TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 803/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 4/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros  

Parte Imputada                : José Fabricio Saravia Rueda 

Delito                                : Abuso Deshonesto

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 389 a 400 vta., José Fabricio Sarabia Rueda, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 352/2017 de 4 de diciembre, de fs. 381 a 386 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Marco Antonio Cruz Pemintel y María Silvia Vásquez y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 14/2016 de 19 de abril (fs. 146 a 163), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Chuquisaca, declaró a José Fabricio Sarabia Rueda, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia a favor de la víctima. Respecto al delito de Abuso Sexual, tipificado por el art. 312 del CP, modificado por la Ley 348, se establece la no aplicación, porque el hecho resulta anterior a la vigencia de la mencionada Ley, no pudiendo agravarse el quantum de la pena. Asimismo, fue beneficiado el imputado con la suspensión condicional de la pena.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 206 a 216), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 275/2016 de 4 de agosto (fs. 233 a 234), que fue dejado sin efecto, por Auto Supremo 214/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 302 a 305 vta.), siendo emitida la Resolución 120/2017 de 3 de mayo (fs. 314 a 315), con la finalidad de que se proceda a la notificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con la Sentencia; posteriormente, la mencionada Defensoría (fs. 322 a 331 y 373 a 377), interpuso recurso de apelación restringida, adhiriéndose a la misma el Ministerio Público (fs. 345 a 352) y la acusadora particular María Silvia Vásquez (fs. 353 a 358), resueltos por Auto de Vista 352/2017 de 4 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisibles el primer y tercer motivo y procedente el segundo motivo del recurso de apelación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y las adhesiones formuladas por la acusación particular y el Ministerio Público; por lo que, anuló totalmente la Sentencia apelada instruyendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación interpuesto por José Fabricio Sarabia Rueda y del Auto Supremo 274/2018-RA de 27 de abril, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente aduce, que el Auto de Vista al anular la Sentencia careció de fundamentación, porque incurrió en revalorización al referirse solamente a un elemento probatorio como es la pericia psicológica, sin darse cuenta que realizó un análisis de la aplicación de la Ley sustantiva al afirmar que la Sentencia no fundamentó nada sobre la pericia, que no dice nada sobre la probable penetración que sufrió la víctima; también refiere, que el Auto de Vista se refiere sobre la contradicción de la prueba pero no dice qué prueba fue la que hubiera generado en la Sentencia una falta de fundamentación; además, esas afirmaciones del Tribunal de alzada que no resultan ciertas con relación a los argumentos de la Sentencia (para lo cual realiza una transcripción de toda la fundamentación jurídica de la Sentencia); posteriormente, señala que de la lectura, comprensión e interpretación de los fundamentos legales realizados por la Sentencia se evidencia que dicha resolución fue clara en establecer por qué razón jurídica no correspondía aplicar el principio iura novit curia, pues de la descripción del hecho fáctico (Hecho que fue sometido a proceso) contenido en la acusación formal, jamás se mencionó siquiera que hubiera existido algún tipo de penetración a la supuesta víctima; al respecto, transcribe la parte pertinente: “…en el caso de autos, existe una acusación Fiscal más no particular, en la que claramente se ha detallado los hechos a ser sometidos a proceso, limitándose estos a `actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal´, o lo que en anterior tipificación constituía el hecho en actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, no habiéndose acusado menos sometido a investigación el hecho de una presunta violación hecho que fue mencionado tanto por la acusación fiscal y la representación de la víctima, a casi el epílogo del debate…”; de esos argumentos, señala que se puede evidenciar los aspectos extrañados por los Vocales de la Sala Penal Segunda a título de “falta de fundamentación” adolece de falsedad, pues resulta obvio que la Sentencia fundamentó suficientemente con relación a lo extrañado por los Vocales.


Por otro lado, afirma que el Auto de Vista de manera imaginaria establece la falta de pronunciamiento o fundamentación sobre la prueba pericial y las contradicciones que se genera de la misma; no siendo cierta esa afirmación debido a que en la Sentencia se establece lo contrario (al respecto transcribe, los argumentos referidos a la prueba testifical de cargo, vía anticipo de prueba del Ministerio Público), de la cual resalta el aspecto: “pero no me ha penetrado”, posteriormente realiza otra transcripción de la prueba pericial del Ministerio Público la misma que fuera extrañada por el Auto de Vista de donde resalta los siguiente: “…se debe tener en cuenta que el solo hecho de que el profesional perito, establezca el grado de credibilidad en el testimonio de la víctima, significa elemento suficiente para declarar la culpabilidad del acusado habida cuenta que solo compete al Tribunal determinar que es verdad o no, es función del Tribunal dar valor al relato del menor, fundamentando en el conjunto de pruebas que argumentan el proceso; en ese sentido, se debe señalar que el relato que refiere el menor víctima, a al perito no es del todo consecuente con las pruebas desfiladas dentro del debate, existiendo inclusive contradicciones, entre lo afirmado inicialmente por la víctima y lo manifestado a tiempo de realizarse el peritaje correspondiente”; por esos aspectos, afirma que se puede extractar como pertinente el trabajo pericial, cuando se establece que el menor evidentemente fue víctima de toques impúdicos por parte del acusado y que este hecho fue realizado en tres ocasiones; aspectos que hace ver no existió la falta de fundamentación, advirtiéndose más bien que el Auto de Vista no tuvo cuidado en revisar los antecedentes del proceso, la prueba producida en juicio sin contrastar; además, con los supuestos invocados por la apelante y no observó que se obró con justicia al momento de emitirse la Sentencia; por otro lado, señala otro aspecto -que en criterio del recurrente- el Auto de Vista pretende cambiar la acusación al incorporar que se establezca fundamentación respecto de una posible penetración; cuando dicha argumentación resulta ininteligible, contradictoria, incongruente y ofensiva, porque no refleja los aspectos sustentados; lo cual genera, un estado de indefensión en restricción del derecho a la defensa, al acceso a la justicia que desemboca en la vulneración del derecho al debido proceso.


Con relación a los aspectos observados del Auto de Vista, se advierte que el Tribunal de apelación no cumple con los preceptos establecidos por la doctrina legal establecida por los precedentes contradictorios invocados, siendo que en ellos se establece que una resolución judicial debe estar debidamente fundamentada; argumentos contrarios, porque el Auto de Vista se limitó a afirmar que no existe fundamentación en la Sentencia cuando en los hechos se demostró todo lo contrario, constituyéndose dicho fallo en una resolución carente de fundamentación; finalmente, señala que al contrario de lo establecido por el Auto de Vista se advirtió que la Sentencia cumplió con todas las reglas relativas a la fundamentación, lo que hace ver que la resolución del Tribunal de alzada se constituye en un fallo lesivo al derecho al debido proceso.   


Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 172/2012-RRC de 24 de julio y 319/2012-RRC de 4 de diciembre.  


I.1.3. Petitorio.


El recurrente solicita se anule el Auto de Vista y se disponga que el Tribunal de alzada dicte una nueva resolución en la que se cumpla el análisis de la apelación restringida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 274/2018-RA de 27 de abril, cursante de fs. 413 a 415 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por José Fabricio Sarabia Rueda, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 14/2016 de 19 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Chuquisaca, declaró a José Fabricio Sarabia Rueda, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia a favor de la víctima. Respecto al delito de Abuso Sexual, tipificado por el art. 312 del CP, modificado por la Ley 348, se establece la no aplicación, porque el hecho resulta anterior a la vigencia de la mencionada Ley, no pudiendo agravarse el quantum de la pena. Asimismo, fue beneficiado el imputado con la suspensión condicional de la pena, en base a los siguientes argumentos:


Con base a los hechos probados se establece que el hecho se probó y que José Fabricio Saravia Rueda, aprovechando que el menor se encontraba en su domicilio temporalmente y el cierto grado de inmadurez psicológica que presentaba la víctima, incurrió en esta conducta altamente reprochable. Por otra parte, no corresponde imponer la sanción del delito de Abuso Sexual, modificado por la Ley 348 en razón de que el hecho se produjo con anterioridad a esta reforma sustantiva; por lo que en aplicación del art. 4 del CP, corresponde aplicar la Ley vigente a la comisión del hecho, extremo que guarda concomitancia con el pliego acusatorio Fiscal, en el que se sostienen que los hechos tuvieron origen, los primeros días del mes de marzo de 2013; por cuanto, se determina la condena del imputado por el delito de Abuso Deshonesto, al haberse demostrado que el imputado con el fin de satisfacer o desahogar su sexualidad realizó actos libidinosos, en la víctima, consistentes en toques de las partes pudendas íntimas de la víctima, llegando incluso a succionar el pene del menor, tal cual ha sido debidamente acreditado por el acusador público.


Con relación a esos argumentos expresados por el Ministerio Público y la representación de la víctima respecto a que se sancione por la comisión del delito de Violación; al respecto, la pretensión aludida resulta extraña; puesto que, el Ministerio Público en su pliego acusatorio, no acusó el delito de Violación, sino el delito de Abuso Sexual; por lo que en resguardo de los principios del debido proceso, legalidad y congruencia, éste último previsto en el art. 362 del CPP, esa petición no corresponde ser analizada, lo contrario sería violentar el derecho a la defensa, que también se halla consagrado en la Constitución Política del Estado.


II.2.  De la apelación restringida.


Contra dicha Sentencia María Leticia Ferreira Torres en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito Nº 1, interpuso apelación restringida bajo los siguientes argumentos:

  1. Refiere que la Sentencia al excluir el Tribunal de Sentencia la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, durante la sustanciación del juicio en el representación del menor afectado se incursionó en defecto absoluto denegando el derecho al acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva a una administración de justicia pronta, oportuna y con la asistencia de personal especializado quebrantando así el principio de inmediación en el desarrollo del juicio, al constituir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia una entidad destinada a proteger el interés superior del adolescente.


  1. Señaló que la Sentencia incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) del CPP, al estar basada en inobservancia de la aplicación de la Ley sustantiva, relacionado con el defecto absoluto previsto en su inc. 2) relativa a la comisión del hecho punible y 3), sobre la imposición de la pena aplicables; decir del art. 359, así como el art. 169 inc. 3) del CPP, por falta de motivación  y defectuosa valoración de la prueba alejada de la sana crítica, quebrantando el principio de congruencia “iura novit curia“, del principio de legalidad y de la verdad material.


  1. Acusa defecto absoluto, no susceptible de convalidación del debido proceso en su elemento o componente de falta de fundamentación, acompañado de transgresión al derecho a la igualdad de las partes y otros; además, de haber existido en este argumento falta de motivación prevista en el art. 124 del CPP.


A la referida apelación restringida se adhieren el representante del Ministerio Público y María Silvia Vásquez.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvió el recurso de apelación restringida y las adhesiones, por Auto de Vista 352/2017 de 4 de diciembre, rechaza por inadmisible el primer y tercer motivo del recurso de apelación restringida formulado por María Leticia Ferreira Torres, como representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con los mismos efectos respecto de las adhesiones, al no haberse subsanado las observaciones formales efectuadas por el Tribunal del alzada y no haber superado el juicio de admisibilidad, conforme a la potestad conferida por el segundo párrafo del art. 399 del CP; sin ingresar al fondo de los mismos. Y por otro lado, declaró procedente el segundo motivo del recurso de apelación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y las adhesiones formuladas por la acusación particular y el Ministerio Público, por lo que anuló totalmente la Sentencia apelada instruyendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley, en base a los siguientes argumentos:


  1. Con relación al primer motivo de apelación refiere que al no haberse señalado concretamente las decisiones legales que la apelante, considera violadas o erróneamente aplicadas y mucho menos expresado la aplicación que pretende, que fue lo que estrictamente se observó; por lo que, al no haberse cumplido con las observaciones efectuadas, se rechaza este motivo de apelación, al no haber superado el juicio de admisibilidad.


  1. Con relación al segundo y tercer motivo, el Tribunal de alzada señala que solo respecto del segundo motivo se subsanó la observación realizada; y respecto del tercero, se considera que no se dio cumplimiento a las observaciones realizadas debido a que, respecto del tercer motivo de apelación no indica claramente la aplicación que se pretende, respecto a las normas que considera hubieran sido violadas o erróneamente aplicadas por el Tribunal a quo. Y con relación a los memoriales de adhesión, tanto de la representación del Ministerio Público como de la querellante se tiene que estos fueron notificados con la apelación restringida, el 3 de julio de 22017 adhiriéndose a la apelación restringida, presentando sus memoriales de adhesiones el 17 de julio de 2017 como consta a fs. 352 y 358 respectivamente; por consiguiente, las adhesiones se encuentran dentro del plazo referido, siendo estas consideradas en lo que corresponda.


  1. Con relación al segundo motivo, señala que el Tribual a quo, no efectuó una fundamentación razonada, que cumpla con los parámetros a los que se ha hecho referencia, debido a que el Tribunal a quo, no explica de manera suficiente porque motivo, da credibilidad al dictamen pericial que se ha realizado a la menor víctima, solo en cuanto a los actos libidinosos y no respecto a la penetración de parte del acusado a la víctima, cuando la víctima refiere en la pericia que el acusado le metió su pene, luego de una serie de actos libidinosos a indicar el Tribunal de Sentencia, respecto a la pericia, que esta, no es consecuente a las pruebas desfiladas en juicio dentro del debate, sin indicar a que pruebas se refiere, indicando también el Tribunal de Sentencia, que existirían contradicciones entre lo afirmado inicialmente por la víctima y lo manifestado a tiempo de realizar el peritaje, contradicción que no advirtió el Tribunal de alzada, debido a que inicialmente la víctima conto de los actos libidinosos que habría sufrido por el accionar del acusado, para posteriormente relatar en la pericia, que el acusado; además de los actos libidinosos, habría metido su pene a la víctima, no existiendo contradicciones como refiere el Tribunal de Sentencia; por lo que señala el Tribunal de alzada, que la pericia realizada a la víctima es más detallada y amplia en cuanto a los hechos descritos por la víctima. Por otro lado, señala que en la Sentencia no indica si es creíble o no el relato de la víctima en el dictamen pericial, respecto a la penetración que habría sufrido por parte del acusado, tampoco hace un contraste con los otros medios de prueba, para determinar que los hechos son ciertos y cuáles no, para posteriormente concluir de acuerdo al resultado, de qué tipo de delito de trataría, Abuso Deshonesto o el delito de Violación, justificando esta falta de fundamentación, con el argumento de que, por el principio acusatorio no se podía condenar al acusado por un hecho distinto al atribuido en la acusación, sin tomar; en cuenta, que no se afecta a la congruencia cuando se subsume el hecho a un tipo penal diferente al contenido en la acusación, siempre que se trate de tipos penales que correspondan a una misma familia de delitos y que protejan el mismos bien jurídico (en base al principio iura novit curia). Asimismo, señala que tampoco se advierte en la Sentencia una fundamentación fáctica; es decir, no se indica claramente, si el relato de la víctima o no, para posteriormente y luego de una correcta fundamentación fáctica y reconstruir mentalmente el hecho tal como ocurrió, saber la verdad material; finalmente, para la ulterior etapa de la fundamentación jurídica o también llamada subsunción del hecho a la norma penal; incurriendo de esta manera en la falta de fundamentación acusada en el recurso y que constituye el defecto absoluto inserto en el art. 169 inc. 3) del CPP, que no puede ser convalidado y menos subsanado por el Tribunal de alzada, por carecer de facultades para valorar o en su caso revalorizar la prueba producida en el juicio, en mérito a esos aspectos, este motivo de apelación se declaró procedente. Finalmente, refiere que en atención al defecto absoluto advertido no corresponde pronunciarse sobre el otro reclamo solicitado en este motivo de apelación; en cuanto, a la imposición a la pena aplicable, por lo que el Tribunal de alzada determinó no pronunciarse sobre dicho motivo recursivo por los efectos que conlleva el defecto advertido.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO

En el recurso de casación planteado se denuncia que el Auto de Vista incurrió en contradicción son los precedentes invocados porque dicha resolución carece de fundamentación, siendo que no sustentó de manera legal la nulidad de la Sentencia y su consiguiente reenvió, debido a que utilizó argumentos que no son ciertos; además, que se evidenció que no existió contradicción en la Sentencia y que la observación de que el Tribunal de Sentencia no fundamentó sobre la supuesta existencia de penetración a la víctima se generaría la modificación de los hechos, lo cual no está permitido por Ley,  por lo que corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley; y por ende, la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


El Código de Procedimiento Penal, en el art. 124, establece: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.


La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”.


Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso; toda vez, que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


También es preciso señalar que las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3. Análisis del caso concreto.


Respecto del único motivo, el recurrente denuncia que el Auto de Vista incurrió en contradicción son los precedentes invocados porque dicha resolución carece de fundamentación, siendo que no sustentó de manera legal la nulidad de la Sentencia y su consiguiente reenvió, debido a que utilizó argumentos que no son ciertos; además, que se evidenció que no existió contradicción en la Sentencia y con la observación de que el Tribunal de Sentencia, no fundamentó sobre la supuesta existencia de penetración a la víctima se generaría la modificación de los hechos, lo cual no está permitido por Ley.


Al respecto, invocó como precedentes contradictorios dos Autos Supremos, los cuales de manera concurrente contienen similar doctrina legal aplicable referida a que todas las resoluciones judiciales deben encontrarse debidamente fundamentadas; a tal efecto, corresponde su transcripción.


Auto Supremo Autos Supremos 172/2012-RRC de 24 de julio:

“El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les está permitido discrecionalmente determinar o clasificar, qué motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivos no tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada.

No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Ante la evidente infracción de la Ley Adjetiva Penal en la que incurrió el Tribunal de alzada, al haber obviado pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida, corresponde velando por el respeto al debido proceso y del derecho a la defensa, se ordene a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicte un nuevo Auto de Vista en el que se corrija el defecto advertido”.

Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre:

“El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.

Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.

De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el presente caso, donde no se da respuesta fundamentada ni motivada a varias denuncias efectuadas en la apelación restringida, lo que hace que este Tribunal deje sin efecto el Auto de Vista impugnado”.

Del análisis de los mismos y la contradicción denunciada se advierte el hecho similar fáctico debido a que la temática a tratar es la fundamentación de que deben contener las resoluciones judiciales; aspecto que, no hubiera cumplido el Auto de Vista; por cuanto, es preciso ingresar a verificar lo denunciado por el recurrente; en ese sentido, es necesario remitirnos al contenido del Auto de Vista a efectos de verificar si el mismo emitió su resolución sin sustentar de manera legal la nulidad de la Sentencia y su consiguiente reenvió, porque hubiera utilizado argumentos que no son ciertos; además, que se evidenciaría que no existió contradicción en la Sentencia y que la observación de que el Tribunal de Sentencia, no fundamentó sobre la supuesta existencia de penetración a la víctima lo cual generaría la modificación de los hechos, lo cual no estaría permitido por Ley.


En consecuencia, corresponde remitirnos al entendimiento empleado por el Auto de Vista, de donde se tiene que la misma sostuvo que la Sentencia no hubiera fundamentado sobre la pericia y que no diría nada sobre la probable penetración que sufrió la víctima; al respecto, corresponde verificar si estas afirmaciones tuvieron el debido sustento o no; es así, que se observa que el Tribunal de alzada en su considerando quinto evidentemente refiere que el Tribunal de Origen, no explica de manera suficiente porque motivo no da credibilidad al dictamen pericial que se ha realizado a la menor víctima; en cuanto, a los actos libidinosos y no respecto a la penetración de parte del acusado a la víctima, cuando el menor (víctima) refiere en la pericia que el acusado le metió su pene, luego de una serie de actos libidinosos a indicar el Tribunal de Sentencia, respecto a la pericia, que esta, no es consecuente a las pruebas desfiladas en juicio dentro del debate, sin indicar a que pruebas se refiere, indicando también el Tribunal A quo que existirían contradicciones entre lo afirmado inicialmente por la víctima y lo manifestado a tiempo de realizar el peritaje, contradicción que no advirtió el Tribunal de alzada, debido a que inicialmente la víctima conto de los actos libidinosos que habría sufrido por el accionar del acusado, para posteriormente relatar en la pericia, que el acusado; además de los actos libidinosos, habría metido su pene a la víctima, no existiendo contradicciones como refiere el Tribunal de Sentencia, por lo que señala el Auto de Vista, que la pericia realizada a la víctima es más detallada y amplia en cuanto a los hechos descritos por la víctima.


Respecto de esa afirmación, realizada por el Tribunal de alzada, corresponde remitirnos a las referidas pruebas periciales a efectos de verificar si lo señalado por el Auto de Vista es cierto o no, como se denuncia en el recurso de casación. De donde se pude advertir que según la prueba pericial ofrecida por el Ministerio Público, realizada por la Lic. Frannie Cecilia Martin Uriona sobre la credibilidad del testimonio del menor se establece que: “…Su pene me ha puesto en mi trasero”…“o sea como si me estuviera penetrando”…”Si, he sentido poquito pero no tanto”…”A mí, ese huequito que tengo que se llama ¿Esfínter?”…”Huequito”…”Solo un ratito no más ha sido y luego él me ha dicho que haga lo mismo con él, pero yo no he hecho o sea solo me he parado ahí y nada”…”No poquito, o sea no sé cómo era su pene no, no sabía cómo era, solo que he sentido como un poquito que ha entrado, no que ha entrado todito”…”como si estuviera metiendo un palito, no sé qué”…”Luego se ha ido”. Asimismo, posteriormente en dicha pericia se transcribe en la Sentencia que: “y me hizo lo mismo en el baño, me ha chupado mi pene y luego o sea me hizo a la pared y me junto mis piernas y me metió su pene” (…). ”No, poquito como la anterior vez que le dije, si porque luego me bajo y luego me hizo con el shampoo en mi cabello como si me estuviera bañando quizá para no levantar sospechas porque sus papas estaban afuera”. Posteriormente, en la parte de las conclusiones de dicha perica en punto primero textualmente se tiene: “si bien en las anteriores entrevistas el menor no habría manifestado agresión sexual con penetración, señala que fue debido a la vergüenza que sentía y al miedo de contar lo que realmente había ocurrido”. En consecuencia, se observa que el Tribunal de alzada al momento de ingresar al análisis del motivo planteado en el recurso de apelación restringida, que aperturó la posibilidad de ingresar al análisis de la prueba pericial responde de manera precisa y fundada debido a que advierte que el Tribunal de Sentencia no hubiera fundamentado sobre la pericia y que no diría nada sobre la probable penetración que sufrió la víctima, siendo que este elemento “penetración” hace al análisis de la comisión o no del delito de Abuso Deshonesto, el cual no se encontraría debidamente argumentado en el análisis de la Sentencia sin asignarle el valor positivo o negativo bajo, las reglas de la sana crítica a dicha pericia, situación que precisamente no en las mimas palabras advierte el Tribunal de alzada y realiza un correcto análisis al afirmar que no existe fundamentación sobre la pericia y que no se dijo nada sobre la existencia o no de una posible penetración al menor realizada por el imputado; aspectos que, desde luego hacen ver que el Tribunal de alzada cumplió con su labor de realizar el control de legalidad sobre la emisión de la Sentencia, siempre en coherencia con lo manifestado en el recurso de apelación restringida interpuesto; en consecuencia, no resulta cierto que el Auto de Vista haya dictado su resolución con carencia de fundamentación sobre la nulidad de la Sentencia y su consiguiente reenvió, de la misma manera se observa que no se empleó argumentos que no son ciertos, más al contrario se sustentó la contradicción en la Sentencia y que en la misma no se sustentó la existencia de penetración o no a la víctima; en consecuencia, lo afirmado por el recurrente y más al contrario hace ver que el Auto de Vista se emitió con argumentos ciertos y puntuales, lo que en definitiva hace ver que la Sentencia careció de la debida fundamentación.        


Además, de lo manifestado el Auto de Vista también precisó que en la Sentencia, no se indicó si fue creíble o no el relato de la víctima en el dictamen pericial señalado, respecto a la penetración que habría sufrido por parte del acusado, tampoco hace un contraste con los otros medios de prueba, para determinar que los hechos son ciertos y cuáles no, para posteriormente concluir de acuerdo al resultado, de qué tipo de delito de trataría, Abuso Deshonesto o el delito de Violación, afirmación basada en los argumentos ya analizados en el párrafo anterior, lo cual hace ver un análisis correcto sobre los argumentos sustentados justificando esta falta de fundamentación de la Sentencia; además, estableció que el principio acusatorio no se podía condenar al acusado por un hecho distinto al atribuido en la acusación, sin tomar en cuenta que no se afecta a la congruencia cuando se subsume el hecho a un tipo penal diferente al contenido en la acusación, siempre que se trate de tipos penales que correspondan a una misma familia de delitos y que protejan el mismos bien jurídico (en base al principio iura novit curia), argumento que resulta coherente para sancionar conforme a las previsiones contenidas en el art. 362 del CPP bajo las reglas de la congruencia. Asimismo, se estableció que tampoco se advirtió en la Sentencia una fundamentación fáctica afirmando puntualmente, si se consideró el relato de la víctima o no, para posteriormente realizar una correcta fundamentación fáctica y lograr recrear esclarecer la verdad histórica de los hechos y verificar una correcta subsunción del hecho a la norma penal, advirtiendo de esta manera en la falta de fundamentación acusada en el recurso y que constituye el defecto absoluto inserto en el art. 169 inc. 3) del CPP; aspectos que, involucran a situaciones de análisis del hecho de valoración de las pruebas y que no pueden ser convalidados ni subsanados por el Tribunal de alzada, situación que concuerda con correcta labor del Tribunal de alzada y su control de legalidad que debe realizar respecto de la Sentencia, siendo que le está impedido valorar o revalorizar la prueba producida en el juicio, situación que se adecua perfectamente a lo decidido sobre la nulidad de la sentencia al observar que dichos defectos no son subsanables.


En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia; en cuanto al motivo denunciado, obró de manera correcta con la debida fundamentación al haberse pronunciado respecto de los motivos expuestos en el recurso de apelación restringida, conteniendo en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en contradicción con los precedentes invocados expuesto en el recurso de casación interpuesto, siendo que se emitió una resolución enmarcada en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Fabricio Sarabia Rueda.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos