TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 816/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                        Santa Cruz 17/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Alejandro Tolavi Subelza

Delito                                Violación Agravada

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2017, cursante de fs. 868 a 873, Alejandro Tolavi Subelza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 65 de 29 de septiembre de 2017, de fs. 857 a 863 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Mirian Tapia Fuentes contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 5 de 16 de enero de 2017 (fs. 806 a 812), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alejandro Tolavi Subelza, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) del CP, sin costas para la parte acusadora, suspendiendo las medidas cautelares de carácter personal impuestas en su contra. Respecto al incidente de exclusión probatoria de las documentales 13 y 15 declaró probada la exclusión, rechazando la exclusión de la prueba pericial 3 de cargo fiscal.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Mirian Tapia Fuentes (fs. 820 a 827 vta.) y el Ministerio Público (fs. 839 a 842), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 65 de 29 de septiembre de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 273/2018-RA de 27 de abril, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente, transcribiendo los Considerandos 1°, 5°, 6° y 8° del Auto de Vista recurrido, que declaró admisible y procedente los recursos planteados por los acusadores particular y fiscal, ordenando la reposición del juicio, denuncia que el Tribunal de alzada, efectuó una incorrecta interpretación al sostener que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; no observando, que el Tribunal inferior valoró correctamente cada una de las pocas y escasas pruebas de cargo, no encontrando prueba alguna, que lo vincule o demuestre que su persona hubiere cometido el hecho denunciado, encontrándose debidamente fundamentada la Sentencia, que en su punto III.1 denominado Fundamentos de la Defensa, determinó que debe excluirse la prueba 15 ofrecida por la fiscalía que correspondía al requerimiento fiscal, pidiendo estudios médicos, cuyos informes se encontraban en la misma prueba ofrecida, no cumpliendo con las formalidades de Ley y estando frente a lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP y conforme al art. 172 de la citada norma procesal penal debía excluirse; que además, la Sentencia en su parte IV, respecto a los Hechos acusados y no probados indicó: “la parte acusadora, durante los debates no demuestra los cargos ilícitos en contra del acusado Alejandro Tolavi Subelza; por cuanto, los testigos de cargo dijeron: 1) La Testigo, Mirian Tapia Fuentes” (sic); sin embargo, la referida testigo nunca vio la violación, ni explicó porque se presentó a juicio a declarar en lugar de la víctima, que el testigo Pol. Cesar Canaviri Mendoza señaló que recepcionó la denuncia, no realizando ningún acto investigativo, la perito Yanet Ardaya Frías como Psicóloga reconoció que hizo una entrevista a la víctima alegando que “la señorita tenía un estado de ansiedad no dijo fechas exactas, no exploro el problema de la familia” (sic); la testigo Ana Catherine Ramírez Gamón, como médico forense reconoció que hizo un estudio a la víctima concluyendo desgarro antiguo por relaciones con su pareja, aclarando la Sentencia, que se tenía como prueba ofrecida y producida por la parte acusadora la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la prueba pericial 1, 2 y 3 producida en los debates; empero, del contenido de las pruebas testifical, pericial y documental le resultaba difícil sostener el cargo de Violación en contra de su persona, añadiendo en su acápite V denominado valoración de la prueba, que “el conflicto penal se origina después que la esposa o ex esposa del acusado, sus hijas de estos, tuvieron un fuerte conflicto familiar” (sic), haciendo notar que las pruebas literales fiscal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 eran diferentes actuaciones procesales que no servían para promover y desarrollar el proceso penal; asimismo, examinó el informe de la psicóloga que señaló “la propia señorita Grendi Tolavi, hace ver que cuando iban al penal a visitar a su padre con su hermana dormían en el medio y el Alejandro Tolavi las abrazaba a sus dos hijas, Lo cual de ninguna manera se puede decir que es algo ilícito” (sic), concluyendo el Tribunal de Sentencia, que la prueba aportada no demostró que su persona sea el autor del hecho; aspecto que, también explicó en su acápite VI denominado fundamentos de derecho; por lo que considera, que los argumentos del Auto de Vista recurrido respecto a que la Sentencia no realizó una correcta fundamentación y motivación, no resulta cierto; puesto que, el Tribunal de Sentencia determinó su absolución; por cuanto, no fueron probadas las acusaciones debido a que las pruebas aportadas no fueron suficientes para generar responsabilidad penal; toda vez, que la testigo principal que sería la supuesta víctima y el asignado al caso, no se presentaron en juicio oral, fungiendo como víctima y principal testigo, sólo la madre de la supuesta víctima que se presentó sin mandato expreso, resultando las pruebas pericial y documental nada contundentes, violando el Auto de Vista recurrido el debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica; puesto que, no resulta acorde a los antecedentes del proceso, sino contrario a la realidad debido a que la interpretación fue totalmente errónea e incorrecta.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se emita Resolución conforme a la doctrina legal aplicable.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 273/2018-RA de 27 de abril, cursante de fs. 884 a 886 vta., este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación formulado por el imputado Alejandro Tolavi Subelza, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 5 de 16 de enero de 2017 (fs. 806 a 812), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alejandro Tolavi Subelza, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación con Agravante, bajo los siguientes argumentos:


  1. Que Miriam Tapia Fuentes, al prestar su declaración señaló que con Alejandro Tolavi (imputado), se separaron, que un día él estaba perdido, discutieron, destruyó una puerta, que quería sacar un vehículo de su hija, discutió con su hija, le rompió su labio y sangró, reconociendo que estuvieron peleando como una hora, llamó a la brigada de familia, lo llevaron a la cuatro de noviembre, luego su hija le dijo que todo era cierto de lo sucedido con su padre; y por ello, sentó la denuncia y el juicio empieza; además indica, que él estaba con otra mujer, que era la ventera de su tienda y les dejó por ella, se llevó dinero, amobló un departamento, que le enviaba mensajes a su hija.


  1. Cesar Canaviri Mendoza, señaló que su persona recepcionó la denuncia en contra del imputado el 1 de octubre de 2012, no sabe si existió ampliación.


  1. La perito Yanet Ardaya Frias, psicóloga de víctimas especiales reconoce que hizo una entrevista psicológica a la víctima, ratificándose en su informe psicológico, señalando que la señora tenía un estado de ansiedad, no dijo fechas exactas, no exploró el problema social de la familia.


  1. Ana Katerine Ramerez Gamón, médico forense reconoce que hizo un estudio médico en “AA” por lo que emitió un certificado médico, ratificándose en el mismo, en el que señala “desgarro antiguo por relaciones con su pareja expresó”.
  2. Como prueba documental ofrecida y producida por la acusación se tiene las pruebas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 agregando la prueba pericial 1, 2, y 3 y producidas en los debates.


  1. Del contenido de las pruebas testifical, pericial y documental producida es difícil sostener que el cargo ilícito de Violación en contra del imputado se hubiere acreditado.


Respecto al incidente de exclusión probatoria de las documentales 13 y 15 declaró probada la exclusión, rechazando la exclusión de la prueba pericial 3 de cargo fiscal.


II.2. De los recursos de apelación restringida.


II.2.1. De la acusadora particular.


       Notificada con la Sentencia, Miriam Tapia Fuentes formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. No se consideró la ampliación de la querella ni la acusación particular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la orden de seguimiento de tratamiento psicológico y psiquiátrico de la víctima, pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público, que evidenciaron que la víctima habló de lo sucedido y de cómo se siente, que desde el punto de vista médico debe mantener un tratamiento farmacológico continuo y sesiones terapéuticas; estableciendo el informe de seguimiento psicológico que la paciente debía continuar con seguimiento psicológico por dos años aproximadamente, realizar terapia familiar, continuar tratamiento médico psiquiátrico; no obstante, se incurrió en valoración defectuosa de la prueba; ya que los testigos de cargo (psicóloga y psiquiatra), afirman que la víctima sufre depresión, extremo acreditado a través de la pericia psicológica realizada por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia corroborado por la pericia psiquiátrica incurriendo en error al excluirlas a simple petición del contrario favoreciendo las pretensiones del imputado, pericial que no fueron valoradas por el Tribunal, como tampoco valoró las pruebas literales anexadas. Al respecto cita y transcribe el Auto Supremo 266/2015-RRC de 27 de abril.


  1. Como segundo agravio refiere: “El Artículo 2 de la Ley 2033 con la modificación al Artículo 308 del Código Penal, explicitada de manera clara e inequívoca, no valorada por el Tribunal recurrido”; al respecto, transcribiendo el art. 308 del CP, arguye que el art. 3 de la Ley 2033 que incluiría el art. 308 Bis del CP, señala que el art. 7 de la Ley 2033 modificó el art. 312 del CP el cual transcribe, concluyendo su motivo citando el art. 407 del CPP, alegando que la inobservancia y errónea aplicación de la Ley, constituye un defecto del procedimiento, de los defectos de la Sentencia, conforme lo previsto por el art. 370 de la citada norma procedimental penal.


  1. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”; a cuyo efecto, cita los entendimientos de las Sentencias Constitucionales 0752/2002-R de 25 de junio, 0871/2010-R de 10 de agosto y 2227/2010-R.

II.2.2. Del representante del Ministerio Público.


  1. Valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación; puesto que, no valoró las pruebas consistentes en: 1) Las declaraciones de los testigos de cargo: i) Mirian Tapia Fuentes, que claramente señaló que su hija le comentó que su padre la agredía sexualmente desde cuando iba a visitarlo al penal de Palmasola; ii) Del investigador al caso Cesar Luís Canaviri Mendoza, que ratificó las investigaciones realizadas sobre el hecho denunciado por la madre de la víctima que corroboró la acusación; y, iii) Miguel de la Oliva, médico psiquiatra de la Fundación Fénix, que señaló que la víctima presentaba un trastorno de estrés postraumático con síntomas depresivos graves; y, 2) Prueba pericial consistente en el informe psicológico preliminar y el informe psicológico pericial elaborado por Yanet Ardaya Frías psicóloga del Ministerio Público, que ratificó su informe en audiencia de juicio oral alegando que la víctima le contó lo sucedido a identificó de manera espontánea a su agresor sexual que era su padre, que desde que tenía 9 a 10 años de edad, procedía a tocarle sus partes íntimas cuando iba a visitarlo al penal de Palmasola, no teniendo ninguna contradicción en su relato que guarda relación con los antecedentes; empero, no fue valorado correctamente y el certificado médico forense practicado a la víctima por Ana Katherine Ramírez, que en sus conclusiones refiere que las maniobras no habrían dejado señal corporal en la víctima, que fueron intentos de mantener relaciones sexuales, refiriendo la víctima que hubo agresión sexual cuando era menor de edad. Además, el Tribunal de mérito no habría tomado en cuenta la prueba pericial 1 y 2 y las demás pruebas documentales incorporadas, que demuestran la existencia del hecho ejercida por el imputado en contra de su propia hija cuando tenía solo 9 años de edad.


  1. Que, el Tribunal de mérito no valoró el art. 2 de la Ley 2033 con la modificación de los arts. 308 y 308 Bis del CP.


II.3.         Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista impugnado, declaró admisible y procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia, ordenando la reposición del juicio ante otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, bajo los siguientes argumentos:


  1. Que, el Tribunal de mérito a tiempo de dictar la Sentencia realizó una fundamentación fáctica de los hechos acusados, que fueron establecidos por el Tribunal inferior como la base del juicio oral, público y contradictorio, conforme se establece de fs. 806 a 807.


  1. Que, la Sentencia recurrida no contiene una fundamentación probatoria descriptiva; toda vez, que no consta una correcta descripción de los medios o elementos probatorios judicializados e incorporados en el juicio por las partes, de tal manera que dicha descripción permita establecer el contenido del medio probatorio que cada parte ha producido en juicio oral, obligación del Tribunal inferior citar todos los elementos de prueba tanto testificales, documentales o periciales incorporados a juicio; no solo por los acusadores; sino, también por el acusado, para que de esa manera el Tribunal de alzada aprecie si se valoró o no correctamente esas pruebas de forma individual o integral, cumpliendo con todas las formalidades establecidas por Ley; además, evidencia que en la parte de los Hechos acusados y no probados de la Sentencia fs. 809 a 810, sólo hace una descripción de las declaraciones testificales de cargo de los ciudadanos Mirian Tapia Fuentes, Cesar Canaviri Mendoza, Yanet Ardaya Frías y Ana Katerine Ramírez Gamón; sin embargo, las demás pruebas documentales ofrecidas solo se menciona de su correspondiente numeración que van desde la Nº 1 hasta la prueba Nº 16 y como prueba pericial la Nº 1, 2 y 3, enunciándolas sin establecer el contenido del medio probatorio que cada parte ha producido en juicio oral.


  1. Que, al no existir una correcta fundamentación descriptiva de las pruebas en general, el Tribunal inferior no realizó una correcta fundamentación probatoria intelectiva ni mucho menos una fundamentación jurídica correcta; toda vez, que en su valoración de la prueba saliente de fs. 810 a 811, sólo se valoró las pruebas testificales de los testigos de cargo, ya mencionados y nuevamente enumera las otras pruebas de cargo; empero, no les otorga valor probatorio intelectivo para fundar su sentencia absolutoria, que da como consecuencia de no haberse realizado una correcta fundamentación descriptiva probatoria de todas las pruebas producidas en juicio, que trajo como consecuencia que el Tribunal inferior solo fundamente su sentencia en base a las pruebas descritas y no así del conjunto de pruebas producidas en juicio.


  1. Otra consecuencia de no haberse realizado una correcta fundamentación probatoria descriptiva, se da al momento de que no se menciona en sentencia si existen algunos elementos probatorios ofrecidos y producidos  por la defensa del acusado o por los acusadores particulares, habiendo el Tribunal inferior mencionado solo las pruebas testificales de cargo producidas por el Ministerio Público, sin tenerse conocimiento si las otras partes ofrecieron y produjeron otras pruebas, conocimiento del cual se tendría que verificar si el Tribunal inferior hubiere realizado una correcta fundamentación probatoria descriptiva; sin embargo, no fue realizada, ello con la finalidad de poderse realizar una correcta fundamentación probatoria intelectiva y una fundamentación jurídica, donde se puede analizar correctamente el conjunto de las pruebas judicializadas ante el Tribunal inferior; puesto que, a cada prueba debe darle su correspondiente valor probatorio y no debe quedarse prueba alguna sin que el Tribunal inferior se hubiere pronunciado como ocurre en el presente caso, pues la fundamentación relativa a la comisión del hecho y a la absolución del acusado carece de fundamentos concisos y claros por los cuales llegaron a una conclusión, de que la prueba aportada resultaba insuficiente para condenar al acusado cuando la prueba no fue descrita de manera correcta en la Sentencia.


  1. Que, la Sentencia no contiene una correcta fundamentación jurídica que permita comprender por qué se absolvió al acusado, sin tomar en cuenta ni describir todas las pruebas producidas en el juicio de forma negativa o positiva, tomando en cuenta que son los llamados por Ley para describir y valorar la prueba tanto de cargo como de descargo sea documental o testifical, por lo que al constatarse que en el presente caso no existe una correcta fundamentación descriptiva probatoria, intelectiva ni jurídica implica que exista un defecto absoluto inconvalidable, no pudiendo el Tribunal de alzada suplir esa falencia puesto que implicaría una valorización de la prueba, que no fue accionada correctamente por el Tribunal inferior; por lo que no puede apreciar si la Sentencia incurrió en errónea valoración de la prueba o si se hizo en base a las reglas de la sana crítica.


  1. Que al constatarse una falta de fundamentación probatoria descriptiva, intelectiva y jurídica en la Sentencia, el Tribunal de alzada no considera necesario verificar los otros defectos denunciados previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP; puesto que, al no existir una correcta fundamentación probatoria intelectiva de la prueba, mucho menos puede considerar una valoración defectuosa de la prueba o una falta de fundamentación de la Sentencia, por lo que corresponde anularla, disponiendo la reposición del juicio.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado, efectuó una incorrecta interpretación al sostener que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; no observando, que el Tribunal inferior valoró correctamente cada una de pruebas de cargo, encontrándose además debidamente fundamentada, incidiendo la Resolución recurrida en vulneración del debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada, previas consideraciones de orden doctrinal.


III.1.        Respecto a la fundamentación de la Sentencia.


La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso, en el que se encuentra inmerso el deber de fundamentación previsto por el art. 124 del CPP, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, siendo obligación de todo Juez o Tribunal que emita una Resolución, exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, que permite conocer a las partes cuáles son los motivos de la decisión adoptada, con el fin de que la Resolución emitida reúna las condiciones de validez necesarias, lo contrario implicaría la vulneración del debido proceso.


Al respecto, la Sentencia tiene relevante trascendencia, o puede ser considerada como el acto más importante del proceso, sin desmerecer otros actos; por consiguiente, la carencia de una adecuada fundamentación en ella, ingresa en el ámbito de las nulidades procesales, pues siendo un derecho del justiciable exigir la motivación de las resoluciones, es posible afirmar que sólo con una adecuada fundamentación de las resoluciones, éste podrá examinar y contrastar su razonabilidad, para ejercitar en su caso, los recursos que considere necesarios, en uso de su sagrado derecho a la defensa.


En ese sentido, respecto al deber de fundamentación de las Sentencias se tiene el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, que estableció que, la fundamentación de las resoluciones en materia penal, exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia, que desarrolle una actividad de fundamentación del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica, refiriendo en el citado fallo lo siguiente: “(…) es menester señalar de manera general que uno de los presupuestos del ámbito del derecho al debido proceso exige que toda Resolución judicial sea debidamente fundamentada, lo que genera en cada autoridad que dicte una Resolución, el deber de exponer imprescindiblemente los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; pues en el caso de inobservar estas exigencias, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en la práctica toma una decisión de hecho mas no de derecho que vulnera el debido proceso, que permite a las partes conocer cuáles son las razones, los motivos o las argumentaciones jurídicas de la decisión adoptada por un tribunal de justicia a fin de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.


De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.


En la fundamentación descriptiva la autoridad judicial debe proceder a consignar cada elemento probatorio útil, mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido, dejando constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración del testigo, procurando no hacer una trascripción literal de la declaración; siendo también aplicable este criterio con relación a los peritos que puedan concurrir personalmente a la audiencia de juicio. En el caso de la prueba documental y pericial, esta fundamentación descriptiva quedará cumplida al dejarse constancia de los datos más relevantes de esta prueba con mayor énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso.


La fundamentación fáctica es el momento en el cual debe establecerse cuales los hechos estimados como probados; es decir, el establecimiento de los hechos que positivamente se tengan por demostrados de conformidad con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio; esta fundamentación es necesaria, pues de ella posteriormente se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y establecer en su caso la responsabilidad penal del imputado o su absolución; siendo esencial que en esta fundamentación se proceda a efectuar una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos.


El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.


La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando por que considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.


Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto.


Además, es necesario destacar que, de acuerdo a lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, constituye defecto de la Sentencia, el hecho de que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria”.


Posteriormente sentó la siguiente doctrina legal aplicable: “Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia”.


III.2.        Sobre la labor de control de logicidad del Tribunal de alzada ante la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia.


La labor de control que realice el Tribunal de alzada respecto a la denuncia de ausencia de fundamentación de la sentencia, debe ser cumplida a través de una resolución fundamentada que exponga de manera clara y precisa las razones para sostener que existió o no una insuficiente fundamentación de la sentencia; vale decir, que la fundamentación exigida al Ad quo no podrá ser suplida por una exposición retórica, general y meras conclusiones, sino que deberá estar regida bajo el cumplimiento de los requisitos mínimos que hacen a una resolución motivada; es decir, que sea expresa, clara, legítima, completa y lógica; elementos que también son exigibles a la Resolución de alzada, entendimiento que fue explicado en el Auto Supremo 209/2015-RRC de 27 de marzo, en relación a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, señalando que: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión;  (…) fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica. (…) Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”.


Asimismo, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, refiere: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica,  cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano…”.


De ello, se tiene que si bien, la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la Sentencia son inmodificables por el Tribunal de alzada; no obstante, están sujetas al control de logicidad, lo que implica, que el Tribunal de apelación a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, verificará el proceso lógico, seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia; entonces, cuando en apelación se denuncie la falta de fundamentación, previsto por el art. 124 del CPP, por ser un defecto de Sentencia contenido en el art. 370 inc. 5) de la norma adjetiva penal, ante su constatación en sus elementos: descriptivo, fáctico, analítico y jurídico, el Tribunal de alzada en observancia de lo previsto por el art. 413 primer párrafo del CPP, debe disponer la realización de un nuevo juicio, al constituir un defecto absoluto que no puede ser corregido directamente.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista efectuó una incorrecta interpretación al sostener que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; no observando, que el Tribunal inferior valoró correctamente cada una de pruebas de cargo, encontrándose debidamente fundamentada; toda vez, que consideró las declaraciones de los testigos Mirian Tapia Fuentes, que nunca vio la violación; el Pol. Cesar Canaviri Mendoza señaló que recepcionó la denuncia, no realizando ningún acto investigativo; la perito Yanet Ardaya Frías como Psicóloga reconoció que hizo una entrevista a la víctima alegando que “la señorita tenía un estado de ansiedad no dijo fechas exactas, no exploro el problema de la familia” (sic); Ana Catherine Ramírez Gamón, médico forense reconoció que hizo un estudio a la víctima concluyendo desgarro antiguo por relaciones con su pareja, aclarando la Sentencia, que se tenía como prueba ofrecida y producida por la parte acusadora la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la prueba pericial 1, 2 y 3 producida en los debates; empero, del contenido de las pruebas testifical, pericial y documental le resultaba difícil sostener el cargo de Violación, añadiendo en su acápite V denominado valoración de la prueba, que: “el conflicto penal se origina después que la esposa o ex esposa del acusado, sus hijas de estos, tuvieron un fuerte conflicto familiar.” (sic), haciendo notar que las pruebas literales fiscal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 eran diferentes actuaciones procesales, por lo que concluyó que la prueba aportada no demostró que su persona sea el autor del hecho; aspecto que, también explicó en su acápite VI denominado fundamentos de derecho; no obstante, el Auto de Vista recurrido vulneró el debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica; ya que, no resulta acorde a los antecedentes del proceso.


Ingresando al análisis, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia absolutoria en favor del imputado Alejandro Tolavi Subelza, la acusadora particular y el representante del Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo; respecto a los cuales, el Tribunal de alzada aperturó su competencia declarando admisible y procedente los recursos planteados, disponiendo la anulación de la Sentencia; puesto que, constató que si bien la Sentencia realizó una fundamentación de los hechos acusados, como base del juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, no contenía una fundamentación probatoria descriptiva, que le permita apreciar, si se valoró o no correctamente las pruebas de forma individual o integral; ya que, en la parte de los hechos acusados y no probados de la Sentencia, evidenció que solo se hizo una descripción de las declaraciones testificales de cargo de los ciudadanos Mirian Tapia Fuentes, Cesar Canaviri Mendoza, Yanet Ardaya Frías y Ana Katerine Ramírez Gamón; empero, de las demás pruebas documentales ofrecidas solo se había realizado una mención de su correspondiente numeración desde la Nº 1 hasta la prueba Nº 16 y como prueba pericial la Nº 1, 2 y 3, sin establecer el contenido del medio probatorio que cada parte produjo en juicio oral.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, señaló que al no existir una correcta fundamentación descriptiva de las pruebas en general en la Sentencia; consiguientemente, tampoco realizó una correcta fundamentación probatoria intelectiva ni mucho menos una fundamentación jurídica correcta, constituyendo defecto absoluto inconvalidable; concluyendo el Tribunal de alzada, que dicha falencia no podía ser suplida; puesto que, implicaría una valorización de la prueba; además que ante la inexistencia de una correcta fundamentación intelectiva y jurídica, no podía apreciar si la Sentencia incurrió en errónea o defectuosa valoración de la prueba o si se hizo en base a las reglas de la sana crítica, por lo que dispuso anularla, ordenando la reposición del juicio.


De los argumentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, en relación a que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, no resulta evidente que hubiere incurrido en una incorrecta interpretación como asevera el recurrente; puesto que, el Tribunal de alzada asumió dicha conclusión; toda vez, que del análisis que efectuó a la Sentencia constató que si bien realizó una fundamentación de los hechos acusados; sin embargo, no contenía una fundamentación probatoria descriptiva; ya que, se había limitado a realizar la descripción de las declaraciones testificales de cargo de Mirian Tapia Fuentes, Cesar Canaviri Mendoza, Yanet Ardaya Frías y Ana Katerine Ramírez Gamón; empero, las demás pruebas documentales solo las había mencionado desde la Nº 1 hasta la prueba Nº 16, así como la prueba pericial de la Nº 1, 2 y 3, sin establecer el contenido del medio probatorio que cada parte había producido, lo que generó que tampoco exista una correcta fundamentación probatoria intelectiva, mucho menos una fundamentación jurídica correcta; conclusión que resulta coherente y acorde al contenido de la Sentencia, donde ciertamente el Tribunal de mérito cumplió con la exposición de los hechos acusados; no obstante, en su acápite hechos acusados y no probados que fueron extractados en el acápite II.1 de esta Resolución, si bien realizó la descripción de las declaraciones testificales de Mirian Tapia Fuentes; Cesar Canaviri Mendoza, la perito Yanet Ardaya Frías, la médico forense Ana Katerine Ramerez Gamón; sin embargo, respecto a las demás pruebas se limitó a citarlas por su numeración, sin establecer en qué consistían cada una de ellas, lo que evidencia que incumplió con la fundamentación probatoria descriptiva, pues la autoridad judicial debió proceder a consignar cada elemento de prueba mediante una referencia explícita de los aspectos más sobresalientes de su contenido y no limitarse a citarlos por su numeración; ahora bien, arguye la parte recurrente, que la Sentencia en su punto III.1 determinó la exclusión de la prueba 15; aspecto que, resulta evidente conforme se tiene del contenido de la Sentencia; empero, las demás pruebas no fueron excluidas; por lo que correspondía que sean descritas, que si bien como también afirma el recurrente, la Sentencia en su punto V denominado valoración de la prueba se refirió a las pruebas literales fiscal 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 alegando que son diferentes actuaciones procesales, que no servían para promover y desarrollar el proceso penal; sin embargo, ello no constituye ni suple la fundamentación probatoria descriptiva que observa el Tribunal de alzada, pues le correspondía al Tribunal de sentencia dejar constancia de los datos más relevantes de cada una de las pruebas; para posteriormente apreciarlas exponiendo las conclusiones obtenidas de las referidas pruebas, a los fines de evidenciar si las acusaciones fueron probadas o no; lo que no ocurrió; por lo que lógicamente advirtió el Tribunal de alzada que la falta de fundamentación descriptiva derivó en la inexistencia de una correcta fundamentación probatoria intelectiva y jurídica; consecuentemente, la determinación asumida de que la Sentencia incurrió en una falta de fundamentación probatoria descriptiva, intelectiva y jurídica de ninguna manera concurre en una incorrecta interpretación; sino que corresponde al control de logicidad en relación a los datos de la Sentencia, que ciertamente no puede ser corregida por el Tribunal de alzada; puesto que, implicaría una revalorización de la prueba, por lo que dispuso la anulación de la Sentencia.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada a tiempo de alegar que la Sentencia incurrió en carencia de fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica, tres elementos centrales que debe contener toda Sentencia a los fines de evidenciar si la decisión asumida por el Tribunal de mérito fue correcta o no conforme fue explicada en la jurisprudencia expuesta en el acápite III.1 de este Auto Supremo, no incurrió en una incorrecta interpretación como asevera la parte recurrente; puesto que, resulta acorde al contenido de la Sentencia; consiguientemente, no se advierte la vulneración del debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica; en consecuencia, el presente punto del motivo deviene en infundado.


En cuanto, a que el Auto de Vista sostuvo que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; de los argumentos expuestos en la Resolución recurrida que fueron extractados en el acápite II.3 de este Auto Supremo, no resulta evidente que hubiere efectuado dicha apreciación, por el contrario, advirtió que ante la carencia de la fundamentación probatoria intelectiva a raíz de la falta de fundamentación descriptiva en la que incurrió la Sentencia, no podía apreciar si incurrió en errónea o defectuosa valoración de la prueba o si se emitió en base a las reglas de la sana crítica, por lo que dispuso anularla, ordenando la reposición del juicio, de donde se advierte, que el Tribunal de alzada de ninguna manera incurrió en una incorrecta interpretación; puesto que, no concluyó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, como erróneamente cuestiona el recurrente; consecuentemente, respecto a este punto no se advierte que el Auto de Vista recurrido hubiere vulnerado los derechos al debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica; toda vez, que no asumió lo que el recurrente cuestiona, por lo que el presente punto deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alejandro Tolavi Subelza.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos