TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 801/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018


Expediente                        Cochabamba 8/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otras

Parte Imputada                Daysi Juliana Vargas Gamboa De Sarti

Delito                                Homicidio Culposo

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de enero de 2018, cursante de fs. 871 a 872 vta., Sinforosa Flores Mollo y Adriana Raquel Vega Cruz, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 31 de agosto de 2017, de fs. 850 a 851 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y las recurrentes contra Daysi Juliana Vargas Gamboa de Sarti, por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia de 6 de abril de 2015 (fs. 716 a 719 vta.), el Juez Octavo de Instrucción Penal y Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante procedimiento abreviado, declaró a Daysi Juliana Vargas Gamboa de Sarti, autora de la comisión del delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia. Siendo concedida la solicitud de suspensión condicional de la pena; asimismo, revocó las medidas cautelares impuestas en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, la querellante y la víctima (fs. 799 a 813), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 31 de agosto de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró inadmisible el recurso planteado y sin pronunciarse sobre el fondo de lo pretendido rechazó el recurso, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 295/2018-RA de 7 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Las recurrentes reclaman, que el Auto de Vista recurrido resulta contrario a la Constitución Política del Estado y los Tratados internacionales, lo que les causa un  grave perjuicio a sus derechos de acceso a la justicia y defensa; por cuanto, declaró inadmisible su recurso de apelación restringida, sustentando que no existe recurso de impugnación contra Sentencias en procedimiento abreviado, que así lo habría desarrollado el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016 de 18 de febrero y la doctrina del tratadista William Herrera Añez; conclusión que consideran, grosero y forzado; puesto que, por un lado, la opinión de un escritor no puede estar por encima de la Ley, además dicho autor haría referencia a la restricción de no apelar para el procesado y no así para la víctima; por otro lado, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional estaría dirigida al imputado y no a la víctima; sin embargo, el Tribunal de alzada las comprendió “al revés”, lo que les resulta ilegal e incoherente; puesto que, no consideró que el Código de Procedimiento Penal establece que procede la apelación restringida para ambas partes del proceso; en cuyo efecto, la Sentencia en su parte dispositiva señaló que en función del art. 123 del CPP, era apelable en el término de quince días, conforme lo establecido por los arts. 407 y 408, de la citada norma procedimental penal, por lo que formularon apelación reclamando que suscitaron oposición fundamentada a la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado; empero, el Tribunal de alzada, inobservando que cumplieron con el plazo para impugnar a la Sentencia, concluyó que no procedía la apelación restringida de Sentencia en procedimiento abreviado, determinación ajena al ordenamiento jurídico, que constituye defecto absoluto insubsanable que atenta al debido proceso y derecho a la defensa, al no haberse pronunciado sobre los puntos apelados declarando su recurso inadmisible, vulnerando los arts. 410 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.2.h) del Pacto de San José de Costa Rica, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; puesto que, el derecho de apelar es un derecho humano que no puede ser restringido.


I.1.2. Petitorio.


Las recurrentes solicitan, se “redima tremenda injusticia” en la que les dejó la Resolución recurrida.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 295/2018-RA de 7 de mayo, cursante de fs. 881 a 883 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación, formulado por las acusadoras particulares Sinforosa Flores Mollo y Adriana Raquel Vega Cruz, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la solicitud, requerimiento, audiencia conclusiva y Sentencia mediante Procedimiento Abreviado.


Conforme al memorial de fs. 549 a 550, la imputada Daysi Juliana Vargas de Sarti solicita la aplicación de procedimiento abreviando; en cuyo mérito, el representante del Ministerio Público requiere la aplicación de procedimiento abreviado (fs. 557 a 559), para la imputada Daysi Juliana Vargas de Sarti, solicitando se pronuncie sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado por el art. 260 segunda parte del CP, imponiendo la pena privativa de libertad de tres años, requerimiento que fue complementada de fs. 566 a 567, al cual por memorial de fs. 623 a 625 la víctima Adriana Raquel Vega Cruz se opuso; en cuyo mérito, se efectuó la correspondiente audiencia el 6 de abril de 2015 (fs. 712 a 716), en la que la víctima solicitó se acepte su oposición al procedimiento abreviado, a los fines de investigar si existen otros responsables entre los que intervinieron en la operación quirúrgica.


En atención a dichos argumentos, el Juez Octavo de Instrucción Penal y Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió Sentencia de 6 de abril de 2015, declarando a Daysi Juliana Vargas Gamboa de Sarti, autora de la comisión del delito de Homicidio Culposo previsto y sancionado por el art. 260 del CP, en razón a que de forma libre y espontánea la imputada admitió el hecho denunciado, estableció su participación, declarando voluntariamente su culpabilidad, además de haber renunciado a su derecho a ser juzgada en juicio ordinario. Advirtiendo el Juez, que en función de lo previsto por el art. 123 del CPP, la Resolución era apelable en el término de quince días, conforme prevén los arts. 407 y 408 de la citada Ley.


Asímismo, concedió a la imputada el benefició de la suspensión condicional de la pena.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de la querellante y la víctima.


       Notificadas con la Sentencia, Sinforosa Flores Mollo y Adriana Raquel Vega Cruz formularon recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Oposición de la víctima en audiencia al procedimiento abreviado; toda vez, que el procedimiento común podría permitir mejor conocimiento de los hechos, donde cuestionó: i) Irregular razonamiento del Juez para rechazar oposición de la víctima al procedimiento abreviado; ii) Sobre lo que expresó el juez, respecto a que la oposición de la víctima no se hallaba debidamente fundamentada; iii) Fundamentación arbitraria, respecto a que “no corresponde procesalmente y bajo ninguna circunstancia retrotraer el proceso a la fase investigativa.. la FASE INVESTIGATIVA DE LA ETAPA PREPARATORIA SE HALLA CONCLUIDA por el principio de preclusión”; y, iv) Rechazo del procedimiento abreviado.


  1. Falta de control de legalidad en el procedimiento abreviado.


  1. La apelación a la sentencia del procedimiento abreviado.


  1. Inobservancia y errónea aplicación de la Ley adjetiva penal.


  1. Prueba aportada por el Fiscal y su valoración en el procedimiento abreviado, no cumpliendo el Tribunal de mérito con los arts. 171 y 173 del CPP.

II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Auto de Vista impugnado, declaró inadmisible el recurso planteado, por lo que sin pronunciarse sobre el fondo lo rechazó, bajo los siguientes argumentos:


  1. Previa exposición y explicación de los arts. 373 y 374 del CPP, puntualiza que el Código de Procedimiento Penal, no determina de manera expresa ningún recurso de impugnación contra la sentencia emitida en aplicación del procedimiento abreviado, que así lo desarrolló el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, que en su fundamento jurídico III.3 establece: “ (…) El tratadista William Herrera Añez en su libro Derecho Procesal Penal (El Nuevo Proceso Penal, página 365), afirma que en el procedimiento abreviado  la sentencia no admite recursos.”. El procedimiento abreviado regulado por los arts. 373 y 374 del CPP, no prevé expresamente la procedencia de un medio de impugnación que pueda interponerse contra la Sentencia pronunciada por el Juez Instructor en dicho procedimiento especial.


  1. Que, no todas las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales son recurribles, sino las expresamente establecidas en la Ley procesal penal y reconocidas por la Jurisprudencia, sin que ello implique vulneración o restricción al derecho de impugnación, encontrándose previstos el recurso de reposición contra decretos de mero trámite (art. 401 402 del CPP), apelación incidental en los casos previstos en el art. 403 del CPP; apelación restringida contra la Sentencia (dictada en juicio oral), recurso de casación; y, recurso de revisión. Que en el caso presente, la resolución apelada consiste en una Sentencia dictada en procedimiento abreviado, que constituye una salida alternativa al juicio oral, que en su tramitación ha cumplido con todos los requisitos exigidos en el art. 374 del CPP; consecuentemente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, advierte que la Sentencia apelada dictada en procedimiento abreviado resulta resolución atípica, que no se encuentra contemplada en el Código de Procedimiento Penal, al emerger de un procedimiento especial contenido en la Ley 1970, que no prevé recurso de impugnación, por lo que en aplicación de la segunda parte del art. 399 del CPP, declara inadmisible el recurso.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMERGENTE DE LA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGUIDA CONTRA SENTENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado causó un grave perjuicio a sus derechos de acceso a la justicia y defensa; por cuanto, declaró inadmisible el recurso de apelación restringida, sustentando que no existe recurso de impugnación contra Sentencias en procedimiento abreviado, que así lo había desarrollado el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016 de 18 de febrero y la doctrina del tratadista William Herrera Añez; conclusión que consideran, grosero y forzado; puesto que, no consideró que el Código de Procedimiento Penal, establece que procede la apelación restringida para ambas partes del proceso; en cuyo efecto, la Sentencia en su parte dispositiva señaló que en función del art. 123 del CPP, era apelable en el término de 15 días, conforme lo establecido por los arts. 407 y 408 de la citada norma procedimental penal, por lo que formularon apelación; no obstante, fue rechazado constituyendo defecto absoluto insubsanable que atenta al debido proceso; ya que, el derecho de apelar no puede ser restringido; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada, previas consideraciones de orden doctrinal:


III.1.        El Procedimiento Abreviado en nuestra legislación.


En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo 1999), coadyuvando en el descongestionamiento y oxigenación del sistema penal; resultando, una opción legal “…que tiene el MP para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”, fundamentándose en los principios de objetividad y probidad que deben presidir las actuaciones y decisiones del Ministerio Público establecidos en el art. 72 del CPP. (Herrera Añez, William. El proceso penal boliviano. Editorial Kipus. Año 2007. Pág. 372).


Sobre la naturaleza del Procedimiento Abreviado, el Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, en referencia a los fundamentos expuestos por la Comisión Redactora del Órgano Legislativo, estableció que “… constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”, estableciendo el Código de Procedimiento Penal, con la modificaciones insertas por la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014, en el art. 373, lo siguiente:


I. Concluida la investigación, la o el imputado, la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante el Juez de Instrucción conforme al numeral 2 del artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él…”.


En consecuencia, para la procedencia de la aplicación del procedimiento abreviado, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del Juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.

El debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por la o el imputado o el representante del Ministerio Público en tres momentos procesales (conforme a las modificaciones establecidas por la Ley 586): a) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) A la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado código; y, c) En la etapa de juicio, hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato por delitos flagrantes.


Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el Juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación, donde serán escuchadas con finalidades distintas. En el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria y a la víctima para que pueda, en su caso, oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado.


De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer párrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal, pues la víctima o querellante, puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal; además, del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el Juez cautelar para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que, establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador.


Respecto a las razones que fundarían la oposición de la víctima a la aplicación del procedimiento abreviado el Auto Supremo 642/2016-RRC de 24 de agosto, efectuó el siguiente entendimiento: “la oposición de la víctima podrá fundarse en el hecho de que el acuerdo suscrito entre la representación del Ministerio Público, el imputado y su defensor, no observe el principio de legalidad, por la falta de consideración de circunstancias fácticas que incidan en la calificación jurídica de la conducta del imputado, establecida incluso en una eventual acusación particular o en la solicitud de imposición de una pena que no se encuadre a los límites establecidos por la norma sustantiva, considerando que la normativa expresamente establece en el art. 374 del CPP, que la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal; pero también cuando considere la víctima que la realización del juicio oral permita un mejor conocimiento de los hechos, habida cuenta que los dos supuestos previstos en el art. 373.II del CPP, no resultan excluyentes”.


En consecuencia, la aplicación del procedimiento abreviado, tiene como base que el acusado reconozca haber cometido el hecho acusado, teniendo como característica la celeridad, en el cual ya no es necesaria la producción de pruebas periciales ni testificales, porque no existen hechos contradictorios que demostrar, el contenido fundamental del procedimiento es el acuerdo firmado entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, donde renuncia al juicio oral; además de contener la pena privativa de libertad a imponerse, resaltando que la admisión de los hechos por parte del imputado debe ser libre y voluntaria sobre su culpabilidad.

III.2.        La impugnabilidad de la Sentencia emitida en procedimiento abreviado.


       Uno de los elementos constitutivos del debido proceso es el derecho a recurrir de los fallos, previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el país, que son parte de la jerarquía normativa definida en el art. 410.II de la Ley Fundamental, tal el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuyo art. 8.2. inc. h), establece que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante el Juez o Tribunal superior y en su art. 25, refiere que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.


El derecho de recurrir las decisiones judiciales incurso en el art. 180.II de la CPE, debe ser ejercido en coherencia con los mecanismos procesales que la propia legislación contenga, pues un entendimiento paralelo acarrearía una desmesurada como innecesaria (por tanto perniciosa) actividad procesal; en ese sentido, el goce de ese derecho debe ser armonizado con ciertas exigencias procesales, como por ejemplo las formas, plazos y requisitos que la ley procesal prevea para cada supuesto en específico; un elemento importante también dentro del ejercicio de este derecho, es el constituido por que la pretensión deba tener origen en un perjuicio jurídico o agravio ya sea de índole sustancial o formal que pueda ser considerado como efectivamente perjudicial para quien recurre ante la jurisdicción. En ese ámbito, el agravio no puede constituirlo el que una decisión judicial sea aparentemente contraria a los intereses de una de las partes, sino que debe circunscribirse al resguardo de un interés legítimo en ellas, para ser reclamada a través de los medios procesales idóneos y habilitados por la norma. 


Ahora bien, la formulación de un recurso o medio de impugnación durante la tramitación de una causa, obliga al Juez o Tribunal verificar los aspectos objetivos y subjetivos a tiempo de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso, teniendo en cuenta la impugnabilidad objetiva y subjetiva, derivando la primera del reconocimiento expreso de que no todas las resoluciones son impugnables en el tramitación del proceso penal, conforme se infiere de las previsiones del art. 394 primer párrafo del CPP, que establece que: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; en tanto que la segunda, la impugnabilidad subjetiva, alude a que el poder de recurrir se otorga exclusivamente a determinados sujetos procesales; en ese sentido, el segundo párrafo del citado artículo y Código, señala que: “El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiese constituido en querellante”. 


En la sustanciación del procedimiento abreviado se identifican tres resoluciones judiciales relevantes: I) La autoridad judicial adopta la decisión de rechazar la aplicación del procedimiento abreviado o acoger la oposición fundada de la víctima; II) Que, desestima la oposición; a cuyo efecto, en resguardo del derecho de las partes de contar con una resolución debidamente fundamentada, en todos estos casos deberá adoptar la forma de Auto Interlocutorio conforme la descripción del art. 123 del CPP, advirtiéndose que estas resoluciones en razón a su naturaleza, no se hallan previstas dentro de los incs. 1) al 10) del art. 403 del CPP, menos en los arts. 373 y 374 del citado Código, que no prevén algún medio de impugnación en contra de dichas resoluciones, si se toma en cuenta lo establecido por el art. 403 del CPP, de modo que aplicando el criterio rector del art. 394 del referido Código, en sentido de que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código, puede sostenerse la carencia de impugnabilidad objetiva respecto a dichas resoluciones al no existir un recurso previsto por la norma procesal penal; y, III) La sentencia, que se emita una vez cumplidos los requisitos de procedencia del procedimiento abreviado.


Entonces, con relación a la impugnabilidad de la sentencia emitida en procedimiento abreviado, el artículo intitulado: “El procedimiento Abreviado en el Sistema Procesal Penal Boliviano”, dejó sentado el siguiente criterio: “Al ser la sentencia condenatoria y definitiva; es posible, pues, deducir que es pasible de ser recurrida de apelación restringida y hasta muy probablemente, si el caso se diera, de casación. Se trata, por ende, de los mismos recursos de apelación restringida y casación de cualquier sentencia según las reglas comunes, aunque la lógica permite suponer que es sumamente peregrina su interpretación. Ello porque la dinámica misma del procedimiento abreviado implica un consenso de partes; y por lo tanto, se torna infrecuente la existencia de un agravio que lleve al fiscal o al imputado a intentar la vía recursiva.


Solo la eventualidad de una sentencia absolutoria o de una condena que disminuya grandemente el monto de la pena solicitada, lleva a imaginar un supuesto donde exista interés del fiscal en recurrir la sentencia. La peripecia de que el imputado intente impugnar la sentencia podría ser totalmente aceptable; toda vez, que el acuerdo no autoriza a presumir una renuncia a la aplicación de las reglas constitucionales del debido proceso.


Acaso sean los excluidos del acuerdo, -querellante, víctima y actor civil- quienes se presenten como los posibles recurrentes si resultan agraviados creyendo que la pena impuesta está muy por debajo de la magnitud del hecho y no basándose estrictamente en el material probatorio recolectado”. (Reflexiones sobre el Nuevo Procesal Penal Boliviano. GTZ. Talleres Gráficos Gaviota del Sur S.R.L. 2007, pág. 39)”.


Lo propio se señaló en el trabajo titulado “Guía de Solución de Problemas Prácticos en Salidas Alternativas”, también publicado por la GTZ, que asume que la sentencia emitida en el abreviado como cualquier otra Sentencia, debe ser necesariamente fundamentada: “no se debe olvidar que esta sentencia puede ser objeto de apelación restringida, por lo que la sentencia deberá reunir los mismos requisitos que para cualquier otra sentencia” (pág. 277) y ante los planteamientos: ¿Cuáles son los medios de impugnación tratándose del procedimiento abreviado? ¿Se puede apelar la Sentencia?, arguyó que la Sentencia que se dicta dentro de este procedimiento, es una sentencia como cualquier otra; y por tanto, caería dentro de la previsión de la última parte del art. 407 del CPP, que refiriéndose al recurso de apelación restringida, indicó que este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas por la normativa respectiva (requisitos de fondo y forma) (pág. 290).


Por su parte, este Tribunal en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, señaló que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción"; criterio que fue asumido y reiterado por esta Sala Penal mediante la emisión de los Autos Supremos 236/2018-RRC de 18 de abril y 335/2018-RRC de 18 de mayo, que efectuaron el análisis de impugnabilidad de la Sentencia emitida en procedimiento abreviado.


Así también el autor William Herrera Añez, señaló respecto a la impugnabilidad de la Sentencia emitida en procedimiento abreviado que: “el reconocimiento de culpabilidad constituye, en el fondo, una declaración de voluntad unilateral del imputado y de su defensa, no puede alegar al mismo tiempo, la vulneración de los derechos fundamentales y garantías del debido proceso ni podrá apelar de la sentencia condenatoria. Si bien es cierto que toda sentencia se puede impugnar, no es menos cierto que en este caso debe imperar el principio de que nadie puede ir en contra de sus propios actos y decisiones. Así, reconocido el hecho, no puede posteriormente el imputado o modificarlo, menos impugnarlo, salvo que se hubieran vulnerado precisamente, las previsiones contenidas para estos casos en el Código procesal; por ejemplo, que el juez haya impuesto una pena mayor a la pedida por el fiscal” (Derecho Procesal. El Proceso Penal Boliviano. Tercera Edición. Grupo editorial Kipus. 2015. Pág. 293). (Las negrillas nos corresponden).


De donde se concluye, que la sentencia emitida en procedimiento abreviado es recurrible mediante la formulación del recurso de apelación restringida conforme prevén los arts. 407 y 408 del CPP, que pude ser interpuesto por el representante del Ministerio Público, el querellante, la víctima o el imputado, en los casos donde la Sentencia vulnere lo acordado, pues si bien el procedimiento abreviado es un mecanismo de simplificación procesal, que resulta de mucha utilidad para el descongestionamiento de las causas penales, su objetivo no está destinado a sustituir la verdad real por una verdad consensuada por el Ministerio Público, la parte imputada y su defensor; por lo que sostener la inadmisibilidad de una apelación restringida formulada por la parte querellante o la víctima contra una sentencia emitida en procedimiento abreviado, con el argumento de que los arts. 373 y 374 del CPP, no prevén expresamente la procedencia de un medio de impugnación, no condice con la intención del legislador que lo hubiere dispuesto de manera expresa como sucede respecto a otros tipos de Resolución.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista impugnado causó un grave perjuicio a sus derechos de acceso a la justicia y defensa; por cuanto, declaró inadmisible su recurso de apelación restringida, sustentando que no existe recurso de impugnación contra Sentencias en procedimiento abreviado, que así lo habría desarrollado el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016 de 18 de febrero y la doctrina del tratadista William Herrera Añez; conclusión que consideran, grosero y forzado; puesto que, no consideró que el Código de Procedimiento Penal establece que procede la apelación restringida para ambas partes del proceso; en cuyo efecto, la Sentencia en su parte dispositiva señaló que en función del art. 123 del CPP, era apelable en el término de 15 días, conforme lo establecido por los arts. 407 y 408 de la citada norma procedimental penal, por lo que formularon apelación; empero, fue rechazado, constituyendo defecto absoluto que atenta al debido proceso; puesto que, el derecho de apelar no puede ser restringido.


Ingresando al análisis del presente recurso, conforme se precisó en los antecedentes procesales, ante el requerimiento conclusivo sobre la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado para la imputada Daysi Juliana Vargas de Sarti, el Juez Octavo de Instrucción Penal y Cautelar emitió Sentencia condenatoria por la comisión del delito de Homicidio Culposo, advirtiendo que en función de lo previsto por el art. 123 del CPP, la Resolución era apelable en el término de quince días, conforme prevén los arts. 407 y 408 de la citada Ley; notificadas con tal determinación, la querellante y la víctima formularon recurso de apelación restringida conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo; respecto a lo cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Auto de Vista impugnado, declaró inadmisible el recurso planteado, por lo que sin pronunciarse sobre el fondo lo rechazó, alegando previa explicación de los arts. 373 y 374 del CPP, que el Código de Procedimiento Penal no determina de manera expresa ningún recurso de impugnación contra la sentencia emitida en aplicación del procedimiento abreviado, que así lo había desarrollado el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, que en su fundamento jurídico III.3 establecía: “ (…) El tratadista William Herrera Añez en su libro Derecho Procesal Penal (El Nuevo Proceso Penal , página 365), afirma que en el procedimiento abreviado  la sentencia no admite recursos.”.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, añadió que en el caso presente, la resolución apelada consistía en una Sentencia dictada en procedimiento abreviado, que constituye una salida alternativa al juicio oral, que en su tramitación había cumplido con todos los requisitos exigidos en el art. 374 del CPP; por lo que de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, advirtió que la Sentencia apelada dictada en procedimiento abreviado resulta resolución atípica, que no se encontraba contemplada en el Código de Procedimiento Penal, al emerger de un procedimiento especial contenido en la Ley 1970, que no prevé recurso de impugnación, por lo que en aplicación de la segunda parte del art. 399 del CPP, declaró inadmisible el recurso.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que ciertamente el Auto de Vista recurrido al declarar inadmisible el recurso interpuesto por la querellante y víctima, alegó que no existe recurso de impugnación contra Sentencias en procedimiento abreviado, criterio que apoyó en el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016 de 18 de febrero, que en su fundamento III.3 mencionó la doctrina de autor William Herrera Añez; empero, dicha doctrina del mencionado tratadista no sirvió de apoyó ni fue mencionada en el fallo impugnado, como afirma la parte recurrente; sin perjuicio de ello, dicha decisión de inadmisibilidad evidentemente vulneró los derechos de acceso a la justicia, defensa, debido proceso y lo previsto por el art. 180.II de la CPE de las recurrentes; toda vez, que el Tribunal de alzada no efectuó una adecuada comprensión del análisis y alcance de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, asumiendo un criterio ajeno al ordenamiento jurídico explicado en el acápite III.2 de esta Resolución; puesto que, las Sentencias emitidas en procedimiento abreviado son recurribles a través del recurso de apelación restringida conforme prevén los arts. 407 y 408 del CPP; aspecto que, fue advertido por el Juez Octavo de Instrucción Cautelar a tiempo de la emisión de la Sentencia; no obstante, fue inobservado por el Tribunal de alzada, pues si bien el procedimiento abreviado como mecanismo de simplificación procesal, resulta una expresión de económica procesal y de mucha utilidad para el descongestionamiento de las causas penales, su objetivo de ningún modo está destinado a limitar los derechos de las partes, luego de su sustanciación o negar las facultades que les asisten conforme a la ley procesal, los derechos, garantías y principios constitucionales; por lo que resulta igual a cualquier otra Sentencia, consecuentemente no se exime de la impugnabilidad.


Por los argumentos expuestos, ante la determinación ajena en la que incurrió el Auto de Vista recurrido respecto a la impugnabilidad de la Sentencia emitida en procedimiento abreviado, que llevó a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación restringida formulado por la querellante y la víctima, teniendo como consecuencia la falta de pronunciamiento sobre los puntos apelados como arguye la parte recurrente, corresponde dejarlo sin efecto, a fin de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba resuelva en el fondo las problemáticas planteadas en el recurso de apelación restringida, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma; en cuyo efecto, el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sinforosa Flores Mollo y Adriana Raquel Vega Cruz, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN  EFECTO el Auto de Vista de 31 de agosto de 2017, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos