TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 824/2018-RA

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                : La Paz 89/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Amílcar Ervin Vega Orellana

Delito        : Contrabando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 20 y 27 de abril de 2018, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia representada legalmente por Leidy Ximena Torrez Quispe, de fs. 892 a 895 vta. y Amílcar Ervin Vega Orellana, de fs. 913 a 918 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 13/2018 de 29 de marzo, de fs. 873 a 882 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e inter partes por la presunta comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 incs. f) y g) del Código Tributario Boliviano (Ley 2492).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 4/2016 de 2 de marzo (fs. 806 a 812 vta.), el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Amílcar Ervin Vega Orellana, autor de la comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado por el art. 181 incs. f) y g) de la Ley 2492, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas y daños al Estado a calificarse en ejecución de sentencia. Siendo resuelta la solicitud de explicación, complementación y enmienda, de la parte querellante, mediante Resolución de 5 de abril de 2016 (fs. 819 y vta.).


  1. Contra la referida Sentencia y su complementario, el imputado Amílcar Ervin Vega Orellana (fs. 823 a 827 vta.); y la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 834 a 836 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 13/2018 de 29 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los fundamentos expuestos en las apelaciones incidental y restringida; en consecuencia, confirmó la Resolución 96-A/2015 y la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 13 y 23 de abril de 2018 (fs. 883), las partes recurrentes fueron notificadas con el referido Auto de Vista; y, el 20 y 27 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.




II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:

 

II.1. Del recurso de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia.


La parte recurrente haciendo alusión a los antecedentes y los términos de la apelación restringida, fundamenta recurso de casación, bajo los siguientes términos: i) En Sentencia no se ha aplicado de forma correcta el quantum de la pena, que está determinada por el legislador en el art. 181 de la Ley 2492 modificado por Ley 37 de 10 de agosto de 2010, siendo que los hechos han sucedido el 26 de julio de 2011, que establece la modificación de la pena para el delito acusado de cinco a diez años (cita el art. 4 del CP), no existiendo conflicto de leyes para aplicar al caso concreto y se pretenda imponer una pena que establecía el Código Tributario sin las modificaciones de la Ley 37, no pudiéndose hablar de retroactividad y favorabilidad para imponer la pena de tres años, inobservándose lo previsto en el Auto Supremo “683/2018-RRC de 27 de noviembre 2014”, invocado en calidad de precedente contradictorio.


II.2. Del recurso de Amílcar Ervin Vega Orellana.


Haciendo énfasis en la apelación interpuesta contra la Sentencia condenatoria y la prueba documental producida en juicio (Acta de Allanamiento, Requisa y Secuestro; Acta de Comiso, Muestrario Fotográfico y Acta de Intervención), el recurrente manifiesta lo siguiente:


  1. Aduce que los documentos de la prueba cuestionada, vulnerarían el debido proceso como garantía jurisdiccional en su elemento de legalidad, pues no se habría cumplido con lo dispuesto por el art. 187, ya que los funcionarios intervinientes no figuran en la prueba MP-1 y MP-4, e ingresan en contradicción con sus declaraciones. Asimismo, el cuadro de valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/562/11, que indica un total de tributos omitidos de 332.586,31 UFVs (MP-6), no habría sido emitido por orden de autoridad competente, lo que hace que carezca de legalidad, siendo esencial el documento para poder sancionar el ilícito; aspecto también inobservado por el Tribunal de apelación. Otro aspecto es que tanto los testigos de la defensa como el propio recurrente han coincidido en manifestar que en el lugar del allanamiento existía un taller de chaperío, donde el propietario del inmueble, es Alfredo Chura, el cual nunca fue investigado (transcribe motivos de la Sentencia).


  1. En el presente caso habría quedado demostrada la atipicidad, pues la conducta no se subsume al tipo penal de Contrabando, ya que la mercadería encontrada no es de su propiedad, así también no ha sido encontrado internando mercadería de forma clandestina, no es propietario del inmueble en el que se encontró la mercadería, no pudiendo ser aplicado el art. 181 del CTB, existiendo duda razonable en el presente caso. El Auto de Vista señaló que no se habría fundamentado de manera individual qué elementos de convicción no fueron valorados, empero se ha señalado cada elemento y que éstos vulnerarían el debido, el principio de legalidad, objetividad y congruencia. Hace mención al principio de verdad material previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que fue vulnerado en Sentencia y por el Auto de Vista, al no realizar un correcto análisis de las acusaciones en contraposición con los documentos que configuran la verdad formal, por carecerse de prueba plena, debiendo haberse aplicado lo previsto por el art. 116.I de la CPE, que se refleja en el art. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 8.2 de la CADH, recayendo el Auto de Vista en una falta de fundamentación conforme a los arts. 124 y 398 del CPP. Invoca los Autos Supremos 119/2010 de 29 de abril, 051/2013-RRC de 1 de marzo y 791/2016-RRC de 14 de octubre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que las partes recurrente fueron notificadas con el Auto de Vista impugnado el 13 y 23 de abril de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 20 y 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia.


Respecto al recurso de casación la entidad recurrente aduce que en Sentencia no se aplicó de forma correcta el quantum de la pena, que está determinada por el legislador en el art. 181 de la Ley 2492 modificado por Ley 37 de 10 de agosto de 2010, que establece la modificación de la pena para el delito acusado, no pudiéndose hablar de retroactividad y favorabilidad para imponer la pena de tres años, inobservándose lo previsto en el Auto Supremo “683/2018-RRC de 27 de noviembre 2014”, invocado en calidad de precedente contradictorio.


En relación a los argumentos expuestos, el precedente que invoca la parte recurrente, en su cita y mención, no fue correctamente individualizado, extrañándose su actuar, encontrándose una falta de adecuada técnica recursiva. Empero, de la revisión del sistema integral del Tribunal Supremo de Justicia, se constata, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el recurso, que el precedente correcto sería el Auto Supremo 683/2014-RRC de 27 de noviembre. Entonces aplicándose el principio pro actione, considerándose a pesar del yerro incurrido, la parte recurrente ha expuesto los motivos y fundamentos contradictorios del Auto de Vista con el precedente en relación a la Sentencia, cumpliendo por ello lo previsto por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible el presente recurso de casación.


IV.2. Del recurso de Amílcar Ervin Vega Orellana.


El recurrente en el primer motivo del recurso, aduce que se habría vulnerado el debido proceso como garantía jurisdiccional en su elemento de legalidad, (cita pruebas cuestionadas) pues no se habría cumplido con lo dispuesto por el art. 187, ya que los funcionarios intervinientes no figuran en la prueba MP-1 y MP-4, e ingresan en contradicción con sus declaraciones. Asimismo, del cuadro de valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/562/11, no habría sido emitido por orden de autoridad competente, lo que hace que se carezca de legalidad; aspecto inobservado por el Tribunal de apelación. Tanto los testigos de la defensa como el propio recurrente han coincidido en manifestar que en lugar del allanamiento existía un taller de chaperío junto al propietario del inmueble, Alfredo Chura, el cual nunca fue investigado.


En el análisis del motivo, se evidencia que el recurrente no ha invocado precedente contradictorio alguno para señalar contradicción con la falta de control del Tribunal de alzada respecto a la denuncia sobre la valoración de la prueba testifical y documental, así como sobre la legalidad de la prueba y su falta de congruencia, siendo necesario, para poder ingresar al análisis de fondo establecer la concurrencia de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP. Asimismo, el recurrente, si bien invoca la vulneración del debido proceso, por la afectación al principio de legalidad y congruencia, inobservados por el Tribunal de alzada en relación a la Sentencia, empero no señala de manera fundamentada y motivada cuál el agravio o daño perjudicial sufrido por la resolución de alzada, reiterando inclusive- los argumentos expuestos en su apelación restringida; correspondiendo ante tales circunstancias, al no haber cumplido las formas procesales ni los requisitos de flexibilización, declarar la imposibilidad de que esta Sala Penal pueda ingresar al análisis de fondo del recurso para resolver la cuestión planteada ante la evidente omisión en la técnica recursiva.


En el segundo motivo, denuncia que la conducta no se subsume al tipo penal de Contrabando, ya que la mercadería encontrada no es de su propiedad, así también no ha concurrido al internación de mercadería de forma clandestina, no es propietario del inmueble en el que se encontró la mercadería, no pudiendo ser aplicado el art. 181 del CTB, existiendo duda razonable en el presente caso. El Auto de Vista señaló que no se habría fundamentado de manera individual qué elementos de convicción no fueron valorados, empero se ha señalado cada elemento y que éstos vulnerarían el debido, el principio de legalidad, objetividad y congruencia. Asimismo, hace mención al principio de verdad material previsto por el art. 180.I de la CPE, el cual fue vulnerado en Sentencia y por el Auto de Vista, debiendo haberse aplicado lo previsto por el art. 116.I de la CPE, que se refleja en los arts. 6 del CPP y 8.2 de la CADH, recayendo el Auto de Vista en una falta de fundamentación conforme a los arts. 124 y 398 del CPP. Invoca los Autos Supremos 119/2010 de 29 de abril, 051/2013-RRC de 1 de marzo y 791/2016-RRC de 14 de octubre.


En lo referente al motivo expuesto, el recurrente invoca los Autos Supremos 119/2010 de 29 de abril y 051/2013-RRC de 1 de marzo, que a pesar de haberse establecido una fundamentación limitada al alegar la contradicción con el Auto de Vista, se tiene por cumplida la carga procesal formal por parte del recurrente conforme prevén los arts. 416 y 417 del CPP, correspondiendo admitir e ingresar al análisis de fondo de lo pretendido para ejercer por este Tribunal la labor de contrastación de la resolución impugnada con los precedentes considerados como contradictorios por la parte en casación.


Finalmente, respecto al Auto Supremo 791/2016-RRC de 14 de octubre, en la revisión del recurso casacional no se ha identificado que el recurrente haya establecido mínimamente alguna contradicción con el Auto de Vista para poder establecer el horizonte en la labor nomofiláctica de este Tribunal, ante cuya carencia que incumple la previsión de las formas procesales, el precedente queda excluido de la labor de contrastación, de lo que se deja constancia.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia representada legalmente por Leidy Ximena Torrez Quispe, de fs. 892 a 895 vta. y Amílcar Ervin Vega Orellana, de fs. 913 a 918 vta., únicamente para el análisis de fondo del segundo motivo, y conforme a los alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos