TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 805/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                        Chuquisaca 6/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y René Carlos Rivera

Parte Imputada                : Erick Ronald Frías Sardán

Delito                        Abuso Sexual

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de enero de 2018, cursante de fs. 406 a 424 vta., Erick Ronald Frías Sardán, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 008/18 de 8 de enero de 2018, de fs. 368 a 375 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y René Carlos Rivera contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


  1. RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 017/2017 de 21 de abril (fs. 302 a 317 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Ronald Erick Frías Sardán autor de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio, más el pago de costas averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ronald Erick Frías Sardán (fs. 324 a 341 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 008/18 de 8 de enero de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida e incidental; en consecuencia, dejó incólumes las Resoluciones apeladas, motivando la interposición del presente recurso.

       

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 297/2018-RA de 7 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Contradicción entre el Auto de Vista 008/18 y los Autos Supremos 202/2013 de 16 de julio, 308 de 25 de agosto de 2006 y 217/2014-RRC de 4 de junio, que brindasen lineamientos sobre la labor de valoración de la prueba de parte de Jueces y Tribunales de Sentencia, así como, la competencia y deber de los Tribunales de apelación en los supuestos de denuncia de yerros en esa valoración. Se adujo que el Auto de Vista fue contrario a esas doctrinas; por cuanto, omitió el control sobre la valoración integral de la prueba, haciendo simple referencia a la valoración individual de descargo, sin verter criterio sobre la no consideración de las atestaciones descargo pese a ser declaradas creíbles y las razones de por qué el testimonio de la víctima resulta creíble si otras pruebas concluyeron que el test de credibilidad y la pericia fueron defectuosas.


  1. Sobre la negativa del Tribunal de apelación de considerar el defecto absoluto de vulneración del derecho a la defensa [arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), 209 y 210 del CPP] por haber la Sentencia tomado en cuenta una pericia que se afirma no se le notificó, el recurrente pretende la censura del Auto de Vista 008/2018. En este particular cuestiona que el trámite otorgado a la realización del Dictamen Pericial Psicológico MP.DP- 7 y el trato procesal brindado (negativa de considerar su exclusión probatoria alegando preclusión de derecho) restringió su derecho a la defensa, dado que limitó su defensa en juicio oral; y, neutralizó su derecho a cuestionar y proponer puntos de pericia.


  1. Denuncia de defecto absoluto por ausencia de fundamentación y motivación del Auto de Vista cuestionado, lesionando la garantía del debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva contenidos en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en la vertiente del derecho a una resolución motivada y congruente. Se expuso que los motivos tercero y cuarto del recurso de apelación restringida fueron declarados improcedentes a partir de una fundamentación insuficiente e incompleta; toda vez que, en el caso del tercer motivo, se omitió dar respuesta al reclamo de inexistencia de valoración probatoria conjunta, respondiendo que la misma se hallase (fs. 309 a 315), cuando ello no fuera evidente; y, para el cuarto motivo, sobre vulneración a los elementos de la lógica y la ciencia en torno a la valoración de las pruebas MP.DP-7 Dictamen Pericial Psicológico y el “Contraiforme Pericial”, el Tribunal de alzada no exhibió respuesta.


  1. Contradicción a la doctrina legal del Auto Supremo 270/2013-RRC de 17 de octubre, por su incumplimiento, ya que a pesar de que la misma dispone la obligación de los tribunales de apelación de resolver denuncias de defectos de sentencia basadas en consideración de medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, a partir del ejercicio de determinar si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida se hallase fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico, el Auto de Vista 008/18 omitió la labor de “ponderación o evaluación de si la prueba alegada como ilegal tiene o no el carácter de esencial” (sic), brindando en contrapartida argumentos esquivos. De este modo, se precisa la situación de hecho similar reputada como contradictoria, cumpliendo las exigencias que la norma procesal dispone para este tipo de casos.    


I.2. Petitorio.


Solicitó que previa admisión de su recurso el mismo sea declarado fundado en todos sus motivos, para luego el Tribunal de casación deje sin efecto el Auto de Vista 008/2018 de 8 de enero, disponiendo la emisión un nuevo que cumpla con las exigencias de fundamentación y contradicción alegadas.


   II. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


El Tribunal de Sentencia Tercero en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 21 de abril  de 2017, pronunció la Sentencia 017/2017, a través de la cual declaró a Ronald Erick Frías Sardán autor de la comisión del delito de Abuso Sexual (art. 312 del CP), imponiendo la pena de diez años de presidio. La decisión de esta instancia tuvo como conclusión principal que: “…el acusado realizó el abuso sexual en la menor utilizando (fuerza física), al haberse echado encima de ella, le ha sacado su busito y besarla, sino que también le pidió que se callara y que durmiera, aprovechó que estaba sola en su cuarto, es decir la situación que el mismo creo al saber que la menor se encontraba sin la compañía de su y que la hermana mayor estaba en otra habitación y causó temor en la menor que en ese momento le suceda un mal mayor o algo peor, ya que estaba en una situación de vulnerabilidad, a merced de su agresor, violencia e intimidación que son elementos objetivos del tipo penal descrito por otra parte, se tienen que el sujeto activo cumplió con la finalidad que perseguía, es decir consumó el hecho, cual era realizar actos sexuales” (sic).  


II.2.  De la apelación restringida.


En grado de apelación restringida por actuación saliente de fs. 324 a 341 vta., el imputado planteó: a) Apelación incidental contra el Auto que resolvió los incidentes de exclusión probatoria alegando errónea interpretación el art. 172 del CPP, vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso en su vertiente de legalidad por incumplimiento de los previsto en los arts. 172, 169, 204, 205, 208, 209 y 210 de la misma norma procesal e inobservancia de los incs. 2) y 3) del art. 169 en el CPP; y, b) Apelación restringida, denunciando que la sentencia se basó en un elemento incorporado ilegalmente al juicio, nulidad absoluta por defecto relacionado  a la obtención de la prueba MP.PD7, Dictamen Pericial Psicológico, insuficiente fundamentación de la sentencia y finalmente que ella se basase en una defectuosa valoración de la prueba.


II.3.  Del Auto de vista impugnado.


La acción recursiva fue resuelta por Auto de Vista 008/18 de 8 de enero de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida e incidental; en consecuencia, dejó incólumes las Resoluciones apeladas y persistente la condena impuesta.


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


      III.1 PRIMER MOTIVO


- contradicción del Auto De Vista 008/18 de 8 de enero, con los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006, 217/20147-RRC de 4 de junio y 202/2013 de 16 de julio-


El recurrente plantea que el Auto de Vista que impugna resulta contradictorio a:


  1. Auto Supremo 202/2013 de 16 de julio, del cual es transcrita una porción, en la que se resalta que ante la denuncia de insuficiencia fundamentación de la sentencia el Tribunal de apelación tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de validez contenidos en el art. 173 del CPP, marco en el que se determinará si en sentencia se “rigió el acto procesal de la valoración armónica y conjunta de la prueba” (sic).


Tal entendimiento en perspectiva del recurrente- sería contrario a lo visto en el caso de autos, pues en Sentencia no se realizó “confrontación probatoria alguna” (sic) tomando solamente en cuenta las pruebas de cargo y en apelación restringida se omite la obligación de controlar y verificar de haberse realizado la valoración integral y conjunta de la prueba.


  1. Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 217/2014-RRC de 4 de junio, que precisan que la autoridad de grado se halla obligada a una valoración individual y confrontativa con el universo probatorio, actos que deben ser plasmados en la argumentación de la sentencia y sobre la que se realizará un eventual juicio de legalidad por la autoridad procesalmente superior. Como de igual forma orientan que una vez asignado el valor individual de la prueba, la autoridad que emita sentencia, debe apreciar ese valor en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba, sin que tal operación pueda ser ejercitada por los Tribunales de apelación, por restricción del principio de inmediación.


El Auto de Vista impugnado, toma una dirección contraria a esa doctrina legal ya que omite su deber de control sobre la valoración probatoria conjunta de la prueba en sentencia, empero solo “hace referencia y justifica la valoración individual de la prueba de descargo y omite pronunciarse sobre la valoración conjunta y armónica sobre la confrontación sobre la confrontación del universo probatorio, no hace referencia alguna a que todas las conclusiones de la sentencia fueron basados solo en la prueba del Ministerio Público y la víctima” (sic). Cuestiona la no inclusión de las aseveraciones de los testigos de descargo pese a ser declaradas creíbles y por qué el testimonio de la víctima resulta creíble si la “contrapericia” ejercitada por la defensa concluyó que el test de credibilidad y la pericia fueron defectuosas.


II.1.1.        Doctrina legal contenida en los precedentes contradictorios invocados.


En el Auto Supremo 202/2013 de 16 de julio, la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que la denuncia de infracción al art. 124 del CPP, planteada por uno de los recurrentes, era evidente, pues el Auto de Vista recurrido poseía argumentos insuficientes frente a los agravios de apelación restringida referidos a errónea valoración de la prueba, lo que determinó se deje sin efecto el fallo impugnado y se siente la siguiente doctrina legal aplicable:


Es indiscutible que la apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba puesto que en el sistema procesal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; sin embargo, esa limitación no significa que no sea procedente el control del iter lógico que ha seguido el Juzgador o que el Tribunal de Apelación, no obstante la denuncia expresa contenida en el recurso de apelación restringida, se encuentre impedido y/o carezca de competencia para examinar la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia y con ello la de la aplicación de la sana crítica y sus componentes, en la eventualidad de que el Juzgador haya podido caer en errores de logicidad.


En efecto, denunciada la insuficiente fundamentación de la Sentencia y la defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada, en aplicación de los arts. 407, 413, 414 y 398 del CPP, tiene competencia para pronunciarse no sólo sobre la aplicación o no de la ley sustantiva; sino también, sobre el cumplimiento de los requisitos de validez contenidos en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal y en ese marco, determinará si el Tribunal o Juez de Sentencia explicó por qué aplicó una norma o por qué no lo hizo y si rigió el acto procesal de la valoración armónica y conjunta de la prueba a sus reglas fundamentales: la lógica, la psicología y la experiencia, dentro del marco de razonabilidad y equidad previsibles para decidir de forma congruente, consignando por escrito; es decir fundamentado, las razones que lo condujeron a la decisión. En todo caso, el resultado de un razonamiento que quebrante cualquiera de esos principios tiene el efecto de insuficiente fundamentación exigida en el artículo 124 del CPP.


En cuanto al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, frente a la denuncia de la existencia de defectos de la sentencia conforme el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP y la actuación del Tribunal de apelación dando una respuesta imprecisa que no condijo a los argumentos planteados por el entonces apelante, la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, consideró que los arts. 124 y 398 de la Norma Penal Adjetiva no fueron observados por el Tribunal inferior, a cuya consecuencia se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma "sana", esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y "crítica" es decir que, con base en los "criterios de verdad" otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal, de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente, debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca, de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para el posible control de legalidad ulterior.


Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el Ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal.”


Finalmente el Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, emitido a partir del recurso de casación interpuesto por AVG en el trámite penal seguido por el Ministerio Público y otra en su contra por el delito de Violación (art. 308 del CP), la Sala Penal declaró fundado el motivo referido a la falta de resolución de una apelación incidental opuesta en tiempo y forma correctas, al verificar la certeza de las alegaciones expuestas, dejando sin efecto el Fallo recurrido y sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“Sin embargo, de una lectura integral del Auto de Vista impugnado, se evidencia la falta de pronunciamiento respecto a la apelación incidental formulada por la parte imputada; ya que, el Tribunal de alzada centró su fallo únicamente en los puntos de la apelación restringida. De ello se deduce, que la labor del Tribunal de alzada es ofrecer una razonable exposición de motivos, así como de responder los mismos, pues debe circunscribir su Resolución a los puntos apelados, fundamentando cada punto de impugnación, obligación que debe cumplir ineludiblemente, lo contrario significaría vulneración a los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso; concluyéndose en el caso presente, en la existencia de una evidente falta de pronunciamiento a la apelación incidental invocada por el recurrente.”

III.1.2. Relación de antecedentes procesales.


Emitida la Sentencia 017/2017, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, planteando cuatro agravios, dentro de los cuales el tercero fue intitulado “Insuficiente Fundamentación de la Sentencia” (sic) amparado en el art. 370 inc. 5) del CPP, y señalando que el art. 124 en relación a los arts. 173 y 359 de la Ley Adjetiva Penal, fueron erróneamente aplicados. Alegó, que le fue impuesta una pena “sin haber fundamentado de manera suficiente su resolución, ya que se puede advertir que el tribunal de manera evidentemente arbitraria, olvidó que mi persona ejerció defensa de una supuesta valoración integral de la prueba el tribunal solo fundamento sus conclusiones en base a toda la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público [sin siquiera hacer] mención o alusión alguna respecto a toda la prueba de descargo” (sic). Precisó que no se había hecho mención a las aseveraciones de descargo (que referirían no estaba presente en el lugar del hecho) como tampoco al “contrainforme Psicológico” (sic) de la que se desprendió que el estudio de credibilidad sobre el testimonio de la víctima no fue correctamente elaborado y sus conclusiones fueran incorrectas.


Expuesto el agravio el Auto de Vista 008/2018, lo declaró improcedente, con el siguiente argumento:


“Tal aseveración no es evidente, por cuanto examinado…la Sentencia confutada, el Tribunal de juicio se ha referido y pronunciado en torno a las pruebas de descargo, así constan de fs. 309 vta. A 315 refiriéndose primero a las pruebas de descargo testificales, periciales, contra informe psicológico otorgándoles el valor correspondiente a cada uno de ellos o sea que no es evidente que no se haya pronunciado sobre ellos. Por otro lado, se acusa que no fueron valorados como correspondía; sin embargo, no nos dice qué reglas de la sana crítica han sido inobservadas por el Tribunal de grado si las de la ciencia, lógica y experiencia conforme a la doctrina y el propio art. 173 del CPP, extraña que el apelante señale por una parte que el tribunal no se hubiese referido sobre la prueba de descargo y por otra que únicamente valoró las de descargo, pero en concreto no fundamenta tampoco si la Sentencia se ha basado en insuficiencia probatoria o contradictorio razonamiento de las pruebas al invocar como norma habilitante el art. 370 inc. 5) del ritual de la materia.” (sic).


III.1.3.        Análisis de situación de hecho similar y verificación de contradicción pretendida.


De entrada recordar que la principal impronta de nuestro sistema procesal penal es constituida por los principios de inmediación, contradicción y continuidad, son ellos los que distinguen el sistema acusatorio y delimitan por ende sus demás componentes. Una característica de este tipo de sistemas, trasunta en que en rigor no existe segunda instancia (entendiendo instancia como el escenario de  debate sobre el mérito de pruebas) sino una etapa de control de legalidad y racionalidad, abierta a partir del recurso de apelación restringida y reatada a los principios de intangibilidad de los hechos e intangibilidad de las pruebas. Asimismo, es propio a este tipo de sistemas el juicio de reenvío como fórmula de resolución; lo que significa que en grado de apelación y subsiguientes fases procesales, no es posible la emisión de un fallo sobre el fondo u objeto del proceso, dicho de otro modo no es posible dictar una nueva sentencia. 

Es lógico entonces que la actividad recursiva a oponer contra la Sentencia, por un lado no se halle abierta a la discrecionalidad (o la sola argumentación de un agravio) sino tasada en Ley a ciertas condiciones y situaciones (de ahí la propia nomenclatura de restringida) exigiendo a quien recurre no solo la justificación de sus motivos, el señalamiento de la norma, sino que ambos asuman un cauce no contradictorio y sean congruentes el uno del otro, aspecto que no ocurrió en los actos que anteceden al presente motivo y que fueron de modo debido identificados por el Tribunal de apelación.


Delimitando el ámbito procesal de esta problemática, se tiene que en apelación restringida el hoy recurrente invocó el art. 370 inc. 5) del CPP, (que describe a un defecto los casos en los que “Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria”), vinculando tal norma a una supuesta lesión de los arts. 173 y 359 también del CPP, referidos ambos a las formas en las que la prueba debe ser abordada por la instancia de mérito y junto a ello se expuso un reclamo básico y constante: el supuesto de no haberse considerado (descriptiva e intelectivamente) la prueba de descargo producida, matizado por la referencia a una testifical y las conclusiones de un informe pericial realizado sobre la prueba MP PD 7.


Como es visto, la plataforma procesal escogida por el entonces apelante no es condicente a los argumentos y hermenéutica acogida por el recurso de apelación restringida a partir de un señalamiento procesal expreso (referido como norma habilitante) que es el inc. 5) del art. 370 en el CPP, discurre hacia cauces alejados de este dispositivo legal.


Esencialmente motivación en apelación restringida se compone de modo estimativo y sugerido- de tres elementos: 1) Los requisitos procesales, que son las condiciones que exige la norma procesal para habilitar el recurso; ya sean cuestiones básicas como plazo o los llamados requisitos de fondo, entendidos como la forma exigida de realizar el planteamiento, presentes en lo que a apelación restringida toca en los arts. 707 y 408 del CPP; 2) Los agravios, entendidos como los reclamos o reproches que la parte considere afecte sus intereses; y, 3) La fundamentación de cada motivo que es la conjunción argumentativa entre las dos primeras.


La motivación entonces, no solo brinda orden y estructura la acción recursiva, sino también, delimita la competencia del Tribunal de alzada. Por el principio de indisponibilidad de las normas procesales, presente en el art. 17 LOJ la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; empero, tal revisión no es aplicable a los Tribunales de alzada (apelación y casación)  pues la misma norma en su segundo parágrafo impone que En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; es decir, que el tribunal debe limitarse a lo solicitado por las partes de manera exclusiva y restrictiva.


En autos, el Tribunal de apelación declaró la improcedencia del tercer motivo de apelación restringida en correspondencia a la forma en la que fue expuesto, por una parte, consideró que no era evidente que la sentencia no se haya referido a la prueba de descargo (recuérdese que buena parte del motivo el reclamo se basó en la simple ausencia de consideración sobre esa prueba), así como detectó dos inconsistencias, por un lado la imprecisión en las posibilidades escogidas por el recurrente en torno al art. 370 inc. 5) del CPP y por otro la no argumentación sobre una eventual errónea valoración de la prueba.


Ahora bien, dejar establecido que una cosa es que falte la fundamentación probatoria intelectiva, esto es que el tribunal no entró a valorar la prueba; y otra distinta es que entre a valorar esa prueba, pero en errónea aplicación de las reglas de la sana crítica. La Sala considera que si se argumenta falta, contradictoria o insuficiente fundamentación [descritas en el art. 370 inc. 5) del CPP] cuando la Sentencia se encontrase motivada y el agravio se asiente en la forma de valoración de la prueba [propio al inc. 6) del art. 370 en el CPP], se presenta una imposibilidad de analizar las cuestiones propuestas, no solo por la distinción de la norma procesal habilitante, sino que en el fondo cada una de esas formas posee un tipo de argumentación distinta y excluyente, tal cual lo precisó el Tribunal de apelación.


En tal sentido, la contradicción pretendida por el recurrente carece de asidero, por cuanto la situación de hecho similar en este particular (descrita y analizada en los párrafos que preceden) no coincide con las existentes en los precedentes contradictorios invocados, pues: para el caso del Auto Supremo 217/2014-RRC de 4 de junio, se emitió doctrina legal a partir de haberse omitido la resolución de un recurso de apelación incidental. En lo que son los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 202/2013 de 16 de julio, se tratan ambos de omisiones en respuesta y fundamentación insuficiente  a los agravios planteado en apelación restringida; es decir, se reclamó una omisión formal y la doctrina legal emitida tuvo esa correspondencia, lo que no condice a los antecedentes del presente caso, por cuanto la respuesta del Tribunal de apelación, es evidente y fue brindada en correspondencia a la forma de planteamiento del recurso, así como a la propia doctrina legal antes enunciada; ya que, si bien existe el deber de control de legalidad y logicidad sobre la Sentencia, tal deber no opera de oficio (como pretender exigir el recurrente) sino se basa en la petición de la parte que recurre y la posibilidad que la norma escrita posea, aspectos que como se tiene ampliamente expuesto no sucedió en este motivo.


III.2. SEGUNDO MOTIVO


-Defecto absoluto por vulneración del derecho a la defensa emergente de la consideración de declarar precluido el derecho a plantear incidente de exclusión probatoria-


Apelando a la flexibilización de requisitos de admisibilidad del recurso de casación, por vulneración al derecho a la defensa, el recurrente alega que tal derecho fue vulnerado al haberse declarado precluida la oportunidad de excluir la pericia psicológica en juicio oral, sin que ninguna norma prohíba que ese ejercicio procesal sea realizado en esa etapa. Asimismo, refiere que el momento idóneo para la práctica de exclusiones probatorias, es justamente el juicio oral; ya que, en fases anteriores únicamente se cuenta con elementos de convicción. Precisó que el derecho a la defensa postulado por los arts. 115.II y 117.II de la CPE, fue restringido, pues ilegalmente se limita la oposición de exclusiones probatorias en juicio oral, fase idóneamente única, para ese fin; así como, neutraliza los medios defensivos expresados en los arts. 209 y 210 del CPP, estos son, objetar y proponer puntos de pericia.


III.2.1. Relación de antecedentes procesales.


  1. En juicio oral el recurrente planteó incidente de exclusión probatoria sobre las codificadas MP.PD 5 y MP.PD 7, cuestionando en el primer caso, que es la entrevista al padre de la víctima por haber sido realizada por un funcionario policial; y, en el caso de la segunda, que es el requerimiento de designación de perito emitido por el Ministerio Público el 20 de noviembre de 2014, por no haber sido puesto en conocimiento del imputado, restringiendo de tal cuenta la posibilidad de proponer puntos de pericia o cualquier ejercicio de defensa.


  1. Por Auto de 266/2016 de 26 de agosto, el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital, declaró infundados aquellos incidentes de exclusión probatoria; ocurriendo que con relación a la cuestionada prueba MP.PD 7, se expusieron los fundamentos que se detallan a continuación:


“…la acusación presentada por el Ministerio Público, es de fecha 30 de noviembre de 2015 y es después de que se realizó una etapa investigativa en el juzgado cautelar número 1 y que el acusado tenía todas las vías legales para impugnar sobre la pericia realizada y no lo hizo, que ya encontrándose identificado dentro del presente proceso [tenía] la obligación de realizar un seguimiento sobre la denuncia realizada en su contra y de la testificación de la Investigadora Asignada, señala que el acusado se escondía no se hacía encontrar para poder notificar con algunos actuados, por lo tanto tiene una tramitación sujeta a una Ley Especial  como es la Ley 348, que la referirse a la prueba de cualquier documento que conduzca al conocimiento de la verdad entre, las que se encuentra la pericia psicológica, por ser un documento idónea en su obtención que puede conducir al conocimiento dela verdad y que de la misma manera el art. 4 inc. 11) de la Ley 348, señala sobre la informalidad, resultando ser un incidente infundado.” (sic).


  1. Más adelante emitida la Sentencia 017/2017, el imputado argumentó apelación incidental contra Auto de 266/2016 de 26 de agosto, señalando en suma que, “…durante la etapa preparatoria las partes no pueden interponer exclusiones probatorias excepto si el juez cautelar tiene que resolver o emitir algún pronunciamiento valorando dicha prueba alegada de ilegal.” (sic).


  1. El Auto de Vista 008/2018, declaró la improcedencia de esa acción señalando:

“…la posibilidad de formular exclusiones probatorias se halla regulado de forma general en los arts. 272 con relación a los arts. 167, 169 y 314 del Adjetivo Penal; ninguna señala algún momento en el que pueden ser planteadas; empero, también el art. 5 del ritual de la materia de forma categórica establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías, desde el primer acto del proceso sindicado en sede judicial o administrativa. Bajo ese contexto, se entiende que el imputado tiene desde la primera sindicación a posibilidad de asumir su defensa, en este caso de formular incidentes si acaso creyó que sus derechos estaban siendo vulnerados como el que se acusa; sin embargo no lo hizo, de ahí que las autoridades recurridas al haber fundamentado señalando que el acusado tenía las vías legales para impugnar sobre la pericia realizada y no lo hizo pese estar identificado dentro el presente proceso y por tanto asumió conocimiento desde el estado en que estuvo.” (sic).


III.2.2.  Análisis del caso en concreto.


De inicio la Sala aclara que casación no es el escenario para revisar decisiones inferiores que hayan abordado cuestiones incidentales, pues evidentemente uno de los fines del recurso de casación se asienta en la unificación de las formas en las que la Ley es aplicada; y ello, es una cuestión de fondo, por lo cual toda ocasional revisión de un aparente defecto absoluto no susceptible de convalidación debe ser entendido, a partir que el mismo tenga relación directa con el fondo del proceso, esto es, la aplicación de la Ley sustantiva, tal como se propuso en el presente motivo.


Dentro del contexto normativo, esto es, la consideración de la ubicación de los defectos procesales en el texto de la Ley 1970, emerge como lógico suponer que un defecto emana de los actos realizados o bien llevando a cabo el procedimiento o bien las decisiones que sean basadas en actos que transgredan las cuatro causales de defecto absoluto. La Sala dirá, que un defecto absoluto es una actuación procesal que se configura cuando no se aplique la norma procesal acorde con lo normado por Ley, siempre y cuando el acto no sea susceptible de convalidación y cuando el acto genere la vulneración de un derecho o garantía constitucional. En este punto es necesario apuntar que aquellas vulneraciones, no son enunciativas, por cuanto la cautela del procedimiento no procura la aplicación rigurosa de la forma procesal, sino recuerda que su estructuración al contrario busca preservar y proteger aquellos derechos, de modo que necesariamente a fines de determinar la existencia de un defecto absoluto, la presencia de una vulneración, negación o restricción a un derecho debe ser ostensiblemente cualificable.

 

El Código de Procedimiento Penal, enfatiza que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto a lo largo del curso del trámite, sin que se establezca limitaciones sobre el particular, más allá claro de las propias reglas que la norma establece. En el caso de la actividad probatoria, si bien la misma se halla circunscrita expresamente a la fase de juicio oral, no es menos cierto que la potestad de promover las diligencias que se crea pertinentes le esté facultada a la defensa en etapa preparatoria e incluso en esta fase procesal promover los actos que la ley le permita con el fin de oponerse al ejercicio de la acción penal o bien denunciar cuestiones que considere afectan sus intereses; pues el diseño procesal emanado de la Ley 1970, hace que el proceso no sea un proceso de sorpresas, sino uno regido por reglas claras, con igualdad de oportunidades, transparente, en el que cada una de las partes conozca las pruebas que se practicarán en el juicio y prepararse para su contradicción.


El recurrente plantea la existencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, asentado en la prueba MP PD 7,cuestionando que ella habría sido realizada sin antes poner en su conocimiento el requerimiento de designación de perito, lo que restringió su derecho a la defensa, entendido como la posibilidad de proponer puntos de pericia; asimismo, señala que las razones por las que el Tribunal de apelación desestimó su reclamo no tienen basamento legal, pues únicamente en juicio oral, es posible el planteamiento de incidentes de exclusión probatoria, lo que impide puede aplicarse cualesquier tipo de preclusión.


Con tales antecedentes la Sala considera que los alegatos expuestos por el imputado carecen de mérito por su insustancialidad en relación a los antecedentes del proceso. Por una parte, debe tenerse presente que el ejercicio a la defensa en el procedimiento penal no se halla restringido a formas o sacramentos procesales, pues en esa misma suerte de desformalización, las posibilidades de ejercerlo en varios ámbitos no está restringida. Ya sea en la proposición de diligencias, regulado por el art. 306 del CPP, o bien a través de la existencia de una autoridad de control de garantías que en fase anterior al juicio oral es la encargada de atender las consideraciones que las partes planteen y con amplia competencia para la censura o nulidad de actos que se consideren infrinjan o lesionen derechos de las partes. En el particular planteamiento de este motivo, se considera que la lesión al derecho a la defensa se manifiesta en una condición expectante, como lo fuera el caso de haber podido proponer puntos de pericia u otras situaciones vinculadas a ese acto; empero, debe también tenerse presente que las condiciones de nulidad establecidas en el Código de Procedimiento Penal, como se tiene advertido, deben ser relacionadas en su vinculación directa con el fondo del proceso (esto es la emisión de una Sentencia o decisión que le ponga fin) o bien cualesquier resolución judicial que afecte derechos de las partes (por ejemplo la imposición de medidas cautelares), cuestiones que en el caso de autos no son evidentes, por una parte no se tiene denunciado que la Sentencia de mérito funde su decisión en un solo acto, como tampoco es evidente que dentro de la sustanciación del proceso se haya negado, limitado o restringido el ejercicio de cualesquier actuación tendiente la defensa del imputado.


Asimismo, debe tenerse presente que si bien los arts. 204 y siguientes del CPP, estiman que: “Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica” no debe considerarse que su sola existencia constituya una verdad absoluta no susceptible por una parte de contradicción y por otra de valoración crítica y racional por parte de la Autoridad jurisdiccional, ello en el orden del art. 173 del CPP. El procedimiento penal, en el sistema acusatorio, antepone el debate y la contradicción como motor al esclarecimiento de la verdad, más no se halla compuesto de condiciones estimativas tasadas de manera previa en norma.


III.3 TERCER MOTIVO


Defecto absoluto emergente de la ausencia de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado


El recurrente denuncia defecto absoluto por ausencia de una debida fundamentación y motivación del Auto de Vista cuestionado; ya que, tal deber legal es reemplazado “…con la transcripción del agravio para luego realizar escuetas y nada claras argumentaciones que no responden a los cuestionamientos [señalados en] apelación restringida” (sic). Precisa que los motivos tercero y cuarto del recurso de apelación restringida (omisión de valoración conjunta de la prueba en sentencia, y no consideración que la prueba aportada en juicio denotó la existencia de contradicción e inconsistencia en el testimonio de la víctima), fueron declarados improcedentes a partir de una fundamentación insuficiente e incompleta, toda vez que, en el caso del tercer motivo, omitió dar respuesta al reclamo de inexistencia de valoración probatoria conjunta, respondiendo que la misma se hallare (fs. 309 a 315), sector en el que solo se encuentra la individual; y, para el cuarto motivo, el Tribunal de apelación no dio respuesta a su reclamo de vulneración a “los elementos de la lógica y la ciencia” [sic] en torno a la defectuosa valoración de las pruebas MP.DP 7 Dictamen Pericial Psicológico y el “Contrainforme Pericial”.


III.3.1. Antecedentes procesales vinculados al motivo.


En apelación restringida el  imputado expresó que la sentencia había valorado defectuosamente las pruebas consistentes en el “contrainforme pericial psicológico” y el Dictamen Pericial Psicológico, codificado MP.PD 7. Señaló que se hubo vulnerado la sana crítica en sus elementos de la lógica y la ciencia, dado que, fuera ilógico se brinde credibilidad al relato de la víctima cuando la MP.PD 7 posee inconsistencia interna al aceptar defectos en el testimonio. En la misma línea, sostuvo que el “contrainforme pericial psicológico” no fue valorado correctamente ya que sus resultados relativos a la falta de sustento, contradicción y conclusiones erradas en el peritaje psicológico practicado por el IDIF, no fueron tomados en cuenta, denotando vulneración al art. 173 del CPP pues: “la prueba aportada en juicio, demuestra aspectos totalmente distintos a los dados por probados por el Tribunal” (sic). Similar situación fue la alegada en torno a la testimonial de RACP, de la cual se extractaría en resumen de lo esencial- que el imputado no salió de su habitación a momento de ocurrido el hecho. Asimismo, en el tercer motivo de apelación restringida, se planteó el reclamo de “Insuficiente Fundamentación de la Sentencia” (sic), alegando que no se había hecho mención a la prueba de descargo, más precisamente la atestación de RACP y el “contrainforme Psicológico” (sic), último del cual se desprendió que el estudio de credibilidad sobre el testimonio de la víctima no fue correctamente elaborado y sus conclusiones fueran incorrectas.


En respuesta, el Tribunal de apelación sobre el tercer motivo de apelación restringida, declaró su improcedencia bajo el detalle ya transcrito en el acápite  III.2.1 de esta Resolución. De igual forma, en cuanto fue el cuarto motivo de apelación restringida el propio Tribunal sostuvo:


“recordar que el postulado expresado en el art. 173 del CPP, establece el sistema de valoración probatoria dentro del sistema procesal, asumiendo para tal fin las reglas de la sana crítica la equivalencia de culpabilidad o inocencia, debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el Juez o Tribunal sobre el conjunto probatorio, al ser aquél la más próxima a la producción probatoria siempre bajo el sistema de las reglas de la sana crítica. Ahora bien, como se dijo anteriormente, el Tribunal le ha otorgado un valor a cada una de las pruebas extrañadas por el recurrente, tal es así que al final de las preguntas hechas al testigo de referencia, el Tribunal califica la atestación del mismo, lo mismo ocurre con las de descargo consistentes en la prueba pericial psicológica que fuera practicada durante el juicio con intervención de las partes, así como la Pericial contra informe psicológico, en este último caso el Tribunal concluyó señalando que esta prueba reconoce que no pudo efectuar su peritaje ante la ausencia de la víctima y a más de observar el uso de algunas técnicas a instrumentos. Entonces individualmente, el Tribunal se ha referido a dichas pruebas, es así que posteriormente puntualmente en las conclusiones 1, 2, y 6…” (sic).


III.3.2.  Análisis de la denuncia planteada.


En casación el recurrente denuncia que “el tribunal ha omitido su deber legal de dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas en base a argumentos evasivos que se refieren a aspectos jamás cuestionados” (sic). En suma plantea que sus motivos tercero y cuarto de apelación restringida no fueron atendidos de manera fundamentada por el Auto de Vista recurrido y con ello el derecho a una resolución motivada y congruente, señalados en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, habrían sido violados.


El art. 124 del CPP, a la letra ordena que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. De igual forma taxativamente precisa que la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Del análisis del citado precepto es visible un aspecto de trascendental importancia, que es el alcance que la norma nacional brinda a la fundamentación. La doctrina sobre la forma expositiva en la que los fallos son emitidos, reconoce dos vertientes: motivación y fundamentación. Sin entrar en profundas consideraciones, motivar se vincula con las razones, determinaciones y conclusiones que la autoridad judicial extracta de los hechos y los antecedentes del proceso, y más primordialmente sobre la actividad probatoria así como los resultados desprendidos de ese ejercicio. Por otro lado, fundamentar se relaciona, con la actividad eminentemente jurídica a ser realizada con el resultado de la motivación, esto es, aplicar o subsumir (en el caso de materia penal) esos hechos a la norma positiva. El citado precepto, a efectos de las consideraciones vertidas por el legislador ordinario, absorbe ambos conceptos en una sola esfera, esto es el fundamentar, aspecto a partir del cual la obligación de brindar las razones de un fallo de manera suficiente, expresa, clara, precisa y lógica, rastra tanto en las conclusiones extractadas de la actividad probatoria como a la vez a la aplicación de la norma positiva al caso concreto.  (a mayor abundamiento el Auto Supremo 292/2018-RRC de 7 de mayo).


Los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, fueron concretos al afirmar que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima; ya que, debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


En síntesis, un caso de falta de fundamentación acontece, cuando se omite expresar el marco legal aplicable al caso en concreto y junto con ello las razones consideradas para estimar que el elemento fáctico puede subsumirse en la hipótesis prevista en Ley; de tal cuenta, cosa distinta es los supuestos de indebida fundamentación, pues ellos se presentan cuando en la resolución judicial, en efecto son invoca los dispositivos legales, empero, en los hechos resultan inaplicables al caso concreto, ya sea por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la norma, o bien los supuestos en los que las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, son expuestas, pero se hallan en disonancia con el contenido de la norma que se pretende aplicar, en suma por errónea fundamentación ha de entenderse las situaciones en las que un fallo contenga tanto el elemento normativo como los razonamientos de hecho, pero con un desajuste entre ambos.


Ya en materia, expresar que este motivo en específico carece de mérito por no condecir a los antecedentes del expediente, pues como se tiene expuesto las cuestiones planteadas en apelación restringida, en efecto, sí fueron atendidas por el Tribunal de apelación, brindando en esa labor, en términos precisos las razones de hecho relacionadas con los reclamos específicos y el marco legal que correspondía a la cada uno de ellos, no siendo evidente la utilización de argumentos evasivos, como sostiene el recurrente. Como se adelantó, cuestiones de falta de fundamentación, revisten vicios de carácter formal, satisfechos con una respuesta que contenga la razón de hecho y la norma aplicable, no contradichas entre sí, por ende, en el caso de autos aquellas dos cuestiones son verificables con la sola lectura del memorial de apelación restringida y el Auto de Vista impugnado en las partes que corresponden.


Cosa distinta, de la que emerge la incertidumbre procesal argumentativa del recurso en análisis, son las razones que sostienen el Fallo caigan en yerro por inadecuada aplicación de la norma, razonamientos incorrectos, contradictorios o basados en cuestiones inexistentes, casos en los que corresponderá a la parte que recurre exponer cual la razón en derecho que considere sustentable para plantear errónea fundamentación; situación que no es vista en autos, pues la sola confrontación de argumentos y dar por incorrecto lo dicho por el Tribunal de apelación con la sola censura, no constituyen elementos suficientes para un análisis de mayor profundidad. Un recurso es en esencia un mecanismo que el Estado de Derecho confiere a los justiciables para procurar la corrección de errores y reparación de eventuales agravios, ello requiere entonces, que el ejercicio recursivo proponga no llanas sugerencias sobre vacíos u omisiones argumentativas sino que se plantee las razones de fondo a partir de las que se crea un agravio fue generado.


La evaluación del Auto de Vista 008/18 de 8 de enero, en consideración de los párrafos que anteceden y los planteamientos propuestos por el recurrente, arrojan que el mismo se halla debidamente fundamentado, puesto que las razones de hecho (los agravios de apelación restringida ante los argumentos de la Sentencia) son visibles a simple lectura, portando no solo la ubicación de su fuente en los que el Tribunal de apelación basó su decisorio; sino que, también son presentes los aspectos de aplicación normativa al caso concreto. De igual forma se advierte la cadena de hechos que la Sentencia consideró para su fallo, y la revisión que sobre la misma el Tribunal de alzada realizó sobre los límites de su competencia.


III.4 CUARTO MOTIVO


Contradicción del Auto de Vista 008/18 de 8 de enero con el Auto Supremo 270/2013-RRC de 17 de octubre


Plantea el recurrente contradicción a la doctrina legal del Auto Supremo 270/2013-RRC de 17 de octubre, que dispone que “el tribunal de apelación al resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, debe bajo el principio de verdad material ponderar si la prueba observada…como espuria tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el juez o tribunal de sentencia debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico” (sic). Se alega que el Auto de Vista impugnado al momento de resolver los motivos primero y segundo de apelación restringida, omitió la labor de “ponderación o evaluación de si la prueba alegada como ilegal tiene o no el carácter de esencial” (sic), brindando en contrapartida argumentos esquivos.   


III.4.1.        Fundamentos jurisprudenciales abordados por el precedente contradictorio invocado.


El Auto Supremo 270/2013-RRC de 17 de octubre, fue pronunciado dentro de un proceso penal por el delito de Violación Niña, Niño o Adolescente (art. 308 del CP), el imputado con el antecedente de una condena en su contra y la improcedencia de su recurso de apelación restringida, recurrió en casación cuestionando que el Tribunal de apelación no analizó la defectuosa valoración de la prueba realizada en sentencia. Al efecto invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 444 de 15 de octubre de 2005, 437 de 24 de agosto de 2007 y 19/2012-RRC de 4 de diciembre, todos atinentes al deber de fundamentación y labor de control de logicidad de parte de los Tribunales de apelación. En el análisis de fondo la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia determinó que la contradicción planteada no fue evidente, declarando el recurso infundado. Los fundamentos jurídicos en los que el fallo se basó son los siguientes:


“Este Tribunal, de manera reiterada se ha referido al deber de fundamentación de toda Resolución, deber que recae sobre los Jueces y Tribunales de Sentencia quienes por voluntad del legislador, tienen la concesión exclusiva de la relación directa con las partes y las pruebas, mediante el ejercicio del principio de inmediación; empero, también emitió doctrina legal en sentido de que, dicho deber, adquiere mayor relevancia cuando se trata de la Resolución de un Tribunal de apelación, que debe pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre los aspectos sometidos a su consideración, sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos de la Resolución, puesto que una motivación que sea concisa, no por ello, deja ser una motivación conforme a la exigencia establecida en el procedimiento.


Así, en lo que respecta al Tribunal de apelación, debe expresar claramente los agravios denunciados por la parte apelante y resolverlos conforme a su competencia realizando una valoración jurídica suficientemente razonada con base a los antecedentes del caso y verificando si el Juez a quo, orientó su labor por pasos racionales, correctos en observancia de las reglas que impone la sana crítica y en caso de ser así, debe darlos por bien hechos, declarando improcedente el recurso de apelación restringida y confirmando la Sentencia apelada, sin que sea posible que el Tribunal de apelación fundamente su decisión en hechos ajenos a los establecidos, probados y considerados debidamente por el Tribunal de Sentencia, más aún, cuando dichos razonamientos fueron emitidos con fundamento en los hechos probados y en observancia  a las reglas que rigen la aplicación de la sana crítica, que en todo caso se constituye en el instrumento principal de la labor de control de todo Tribunal de alzada, no siendo posible disponer la nulidad de una Sentencia congruente y razonablemente fundamentada, lo que implicaría afectación del principio de celeridad establecido en el art. 180.I de la CPE, que garantiza a todo sujeto procesal, a tener acceso a un pronunciamiento oportuno sin dilaciones innecesarias que generen incertidumbre respecto a la resolución de las causas.


Dentro de dicho marco, corresponde recordar que este Tribunal de Justicia, entre otros aspectos, también abordó el tema de las nulidades indebidas a momento de sentar la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, cuando expresó: “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


En ese entendido, el Tribunal de apelación al resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe bajo el principio de verdad material reconocido constitucionalmente, ponderar si la prueba observada o cuestionada como espuria tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia; más aún cuando de la prueba presentada por el acusador particular y de la integralidad de las pruebas judicializadas no se genere convicción en el juzgador de la responsabilidad del imputado, porque dicho accionar no constituyó delito.


En consecuencia para disponer la anulación de la sentencia, no basta con la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por la ley, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico; de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la sentencia y consecuente reenvío, porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones”.

  

III.4.2. Verificación de la contradicción pretendida.


El recurrente argumenta que: “el auto de vista recurrido no ha cumplido y es totalmente contrario a la doctrina legal aplicable del precedente invocado; toda vez que, de la revisión y contrastación de los fundamentos que exponen los vocales al resolver los motivos primero y segundo del recurso de apelación, se puede evidenciar que los mismos han omitido realizar esa labor de ponderación o evaluación de si la prueba alegada como ilegal o espuria tiene o no el carácter esencial esa labor era obligatoria para el tribunal, sin embargo con argumentos esquivos, arbitrarios e insuficientes ha omitido cumplir dicha obligación” (sic).


Precisar que, un precedente contradictorio entendido como herramienta a través de la cual este Tribunal ejerce su función de unificar la jurisprudencia, constituye una decisión judicial previa que funciona como modelo para determinar un grado de contradicción con los Autos de Vista recurridos en casación. Viene a constituir un criterio interpretativo utilizado en la resolución de casos iguales a los que se procura casación. No es que la resolución del caso sea efectuada con un determinado prejuicio, sino que se aplica a este supuesto la misma respuesta y tratamiento jurídico dado en una situación de hecho similar anterior. En sentido estricto, se trata de las razones de la decisión de un fallo, cuya aplicación se pretenda contraria al fallo que se recurre, razón por la que se exige entonces que el caso presente en el cual se lo invoca sea análogo al anterior precisamente en relación con los hechos relevantes a los que se aplicó un determinado tratamiento jurídico, de ahí la comprensión del art. 416 del CPP, en calificar a la contradicción partiendo desde la identificación de una situación de hecho similar. (véase el Auto Supremo 077/2018-RRC de 23 de febrero)


Entonces, un precedente contradictorio tanto en un sentido práctico (la forma en la que es invocado) como su esencia utilitaria al fin de uniformar jurisprudencia en torno a los aspectos con relevancia jurídica, requiere para su planteamiento recursivo, no una invocación mecánica o automática, desprovista de la necesaria consideración de los fundamentos que condujeron a su resultado, sino que estos fundamentos deben interactuar con las peculiaridades del caso concreto que se recurre.


Ciertamente, el presente motivo es abiertamente infundado, por cuanto no coincidir situación de hecho similar en ambos casos. La porción del precedente invocado que el recurrente reclama de incumplida, en realidad sirve de soporte para clarificar a labor del Tribunal de apelación contra el que se había reclamado defectuosa valoración de la prueba en sentencia; es decir, no constituye la razón de la decisión en el precedente invocado por lo que mal podría tejerse sobre tal situación la aplicación de diversas normas o una misma con diverso alcance, como especifica el art. 416 del CPP  en su tercer párrafo.


Por los fundamentos expuestos, la Sala establece que los motivos propuestos por el imputado carecen de mérito; puesto que, el Auto de Vista impugnado cumple con los requisitos necesarios para poder afirmar que los Jueces contemplaron dentro de sus razonamientos, todos los elementos que permiten afirmar la existencia del ilícito acusado, razón por la cual, este Tribunal, determina que no existe contradicción con los precedentes invocados en los términos previstos por el art. 416 del CPP, como tampoco acto procesal que haya generado defecto absoluto, correspondiendo en consecuencia, declarar infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Erick Ronald Frías Sardán.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos