TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 808/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                        Chuquisaca 11/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Daniel Veliz Lamas y otros

Delitos                                : Tráfico de sustancias Controladas y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de enero y 15 de febrero 2018, Dionicio Omar Ramírez Ortega, de fs. 1421 a 1428, Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez, Aldo Sebastián Rodríguez, de fs. 1528 a 1539 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 349/2017 de 4 de diciembre, de fs. 1388 a 1412 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Walter Colque Ayala, Zulma MONTECINOS Almanza (ambos declarados rebeldes), Daniel Veliz Lamas y los recurrentes, por la presunta comisión de los delito de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Organización Criminal y Legitimación de Ganancias Ilícitas, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m), 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), 132 bis y 185 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 02/2017 de 10 de enero (fs. 422 a 492 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de Sucre del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró autores a: Daniel Veliz Lamas, de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Luís Fernando Salguero Medina, de los ilícitos penales de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa, Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Dionicio Omar Ramírez Ortega, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez, del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, siendo los últimos mencionados absueltos del delito de Organización Criminal, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008 y los arts. 185 bis y 132 bis del CP, imponiendo pena al primero y segundo de trece años y cuatro meses de presidio, al tercero la pena de ocho años de reclusión y a los demás la sanción de cinco años de reclusión, sancionando a todos al pago de costas en favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Luís Fernando Salguero Medina (fs. 590 a 607 vta.), Laura Gabriel Salguero Rodríguez (fs. 710 a 727 vta.), Hilda Rodríguez Salvatierra (fs.810 a 836 vta.), Aldo Sebastián Rodríguez (fs. 939 a 956 vta.), Daniel Veliz Lamas (fs. 961 a 966vta. y 1028 a 1029) y Dionicio Omar Ramírez Ortega (fs. 968 a 976 y 1021 a 1022 vta.), interpusieron  recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 349/2017 de 4 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisibles los motivos segundo y tercero del recurso planteado por Daniel Veliz Lamas e improcedentes las demás apelaciones restringidas, manteniendo incólume la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 307/2018-RA de 14 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


II.1. Recurso de Dionicio Omar Ramírez Ortega.


Previa referencia a los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la LOJ y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en que consiste la errónea aplicación de la ley adjetiva, así como el deber de fundamentación de la Sentencia, conforme lo previsto por el art. 124 de la Ley 1970; toda vez, que la misma debe señalar los motivos de hecho y derecho en que basa su decisión, expresar el valor otorgado a cada medio probatorio; actividad que al ser exclusiva del Juez o Tribunal de mérito, su incumplimiento daría lugar a la nulidad de la sentencia. Refiere, que en el caso de autos el Tribunal de apelación no cumplió con lo que dispone la economía procesal penal, emitiendo el Auto de Vista impugnado sin la debida fundamentación prevista en el art. 124 del CPP, violando el debido proceso en su vertiente de fundamentación y principio de certeza; toda vez, que incurre en el mismo defecto del Tribunal de Sentencia de no establecer a través de qué elementos probatorios sustentan su resolución; ya que, no basta decir que se remite a la conclusión tercera de la Sentencia, pues no establece nuevamente qué bienes supuestamente adquirió, poseyó y/o utilizó, provenientes de actividades ilícitas del Tráfico de Sustancias Controladas.


Denuncia que los defectos de sentencia denunciados en su recurso de apelación restringida no fueron considerados por el Tribunal de alzada, los cuales fueron fundados en: i) La inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva conforme el art. 370 inc. 1) del CPP, específicamente del art. 365 del CPP, con relación al art. 185 del CP, al declararse su culpabilidad cuando debió disponerse su absolución de acuerdo al art. 363 del CPP, al no haberse demostrado su autoría y/o responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, incurriendo además en errónea aplicación del art. 361 del CPP; y, ii) La fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 5) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia afirmaría de forma lírica, sin sustento probatorio ni fundamentación lógica jurídica, de que a sabiendas que en el momento de su recepción, adquirió, poseyó y utilizó bienes y productos de la actividad ilícita merced a la actividad desplegada por su amigo y compadre Luís Fernando Medina Salguero, sin establecer los bienes de propiedad de la familia Salguero, incurriendo también en carencia de fundamentación al asumir que, si bien acreditó que trabaja en una óptica, la remuneración que recibía no condice con los viajes realizados en líneas aéreas y menos la adquisición de un automóvil, sin fundamentar qué relación tiene con el delito de Legitimación de Ganancias, asumiendo contradictoriamente además que no tendría una actividad lícita, pese a que reconoció que trabajaba en un óptica; además, de no saber qué incremento de patrimonio fue investigado al no haberse establecido con qué elementos de prueba el Tribunal de mérito, concluyó que incrementó su patrimonio, asumiendo el argumento falaz que no puede servir para fundar una sentencia condenatoria, el nexo que le unía con Daniel Veliz Lamas y Luís Fernando Medina Salguero, era porque supuestamente mantenía comunicación.


En ese ámbito, denuncia que el Tribunal de alzada está en la obligación de individualizar los elementos probatorios que hubiera considerado el inferior con relación a su persona, para supuestamente pretender subsumir su conducta en el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; es decir, desde establecerse qué bienes y cómo esos bienes se encuentran supuestamente ligados a actividades de narcotráfico, por lo que el Tribunal de apelación realizó además una revaloración de pruebas, cuando dicha atribución le está prohibida, quedando demostrado que se incurrió en errónea e incorrecta aplicación de la Ley en cuanto se refiere a la aplicación del art. 365 con relación a los arts. 413 del CPP y 185 bis del CP. Continua señalando que al haber considerado el Tribunal de apelación, que su persona no fue hallado culpable por ser amigo del co-procesado Luís Fernando Salguero Medina, sino por adquirir, poseer y utilizar bienes provenientes de la actividad ilícita del tráfico de sustancias controladas; incurrió en revaloración de la prueba, además ingreso en contradicción, pues, a él se le condenaría por ser amigo del co-imputado referido y por omitir establecer que bienes serían provenientes de actividades de narcotráfico, limitándose a remitirse a la Sentencia, incumpliendo con el deber de fundamentación.


II.2 Recurso de Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez.


  1. Los recurrentes señalan que, en la apelación restringida denunciaron la nulidad absoluta de la sentencia por defecto absoluto, conforme las previsiones del art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia habría introducido al juicio y justificado la condena con base a prueba ilegalmente aperturada por la investigadora asignada al caso, sin participación del Juez cautelar y/o los acusados incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 191 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista declaró la improcedencia del motivo cometiendo errores flagrantes al confundir y no dar respuesta concreta a los cuestionamientos de la apelación restringida; ya que, erradamente se avoca a fundamentar que respecto a los allanamientos y el secuestro de documentación fueron solicitados e instruidos por el Juez cautelar y la autoridad fiscal, sin tomar en cuenta que el motivo recursivo jamás se refirió a tales actuados, sino a la ilegal apertura de dichas evidencias realizadas por una funcionaria policial sin la presencia del Juez y los sujetos procesales, generando una evidente incongruencia entre lo pedido y lo resuelto por una parte; y por otra, declara la improcedencia del motivo recursivo sin dar una explicación de las razones y motivos que llevaron al Tribunal de alzada a tomar esa decisión.


  1. También alegan que como segundo motivo de apelación, denunciaron que la sentencia se basó en elementos ilegalmente incorporados a juicio, al haber sido condenados en base a todos los elementos de prueba ilegalmente aperturados por una funcionaria policial, sin la presencia o participación del Juez cautelar y de los sujetos procesales, conforme al art. 191 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de este motivo de apelación, con una consideración que no es correcta; ya que, jamás se refiere y da respuesta al reclamo que realizaron, porque no realiza mención alguna sobre los motivos por los cuales la apertura de evidencias realizada sin la participación del Juez Cautelar y sujetos procesales es correcta o incorrecta, haciendo consideraciones de aspectos que jamás reclamaron, desviando y evitando dar una respuesta a los cuestionamientos planteados, al no dar una respuesta si fue legal o no la apertura de prueba secuestrada por un funcionario policial sin la presencia de autoridad judicial, analizando de manera equivocada y grosera aspectos ajenos a los planteados, generando restricción al debido proceso y la tutela judicial efectiva, por la incongruencia citra petita o ex silentio, invocando también el Auto Supremo “396/2014-RRC”.


  1. Por último expresan que en el tercer motivo de apelación alegaron la insuficiente fundamentación de la Sentencia por cuanto el Tribunal de mérito no valoró y ni siquiera mencionó una ampliación de declaración del imputado Daniel Veliz Lamas que realizó en juicio, donde indicó que sus personas (familia Salguero), no tenían ninguna relación con los ilícitos acusados; ya  que, habría sido presionado para decir que eran ellos culpables de los hechos; empero, el Tribunal de alzada reconoce la incongruencia y la insuficiente fundamentación que realizó el Tribunal de primera instancia y de manera totalmente ilegal y parcializada, justifica dicha omisión, ingresando a valorar y asignar un valor probatorio a la ampliación del declaración del imputado, incurriendo en un defecto absoluto. En este motivo, invocan el Auto Supremo 65/2013-RRC de 3 de noviembre de 2013.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente Dionicio Omar Ramírez Ortega, solicitó “casar” el Auto de Vista impugnado, los demás impugnantes solicitaron la nulidad del fallo recurrido.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 307/2018-RA de 14 de mayo, cursante de fs. 1616 a 1620 vta., este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Dionicio Omar Ramírez Ortega y Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez; y, Aldo Sebastián Rodríguez, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De los recursos de apelación restringida.


Contra la resolución impugnada, las siguientes partes entre otros, interpusieron recursos apelación restringida, bajo los siguientes fundamentos:

II.1.1. De los agravios alegados por Dionicio Omar Ramírez Ortega.


Mencionando las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1058/2003-R, referida a las trayectorias del art. 407 del CPP, precisa los alcances de sobre la inobservancia y errónea aplicación de la ley, tanto sustantiva como adjetiva, refiriendo respecto a la última, que la misma puede ser por inobservancia de la ley adjetiva y por errónea aplicación, cuando no se comprueban los hechos acusados, conforme a los parámetros exigidos por ley. Continúa refiriéndose al contenido del art. 115.I de la Constitución Política del estado Plurinacional (CPE), art. 8 de la LOJ y 124 del CPP; bajo dicho preámbulo, expone los siguientes agravios que en su criterio son absolutos:


  1. Que, la Sentencia incurrió en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, por inobservancia del art. 365 de la norma Adjetiva Penal, relacionada con el art. 185 bis del CP, al declarar culpable en lugar de absuelto, conforme lo previsto por el art. 363 de Ley 1970, pues no se habría probado que cometió el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; toda vez, que la prueba desfilada en juicio, demostraría que no tuvo participación, autoría y/o responsabilidad penal en la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, ni en el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.


También habría incurrido en errónea aplicación de la ley adjetiva respecto a la aplicación de los arts. 361 y 365 del CPP, ésta última, porque la prueba aportada supuestamente acreditaría la responsabilidad penal de los imputados cuando en realidad debió dictar sentencia absolutoria conforme a la primera norma procesal cuya errónea aplicación cuestiona; toda vez, que la prueba aportada, según el recurrente, no fue suficiente para generar convicción en el Tribunal sobre su responsabilidad penal.


  1. Que el fallo de mérito, también incurrió en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma Adjetiva Penal, por falta de fundamentación de la resolución impugnada e incumplimiento del precepto contenido en el art. 124 de la norma legal referida, fundamentación que sería condición esencial de la administración de justicia, conforme lo previsto por el art. 116.X de la CPE; pues en la Sentencia en la página 71 punto tercero, con relación al supuesto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, se habría afirmado que él, a sabiendas en el momento de su recepción, adquirió, poseyó y utilizó bienes y productos de la actividad ilícita, merced a la actividad desplegada por su amigo y compadre Luís Fernando Medina Salguero, adecuando su conducta al tipo penal previsto por el art. 185 del CP. Afirmación del A quo; que a decir del impugnante, carece de fundamentación y lógica jurídica, pues sería lírica y sin sustento probatorio, además de no establecer qué bienes muebles e inmuebles de propiedad de la familia Salguero recepcionó, adquirido, poseído y/o utilizado, que sean provenientes de actividades ilícitas; señalando el de mérito, que el mencionado co-acusado seria amigo del hoy apelante y compadre, como si dicha relación fuera delito, sin considerar que habría asistido a una recepción social por invitación, hecho que no lo haría culpable ni cómplice de ningún ilícito y que bajo la lógica y afirmación del Tribunal Sentencia, se tendría que haber investigado y condenado a todas las personas que asistieron a la recepción social.


Otro elemento carente de fundamentación, que también violenta el debido proceso en su vertiente de presunción de inocencia y seguridad jurídica, sería la afirmación de que la remuneración que percibe en la óptica que trabaja, no condice con los viajes realizados en líneas aéreas y menos en la adquisición de un automóvil; afirmación del A quo, que carecería de fundamento al no haber argumentado qué relación tiene el hecho afirmado, con el ilícito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tomando en cuenta que la movilidad no habría sido adquirida de la familia Salguero, no existiendo nexo causal. Asimismo, se hubiese pretendido señalar que incurrió en el ilícito acusado, porque no tiene actividad lícita, afirmación contraria a la señalada por el propio Tribunal de Sentencia que refirió que trabaja en una óptica; también habría afirmado que al no tener una actividad lícita, no justificó el incremento de su patrimonio, afirmación que considera arbitraria e ilegal, que violenta el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, presunción de inocencia y principio de certeza, pues el justiciable debe saber qué es lo que se investiga, hecho que en el caso de autos no se supo, al no especificar qué incremento de patrimonio se investiga, tomando en cuenta que el informe del IDIF y técnico conclusivo emitido por el Sof. Antonio Paucara Mamani, establecerían que no se investigó el patrimonio del hoy apelante; en consecuencia, no existiría la investigación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y los elementos de prueba con los que se establecería el hecho acusado y a cuánto asciende el mismo. El A quo, también señalaría otros gastos, los cuales, a decir del imputado, deben ser investigados para establecer la existencia del hecho y la participación de su persona.


Continua señalando, que en la sentencia falta fundamentación, porque el argumento del nexo que lo unía con Daniel Veliz Lamas y Luís Fernando Medina Salguero, en sentido de que mantenía comunicación; sería falaz y no serviría para fundar una sentencia condenatoria, más cuando su persona fue declarada inocente de la comisión del delito de Organización Criminal; asimismo, la Sentencia, no establecería todo lo actuado y declarado en juicio, como la fundamentación de las partes, la producción de pruebas documentales, las declaraciones testificales y alegatos en conclusiones; que de los elementos incorporados al juicio, no se habría podido establecer de forma objetiva un solo elemento que lo vincule con el narcotráfico y que por el contrario demostró que no posee bienes que puedan provenir de actividades ilícitas y menos que posea bienes de propiedad de la familia Salguero. Por lo que, la Sentencia incurriría en el defecto de falta de fundamentación y violación del art. 124 con relación al 173, ambos del CPP, lo que hace que la Sentencia incurra en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por providencia de 2 de junio del 2017, observa el recurso interpuesto por Dionicio Ramírez Ortega, señalando que: “En cuanto a los dos primeros motivos de apelación, si bien señala las normas que considera hubieren sido vulneradas o erróneamente aplicadas por el A-quo, no refiere la aplicación que pretende de cada una de ellas, no siendo lo mismo la forma de Resolución que pretende del Tribunal de Alzada.” (sic).


En cuyo mérito el acusado Dionicio Omar Ramírez Ortega, el 8 de junio del 2017, presenta memorial de subsanación, señalando que:


  1. En cuanto, al agravio fundado en la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, refieren que su pretensión es la no aplicación de los arts. 365 de la norma referida precedentemente, con relación al art. 185 bis del CP y la aplicación de los incs. 1) y 2) del art. 363 de la norma Adjetiva Penal.


  1. Haciendo remembranza de los fundamentos en los que sustentó la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, señala que es evidente que debe aplicarse de manera correcta lo establecido por el art. 124 de la Ley 1970, respecto a la debida fundamentación que debe contener toda sentencia.


II.1.2. De los agravios alegados por Luís Fernando Salguero Medina, Laura Gabriela Salguero Rodríguez, Hilda Rodríguez Salvatierra y Aldo Sebastián Rodríguez.


Los apelantes, bajo los mismos argumentos, en alzada entre otros, plantearon los siguientes agravios:


Motivo de apelación incidental.


Entre otros, los imputados interpusieron el siguiente motivo de apelación incidental: Que el Tribunal de Sentencia rechazó el incidente de excusión probatoria, bajo una ilógica interpretación normativa, señalando que para que sea exigible la aplicación del art. 191 del CPP, debe antes concurrir lo establecido por el art. 190 de la norma referida; toda vez, que para la aplicación de la última norma procesal referida, sería necesario que el juzgador analice la prueba, lo cual solo podría realizarse previa apertura de las mismas, pues sería claro que la documentación obtenida en la investigación mediante el allanamiento de domicilio, se debe seguir el procedimiento establecido por los arts. 182, 183, 184 y 186 del CPP, procediéndose al secuestro después de la legal apertura o análisis de la pertinencia y utilidad, procedimiento que estaría establecido por el art. 191 del CPP; sin embargo, en el caso de autos, el de mérito habría argumentado que para la apertura de documentos, es exigible primeramente la resolución de incautación; lo cual considera ilógico e ilegal, siendo el procedimiento al revés; sin embargo, en el caso de autos los documentos secuestrados, habrían sido aperturados por una funcionaria policial.


Del recurso de apelación restringida.


  1. Alega que la Sentencia contiene defecto absoluto, conforme lo previsto por los incs. 1) y 3) del art. 169 del CPP, identificando como norma habilitante el segundo párrafo del art. 407 del CPP, como disposición erróneamente aplicada el inc. 3) del art. 333 y los incs. 1) y 3) del art. 169 de la norma Adjetiva Penal; porque el Tribunal de Sentencia habría incorporado por su lectura  informes y dictámenes emitidos con base a documentación y evidencias ilegalmente aperturadas por la fiscal asignada al caso y el investigador, sin presencia de los imputados y del Juez, quién además no habría autorizado dicho acto, privándoles de participar del mismo, verificar su legalidad y ejercer sus derechos reconocidos por los arts. 180.I de la CPE y 191 del CPP, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, defensa y la privacidad e inviolabilidad de correspondencia privada y la legalidad; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo “408/203 de fecha 30 de agosto del 2013” (sic), cuya doctrina fue transcrita, para pasar a fundamentar el agravio planteado, señalando que la exclusión probatoria al ser un incidente, debe ser tramitada conforme lo previsto por el art. 314 del CPP; empero, durante el juicio tendría que ser resuelto de forma previa. Que en autos el Tribunal de mérito, valoró todos los documentos secuestrados y los dictámenes e informes que fueron basados en las pruebas MP-96, MP-97, MP-100, MP-101 y MP-102, así como las evidencias físicas secuestradas y contenidas en los folders 1 al 13; pruebas que fueron recolectadas en dos inmuebles de la ciudad de Santa Cruz. Del contenido de la Sentencia, en las páginas 32 a la 41, se evidenciaría que las mencionadas pruebas, fueron consideradas determinantes para la resolución de condena; es decir, que el fallo se encontraría sustentado en pruebas ilegalmente aperturadas e introducidas al proceso, pues éstas serían fruto del árbol envenenado. Refiere que la aplicación que pretende, es que el Tribunal a quo, a tiempo de incorporar a juicio por su lectura la prueba documental, tome encueta que la misma fue viciada de ilegal con su apertura; por lo que constituye defecto absoluto inconvalidable, que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, por cuanto solicitó que se excluya la prueba documental y las evidencias físicas presentadas por el Ministerio Público. Pide se anule la Sentencia y se disponga la reposición, como dispone el Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio.


  1. Denuncia que la Sentencia se basa en un elemento incorporado ilegalmente al juicio, identificando como norma habilitante el inc. 4) del art. 370 del CPP y como disposición erróneamente aplicada el inc. 3) del art. 33 del CPP, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 408/203 de 30 de agosto del 2013 y 176/2013-RRC de 24 de junio, alegó que el Tribunal de Sentencia fundó su resolución en elementos incorporados ilegalmente al juicio oral PD96, PD97, PD98, PD100, PD101 y PD102 que habrían sido base para los informes y dictámenes técnicos-; que estos documentos ilegalmente incorporados, serían los obtenidos en el allanamiento de 10 de marzo del 2013; toda vez, que los mismos hubieran sido aperturados de manera ilegal, obviando el procedimiento del art. 191 del CPP, en vulneración de su derecho a la defensa, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y el debido proceso, elementos ilegales que habrían sido defectuosamente incorporados al proceso; toda vez, que no tuvo oportunidad de ejercer y dar a conocer sus pretensiones el momento de la apertura de los documentos y evidencias obtenidas, pues jamás se habría puesto las mismas a su conocimiento en cumplimiento del principio de contradicción, pruebas cuestionadas que servirían de sustento a la conclusión tercera de la Sentencia y que fueron consideradas determinantes.


  1. Alega que, la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente, incurriendo en el defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, la cual identifica como  norma habilitante y como norma erróneamente aplicada el art. 124 del CPP, porque el A quo no expresó los motivos de hecho y derecho por los cuales no consideró en juicio la declaración de Daniel Veliz Lamas; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 065/2013-RRC de 03 de noviembre, el cual transcribe parcialmente y está referido a los parámetros de una resolución debidamente fundamentada; reiterando que, el Tribunal de Sentencia omitió pronunciarse y fundamentar sobre la declaración referida, la cual en su criterio es de vital importancia para el proceso, omisión que le generaría enormes perjuicios, pues en la misma, el referido acusado, desmentiría su declaración ampliatoria realizada en la etapa preparatoria, señalando que fue presionado y además que por manifestar el contenido de esa declaración le ofrecieron su libertad y la seguridad de su familia, pidiéndole que incrimine a Luís Fernando Salguero y toda su familia, cuando en realidad el dueño de la sustancia ilícita era Zulma Montesinos, declaración prestada en juicio en la que desmentiría su declaración prestada en etapa preparatoria de juicio; aspecto que, no habría merecido pronunciamiento conforme lo dispuesto por el art. 124 del CPP, señalando el Ad quem, que la declaración informativa realizada en etapa preparatoria por el referido imputado, merecería fe probatoria por ser relevante y que de ella se establecería la participación de Luís Fernando Salguero Medina y su familia. Por lo expuesto, solicita declarar la nulidad de la Sentencia y disponer nuevo juicio por otro Tribunal que sea imparcial.


  1. Refiere que la Sentencia también incurrió en vicio de nulidad absoluta, conforme lo previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, identificando como norma habilitante el art. 124 del CPP y como disposición erróneamente aplicada, el art. 124 del CPP; toda vez, que la Sentencia no cumpliría con los requisitos mínimos de fundamentación, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 065/2013-RRC de 03 de noviembre del 2013, cuya doctrina referida a los parámetros de una resolución fundamentada, fue transcrita parcialmente, para señalar que; el derecho vulnerado en el caso de autos, sería el debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación, reconocido en el art. 115.II de la CPE, porque no se había valorado ni mencionado la declaración prestado por Daniel Veliz Lamas en juicio, en la cual había referido que fue presionado por la fiscal y los funcionarios policiales para involucrar a la familia Salguero; prueba que considera esencial y fundamental para el proceso y su defensa, valorando el A quo únicamente la declaración prestada por éste, en la etapa preparatoria de juicio, la cual hubiera sido incorporada como prueba documental; al respecto, transcribe también el Auto Supremo 396/2014-RRC, referido a la congruencia interna que debe tener un fallo, manifestando que en el caso de autos, lo alegado en la declaración del testigo referido, también habría sido argumento de su defensa, y sobre el cual el A quo habría guardado silencio, por lo que refiere que tiene derecho a que se le explique y responda a todas sus alegaciones y pretensiones y que se explique fundadamente todos los extremos que fueron objeto del juicio, refiere que de manera curiosa el fiscal, en su oportunidad había solicitado medidas sustitutas para el mismo, pese a que fue encontrado con 7 kilos de cocaína, por lo que sería necesario que el A quo valore y fundamente la declaración prestada en juicio por el mencionado imputado; hace referencia a la sentencia Constitucional Plurinacional 0215/2014-S2 de 5 de diciembre, refiriendo que la afirmación del Tribunal de mérito, en sentido de que él y toda su familia tienen como actividad el narcotráfico, tuvo como base la prueba PD-55 que consiste en la declaración ampliatoria de Daniel Veliz Lamas, en la que se lo involucró y según el mismo imputado, dicha declaración fue prestada bajo presión de la fiscal y funcionarios policiales; refiere que la aplicación que pretende, es que en aplicación del art. 124 del CPP, se emita nueva sentencia cumpliendo los requisitos mínimos de la fundamentación, conforme la doctrina y jurisprudencia, otorgando valor positivo o negativo a la declaración en juicio de Daniel Veliz Lamas, por lo que solicita la nulidad de la Sentencia y se ordene su reenvío.


II.2.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista impugnado, resolvió los recursos de alzada, interpuestos por los imputados, declarando improcedentes, bajo los siguientes fundamentos:


II.2.1.        En cuanto al recurso interpuesto por Dionicio Omar Ramírez Ortega.


  1. Haciendo remembranza del primer agravio planteado por el recurrente, el Tribunal de apelación refiere que: de la Sentencia, advertiría que el A quo con la atribución privativa que tiene de compulsar los elementos de juicio, concluyó que el apelante, adecuó su conducta al ilícito previsto y sancionado por el art. 185 bis del CP, detallando porqué y con base a qué elementos de juicio arribó a la conclusión tercera de la Sentencia, la cual sería el hecho de que el imputado el momento de la recepción, adquirió, poseyó y utilizó bienes y productos de la actividad ilícita de Tráfico de Sustancias Controladas; es decir, que el imputado no había sido condenado por ser amigo del co-procesado Luís Fernando Salguero Medina o porque asistió a una fiesta, sino por la adquisición, posesión y utilización de bienes provenientes de la actividad ilícita referida; razón por la que el Tribunal de alzada, refiere que toda vez que el Juez o Tribunal de juicio consideró suficiente la prueba, condenó al acusado; siendo errónea la pretensión del apelante, pues su situación jurídica dependería de la suficiencia de la prueba y no de las partes del proceso.


En cuanto a la denuncia de errónea aplicación del art. 365 del CPP con relación al 185 bis del CP y 363 de la Ley 1970, el Ad quem argumentó que conforme lo expuesto a tiempo de resolver la primera circunstancia alegada en el primer motivo de apelación, se tendría que el apelante, no fue condenado por ser amigo del co-procesado Luís Fernando Salguero Medina, sino por haber adquirido, poseído y utilizado bienes provenientes de la actividad ilícita de Tráfico de Sustancias Controladas; por lo que el reclamo devendría en improcedente.


  1. Respecto a la denuncia de la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, refirió que “(…); al respecto, en relación a los dos tópicos reclamados en esta sub reclamación del segundo motivo, no resultan evidentes, conforme se relacionó y concluyó a momento de resolver los anteriores reclamos; pues el hoy impugnante no ha sido condenado por ser amigo del co-procesado Luís Fernando Salguero Medina y tampoco por haber asistido a una fiesta; sino, por haber adquirido, poseído y utilizado bienes provenientes de la actividad ilícita del tráfico de sustancias controladas-cocaína; en la forma que ha sido ampliamente detallada por el A quo en la conclusión tercera de la sentencia apelada (…); por lo que no resulta evidente que exista la insuficiencia de fundamentación extrañada en el motivo recursivo en examen, por ello, esta reclamación, también deviene en improcedente.” (sic).


II.2.2.        Respecto a la resolución de los recursos interpuestos por Luís Fernando Salguero Medina, Laura Gabriel Salguero Salvatierra, Hilda Rodríguez Salvatierra y Aldo Sebastián Rodríguez.


Sobre la apelación incidental.


“(…) En el caso, conforme lo reconocen los propios impugnantes y así consta en obrados, la documentación y evidencia, cuya exclusión se pretendió y así lo advirtió el A-quo en las Resoluciones impugnadas, fue solicitada e instruida mediante orden judicial, su secuestro, merced a los allanamientos también solicitados por el Ministerio Público, más no así se solicitó su incautación; por lo que este Tribunal no advierte la errónea aplicación de la norma adjetiva penal que se acusa por los impugnantes en este primer motivo de sus respectivos recursos de apelaciones incidentales reservadas para apelaciones restringidas, pues el A-quo en ningún momento confunde ambos institutos procesales; sino más bien explica de manera didáctica, por qué considera que en el caso, en tratándose de delitos vinculados al narcotráfico, se aplican los arts. 174 y 293 del CPP y que el art. 191 del mismo Código, sólo prevé el acto del secuestro, que es lo que ha acontecido en el caso y no así la incautación, en la que sí es exigible la apertura extrañada por los incidentistas ahora apelantes; máxime si además y conforme emerge de los antecedentes procesales elevados en Alzada, ya en fecha anterior se formuló también una impugnación a pruebas periciales que se estaban efectuando respecto de la documental y evidencias cuya exclusión se estaba demandando; las que fueron  rechazadas, siendo confirmadas en Alzada (…) y contra dicha Resolución judicial, no se activó ningún recurso ordinario ni extraordinario, consintiéndose en la valides de dichas pericias; (…)” (sic).


Respecto al recurso de apelación restringida.


El Tribunal de apelación resolvió los cuatro recursos, de forma conjunta, al advertir que los argumentos expuestos son idénticos y coincidentes.


  1. En cuanto al primer agravio planteado, por el cual los apelantes acusaron que la Sentencia incurrió en defecto absoluto conforme lo previsto por los incs. 1) y 3) del art. 169, e inc. 3) del art. 333 del CPP; cuyo contenido fue transcrito por el de alzada, señalando posteriormente que de obrados y de la Sentencia confutada, conforme habría advertido a tiempo de resolver los recursos de apelación incidental, se establecería que el Tribunal de mérito no incurrió en infracción de los derechos y garantías fundamentales, por supuesta falta de intervención en los actos de allanamiento y secuestro de documentos y evidencias; pues dichos actuados, habrían sido solicitados, e instruidos por el Juez contralor de garantías constitucionales, así como por la fiscal que se encontraba a cargo de la investigación, conjuntamente los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); incorporándose la prueba a juicio, según lo establecido por el inc. 3) del art. 333 de la norma Adjetiva Penal.


  1. En cuanto, al agravio por el cual los imputados denunciaron que la Sentencia se basa en elementos incorporados ilegalmente al juicio, en errónea aplicación del inc. 3) del art. 333 del CPP, pese a que el juez tenía conocimiento de que en la apertura de la prueba se obvió lo establecido por el art. 191 de la Ley 1970, el Tribunal de apelación, refiere que conforme lo fundado y lo que concluyó a tiempo de resolver las apelaciones incidentales, así como al resolver el primer agravio de apelación restringida, “(…) vale y se lo reproduce para el presente motivo recursivo, …” (sic), pues, no sería evidente que el A quo haya interpretado y menos aplicado erróneamente, el art. 191 del CPP; pues la prueba habría sido introducida por su lectura “…, merced a la posibilidad prevista por el numeral 39 del art. 333 del CPP;  (…) “(sic).


  1. En cuanto al tercer motivo de apelación, por el que se habría acusado insuficiente fundamentación de la Sentencia, al no haberse tomado en cuenta la declaración de Daniel Veliz Lamas; se tendría que la misma fue efectuada en uso de su derecho a ser escuchado en juicio, según lo estipulado por el art. 346 de la norma Adjetiva Penal, en la cual el acusado, podía manifestar lo que crea conveniente, pues la misma sería un medio de defensa, mas no una declaración testifical que tenga que ser valorada, como pretenden los impugnantes; asimismo, refiere que la Sentencia tuvo como base la compulsa de todos los elementos de juicio según lo previsto por la norma procesal penal y la uniforme jurisprudencia constitucional, entre otras a través de la Sentencia Constitucional 240/2003 de 27 de febrero.
  2. Respecto al defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, refiere el Ad quem, que siendo el mismo, reiterativo del tercer motivo del recurso de alzada, los fundamentos expuestos en el mismo, valen y se reproducen para la resolución del agravio analizado.


         III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE  VULNERACIÓN DE DERECHOS


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, por cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


III.1. Análisis del caso concreto.


III.1.1. En cuanto al agravio planteado por Dionicio Omar Ramírez Ortega.

En casación, el imputado haciendo referencia a los motivos que planteó en apelación fundados en la existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, denuncia que el Tribunal de apelación: i) Emitió el Auto de Vista sin la debida fundamentación, conforme lo previsto por el art. 124 de la norma Adjetiva Penal, por no establecer al igual que el A quo, a través de qué elementos probatorios se sustentó la resolución de condena y que bienes adquirió poseyó y/o utilizó, que fueron provenientes de actividades de Tráfico de Sustancias Controladas; ii) Que, no consideró los motivos de apelación fundados en la existencia de los defectos de Sentencia previstos por los incs. 1) y y 5) del art. 370 del CPP; y, iii) Que, incurrió en revaloración al afirmar que no fue condenado por ser amigo de uno de los co-imputados, sino por adquirir, poseer o utilizar bienes provenientes del Tráfico de Sustancias Controladas, incumpliendo su deber de fundamentación. Motivo de autos, en el cual invocó como precedentes contradictorios:


El Auto Supremo 167/2012 de 4 de julio, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro, contra JCTO, por la presunta comisión del delito de Peculado, que tuvo como hechos, que el Tribunal de alzada, no efectuó control en los términos impugnados por el apelante, haciendo una incorrecta interpretación y aplicación de la doctrina legal sobre la intangibilidad de los hechos probados y prohibición de revalorizar la prueba. De lo descrito, se establece que entre el precedente citado y las circunstancias cuestionadas al Auto de Vista impugnado, no son similares, pues en el caso del precedente, el hecho que generó la doctrina legal aplicable, fue la errónea interpretación del Tribunal de apelación, respecto a la labor de control de logicidad e intangibilidad de los hechos, omitiendo el Ad quem, resolver las circunstancias alegadas por el entonces impugnante; en cambio, en el caso de autos, el recurrente denunció falta de fundamentación, porque el de alzada no estableció los hechos y el derecho que fundan la Sentencia; incongruencia omisiva es decir vulneración del art. 398 del CPP-; que incurrió en revaloración probatoria. Por lo que al no existir situación fáctica análoga, éste Tribunal se halla impedido de ejercer su función unificadora de jurisprudencia.


El Auto Supremo 91 de 28 de marzo del 2006, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra EADP, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que tuvo como hechos reales que, el Tribunal Ad quem: i) Valoró un elemento de prueba, sin competencia, vulnerando la valoración integral que es facultad del Tribunal de Sentencia; ii) Que, otorgó crédito a dos aspectos alegados, sin evidenciar los mismos, vulnerando su propia competencia al no ponderar los puntos apelados; iii) Que, el Ad quem, de manera equivocada asumió que el Tribunal de mérito, cambió los hechos. Motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


que, la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico.


3.- Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal.


4.- Que los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: "producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas"; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados.

Similar entendimiento fue asumido por los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo, el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo.


De lo descrito, se establece que existe situación fáctica similar entre el precedente invocado y el agravio alegado por el impugnante, respecto a que: En el inc. iii) del primer párrafo del presente acápite, el impugnante denunció que el de alzada revaloró prueba, al manifestar que el apelante, no fue condenado por ser amigo de uno de los co-procesados, sino por adquirir, poseer o utilizar bienes provenientes del Tráfico de Sustancias controladas.


Aspecto sobre el cual este Tribunal ingresará a resolver el fondo de la problemática señalada, dejado de lado, la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista, porque “no estableció los elementos probatorios y que bienes serían producto de una actividad ilícita”; y, que el Ad quem omitió desarrollar todos los cuestionamientos de su recurso de alzada. Aspectos que no condicen con las demás circunstancias que el Tribunal de apelación otorgó crédito a los argumentos del apelante, sin evidenciar los mismos, que de manera equivocada asumió que el A quo cambió los hechos- que dieron lugar a la emisión de la doctrina legal emitida por el precedente invocado.


Ingresando al caso concreto, respecto a que el supuesto argumento del Tribunal de apelación en sentido de que el apelante, “no fue condenado por ser amigo de uno de los co-procesados, sino por  adquirir, poseer o utilizar bienes provenientes del Tráfico de Sustancias Controladas”, fuese una revaloración probatoria; corresponde señalar que, dicho argumento es general. Es decir, que carece de una correcta proposición jurídica, tomando en cuenta que el impugnante, inició su recurso de casación, reiterando el contenido de su memorial de apelación restringida, lo cual se establece del contraste de los argumentos que fueron explanados en los acápites II.1 motivo de casación de Dionicio Omar Ramírez Ortega- y II.2.1 recurso de apelación restringida del referido imputado-; mismos que inician con una referencia al entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1058/2003-R, art. 115.I de la CPE, i) de la Ley 025 y 124 del CPP, sobre los alcances del art. 407 del CPP, a continuación la exposición de los fundamentos en los que sustenta la existencia de los defectos de Sentencia previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 de la norma Adjetiva Penal. Y posteriormente, entre otros aspectos, el impugnante alegó que la manifestación realizada por el Ad quem, en el sentido referido, constituiría revaloración probatoria, sin especificar mínimamente si esa manifestación que en criterio del apelante constituye revaloración probatoria, fue realizada por el de alzada, a tiempo de resolver el defecto de errónea aplicación de Ley sustantiva y adjetiva, o en el fallo respecto al defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 de la Ley 1970; careciendo su planteamiento de especificidad, pues el deber de fundamentación no es únicamente labor de los operadores de justicia, sino también de los justiciables.


Sumado a la deficiencia argumentativa observada, tratándose de una revaloración probatoria, el recurrente está obligado a identificar que prueba fue revalorada, lo cual tampoco fue cumplido en casación. Sin embargo, de la revisión minuciosa del Auto de Vista impugnado, se advierte que dicha afirmación del Tribunal de alzada, hoy cuestionada, fue referida después de argumentar que el A quo, posterior a la valoración probatoria, conforme lo que habría expuesto en la conclusión tercera de la Sentencia, se lo habría condenado por adquirir, poseer y utilizar bienes y productos provenientes del Tráfico de Sustancias Controladas. A continuación de dicho argumento, el Tribunal de apelación, explica la razón por la cual fue condenado el impugnante, señalando que el motivo del fallo de mérito, fue porque éste adquirió, poseyó y utilizó bienes y productos provenientes de Tráfico de Sustancias Controladas; reiterando este argumento a tiempo de resolver la acusación realizada por el imputado Dionicio Ramírez, en sentido de que se lo hubiera condenado por ser amigo de Luís Fernando Salguero Medina; y a tiempo de resolver el segundo motivo de apelación, en el cual el apelante habría referido que fue condenado por asistir a una fiesta con el mencionado co-acusado. Argumento, que explica al apelante la razón de su condena y desvirtúa la acusación realizada por éste en su recurso de alzada, en sentido de que hubiese sido condenado por la relación de amistad y por asistir a una fiesta con Luís Fernando Salguero Medina. No siendo evidente que el de alzada hubiera revalorado o revisado prueba o cuestiones de hecho, en vulneración de los derechos del apelante.


III.1.2. En cuanto a los agravios planteados por Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez y Aldo Sebastián Rodríguez.


Sobre el primer agravio planteado.


Los recurrentes denunciaron como primer agravio de apelación restringida, que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, declarando improcedente la denuncia fundada en la existencia de defecto absoluto previsto por los incs. 1) y 3) del art. 169 del CPP, porque el Tribunal de Sentencia fundó su fallo en prueba ilegalmente aperturada por la investigadora asignada al caso, sin la participación del Juez cautelar y las partes, incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 191 de la norma Adjetiva Penal; circunstancia sobre la cual el Tribunal de alzada, habría argumentado que los allanamientos y el secuestro de documentación, fueron solicitados e instruidos por el Juez cautelar y la autoridad fiscal; fundamento que no explica, a decir de los impugnantes, la razón y motivo que llevan al de alzada a tomar la decisión asumida. Al respecto, invocaron como precedentes contradictorios, las siguientes resoluciones:


El Auto Supremo 396/2014, que fue invocado sin especificar la fecha de su emisión, sin embargo, conforme la revisión realizada del sistema de jurisprudencia, se establece que el mismo fue emitido el 18 de agosto; emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra FGRT y otro, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas; sin embargo, dicho fallo declaró “infundado” el recurso de casación, por lo que no contiene doctrina legal aplicable, susceptible de ser contrastada con la forma de resolución del primer motivo de apelación planteado por el hoy apelantes.


El Auto Supremo 325/2012-RRC de 12 de diciembre, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra BTSL, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves; tuvo como hechos reales, la constatación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de que, si bien el Ad quem respondió a los agravios fundados en la existencia de los defectos de sentencia, previstos por los incs. 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP, lo habría realizado de forma general; es decir, sin que exista un pronunciamiento expreso, claro, completo, legítimo y lógico, incumpliendo con el mandato previsto por el art. 124 de la norma Adjetiva Penal, motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), que se produce cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, el deber de fundamentación establecido el art. 124 del CPP y la competencia definida por el art. 398 del mismo Código para los Tribunales de alzada.


Asimismo, para estar frente ante una incongruencia omisiva es menester que concurran los siguientes presupuestos, a saber: a) La omisión esté vinculada a aspectos jurídicos; b) Las denuncias o pretensiones sean claras y oportunas; c) los agravios sean principales y no alegaciones secundarias; y, d) La ausencia de pronunciamiento sobre problemáticas de derecho, sean de naturaleza sustantiva o procesal.


Existiendo una problemática procesal similar incongruencia entre lo pedido y lo solicitado-, corresponde establecer la existencia o no de la contradicción denunciada.


En el caso de autos, los recurrentes alegan que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia al referir que "los allanamientos y el secuestro de documentación fueron solicitados e instruidos por el Juez cautelar y la autoridad fiscal”, cuando ese aspecto no habría sido motivo de su recurso de alzada, sino la “ilegal apertura de evidencias”, realizada por una funcionaria policial sin la presencia del Juez y los sujetos procesales; lo cual constituiría, a decir de los recurrentes, defecto absoluto conforme lo previsto por los incs. 1) y 3) del art. 169 del CPP.

Al respecto, con carácter previo corresponde precisar los motivos que pueden ser recurribles vía apelación restringida, para lo cual acudimos al primer párrafo del art. 407 del CPP, que dispone que el mismo, será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando la mencionada disposición se refiere a la ley, entendemos que la misma puede ser sustantiva o adjetiva.


El segundo párrafo del mencionado precepto legal, condiciona la admisibilidad de la apelación de inobservancia o errónea aplicación de la norma procesal, al reclamo oportuno de su saneamiento y ante el rechazo, la reserva de recurrir; continúa la norma, señalando que dicha condición, no es necesario en casos de nulidad absoluta o cuando se trate de vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los Artículos 169 y 370 de CPP.


Para la resolución del motivo en análisis, debemos tener claro a qué se refiere la norma cuando hace referencia a la recurribilidad de defectos absolutos. En ese entendido, conforme lo precisado en los párrafos que preceden, se debe tener presente que los únicos aspectos, posibles de ser recurribles vía apelación restringida son: i) La inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva; y, ii) La inobservancia o errónea aplicación de la norma adjetiva; precisión que es oportuna, debido a que no existe otros defectos que no deriven de los mencionados motivos, incluyendo los defectos absolutos, así como los de sentencia, los cuales surgen a partir la violación de la norma sustantiva o adjetiva y  que de acuerdo a la circunstancia, puede derivar en inobservancia o violación de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Policita del Estado, Tratados Internaciones vigentes y el Código Procesal Penal. Empero, cuando la norma menciona los defectos absolutos, no se refiere a éstos como una tercera circunstancia recurrible en alzada, pues como se dijo precedentemente, éstos surgen de la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva o adjetiva; sino, su mención es simplemente para eximir a la parte apelante de la exigencia del reclamo previo y reserva de recurrir, cuando se trate de defectos que constituyen absolutos conforme lo previsto por el art. 169 de la Ley 1970, así se desprende de la atenta lectura del segundo párrafo del art. 407 de la norma Adjetiva Procesal, que preceptúa: “Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o … constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si …, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, …” (sic), (las negrillas son nuestras). Es decir,  que cuando la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva o procesal, sea insubsanable y tenga efectos nocivos en el resultado de la Sentencia, no se precisa el reclamo oportuno ni la reserva de recurrir, siempre y cuando el apelante hubiera estado impedido de hacer el reclamo y la reserva mencionada; lo cual acontecería, por dar un ejemplo, durante la deliberación de la Sentencia, en la cual no participe un miembro del Tribunal de mérito, o cuando decretándose cuarto intermedio para la deliberación; posteriormente, se suspenda la lectura de la parte dispositiva, para otra fecha. Éstos son algunos de los supuestos de defectos absolutos, en los que las partes evidentemente se hallan impedidos de ejercer la protesta previa y realizar la reserva de recurrir ante el rechazo de su solicitud; defectos procesales que constituyen absolutos y para cuya demanda de nulidad en apelación, no es exigible los mencionados requisitos de admisibilidad para la recurribilidad de los defectos procesales. Un entendimiento contrario al manifestado, daría lugar a que las partes, bajo el argumento de una inobservancia o errónea actividad procesal que vulnere derechos y garantías constitucionales, pretendan retrotraer el proceso incluso a la etapa preliminar de la investigación, creando además una actitud pasiva de los defensores técnicos, en busca de la nulidad de actos o ineficacia de la prueba obtenida, en desmedro del principio procesal de celeridad, reconocido por el art. 180.I de la CPE.


Estando clara la recurribilidad de qué defectos absolutos, son impugnables en un recurso de alzada; corresponde en principio, analizar si el defecto absoluto alegado en alzada, era recurrible vía apelación restringida, continuando en segundo lugar, si siendo el mismo demandable en alzada, fue resuelto por el Tribunal de apelación, en observancia de su competencia, conforme lo previsto por el art. 398 de la norma Adjetiva Penal; o si siendo un tema incidental, éste máximo Tribunal de Justicia, ante la alegación de incongruencia omisiva, tiene facultad de ejercer control de legalidad sobre la resolución de la apelación incidental.


En cuanto a la primera circunstancia a establecerse. Conforme lo descrito en el inc. a) del párrafo II.2.2 del presente fallo, el Ad quem a tiempo de resolver el primer agravio de apelación restringida, argumentó que: de la revisión de obrados, de la Sentencia y conforme advertiría a tiempo de resolver los recursos de apelación incidental, los actos de allanamiento y secuestro de documentos y evidencias, habrían sido solicitados e instruidos por el Juez contralor de garantías constitucionales, así como por la fiscal que se encontraba a cargo de la investigación y los policías de la FELCN, habiéndose incorporado los mismos conforme lo dispuesto por el inc. 3) del art. 333 del CPP.


Fundamento con el cual, se resolvió la primera circunstancia planteada en apelación restringida y de cuyo contenido según la lectura del punto 1, del acápite II.1.2 de la presente resolución, se establece que el mismo, no fue un defecto absoluto que no pudo ser reclamado más que vía recurso de apelación restringida, pues los argumentos expuestos por los apelantes, revelan que el mismo es: a) Un defecto procesal que emerge de la etapas anteriores al juicio oral, público y contradictorio; y, b) Que, las partes tuvieron la oportunidad de reclamar y ante su rechazo efectuar reserva de apelación. Toda vez, que el supuesto defecto absoluto, circunda sobre la supuesta elaboración de informes y dictámenes, que hubiesen tenido como base documentación y evidencias que fueron abiertas en inobservancia del art. 191 del CPP, porque en la misma no hubiera participado el Juez y los imputados, sino sólo la fiscal y el investigador asignado al caso.


En atención a lo mencionado, se establece que la actividad procesal cuestionada, es un aspecto que debió ser demandado en la vía incidental a través de la exclusión probatoria; lo cual en efecto fue realizado por los apelantes y cuyo rechazo ameritó el planteamiento del primer motivo de apelación incidental interpuesto en el mismo memorial de apelación restringida y cuya base fáctica es idéntica a la manifestada en el primer motivo del último recurso referido. Aspecto éste, que no fue observado por el Tribunal de apelación, quién sin establecer la diferencia realizada en el presente acápite, resolvió la circunstancia alegada por los imputados, como si el mismo además de poder ser recurrible vía incidental, también podría ser cuestionada al mismo tiempo a través de la apelación restringida, cuando advertido de que los fundamentos expuestos por los impugnantes son idénticos al primer agravio de apelación incidental y que corresponden ser demandados en esa vía, debió declarar la inadmisibilidad del motivo alegado, por no ajustarse a los motivos de alzada conforme lo previsto por el art. 407 del CPP, haciendo constar además que la identificación del inc. 3) del art. 333 del CPP: “(ORALIDAD). El juicio será oral y sólo podrán incorporarse por su lectura: 3) La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este Código.”, como erróneamente aplicada, porque el A quo hubiera incorporado al proceso por su lectura informes y dictámenes emitidos con base a documentación y evidencias ilegalmente aperturadas; es incorrecta, pues de la atenta lectura de la circunstancia planteada, se establece que los mismos, no cuestionan la forma de incorporación mediante su lectura- de los informes y dictámenes -pues la misma es correcta, al tenor de la norma acusada de erróneamente aplicada-; sino lo que discuten es que la prueba incorporada, hubiera tenido como base, documentación y evidencias que fueron en su criterio, ilegalmente aperturadas por la fiscal y el investigador, sin presencia del Juez y los imputados. Este último cuestionamiento, que al ser un acto anterior o durante la obtención de prueba que sirve de base para la elaboración de otros elementos probatorios, es un aspecto incidental, que debe ser planteado en juicio a través de la exclusión probatoria, como se tiene referido y como lo hicieron los recurrentes; y así, se describe en el presente fallo en el primer párrafo del acápite II.1.2, situación que es ratificada por los propios recurrentes, cuando estos mencionan en el primer motivo de apelación restringida, que las exclusiones probatorias en juicio, deben ser resueltas de forma previa. Éste último argumento que no se halla debidamente sustentado, pues no se tiene claro si denuncia que el incidente planteado no fue resuelto de forma previa como establece la norma.


Por lo expuesto, se establece de manera clara que la primera proposición jurídica realizada tanto en el recurso de apelación restringida como incidental, tienen la misma base fáctica; empero, que cuya recurribilidad únicamente es la vía incidental. Sin embargo, también es  evidente que este Tribunal a través del Auto Supremo 10/2013 de 6 de febrero, estableció como excepción, conocer en el fondo las denuncias sobre incongruencia omisiva en temas incidentales, señalando que: “(…) Las Resoluciones emitidas por el Tribunal de alzada sobre un incidente no son recurribles en casación por corresponder a un procedimiento distinto; sin embargo, este Tribunal ha establecido como excepción a la regla, la consideración en el fondo de aquellas denuncias en las que se alegue incongruencia omisiva, casos en los cuales de manera excepcional apertura su competencia a los fines de verificar si evidentemente existe la falta de pronunciamiento sobre una apelación vinculada a algún tema incidental, (…)”, por lo que, estando claramente establecido que el motivo cuya falta de resolución se impugna, es un tema incidental, correspondería a este Tribunal Supremo de Justicia, verificar si el mismo fue resuelto conforme lo estipulado por el art. 398 del CPP.


Empero, dicha labor no es posible, debido a que el recurrente no impugnó de manera específica la resolución del primer motivo de apelación incidental, por lo que no se cuenta con la carga argumentativa para poder ejercer control de legalidad de la referida resolución; es decir, no se puede observar si los argumentos expuestos en el fallo que resolvió la circunstancia alegada en apelación incidental idéntica al primer motivo de apelación restringida-, cumplen con los parámetros de una resolución fundamentada clara, expresa, lógica, legitima y completa-; pero, si es evidente que el Tribunal de apelación consideró la circunstancia alegada, identificando el primer motivo de apelación incidental y resolviendo el mismo, así se desprende de lo descrito en el acápite II.2.2 de la presente resolución. Asimismo, respecto a la afirmación realizada por el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el “primer agravio de apelación restringida” por el cual denunció que el Ad quem señaló que el Juez contralor de garantías constitucionales instruyó los actos de allanamiento y secuestro de documentos y evidencias, a solicitud del fiscal encargado de la investigación; el mismo, guarda coherencia con lo cuestionado por los apelantes, cuando éstos refirieron que el A quo, incorporó por su lectura informes y dictámenes emitidos con base a documentación de evidencias ilegalmente aperturadas, sin la presencia de los imputados y del Juez, “quién además no habría autorizado dicho acto”. Es decir, que además de que la circunstancia planteada por los imputados en apelación restringida, corresponde a un tema incidental, el mismo fue resuelto en alzada, conforme lo fundamentado precedentemente, no siendo evidente la infracción del art. 398 de la norma Adjetiva Penal.


Finalmente, debe tomarse en cuenta, que el Tribunal de apelación, estableció que los hechos que motivaron interposición de incidente de exclusión probatoria, fue resuelto con anterioridad, rechazando dicha pretensión y cuyo fallo no fue recurrido por el hoy impugnantes. Por lo expuesto, este Tribunal no advierte contradicción entre el precedente invocado y el motivo de autos, correspondiendo declarar infundado el motivo analizado.


En cuanto al segundo agravio de casación, por el cual los imputados, alegaron también que el Tribunal de apelación no resolvió el segundo motivo de su recurso de alzada; circunstancia en la que invocaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 396/2014-RRC, sin identificar la fecha de emisión de la misma; sin embargo, conforme se expuso a tiempo de resolver el primer agravio planteado en casación, se establece que el mismo fue emitido el 18 de agosto; empero, no contiene doctrina legal aplicable, susceptible de ser contrastada con la resolución motivo de análisis.


Respecto al tercer agravio de casación, por el cual los apelantes denunciaron que el Tribunal de alzada reconoció la incongruencia e insuficiente fundamentación del A quo, sobre la declaración ampliatoria del co acusado Daniel Veliz Lamas;  sin embargo, de forma ilegal y parcializada, hubieran justificado dicha omisión ingresando a valorar y asignar un valor probatorio a la mencionada prueba, lo cual constituiría defecto absoluto, motivo en el que invocaron como precedente contradictorio:


El Auto Supremo 65/2013-RRC de 3 de noviembre, revisado el sistema de jurisprudencia, se establece que el mismo no existe, por lo menos no con la fecha “3 de noviembre “; por lo que tomando en cuenta que este Tribunal se halla impedido de subsanar, corregir o complementar cualquier aspecto de los recursos, en virtud al principio de igualdad de las partes e imparcialidad de quien ejerce jurisdicción en nombre del Estado, al no haber sido correctamente identificada la fecha del precedente invocado y tomando en cuenta que tampoco puede suponer aspectos que los recurrentes no manifestaron en su recurso; al no existir precedente válido para que éste Tribunal pueda ejercer su función unificadora de jurisprudencia, corresponde declarar infundado el agravio analizado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Dionicio Omar Ramírez Ortega; Luís Fernando Salguero Medina, Hilda Rodríguez Salvatierra, Laura Gabriela Salguero Rodríguez, Aldo Sebastián Rodríguez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos