TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 806/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018

Expediente                        : Chuquisaca 7/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Demetrio Vedia Quispe y otra

Delito                        : Estelionato

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando

RESULTANDO

Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, de fs. 389 a 393 vta., Demetrio Vedia Quispe, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 18/018 de 4 de enero, de fs. 374 a 379, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Carlos Paniagua Lupa contra el recurrente y Adela Chávez Miranda de Vedia, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1.  Antecedentes. 

  1. Por Sentencia 09/2017 de 3 de abril (fs. 305 a 312), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Demetrio Vedia Quispe, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más costas a favor del Estado y del acusador particular, averiguables en ejecución de Sentencia. Respecto a Adela Chávez Miranda de Vedia, fue absuelta de pena y culpa por el delito endilgado en su contra.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Demetrio Vedia Quispe (fs. 319 a 323 vta.) y el acusador particular Juan Carlos Paniagua Lupa (fs. 329 a 337), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 18/018 de 4 de enero, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedentes los motivos de ambos recursos planteados, quedando incólume la Sentencia apelada. Con el voto parcialmente disidente de la Vocal Molina respecto a la procedencia de la apelación del imputado, motivando la interposición del presente recurso de casación.

   

I.1.2. Motivos del recurso de casación.

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 298/2018-RA de 7 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. En el primer motivo del recurso, el recurrente contiende la posición asumida por el Tribunal de apelación respecto a la labor del Tribunal de Sentencia sobre al art. 337 del CP, alegando que en su caso no podría configurarse una eventual subsunción a ese tipo penal , por no haberse perfeccionado la venta de un bien a través de instrumento público, más cuando el monto total pactado no se hizo efectivo, sino se realizó un abono parcial, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre.


  1. Dentro del segundo motivo del recurso, Demetrio Vedia Quispe denuncia al Auto de Vista recurrido de falta fundamentación, por no haber dado lugar a un reclamo sobre infracción de la lógica y la experiencia como componentes de la sana crítica, a pesar por lo aseverado en el recurso- de haber sido argumentado de manera clara y suficiente en apelación restringida, el recurrente manifiesta la contradicción con el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo.

 

I.1.2. Petitorio.


Afirmando que los precedentes invocados fueran opuestos al fundamento del Auto de Vista 18/018 de 4 de enero, solicitó que previa admisión de su recurso, este Tribunal anule el fallo recurrido considerando en el primer motivo- que su conducta fue atípica así como expresar “que lo que pretendía a través de la apelación restringida era la correcta interpretación y aplicación del art. 337 del Código Penal”, al igual en lo que es el segundo motivo del recurso- “al evidenciarse que se han cumplido con los requisitos señalados en el art. 408 del CPP (se disponga que el Tribunal de apelación) se pronuncie sobre el fondo de la apelación restringida de conformidad con el art. 419 del CPP.” (sic).

I.2. Admisión del recurso.


Este Tribunal en juicio de admisibilidad, pronunció el Auto Supremo 298/2018-RA de 7 de mayo, razonando (conforme su apartado IV) admitir el primer motivo únicamente para la verificación de contradicción con el Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre, así como el segundo motivo referido a la contradicción pretendida con el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 09/2017 de 3 de abril, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Demetrio Vedia Quispe, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más costas a favor del Estado y del acusador particular, averiguables en ejecución de Sentencia. Respecto a Adela Chávez Miranda de Vedia, fue absuelta de pena y culpa por el delito endilgado en su contra.


“el acusado el 4 de enero de 2011, vendió un inmueble de su propiedad a Juan Carlos Paniagua Lupa, por la suma de $us. 40.000, recibiendo como parte del precio en esa fecha $us. 18.000, quedando un saldo que el comprador se comprometió a cancelar cuando el vendedor le entregue los documentos del inmueble saneados, este documento no ha sido controvertido, demuestra también que el acusado expresamente señaló en la cláusula tercera que el inmueble era libre y alodial, Sin embargo la MPPD2, formulario de información rápida de Derechos Reales correspondiente al inmueble a la fecha de obtención del formulario (18-01-2013), si registraba un gravamen consistente en una hipoteca por $us. 5.000 dólares americanos, registrado el 4 de junio de 2004, lo cual quiere decir que al momento de la venta el acusado sabía que su inmueble tenía un gravamen y no obstante ello hizo constar en el documento expresamente que este era alodial.” (sic).


“por la MPPD8 consistente en el Testimonio N° 1084/2012, se ha demostrado que el acusado el1 de agosto de 2012, vendió a favor de José Javier Ortube Laredo el 50% del mismo inmueble que el 04 de enero de 2011 vendiera a Juan Carlos Paniagua Lupa.” (sic).


“por la MPPD3 y la MPPD2 se acredita que el actual propietario es José Javier Ortube Laredo, quien en un proceso coactivo civil logró se le haga la entrega de la totalidad del inmueble previo desapoderamiento.” (sic).


“la totalidad de los 18.000$us cancelados al acusado no fueron devueltos no obstante varios intentos de conciliación y que conforme a la atestación de Juan Carlos Paniagua Lupa, él y su familia fueron desapoderados del inmueble el año 2013 por el propietario actual…hecho que demuestra el perjuicio sufrido.” (sic).


“no se ha demostrado que Juan Carlos Paniagua Lupa, a tiempo de comprar el inmueble el año 2011, tuviese conocimiento del gravamen o hipoteca que pesaba…desde el 2004” (sic)

Aquellas conclusiones condujeron al Tribunal de juicio a determinar la existencia del hecho y su adecuación típica al delito acusado:


“…la conducta desplegada por el acusado constituye delito y se subsume al delito de Estelionato, es así que se ha demostrado que Demetrio Vedia Quispe el 04 de enero de 2011, mediante un documento privado vendió el inmueble sito en la zona Tucsupaya, con una superficie de 226,08 mts, cuadrados inscrito en Derechos Reales con la matrícula 1011990022023 a Juan Carlos Panigua Lupa, dicho inmueble para ese entonces registraba un gravamen consistente en una hipotética por $us. 5.000 dólares americanos a favor de Flora Jorge Laredo, gravamen que estaba registrado desde el 04 de junio de 2004.


En consecuencia la conducta desplegada por el acusado se subsume en la definición típica del art. 337 del Código Penal en razón a la venta realizada sin mencionar el gravamen existente”.


Finalmente el 3 de abril de 2017, el Tribunal de Sentencia Primero de Sucre, pronunció la Sentencia 09/2017, mediante la cual, con el voto unánime de sus miembros declaró la autoría y culpabilidad de Demetrio Vedia Quispe en la comisión del delito de Estelionato (art. 337 del CP), imponiendo la pena de tres años y tres meses de privación de libertad; asimismo, absolvió de los mismos cargos a la coacusada Adela Chávez Miranda de Vedia.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Por memorial saliente de fs. 319 a 323 vta., opuso recurso de apelación restringida planteando dos agravios, ceñidos en lo principal a la errónea aplicación de la Ley sustantiva falta de tipicidad, sosteniendo que la venta no se había perfeccionado por la falta total de pago, no teniendo las exigencias requeridas para ese tipo de actos por el Código Civil y errónea valoración de la prueba, por considerar que dos atestaciones habían sido valoradas de forma contradictoria y vulnerando la lógica y la experiencia. 


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Los antecedentes del proceso fueron remitidos a conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que mediante Providencia de 9 de agosto de 2017, radicó el proceso y señaló audiencia de fundamentación oral del recurso para el 22 de ese mismo mes y año, este acto fue realizado finalmente el 29 de agosto también de 2017. Finalmente, el 4 de enero de 2018, aquella Sala Penal pronunció el Auto de Vista 18/018 de 4 de enero de 2018, por el cual declaró la improcedencia de los recursos de apelación restringida interpuestos tanto por el imputado como por el acusador particular.



  1. FUNDAMENTOS DE LA SALA


En casación, el recurrente plantea la contradicción del Auto de Vista 18/018 de 4 de enero de 2018, con el Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre, en torno a cuestiones de tipicidad y subsunción del tipo penal de Estelionato; y, el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, sobre la obligación de resolución de fondo de parte de los Tribunales de alzada en los recursos de apelación restringida.


III.1. Primer motivo.


Señala el recurrente que, a pesar de haber expresado su disconformidad con la aplicación del art. 337 del CP, por parte del Tribunal de Sentencia, los de apelación limitaron su respuesta a transcribir los fundamentos de la primera resolución, incluso “cambiando el monto del gravamen de $us. 5.000 a 50.000 y el nombre de la acreedora de Flora Laredo a Jorge Laredo” (sic). Agrega que frente a los dos argumentos sobre esta temática planteados en apelación restringida (cuando siendo el propietario a sabiendas de la existencia de gravamen el agente transfiere el bien, así como, cuando no es dueño y vende o grava el bien) el Auto de Vista ratificó los fundamentos de la Sentencia con su sola reproducción.

Manifiesta que su persona, en el marco de la doctrina del Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre, no cometió el delito ya que para que incurra en el ilícito de Estelionato “necesariamente debe existir un documento público, con todas las formalidades de rigor no se puede decir que se ha vendido quien solo ha prometido la venta, como ocurre en los casos en que el contrato no se ha perfeccionado por falta de las formalidades de rigor como ocurre en el caso de autos, donde la venta se hace en una minuta reconocida ante Notario, que no es más de un compromiso de venta a plazos” (sic). Añade que, el Código Civil (CC) en su art. 584, respecto a la venta señala que: es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, o transfiere otros derechos al comprador por un precio en dinero y que en su caso de los $us. 40.000.- acordados en un primer momento, Juan Carlos Paniagua solamente canceló $us. 18.000. Considera que al ser evidentes esas situaciones que correspondía la revocatoria de la Sentencia.


III.1.1. Antecedentes procesales.


III.1.1.1.        La Sentencia.


Sobre el particular, la Sentencia 09/2017 de 3 de abril sostuvo:


Concurren en consecuencia los elementos constitutivos del tipo penal estelionato ya que Demetrio Vega realizo: a) El acto de disposición; ya que, vendió a Juan Carlos Paniagua Lupa el inmueble, concurre también el segundo elemento; b) La falta de propiedad o la falta de libertad en la misma; ya que, al estar el mencionado inmueble gravado, no era alodial y no podía ser libremente vendido; c) La simulación de la propiedad o la libertad de ella frente a un tercero, porque el acusado manifestó expresamente en la cláusula tercera de la MPP-D1 que el inmueble era libre y alodial; y, d) El perjuicio patrimonial, porque conforme afirmó Juan Carlos Paniagua Lupa fue desalojado del inmueble y no le fue restituido el precio parcial de $us. 18.000.- que pagó por él.


La conducta del acusado se subsume también al delito de estelionato, porque luego de vender el inmueble de su propiedad al acusador particular, sabiendo que el mismo estaba gravado, el 1 de agosto de 2012, vendió a José Javier Ortube Laredo el 50% del mismo inmueble en la suma de Bs. 65.000.- hecho acreditado por la MPP-D8, consistente en el Testimonio N° 1084/2012 de la protocolización de un documento privado de transferencia del 50% del inmueble, registrado con la Matrícula 1011990022033.


La conducta desplegada se subsume en la definición típica del art. 337 del Código Penal, en razón a que vendió el 50% de un bien, que ya no era de su propiedad, es también antijurídica porque contraviene el art. 337 de Código Penal, en la modalidad de vender un bien ajeno y sin dicho accionar reprochable penalmente, se concluye que su conducta es culpable y pasible por lo tanto a recibir una sanción penal.


En el caso particular, no resulta necesario para configurar el delito de estelionato, que el documento privado de compraventa MPPD1 hubiese sido protocolizado e inscrito en Derechos Reales, conforme a la visión civilista de valides de los contratos traslativos de propiedad de bienes inmuebles, porque esta interpretación traería como consecuencia que muchas ventas estelionarias (realizadas mediante documentos privados) quedarían siempre en grado de tentativa en el iter criminis, pues para su consumación necesariamente se tendría que acudir ante un Notario de Fe Pública, para la protocolización de la venta. La venta evidenciada a partir de la MPPD1 no constituye una promesa de venta, sino que en ella se verifica ya una real venta de con comienzo de ejecución y consumación, son que sea necesaria la escritura pública traslativa de dominio para perfeccionarla, conforme exige la normativa civil. En el caso presente, configura el delito de estelionato, el silencio guardado por el vendedor respecto de la vigencia de un gravamen sobre el inmueble que enajenaba a tiempo de firmar el contrato MPPD1, al señalar expresamente en su cláusula tercera el inmueble es libre y alodial pero como vendedor saldré a la evicción en todo momento en la forma más amplia posible.” (sic).  


III.1.1.2. De la apelación restringida.


Apoyado en el art. 370 inc. 1) del CPP, el entonces apelante expresó agravio por errónea aplicación del art. 337 del CP, expresando que la Sentencia consideró que su conducta se subsumió a ese tipo penal “en razón a la venta realizada sin mencionar el gravamen existente” (sic), que su persona realizó un acto de disposición al querellante mencionando que el bien inmueble objeto de ese acto era libre y alodial “que hubiera simulad este extremo a través de la cláusula tercera del documento de fecha 04 de enero de 2011 y que se hubiera ocasionado un perjuicio patrimonial al querellante.” (sic).


Planteó que en caso de haber vendido el inmueble no se cumplieron las condiciones descritas por el art. 584 del Código Civil (CC), pues únicamente se recibió $us. 18.000.- de un total de $us. 40.000.- previamente acordados. Preciso que, una cuestión de estilo motivó la inclusión de la cláusula tercera del contrato, “que no es más la obligación que asumirá el vendedor a través del saneamiento y evicción” (sic). Concluyendo en la afirmación que su conducta fuera atípica dado que las formalidades exigidas para una venta no fueron presentes. 


III.1.1.3. Del Auto de Vista.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la resolución del primer agravio desarrollado por el entonces apelante, declaró la improcedencia del mimo, con los siguientes argumentos: 


“En el fondo tiene que ver indubitablemente con la subsunción del hecho acusado al derecho que hacen al comportamiento del sujeto activo del delito y que el tribunal del juicio no hubiese efectuado una correcta interpretación de la norma punitiva extrañada en criterio del apelante; empero, esa aseveración no resulta evidente; toda vez, que el Tribunal A-quo ha descrito de manera amplia cuál ha sido la adecuación típica respecto a la conducta desplegada por el recurrente, fundamentación que se halla descrita en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, dedicándole un amplio espacio en el subtítulo análisis del caso, por el cual el Sr. Demetrio Vedia el 4 de enero de 2012, ha procedido a la venta mediante documento privado, del inmueble ubicado en la zona de Tucsupaya a favor de Juan Carlos Paniagua, precisamente cuando el mentado inmueble se hallaba hipotecado desde el 4 de junio de 2004 por $us 50.000 a favor del Sr. Jorge Laredo, el cual no era de conocimiento del comprados pese haberse establecido expresamente que el inmueble era alodial y libre, que finalmente ocasionó a que el [querellante] sea posteriormente desalojado del inmueble, sin habérsele restituido $us. 18.00.- por el precio parcial que pagó. Entonces, no estamos ante un simple compromiso sino que la venta se ha efectuado respecto a un inmueble que estaba gravado al momento de la transacción y por el cual se pagó un monto parcial y es así que el Tribunal de juicio ha entendido al momento de establecer la subsunción extrañada, entonces el fundamento de la subsunción reclamada está expresada en la Sentencia en el comprendido dispuesto en el art. 337 del Código Penal.” (sic).  


II.1.2. Sobre el precedente contradictorio invocado.


El Auto Supremo 747/2014-RRC de 17 de diciembre, fue pronunciado a partir del recurso de casación interpuesto por FCHV, dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público y EBB por el delito de Estelionato, cuestionando que el Tribunal de apelación no consideró ni aplicó los precedentes contradictorios invocados sobre la falta de tipicidad, por en Sentencia se le atribuyó la comisión de ese delito a pesar -sostuvo- nunca vendió ni gravó un inmueble que no fuese de su propiedad. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia consideró que el “Tribunal de mérito efectuó una debida subsunción de la conducta del imputado al delito de Estelionato, por cuanto llegó a la convicción que el imputado a pesar de haber transferido el bien inmueble objeto del proceso a favor del acusador particular y su esposa la superficie sobre un porcentaje del total de la superficie había contraído una deuda con la garantía hipotecaria de la totalidad del referido inmueble, con lo que se tuvo acreditado que el recurrente incurrió en la acción típica del delito de Estelionato, cual es el de gravar un bien inmueble que parcialmente no le pertenecía; así como, se tuvo que de manera similar el imputado había vendido el mismo bien (que parcialmente ya no le pertenecía) por el total de la superficie, acomodando su accionar en la conducta típica de la de vender un bien inmueble ajeno, conclusiones con las que el citado Auto Supremo determinó que no existía contradicción entre la doctrina legal invocada por el recurrente en casación y los razonamientos asumidos por los Tribunales inferiores” (sic).


Dentro de la motivación y los razonamientos contenidos en el Auto Supremo descrito en relación a la comprensión brindada por el Tribunal Supremo de Justicia en torno a la configuración teórica del delito de Estelionato previsto y sancionado por el art. 337 del CP, se expresó:


“III.2. De los elementos constitutivos del Estelionato.


El tipo penal en análisis, se encuentra previsto en el art. 337 del CP, que a la letra dispone que “el que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco años (5) años”.


El referido tipo penal, se encuentra en el Título XII dedicado a los “Delitos contra la Propiedad”, Capítulo IV sobre “Estafa y otras Defraudaciones” del Código Penal, de donde resulta que el bien jurídico protegido es el de la propiedad; sin embargo, es imperioso resaltar que a diferencia de otras figuras delictivas previstas en el mismo Título, la tipificación de esta conducta está dirigida a garantizar el ejercicio del derecho propietario, no pudiendo alcanzar la protección a la sola posesión o detentación del bien, como ocurren en los delitos de Hurto o Robo.


Ahora bien, en cuanto a las acciones típicas que caracterizan a esta figura delictiva, están previstas las de vender, gravar y arrendar el bien mueble o inmueble, el mismo que constituye el objeto del delito, cuya característica es que esté embargado, gravado o que sea ajeno. Al respecto y con estricta relación al caso en concreto, el tratadista Carlos Creus1, estableció que: “Vende el que con las formalidades exigidas por ley (…) se obliga a trasferir a otro la propiedad de una cosa por un precio (…) no es indispensable que se haya efectuado la tradición de la cosa, ya que la venta a que se refiere el Código Penal es el respectivo contrato, no la adquisición perfecta del derecho real; pero no se puede decir que ha vendido quien sólo ha prometido la venta, como ocurre en los casos en que el contrato no se ha perfeccionado por falta de las formalidades legales (…) sin perjuicio de que el hecho pueda constituir estafa”, por otro lado “Grava el que constituye sobre la cosa un derecho real de garantía (hipoteca, prenda, anticresis)…”. Dentro de ese marco, se entiende que un bien es ajeno cuando pertenece en su totalidad a otra persona como aquel que sólo le pertenece en parte2, debiendo manifestarse en la acción del sujeto activo el conocimiento de dicha condición; es decir, que sepa que el objeto del delito no le pertenece en su totalidad o en parte y no obstante de ello aparente la condición de propietario con la finalidad de obtener un beneficio para sí en perjuicio de otrodenotando el dolo en el accionar, que de acuerdo a Carlos Creus3, el perjuicio se da, en los casos de venta, cuando se efectúa el pago del precio o al momento de la trasferencia del bien por el sujeto pasivo, ya que el dominio se adquiere sobre un bien del que no se podrá disponer libremente a causa de su condición.


Siguiendo al mismo autor, como todo fraude defraudatorio tiene que estar dirigido a inducir en error al sujeto pasivo sobre la condición del bien respecto del cual contrata, sea a través de un acto de ocultamiento o a través del silencio: el agente calla para que el sujeto pasivo no conozca la condición del bien y contrate como si ella no existiera o fuera distinta4.


A modo ilustrativo, vale la pena resaltar el razonamiento asumido en el Auto Supremo 486 de 18 de octubre de 1995, que estableció que: “…del análisis precedente, se comprueba incontrastablemente, que la recurrente (…) con argucia, embuste y ardid y en beneficio propio y con serios perjuicios de los querellantes, transfirió en favor de éstos, con la modalidad de venta con pacto de rescate el inmueble (…) en fecha 177 de octubre de 1989…con la apariencia engañosa de ser la legítima propietaria, siendo que ya en fecha 11 de julio de 1989 y bajo la misma modalidad (…) había vendido el referido inmueble (…) infiriéndose que la procesada sin el mínimo de escrúpulo y respeto a la majestad de la Ley y derechos de los querellantes, con su actitud adecúa su conducta en los tipos penales de los arts. 335 y 337 del Código Punitivo…”. (énfasis presente en el original)


III.1.3. Verificación de la existencia de contradicción con el precedente invocado.


Ciertamente la situación de hecho similar propuesta como contradictoria en este particular, se orienta a la realización de actos de disposición patrimonial sobre un bien inmueble, siendo que en el caso del Auto Supremo 747/2014-RRC de 14 de diciembre, se trató del acto de gravar y en autos se trata del acto de vender; sin embargo, más allá de tal precisión, se destaca que parte del razonamiento del precedente invocado se orienta a establecer cuál el ámbito de lesión sobre independientemente del acto estelionario- el bien jurídicamente tutelado, así pues, el Fallo en cuestión identifica que el Estelionato se ubica dentro de la familia de delitos cuyo bien jurídicamente protegido es la propiedad y establece que su aspecto especializante se orienta a garantizar el ejercicio del derecho propietario.


El Tribunal de apelación consideró que los de instancia habían realizado una correcta subsunción de los hechos al tipo, viendo que la secuencia de actos y el transcurso del tiempo “ocasionó que Juan Carlos Paniagua sea posteriormente desalojado del inmueble adquirido sin habérsele restituido $us 18.000, por el precio parcial que pagó” (sic); es decir, que el acto desplegado por el imputado en la disposición patrimonial del inmueble objeto del proceso, en los hechos ocasionó que el derecho propietario del querellante, no sólo se vea afectado potencialmente (ello en el solo supuesto de haberse realizado la venta de un bien anteriormente gravado) por el estado hipotecario o de gravamen del bien, sino materialmente neutralizado por haber atravesado un proceso posterior de desapoderamiento.


Destacar que el estelionato es una estafa especializada por el engaño, que puede consistir en aparentar que el bien que se vende es propiedad del agente, cuando en los hechos no lo es, fingiendo poseer la propiedad del bien de manera engañosa, o en otros casos, no se brinda información sobre las limitaciones (gravamen, hipoteca, etc.), para el ejercicio pleno del derecho propietario, situación que tiene que estar dirigida a inducir en error a la víctima sobre la condición del bien, callando u ocultando tal carga y contrate como si ella no existiera o fuera distinta. Debe tenerse presente que el silencio sobre la situación jurídica (gravamen, hipoteca, etcétera) del bien objeto de la transacción, es un elemento suficiente para calificar tal conducta como Estelionato; ya que, quien vende, se encuentra en posición de garante respecto a la transmisión de la propiedad y al ejercicio pleno y libre del bien por parte del comprador. Esta particularidad se explica en la necesidad de actuaciones de buena fe en toda transacción mercantil o comercial para con el tráfico comercial, imponiendo al que vende una cosa a informar de manera obligatoria tanto sobre la titularidad del bien como de su situación jurídica, pues es de afirmar que en los casos en los que dicha información no sea presente en el negocio, el comprador considerará como integrante del patrimonio del vendedor y libre de todo gravamen el bien que le ofrece a la venta.



Los Tribunales inferiores identificaron dos acciones que configuraron la adecuación típica al delito de Estelionato, por una parte la venta de un bien gravado y por otra la venta de un bien ajeno, ambas realizadas por el propio imputado y cuyo efecto determinó la lesión restrictiva del derecho propietario del querellante; de tal cuenta, las alegaciones expuestas por el recurrente que acuden a la observancia de formalidades para el perfeccionamiento de una venta, no atenúan de forma alguna las conclusiones arribadas por las instancias inferiores, habida cuenta que la apreciación sobre los hechos probados, en efecto conducen a la afectación material sobre el ejercicio del derecho propietario del querellante sobre el bien inmueble objeto del proceso, siendo indistinto en el presente caso- que se haya efectuado pagos parciales sobre el mismo, pues teniendo presente que el acto de disposición del bien fue realizado en enero de 2011, sumado a la existencia de un gravamen registrado en la gestión 2004 y el final desapoderamiento el 2013, es visible que actos de protocolización propios del derecho civil, si bien adscriben a la formalización de actos jurídicos, no merma la solidez de los elementos constitutivos del tipo en el caso de autos, más cuando, la lesión emergente de los actos desplegados por el imputado, son evidentes y por ende ajustables a la descripción típica del art. 337 del CP, por lo cual los argumentos expuestos por el Tribunal de apelación no son contrarios a las consideraciones existentes en el Auto Supremo 747/2014-RRC de 14 de diciembre.   


III.2. Segundo motivo.


El recurrente calificó de incorrecta la conclusión del Tribunal de apelación referida a la falta de mención de los elementos de la sana crítica inaplicados o erróneamente aplicados en la Sentencia. Sostiene que la declaración de Armando Torrelio Mendoza fue determinada como creíble; empero, sin haberse tomado en cuenta que en la misma se afirmó que los querellantes tenían conocimiento del gravamen, tópico que también sucedería con la atestación de Alberto Llanos.

Añade que en el memorial del recurso de apelación restringida señaló la vulneración a la lógica y experiencia, en sentido que: “es ilógico pensar que un comprador de un inmueble, no tenga conocimiento de un gravamen registrado 7 años antes, cuando la experiencia…demuestra que todas las personas que adquieren un inmueble lo primero que recurren es verificar la existencia de gravámenes más aun cuando el querellante es una persona dedicada a este rubro” (sic). Tal ejemplo, hiciera evidente que lo expresado por el Auto de Vista impugnado no sea correcto, omisión que pide sea reparada por el Tribunal de casación, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo.

III.2.1. Antecedentes procesales.


III.2.1.1.  De la apelación restringida.


En su recurso de apelación restringida el recurrente sobre este motivo en particular, expresó concurrencia del defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, denunciando la errónea aplicación del art. 173 del mismo compilado procesal penal, apoyado en las conclusiones de la Sentencia, en sentido que no se demostró que el querellante haya tenido conocimiento del gravamen pesado sobre el bien a momento de realizada la compra, se cuestionó  que sobre las atestaciones de Armando Torrelio Mendoza y Freddy Llanos Martínez, pese a haber sido declaradas creíbles no se tomó en cuenta que ambas coincidieron sobre el conocimiento del gravamen por parte de Juan Carlos Paniagua Lupa. Planteó que tal contradicción fuera vulneró a la lógica y la experiencia, afirmando que “todas las personas que adquieren un inmueble, lo primero que hacen es verificar la existencia de gravámenes o cargas, más aún cuando el querellante es una persona dedicada a este rubro, la compra venta de bienes inmuebles, por lo tanto no se puede afirmar que…desconocía los gravámenes que tenía el inmueble.” (sic).


III.2.1.2. Del Auto de Vista.


El Tribunal de apelación, sobre aquel agravio expresó:


“…cuando se ataca defectuosa valoración probatoria necesariamente se remite al contenido del art. 173 de la Ley adjetiva Penal, que se hallan relacionadas a las reglas de la sana crítica, lo que obliga al recurrente a precisar fundadamente de forma clara cuál de las reglas de la sana crítica han sido vulneradas, cuáles los razonamientos contrarios a la lógica, experiencia o psicología fueron inobservadas conforme a la línea marcada en el AS 214 de 28 de marzo de 2007, que sobre el tema refiere en lo pertinente …obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. En la especie, el argumento del recurrente resulta inconsistente, se trata de una alegación que no contiene en lo absoluto cuáles las reglas de la sana crítica han sido inobservadas u obviadas por el tribunal de juicio al emitir la sentencia condenatoria, reduciendo su argumento señalando que las atestaciones de Armando Torrelio Mendoza y Freddy Llanos Martínez, además de contradictorias, habrían defectuosamente sido valoradas. Por consiguiente, no habiendo proporcionado los insumos necesarios para realizar mayor consideración, este segundo motivo deviene en improcedente.” (sic).  


III.2.2. Doctrina legal contenida en el precedente contradictorio invocado.


El Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, fue emitido dentro del recurso de casación interpuesto por JCCH dentro del trámite penal por los delitos de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Daño Calificado. En lo pertinente de aquel recurso cuestionó la adecuación al primer delito expresando que no se había demostrado sus accidentes especiales (presencia de una banda o cuadrilla, daño recaído sobre cosa de valor artístico, arqueológico, científico, histórico, religioso, militar o económico), así como expresar que su recurso de apelación restringida fue declarado inadmisible por supuesto incumplimiento de los arts. 396 inc. 3), 407 y 408 del CPP. La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el análisis de fondo considero que “El Tribunal de Alzada, no obstante la denuncia expresa formulada por la recurrente, se limitó a realizar una revisión superficial e inadecuada del memorial de recurso de apelación restringida, sólo con respecto a los requisitos formales”; motivando se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


Constituyendo un derecho fundamental el "derecho de impugnación", conforme garantiza el 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) que coincide con art. 8.2 inc. h) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Tribunales de Alzada que conozcan recursos de apelación restringida, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso, revisando que el mismo se haya desplegado sin la concurrencia de vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales, que según el art. 169 inc. 3) del CPP, constituyen defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación; empero, estos tienen que ser denunciados al interior del proceso.”


III.2.3. Verificación de la existencia de contradicción con el precedente invocado.


El planteamiento dispuesto por el recurrente en este particular no condice a la situación de hecho que motivó la emisión del Auto Supremo 085/2013-RA de 4 de mayo, pues en este último caso como se describió anteriormente, la denuncia fue originada en la restricción del ejercicio del derecho a la impugnación; de ahí se explica la presencia del art. 180.II Constitucional en doctrina legal, además de tenerse presente que en aquel caso se denunció la declaratoria de un caso de inadmisibilidad en apelación restringida sobre el planteamiento de un agravio de errónea aplicación de la Ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP.


En el caso de autos, con el antecedente de haberse planteado un agravio de errónea valoración de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, se cuestiona la forma en la que el Tribunal de apelación dio respuesta a esa denuncia, situación de hecho que es distinta a la del precedente contradictorio invocado, viéndose también que tampoco es coincidente con la eventual aplicación de una misma ley con alcances diversos.


Se debe tener presente también que la exigencia de plantear cuál de las reglas de la sana crítica hubiera sido, eventualmente, vulnerada a partir de una errónea valoración de la prueba, no es una formalidad nula o vacía, pues obedece al diseño procesal de nuestro sistema procesal penal, que basado en la oralidad, la inmediación y establecer taxativamente como una forma de resolución el juicio de reenvío, hace que una eventual valoración del acervo probatorio en segunda instancia sea, indiscutiblemente prohibida. Ahora bien, debe tenerse también presente que si por efecto del art. 173 del CPP, el sistema de valoración de la prueba se orienta en las reglas de la sana crítica, el control en fase de apelación se orienta a la revisión de legalidad y validez lógica de la Sentencia.


Lo anterior pretende expresar que, partiendo del hecho que por fundamentación se exige un texto (fallo o sentencia) compuesto de un argumento final (sobre el que se aplica la Ley sustantiva) compuesto a partir de varias premisas o enunciados que conducen a ese argumento final dentro de esquema lógico-formal, su validez a efectos de control en apelación restringida se enfoca a la comprobación (emergente de una petición expresa) de parte de la autoridad jurisdiccional de su propia racionalidad, por cuanto una conclusión final será verdadera (y jurídicamente válida) si está construida sobre premisas o enunciados verdaderos, caso contrario, es decir, si sobre ellos se demuestra su falsedad o bien en la relación de premisas y conclusiones se demuestra contradicción (emergente de una defectuosa valoración) se supondrá de manera racional y materialmente demostrable que la conclusión final es incorrecta. Aspectos que, como sucedió en el caso que ocupa este Auto Supremo y tal cual aseveró el Tribunal de apelación no condice a lo expresado en el recurso de apelación restringida. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Demetrio Vedia Quispe.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos