPP, no se extiende más allá de los elementos esenciales, como se explicará más adelante.


En este mismo plano, otra cosa es la privativa facultad del Órgano Jurisdiccional en determinar la calificación jurídica, teniéndose presente tanto la facultad expuesta por el art. 42 del CPP, en concordancia con el art. 462 del mismo cuerpo procesal, que supone que el órgano jurisdiccional puede desvincularse de la calificación jurídica contenida en la acusación, si y solo si, la esencia de los hechos permanezca, no repercuta en personas ajenas a la etapa preparatoria y que no hubieran sido acusadas; como así, no se adicione o se funde en circunstancias nuevas que no merecieron debate (salvo los casos de ampliación de la acusación). Aquí entra en escena el principio iuria novit curia.


La relación de hechos o hipótesis fáctica relatada en la acusación contiene los datos fácticos recogidos en la etapa preparatoria (art. 277 del CPP) y constituye la  principal referencia indispensable- para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración de la autoridad jurisdiccional en la sentencia. La acusación cumple la función primordial de delimitar el objeto del proceso (el thema decidenci) y dado que el mismo posee una secuencia lógica y progresiva, la sentencia -como acto que concluye el proceso- debe pronunciarse en correspondencia con los hechos que motivaron la acusación y sobre los imputados a quienes se acusó. En todo caso, la sentencia debe tener como fundamento el hecho histórico, investigado durante el proceso y que ha sido concretado en la acusación, la calificación debe corresponder a un concreto acaecimiento histórico. En esa lógica los supuestos donde los hechos muten o sean modulados a tiempo de la imposición de una condena, siendo distintos a la base fáctica contenida en la acusación, menoscaba las posibilidades de ejercer contradicción material por parte del imputado y conmoverá al derecho al debido proceso conculcando el derecho a la defensa, pues la diversidad fáctica generada restringirá o neutralizará la posibilidad de ejercer una efectiva y amplia defensa.


III.3.1.5.        Prohibición de condenar por un hecho distinto al  acusado.


Resulta claro que la jurisdicción penal no condena delitos propiamente dichos, sino conductas manifestadas en hechos que se adecuan a la descripción que los tipos penales contengan; entonces, si para la existencia del delito es requerida una conducta típica, antijurídica, culpable, imputable y punible, resta esclarecer cual el significado y el alcance del concepto hecho a los fines del proceso penal.


El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Ossorio, brinda un concepto básico sobre lo que es un Hecho, al manifestar que: como concepto amplio está representado por toda acción material de las personas, y por sucesos independientes de ellas, generalmente los fenómenos de la naturaleza. En sentido…penal, los hechos ofrecen trascendental importancia por cuanto originan no solo derechos y obligaciones, sino también responsabilidades de toda índole. Puede decirse que todas las normas de Derecho se aplican sobre los hechos. Por eso afirma Capitant que, en sentido procesal, el concepto se usa como oposición a derecho; pues, mientras el punto de hecho pone en juego qué ha de ser probado, el punto de derecho tiene por objeto saber la regla de Derecho aplicable al hecho, una vez probado éste”. (Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 29 ed. Edit. Heliasta. 2003. Pág 468).


En el juicio oral, por la dinámica que imprime el debate contradictorio bien es posible que circunstancias accesorias o accidentales eventualmente aparezcan, aun sin haber sido alegadas por las partes. Estos elementos, en la medida que no sean sustanciales al hecho acusado, pueden ser tomados por el juez a tiempo de dictar sentencia, en la que declara probados unos hechos a los que introduce matices, adiciones o sustracciones colaterales resultantes de la actividad probatoria y que complementan el relato fáctico originalmente aportado por la acusación. Esta afirmación debe ser comprendida en torno a las exigencias que para uno y otro acto la Ley 1970, tiene dispuesto; así, el art. 341 inc. 2) determina que la acusación contendrá la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido; es decir, el relato de cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho conjuntamente la calificación jurídica que el acusador considere adecuada, es decir: el quién y el delito atribuido. Por otro lado, su art. 359, ordena a los jueces como normas de deliberación y votación, por una parte valorar las pruebas producidas en el juicio de manera integral y conforme las reglas de la sana crítica, para después, acto seguido, deliberar y votar respecto de todas las cuestiones relativas a la comisión del delito punible y la absolución o condena del imputado; es decir, la información obtenida de la valoración probatoria debe ser considerada con relación directa a la comisión del delito y la participación del imputado en él, siendo posible en la mecánica de estas dos normas, que la enunciación del hecho y las circunstancias que vaya a contener la Sentencia, emerjan del debate efectuado en el juicio y la correspondiente producción de prueba, sin que de por medio pueda modificarse el hecho que hubiera sido acusado o incluirse circunstancias (en el orden de los arts. 38 y ss del CP) que desfiguren el lecho fáctico considerablemente.


Una Sentencia, entonces no se limitara reproducir de manera exacta el relato fáctico de la acusación; ya que, el desarrollo de la labor de juzgar no puede realizarse asumiendo los hechos tal y como son propuestos; en efecto, la actividad probatoria y la existencia de derechos de rango constitucional como el de presunción de inocencia, la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, deben permitir que la autoridad jurisdiccional valore jurídicamente en un rango de cierta libertad los hechos sobre los que versa el proceso. En general, tales modificaciones pueden referirse tanto al contenido fáctico como al contenido jurídico de la acusación (recuérdese que la tradición jurisprudencial boliviana se ha inclinado por la prevalencia del principio iura novit curia), pero en ningún caso podrán comportar la introducción de cambios o modificaciones tan amplias que lleguen a alterar sustancialmente o romper la identidad de los hechos introducidos a juicio mediante la acusación o su ampliación.


A fines de la determinación, si en efecto una sentencia ha infringido el art. 362 del CPP, de inicio es necesario determinar qué es el hecho procesalmente relevante definiendo aquellos aspectos que lo identifican, permitiéndose de este modo determinar su identidad desde una óptica procesal, para discernir si es que se ha operado una modificación en la sentencia que convierte al hecho en uno distinto del atribuido en la acusación.


Entender al hecho como un trozo de vida (como postuló la Teoría naturalista), restringiría grandemente la labor encomendada a la jurisdicción ordinaria, además  de orillar al juicio oral, como un espacio infértil de contradicción, pues la demostración literal de lo expuesto en la acusación, haría concurrentes que yerros cometidos por el Ministerio Público (como tristemente ha venido aconteciendo) o la acusación particular o sean convalidados ante la imposibilidad de razonamiento y acción de la autoridad jurisdiccional, como así, degenerar que actos acusatorios profundamente deficientes produzcan resultados imprevisibles, lo que sin duda degeneraría en un escenario indeseado y peor aún, haría que la información que pueda reportarse en el ámbito del art. 121 de la CPE, sea solamente nominal y retórica.


Así las cosas, este Tribunal Supremo, sobre el principio de congruencia, adoptó una postura apoyada en el respeto del derecho a la defensa, así el Auto Supremo 103 de 25 de febrero de 2011, estableció:


…que el principio procesal de congruencia consiste en que la Sentencia que emita el Tribunal o Juez de la causa debe circunscribirse en lo fáctico y legal a los hechos acusados probados y no probados, aspecto que necesariamente debe encontrarse fundamentado tanto de hecho como de derecho, tomando en cuenta el derecho a la defensa e igualdad de las partes, que consiste básicamente en la necesidad de ser oídos, alegar y probar sus propias teorías sobre el hecho traído a juicio”.


El mentado fallo adopta también, cierta tendencia a precisar que el juez o tribunal puede asumir una decisión no necesariamente coincidente con la acusación; empero, eso sí, respetando que tal modificación opere dentro de una misma familia de delitos:


Que en ese entendido, se debe tener muy claro que los hechos son acusados desde la óptica del acusador y es la base del juicio, donde el juzgador transcribe su percepción que tiene sobre los hechos y la participación o no del sujeto activo, donde necesariamente debe tomar en cuenta la verificación de las pruebas producidas en juicio oral, lo que implica, que no necesariamente este debe contener todos los términos empleados en la acusación, sino incluso puede calificar el hecho dentro de un tipo penal diferente pero siempre cuidando que sea dentro de la misma familia de ilícitos, aspecto que se expresa en el principio de Iura novit curia” .


Este extracto jurisprudencial, en consideración de la Sala toma como herramienta hermenéutica a la Teoría Normativa del Hecho, al plantear como margen de identidad entre acusación y sentencia al bien jurídicamente protegido. Según esa Teoría los postulados de la norma sustantiva deben revelar si un cúmulo de hechos constituye o no una unidad y de ésta comprenderse que se trate del hecho penalmente relevante medular al objeto del proceso. Ahora bien, teniendo presente que el objeto del proceso se compone de lo que se acusa (delito) y de a quién se acusa (imputado), estos mismos parámetros serán aquellos que guíen la labor de identificar si un hecho ha sufrido variación, modificación o modulación en su tránsito desde acusación llegando a sentencia a través del juicio oral.


El Principio de Congruencia no implica una simple y total identidad del hecho o datos fácticos entre acusación y sentencia, pues ello orillaría al debate contradictorio a la unilateralidad, sin que los demás sujetos procesales puedan generar la evolución dialéctica de la información que reconstruyan la verdad; por ello, no cualquier variación del contenido literal del hecho descrito en la acusación puede conducir a estructurar una desarmonía entre acusación y sentencia. La congruencia a la que hace título el art. 362 del CPP, no debe ser entendida como un mandato de transliteración o reproducción de la relación circunstanciada de hechos que propone la acusación al relato de hechos probados de la sentencia. La homogeneidad exigida por el art. 362 del CPP, es en cuanto al hecho atribuido, no desde una perspectiva estrictamente matemática, sino analizados desde una perspectiva jurídica; por hecho no puede concebirse solamente un concreto cúmulo de acontecimientos o circunstancias (generalmente intitulados como relación circunstanciada del hecho), sino el hecho a fines del examen de congruencia debe ser entendido desde una perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona sus rasgos más distintivos. De tal manera, el pronunciamiento de fondo del Juez o Tribunal se halla limitado al hecho penalmente relevante propuesto por la acusación y entendido a fines procesales no por fragmentos o circunstancias fácticos accesorios jurídicamente irrelevantes, sino los componentes que tienen, identidad y correspondencia con la norma sustantiva. El hecho será idéntico cuando la porción de actividad que corresponde a los actos de ejecución típicos del delito planteados por la acusación, se recogen en la sentencia, debiéndose tomar en cuenta también si tal correspondencia se encuentra en lo que es la homogeneidad del bien jurídicamente protegido.


En suma, la autoridad jurisdiccional que atienda denuncias de infracción al art. 362 del CPP, deberá estimar su análisis identificando si en los antecedentes puestos a su consideración exista identidad normativa del hecho de la acusación con el de la sentencia, teniendo como parámetro mínimo:

  1. La presencia de identidad al menos parcial de los actos de ejecución, es decir, elementos de tipicidad homogéneos; y,

  1. Cuando en ese marco en los supuestos de no presentarse tal identidad, haya coincidencia en la lesión al bien jurídicamente protegido; aclarándose que este último parámetro no puede ser aisladamente invocado, sino ser una consecuencia de la no suficiencia del primero.


III.3.2.  Análisis de la problemática llegada a casación.


El recurrente denunció a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca aplicó indebidamente del art. 362 del CPP, en la emisión del Auto de Vista 39/18 , vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la tutela judicial efectiva. Alega en resumen- que ese Tribunal aplicó un rigorismo matemático, a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida del acusado, referente a la incongruencia que existiría entre las acusaciones y la Sentencia; a pesar afirma- el Tribunal de sentencia no modificó en lo sustancial ninguno de los elementos de temporalidad, espacialidad ni modalidad del hecho atribuido en la acusación.


Viene a consideración de la Sala un caso que bajo el planteamiento de infracción del art. 362 del CPP (argumentado bajo la óptica de existencia de defecto absoluto por vulneración al derecho de tutela judicial efectiva), adquiere en su estudio profunda trascendencia por la visible tensión entre el derecho a la defensa del imputado y la pretensión punitiva ejercida por los acusadores incluida la víctima, a partir de lo cual cabe responder: ¿cuál la dimensión y alcances que posee el término hecho a efectos del contenido del art. 362 del CPP? ¿Si en el presente caso el Tribunal de sentencia infringió dicha norma, y de ser así bajo qué parámetros? y ¿Si el Auto de Vista 39/18 de 11 de enero ajustó su razonamiento a una cabal identificación de la falta detectada en Sentencia y si tal razonamiento adoptó criterios compatibles con el régimen procesal vigente en la Ley 1970?.


Para responder la primera pregunta, la Sala reitera lo expresado en el anterior apartado, señalando que a fines del art. 362 del CPP, cuya configuración se encuentra en una fase procesal posterior al juicio oral, debe abordarse el término hecho no desde la óptica histórica, por las cuestiones harto explicadas anteriormente; sino, un hecho debe ser entendido como un hecho procesalmente relativo al trámite penal. Esto quiere decir, que la homogeneidad entre acusación y condena, en lo que a un hecho se refiere debe ser coincidente en la tipicidad que se acusa y por la cual se impone una condena; así como accesoriamente, identificarse unidad en lo que al bien jurídicamente tutelado llama.


Con tal preámbulo, para mejor comprensión, toda vez que se acusa la incorporación y modificación de elementos de hecho en lo que fue la relación fáctica de la Sentencia y su relación con los hechos determinados en la Sentencia, todo en la correspondencia del imputado Crhistian Fabricio Vedia Saavedra, se expone el siguiente cuadro comparativo:


Acusación Pública

(Relación circunstanciada de los hechos)

Auto 127/2015 de 21 de septiembre

Sentencia


“en fecha 26 de noviembre de 2013, en horas de la tarde la niña HCT, fue encontrada sin vida en el interior del domicilio de la tenedora Marcelina Saavedra Mamani, en la mañana del mismo día…a horas 7:00 a.m., la señora Marcelina Saavedra y Crhistian Fabricio Vedia Saavedra, ellos vieron con vida a la niña pero a partir de horas 7:00 a.m., la señora Marcelina…sale a realizar sus labores cotidianas, quedándose en el domicilio Crhistan… junto a la niña…quedándose solo los dos…y tuvieron una altercado, la niña y Crhistian, por fuerza, la edad, el tamaño de Crhistian aprovecha esta situación y la reduce proporcionándola golpes con un objeto contundente lesionando la parte de la cabeza de la niña, es así que la niña…pierde el conocimiento…aprovechando la pérdida de conciencia va en busca de su madre…quien le cuenta el altercado que tuvo con la niña, se dirige a depositar al banco…y posterior a ello…se dirigen a la óptica a recoger sus lentes, retornando al domicilio, ven que la niña no reaccionó del golpe, ambos Marcelina Saavedra Mamani y Crhistian Fabricio Vedia Saavedra, proceden a asfixiarla a la niña con una soga y hacer creer a todos que la niña se ahorcó se colgó de una baranda. (textual a fs. 3) ”


…la menor Hermelina Carrizo Tarifa, el 26 de noviembre de 2013, en horas de la tarde, fue encontrada sin vida ese mismo día, (quedaron) en el domicilio Cristian Fabricio Vedia Saavedra y la menor Hermelina Carrizo Tarifa, ocasión en la que había surgido un altercado entre los dos, en el que Crhistian había reducido a la niña, proporcionándole golpes en la cabeza con un objeto contundente, ocasionándole lesiones, a cuya consecuencia…había perdido el conocimiento, momentos en los que Crhistian le había dejado y había ido en busca de su madre…ese día juntos fueron a realizar un depósito bancario y recoger unos lentes, para después recién retornar al domicilio y ver que la niña no había reaccionado del golpe que le fuera proporcionado por Christian, por lo que procedieron a asfixiarle con una soga en la baranda, para hacer creer que la misma se había ahorcado” (sic)





“Crhistian Fabricio Vedia…el 26 de noviembre de 2013 dio muerte a la menor…


pero no fue como consecuencia de  la acción directa como el haber oprimido la soga en el cuello de la menor, sino que


antes de esa acción, causó una lesión de gran magnitud en la cabeza de la niña, con un objeto contundente, habiéndole provocado una hemorragia interna que le dejó inconsciente, al ver la consecuencia de la lesión inferida…decidió quitarle la vida, para ocultar el delito de lesiones, por lo que el hecho fáctico no puede acomodarse solo al delito de homicidio, ya que el hecho tiene sus agravantes  y no solo desde el punto de vista de que la víctima era una niña, de 8 años, por lo tanto vulnerable, como establece la última parte del delito de Homicidio…sino que existe agravante también desde el punto de vista de que el sujeto activo del delito causó mucho sufrimiento y dolor, tomando encuentra su corta edad, concluyéndose en consecuencia que el hecho se subsume al delito de Asesinato, descrito en el art. 252.6 del Código Penal” (textual a fs. 1562 vta.)


El Auto de apertura de juicio oral, fue abierto contra “Christian Fabricio Vedia Saavedra con relación a los hechos que fueron calificados por el Ministerio Público en el delito de Homicidio descrito en el art. 251 del Código Penal y por la acusación particular en el delito de Asesinato, descrito en el art. 252.6 del Código Penal” (sic).  


Visto lo anterior, es claro que el hecho a efectos procesales, mantuvo coherencia en los elementos medulares que lo componen, por cuanto se acusó al hoy recurrente dar muerte a la menor HCT, ello mediando un altercado que propició una lesión previa y que más adelante determinó su descenso por asfixia mecánica. Dentro de este relato que fue la constante dentro del juicio oral y por ende objeto del debate contradictorio, son reconocibles la identidad de aspectos relativos a la tipicidad en el actuar del agente y el bien jurídicamente tutelado; incluso de condiciones de temporalidad y cuestiones sobre la manifestación material de los hechos: así el día, lugar y fecha de la comisión del hecho, la forma en la que la muerte haya sucedido (asfixia mecánica); es decir, la triangulación de: 1) Imputados, 2) Víctima; y, 3) Tipicidad de la conducta en relación al bien jurídicamente tutelado, se mantuvo invariable a lo largo del proceso y cuya muestra final se encuentra en la Sentencia de mérito.  


La conducta prohibida tanto en acusación como en sentencia no varió al tratarse (matar a otra persona), siendo que no pueden ser tomados en cuenta como aspectos restrictivos a esa delimitación, cualesquier consideración sobre la modalidad utilizada para matar, o los medios que hayan servido para ese fin, salvo que su empleo constituya una circunstancia agravante, que en el presente caso no fue vista, pues no se incorporó ninguna circunstancia o dato fáctico que varíen la imputación del hecho penalmente relevante, ocurriendo que las argumentaciones realizadas en apelación restringida y que se entiende- fueron base de la resolución del Auto de Vista impugnado, no afectan el núcleo del hecho, sino inducen a una supuesta variación del hecho fáctico a partir de consideraciones sobre la interpretación de los elementos de prueba.


Como se tiene expresado anteriormente, la autoridad jurisdiccional a tiempo de confeccionar la Sentencia no se halla vinculada a una transliteración de la relación circunstanciada de los hechos expuesta en la acusación, pretender ello no solo es impensable en los hechos, nótese que el reconstruir un acontecimiento ocurrido en el pasado con una precisión que exija adecuar cada una de las palabras al margen probatorio conclusivo del juicio oral, es por cuestiones de reglas de la física, imposible; además, suponer un ejercicio de tal magnitud conllevaría una limitación grave de las funciones jurisdiccionales que el Juez o Tribunal de Sentencia poseen, desfigurando incluso el propio sistema acusatorio confrontacional, dado que el juicio oral como fase central del proceso es un momento que produce información en el marco del principio contradictorio aplicado al debate.


Se reitera que no fueron alterados o modificados ni el bien jurídicamente tutelado (la vida humana), como tampoco el objeto material sobre la que recae directamente la comisión de la conducta (la menor víctima), el actuar típico doloso es también consonante tanto en acusación y sentencia, de lo que se establece que aquellos elementos constituyeron también el objeto del debate en juicio oral, por lo que el derecho a la defensa del recurrente fue respetado. Se comprende que el deber de congruencia resguarda no una cuestión formal de construcción de fallos, sino principalmente protege el derecho de información clara y precisa sobre los cargos y circunstancias que se atribuyen a una determinada persona contra al que se reclama condena en la jurisdicción penal, lo que en el caso de autos, considera la Sala fue cumplido a cabalidad. 


La identidad del elemento subjetivo del hecho, tampoco sufrió variación, pues la constante mantuvo su coherencia en relación a atribuir al hoy recurrente la muerte de la menor HCT, siendo irrelevante al examen de congruencia, que el juicio oral haya producido un tipo de circunstancia de exculpación a la coacusada o las condiciones específicas que el Tribunal de sentencia tomó para la enunciación del hecho y las conclusiones sobre la valoración de la prueba. La Sala considera, que el examen dispuesto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se aleja frontalmente de calidad de instancia de revisión jurídica, las razones por las que se anuló la sentencia, son abiertamente discrecionales, sin que en ellas se comprenda si para esa instancia se tuvo algún margen jurídico que soporte su decisión. Asimismo, la expresión de juicios de valor (fs. 1981 vta. se lee: “es preferible absolver a culpable que condenar al inocente”), adquiere un subjetivismo intolerable, pues considerándose que el soporte de esa afirmación deambula de manera unilateral en la sola exposición del en ese momento apelante, habiendo el Tribunal de apelación, como era su deber legal e institucional, abordar su análisis dentro de los límites del art. 398 del CPP y 17.II de la LOJ; es decir, confrontar la integralidad de la Sentencia apelada con la exposición de agravios planteada por el apelante.


Por otro lado, admitir como lo hizo el Auto de Vista impugnado, que la Sentencia deba coincidir textualmente a la premisa fáctica acusatoria, conllevaría entender que cualesquier circunstancia exculpante que le sea transversal no pueda ser tomada en cuenta para tomar una decisión absolutoria; así como, a fines incluso de la protección de derechos y garantías constitucionales, el rigor matemático exigible al abordaje del hecho dentro de las previsiones del art. 362 del CPP, constituiría una negación colateral del principio non bis in ídem, pues la restricción de lo que se entiende por un hecho, causaría que bien podría aperturarse otro proceso por ese mismo hecho, visto desde una óptica distinta.     


Por todo lo expuesto, siendo ciertas las infracciones denunciadas, así como haberse evidenciado  que a partir de una incorrecta interpretación y aplicación del art. 362 del CPP, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a través del Auto de Vista 39/18 de 11 de enero de 2018, generó un defecto absoluto vulnerando el derecho de tutela judicial efectiva en el recurrente, corresponde a esta Sala fallar en el sentido hasta aquí razonado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación incoado por Marcelina Saavedra Mamani, de fs. 2029 a 2036; y, FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gonzalo Ariel Vásquez Ríos en su condición de apoderado legal de Macario Carrizo Sullca, de fs. 2043 a 2057; a cuya consecuencia, se DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Vista 39/18 de 11 de enero y el Auto Complementario 52/2018 de 5 de febrero, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que esta misma instancia, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de vista en conformidad a los razonamientos doctrinarios establecidos en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción, bajo apercibimiento de incumplimiento al deber contenido en el último párrafo de esa norma en caso de inobservancia.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.