TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 834/2018-RA

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente        : Oruro 31/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Israel Peñaloza Torrico y otros

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 5 y 14 de agosto del 2014, Fortunato Lupinta Callacopa, de fs. 158 a 160 vta., Ariel Álvarez Pacheco de fs. 163 a 167 vta., e Israel Adhemar Peñaloza Torrico, de fs. 169 a 174, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 15/2014 de 13 de junio, de fs. 145 a 149 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gladis Laura Canaviri Mamani, Salomé Quispe Ayca, Limber Ronald Canaviri Mamani y Luis Fernando Canaviri Mamani y los recurrentes por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 30/2013 de 21 de noviembre (fs. 87 a 97), la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a: 1) Ariel Álvarez Pacheco, Israel Adhemar Peñaloza Torrico y Fortunato Lupinta Callacopa, autores y culpables de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en las modalidades de posesión dolosa y tenencia en depósito, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio; 2) Gladis Laura Canaviri Mamani, responsable del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en las modalidades de posesión dolosa y tenencia en depósito en grado de Complicidad, sancionándola a la pena de seis años y seis meses de reclusión, todos sancionados con el pago de quinientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado averiguable en ejecución de sentencia; y, 3) Salomé Quispe Ayca, Limber Ronald Canaviri Mamani y Luis Fernando Canaviri Mamani, absueltos del delito endilgado en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ariel Álvarez Pacheco (fs. 100 a 103 y 138), Israel Adhemar Peñaloza (fs. 105 a 108 y 139), Fortunato Lupinta Callacopa (fs. 113 a 116 y 137) y Gladis Laura Canaviri Mamani (fs. 122 a 126 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida y memoriales de subsanación, resueltos por Auto de Vista 15/2014 de 13 de junio, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedente el recurso de Gladis Laura Canaviri Mamani, anulando parcialmente la Sentencia y disponiendo el reenvío de la causa ante el Juez Primero de Sentencia de Oruro a efectos de sustanciarse un nuevo juicio; e improcedentes los recursos planteados por los demás imputados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 29 de julio y 7 de agosto de 2014, los recurrentes Fortunato Lupinta Callacopa (fs. 151), Ariel Álvarez Pacheco (fs. 150), e Israel Adhemar Peñaloza Torrico (fs. 152), fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 5 y 14 de agosto del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Fortunato Lupinta Callacopa.


El recurrente denuncia vulneración de su derecho a un juicio justo y al principio de libertad probatoria, así como a su derecho a la libre locomoción y al principio de inocencia, argumentando que la Juez de Sentencia al igual que el Tribunal de alzada basaron su decisión en presunciones y evidencia circunstancial, sin que exista elementos probatorios que demuestren de manera objetiva que la parte recurrente a sabiendas se encontraba en posesión de sustancia controlada en el domicilio que habitaba, por el contrario sostiene que la Juez de origen no valoró la prueba testifical de descargo que demostraría que la sustancia controlada encontrada no era de su propiedad.


Asimismo, denuncia que el Tribunal de apelación emitió un pronunciamiento citra petita, al referir que la Sentencia contiene una debida fundamentación, no existiendo en ella insuficiencia o contradicción, además de seguir las reglas de la lógica, lo cual no habría sido cuestionado por el recurrente; toda vez, que la falta de fundamentación alegada habría estado referida a la falta de “prueba nuclear” que establezca que la sustancia controlada encontrada fuera de su propiedad, asegurando que a partir de la prueba de descargo se fundó que la misma pertenecía a Félix López Chiri, por lo que sostiene que la insuficiencia de fundamentación va referida a la subsunción que se realiza en la sentencia, la cual no tendría fundamento fáctico, jurídico y probatorio, vinculado al examen de los elementos de convicción incorporados al proceso.


Por otra parte, refiere que la Sentencia contiene defectuosa valoración de la prueba, e insuficiente y contradictoria fundamentación, asegurando que para individualizar la condena debe tomarse en cuenta la participación y responsabilidad penal en el hecho del sujeto activo del ilícito en base a prueba indubitable cursante en los antecedentes del juicio, defectos absolutos que el Tribunal de apelación habría convalidado al emitir el Auto de Vista impugnado sin tomar en cuenta que la valoración de la prueba debe estar conforme a las reglas de la sana crítica, la correcta adecuación típica de los hechos, la fundamentación y la congruencia de la sentencia; vulnerando de esta forma el debido proceso en su elemento debida motivación.


Cita al efecto, los Autos de Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, que habrían sido citados en su apelación restringida, además de los Autos Supremos 131 de 31 de enero de 2007 y 515 de 16 de noviembre de 2006.


II.2. Recurso de casación de Ariel Álvarez Pacheco.


Replicando los motivos del recurso anterior, el recurrente señala la existencia de vulneración a su derecho a un juicio justo, a una resolución debidamente motivada y fundamentada, vulneración al principio de libertad probatoria y presunción de inocencia, exigibles desde el punto de vista del debido proceso; sostiene además la “inadecuada y casi inexistente valoración de la prueba en segunda instancia en la que incurre el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia”.


Asimismo, sostiene que la Juez de Sentencia al igual que el Tribunal de alzada basaron sus afirmaciones y decisiones en presunciones y evidencia circunstancial, creando ficciones de culpabilidad atentatorias al derecho de libre locomoción y principio de inocencia; toda vez, que no se habría demostrado con ningún elemento probatorio que el recurrente a sabiendas transportaba sustancia controlada en el vehículo que conducía, más al contrario la prueba producida habría demostrado que la sustancia contralada pertenecía a la persona que saltó de la carrocería.


Afirma que, no se probó la existencia de dolo en sus actos, que la sentencia se basa en contradicciones de las declaraciones, refiere que al haber demostrado en juicio que su persona “solo hubiera participado o solo hubiera prestado colaboración con la consumación del hecho”, y al haber colaborado con los funcionarios policiales, refiere que los principios generales del derecho señalan como premisa la aplicación eficaz del principio de presunción de inocencia, trasuntada en el principio in dubio pro reo.


Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 297 de 30 de julio de 2002, 335 de 3 de julio de 2001, 398 de 25 de junio de 2001, 421 de 15 de agosto de 2001, 430 de 16 de agosto de 2001 y 241 de 15 de abril de 2004.


II.3. Recurso de casación de Israel Adhemar Peñaloza Torrico.


De igual manera, el recurrente afirma la vulneración de su derecho a un juicio justo, a una resolución debidamente motivada y fundamentada, al vulneración al principio de libertad probatoria y presunción de inocencia exigible desde el punto de vista de las reglas del debido proceso, afirmando además la existencia de una “inadecuada y casi inexistente valoración de la prueba en segunda instancia en las que incurre el Tribunal de Alzada” al confirmar la sentencia condenatoria impuesta en su contra, contrariamente a la doctrina legal aplicable en el país referida a la prueba plena.


Sostiene que, la Juez de origen al igual que el Tribunal de apelación basaron sus afirmaciones y decisiones en presunciones y evidencia circunstancial, creando ficciones de culpabilidad atentatorias al derecho de libre locomoción y principio de inocencia; toda vez, que no se habría demostrado con ningún elemento probatorio que el recurrente a sabiendas transportaba sustancia controlada en el vehículo que conducía, más al contrario la prueba producida demostraría que la sustancia contralada pertenecía a la persona que saltó de carrocería.


Finalmente al igual que en los anteriores recursos, el recurrente afirma que no se probó la existencia de dolo en sus actos, que la sentencia se basa en contradicciones existentes en las declaraciones, cuando en juicio se habría demostrado que su persona “solo hubiera participado o solo hubiera prestado colaboración con la consumación del hecho” y al haber colaborado con los funcionarios policiales, los principios generales del derecho señalan como premisa la aplicación eficaz del principio de presunción de inocencia, materializado en el principio in dubio pro reo.


Cita como precedentes contradictorios al igual que en el caso anterior, los Autos Supremos 297 de 30 de julio de 2002, 335 de 3 de julio de 2001, 398 de 25 de junio de 2001, 421 de 15 de agosto de 2001, 430 de 16 de agosto de 2001 y 241 de 15 de abril de 2004.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 29 de julio y 7 de agosto de 2014, interponiendo sus recursos de casación el 5 y 14 de agosto del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Fortunato Lupinta Callacopa. 


El recurrente denuncia vulneración de su derecho a un juicio justo y al principio de libertad probatoria, así como a su derecho a la libre locomoción y al principio de inocencia, argumentando que la Juez de Sentencia al igual que el Tribunal de alzada basaron su decisión en presunciones y evidencia circunstancial, sin que exista elementos probatorios que demuestren de manera objetiva su responsabilidad penal, por el contrario sostiene que la Juez de origen no valoró la prueba testifical de descargo que demostraría que la sustancia controlada encontrada no era de su propiedad. Asimismo, denuncia que el Tribunal de apelación emitió un pronunciamiento citra petita, al referir que la Sentencia contiene una debida fundamentación y que además siguió las reglas de la lógica, lo cual no habría sido cuestionado por la parte recurrente, denunciando por ello que la subsunción realizada en la sentencia, no tendría fundamento fáctico, jurídico y probatorio, vinculado al examen de los elementos de convicción incorporados al proceso. Por otra parte, refiere que la Sentencia contiene defectuosa valoración de la prueba, e insuficiente y contradictoria fundamentación, asegurando que para individualizar la condena debió tomarse en cuenta la prueba indubitable cursante en los antecedentes del juicio, defectos absolutos que el Tribunal de apelación habría convalidado al emitir el Auto de Vista impugnado, sin tomar en cuenta que la valoración de la prueba debe estar conforme a las reglas de la sana crítica, la correcta adecuación típica de los hechos, la fundamentación y la congruencia de la sentencia; vulnerando de esta forma el debido proceso en su elemento debida motivación. Cita al efecto, los Autos de Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, que habrían sido citados en su apelación restringida, además de los Autos Supremos 131 de 31 de enero de 2007 y 515 de 16 de noviembre de 2006.


Al respecto, de la revisión de obrados se tiene que, si bien el recurrente a tiempo de interponer su apelación restringida, citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 401 de 18 de agosto de 2003, 221 de 7 de junio de 2006, 233 de 4 de julio, 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 82 del 30 de enero de 2006, y 256 de 26 de julio de 2006, aquel se limitó a realizar una copia textual de los mismos, sin señalar la contradicción existente entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados. Por otra parte, los Autos Supremos 131 de 31 de enero de 2007 y 515 de 16 de noviembre de 2006 invocados en su recurso de casación, tampoco pueden ser tomados en cuenta por esta Sala para realizar la contrastación, puesto que los mismos no fueron citados a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida, advirtiéndose inobservancia de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


Con relación a los supuestos de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, en atención a la denuncia de vulneración del derecho a un juicio justo, al principio de libertad probatoria, al derecho de libre locomoción, al principio de inocencia, y al debido proceso, conforme a los fundamentos glosados en el Fundamento III de la presente Resolución, no resulta suficiente la simple referencia a derechos, garantías y principios constitucionales considerados vulnerados, debiendo además explicar los antecedentes de hecho del recurso vinculados a la presunta vulneración, detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho, garantía o principio, y por último explicar el resultado dañoso emergente del defecto denunciado, circunstancias que no se advierten en el presente caso, por lo que el recurso en análisis deviene en inadmisible.


IV.2. De los recursos de casación de Ariel Álvarez Pacheco e Israel Adhemar Peñaloza Torrico.


Los recurrentes, con fundamentos y pretensiones idénticas denuncian la vulneración a su derecho a un juicio justo, a una resolución debidamente motivada y fundamentada, al principio de libertad probatoria y presunción de inocencia, exigibles desde el punto de vista del debido proceso, además de “inadecuada y casi inexistente” valoración de la prueba en segunda instancia. Asimismo, sostienen que la Juez de Sentencia al igual que el Tribunal de alzada basaron sus afirmaciones y decisiones en presunciones y evidencia circunstancial, creando ficciones de culpabilidad atentatorias al derecho de libre locomoción y principio de inocencia, al no haberse demostrado con ningún elemento probatorio que los recurrentes transportaban sustancia controlada, más al contrario habrían acreditado que la misma pertenecía a la persona que saltó de la carrocería. Afirman que, no se probó la existencia de dolo en sus actos, y que la Sentencia se basó en contradicciones de las declaraciones, aclarando que en juicio demostraron que “solo” prestaron colaboración en la consumación del hecho, y que por el contrario colaboraron con los funcionarios policiales, invocando en tal caso la presunción de inocencia, trasuntada en el principio in dubio pro reo. Citan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 297 de 30 de julio de 2002, 335 de 3 de julio de 2001, 398 de 25 de junio de 2001, 421 de 15 de agosto de 2001, 430 de 16 de agosto de 2001 y 241 de 15 de abril de 2004.


De los argumentos expuestos se tiene que, no obstante de que ambos recurrentes interpusieron sus recursos de casación con idénticos motivos, denunciando los mismos agravios, y citando a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida los Autos Supremos 401 de 18 de agosto de 2003, 221 de 7 de junio de 2006, 233 de 4 de julio, 724 de 26 de noviembre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 82 del 30 de enero de 2006 y 256 de 26 de julio de 2006; sin embargo, de una compulsa con los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se extraña la explicación en términos precisos de la contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes considerados contradictorios, limitándose a transcribir extractos de dichos fallos, sin correr con la carga argumentativa que les es exigible, obligación que no puede ser suplida por esta Sala y que impide la labor de contraste; con relación a los Autos Supremos 297 de 30 de julio de 2002, 335 de 3 de julio de 2001, 398 de 5 de junio de 2001, 421 de 15 de agosto de 2001 430 de 16 de agosto de 2001, y 241 de 15 de abril de 2004 citados por Ariel Álvarez Pacheco e Israel Adhemar Peñaloza Torrico en sus respectivos recursos de casación, tampoco pueden ser analizados en virtud a que no fueron invocados a tiempo de plantear su recurso de apelación restringida, concluyéndose en la inobservancia de los mencionados requisitos de admisibilidad.


Por otra parte, habiendo denunciando la vulneración de su derecho a un juicio justo, a una resolución debidamente motivada y fundamentada, al principio de libertad probatoria, a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho de libre locomoción, a más de la denuncia de una supuesta vulneración de derechos y garantías, los recurrentes no precisaron en qué consiste esta restricción o disminución, y finalmente no se tiene explicación alguna del resultado dañoso emergente de los defectos alegados, no siendo posible para este Alto Tribunal de Justicia subsanar estos errores u omisiones de of icio, por lo que, al no haberse dado cumplimiento a los parámetros establecidos en acápite III respecto a la aplicación de criterios de flexibilización para la admisión de los recursos de casación, deviniendo a tal efecto en inadmisibles.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Fortunato Lupinta Callacopa de fs. 158 a 160 vta., Ariel Álvarez Pacheco de fs. 163 a 167 vta., e Israel Adhemar Peñaloza Torrico de fs. 168 a 174.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.