TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 790/2018-RRC

Sucre, 30 de agosto de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 12/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Luís Fernando Gutiérrez Leigue    

Delito                        : Violación agravada de Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de agosto de 2017, cursante de fs. 1245 a 1251 vta., Luís Fernando Gutiérrez Leigue, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, de fs. 1211 a 1213, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Forty Fernández Lamas contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación Agravada de Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 310 inc. g) ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 46 de 13 de septiembre de 2016 (fs. 1110 a 1118 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luís Fernando Gutiérrez Leigue, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación Agravada de Adolescente, determinando la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, sin costas y sin declaración de denuncia falsa o temeraria.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 1129 a 1131 vta.) y la acusadora particular Forty Fernández Lamas (fs. 1188 a 1195), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados; por ende, anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, disponiendo el reenvío del expediente, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado mediante Auto 65 de 30 de junio de 2017 (fs. 1219 a 1220 vta.).


I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 097/2018-RA de 26 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. En el primer motivo del recurso, se plantea contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero, manifestando que los mismos disponen jurisprudencia que censura y prohíbe a los Tribunales de apelación el proceder a la revalorización de la prueba a momento de resolver recursos de apelación restringida; aspecto que, habría sido incumplido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, asumiendo una dirección contraria hubiera dado valor positivo a una pieza documental, base en la que sustentó su decisión de anular la Sentencia de primera instancia.


  1. En el segundo motivo del recurso, el recurrente indica que si los requisitos de validez descritos en el art. 360 del CPP, habrían sido cumplidos por la Sentencia y ésta no adolecía de los defectos señalados en el art. 370 del CPP, mal podía el Tribunal de alzada decidir su anulación. Esta situación es descrita por el recurrente como un entendimiento contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que previa remisión, este Tribunal admita su recurso para después dejar sin efecto el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017 y el Auto complementario 65 de 30 de junio de 2017, disponiendo se dicte una nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable.


    II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


La declaratoria de absolución, tuvo como principal argumento la aseveración de los miembros del Tribunal de sentencia de que los acusadores “no llegaron a demostrar los hechos acusados por no generar responsabilidad del acusado” (sic); ello se vio basado en:


  1. El examen médico forense y lo ratificado sobre su contenido en juicio oral por la responsable de su elaboración, dieron cuenta que la víctima al momento de ser examinada presentaba desfloración antigua compatible con acceso carnal sin ninguna otra lesión en otra parte del cuerpo, “aclarando que tal tipo de lesión no siempre puede ser causada por el pene de un varón sino también por un dedo o algún tipo de objeto.” (sic).


  1. Del informe pericial de entrevista sicológica y del testimonio de la víctima “se extrae que este no es claro y preciso en poder establecer que el acusado fue la persona que mediante intimidación, violencia física o psicológica, cometió con ella acceso carnal mediante penetración de su miembro viril por vía vaginal, toda vez que ésta indica solo haber quedado dormida en la noche y despertar con dolor en su parte vaginal, así como con un líquido blanco tipo moco encima de si calzón, así como con sangre antes que le baje su regla. Situación está que francamente habría llamado la atención, a su entorno familiar, toda vez que al tratarse de una niña de entre 8 y 9 años, esta podía, referir alguna molestia o dolor por una abusiva desde todo punto de vista, salvaje penetración en la vagina de una niña de corta edad. Situación está también inverosímil en un ambiente tan pequeño y rodeado de otras personas ajenas al acusado y a su hija que no vieron ni escucharon nada anormal.” (sic).


  1. Lo aseverado por la víctima y la querellante, en sentido que “al evidenciar, que se orinaba en la cama, esto era señal de abuso sexual, por haberlo escuchado en una clase de la universidad o viendo la tele, situación, que no se encuentra corroborada científicamente, ni que es tomado como un indicador de violencia sexual en las pruebas estandarizadas que la Defensoría de la Niñez a través de su servicio sicológico realiza. Peor si tomamos en cuenta el contexto en el que se desarrolló la denuncia, es decir, con otra denuncia anterior en contra del acusado, donde la víctima era una adolescente de su mismo entorno familiar, evidenciándose por el testimonio de las propias testigos de cargo, que la adolescente fue llevada al examen ginecológico, no por una infección, sino con el único propósito de ver si era aún virgen o no, infiriéndose esto del hecho, de que tanto en el certificado médico legal, como en lo declarado por la perito forense, esta no refirió la presencia de ningún granito o infección vaginal.” (sic).


  1. “…se denota esta presión familiar sobre la víctima, al ver los otros indicadores sicológicos extraídos de la prueba de la persona bajo la lluvia, con presión, amenaza con ansiedad alta por la prueba de la prueba STAIC.” (sic).


  1. Con relación al resto de prueba producida, se evidencia que los mismos no acreditan de forma fehaciente que el procesado sería el autor de un hecho de violación sobre la víctima, toda vez que si bien la abuela de la víctima denuncia al acusado, pero no lo hace estando plenamente segura, solamente pudiendo establecerse de estos actuados y actos investigativos que no tienen mayor incidencia en demostrar los hechos acusados.” (sic). 


II.2. De las apelaciones restringidas.


II.2.1.        Del recurso de apelación restringida opuesto por el Ministerio Público.


Por memorial de fs. 1129 a 1131 vta., el Ministerio Público activó recurso de apelación restringida, alegando errónea aplicación del art. 308 bis del CP e insuficiencia en la fundamentación de la sentencia en el orden del art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, alegando cuestiones sobre la afirmación depuesta por la víctima de no haber mantenido relaciones sexuales, el hecho de que la misma haya dormido con el imputado en la misma cama por más de dos años y que el motivo de su presencia en un centro médico fue la preocupación de la querellante en percibir un tipo granulación en la vulva de la víctima.


II.2.2.        Del recurso de apelación restringida opuesto por la querellante.


Por su parte, tal cual es visto en memorial de fs. 118 a 1195, la parte querellante acudió en apelación restringida, exponiendo una serie de consideraciones sobre la historicidad de los hechos y la interpretación de varios elementos de prueba. Aspectos que, en la vinculación al recurso de casación que motiva autos, se resumen en:


  1.        La víctima en varios tramos del proceso reconoce al acusado como su violador.


  1.        No fueron consideradas las siguientes documentales: “certificado médico forense, el informe psicológico preliminar y el informe social preliminar” (sic). Sobre el certificado médico forense, cuestionó que no fue valorado en la dimensión brindada por el testimonio de la víctima y se obvio tener presente que el motivo de su realización se tuvo en la existencia de una granulación en la vulva y no la verificación sobre algún tipo de contacto sexual en la víctima, reclamó también que no se habían valorado la declaración de la médico forense, en sentido que el orinar en la cama es “algo normal en las víctimas de violación” (sic); La entrevista preliminar psicológica, en la que la víctima relata aspectos sobre su convivencia con el imputado, precisando que “despertaba orinada y con un líquido blanco en [su] calzón” (sic) y afirmando que: “cuando fui a vivir con mi madre y mi abuela ya no orine más en las mañanas.” (sic).


  1.        Se afirmó también que le juez de grado no había valorado las atestaciones de la querellante, DEMI, MEIF y FNIF, quienes coincidieron en afirmar, conductas anteriores en el imputado relacionadas a hechos similares al presente y que la forma en que se advirtió sobre el presunto hecho, fue a partir de la visita de la víctima a un centro médico por haber presentado una infección.


  1.        Se denunció existencia del defecto contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, afirmándose que “existe una incongruencia entre los hechos probados, toda vez que todas las pruebas vinculan como autor de los mismos al [imputado]” (sic). 


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Activado el recurso de apelación restringida la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, que declaró procedentes las acciones recursivas de los acusadores público y particular, anulando la Sentencia de grado y disponiendo el juicio de reenvío. Tal decisión se vio apoyada en los siguientes argumentos:


  1. “El Tribunal de sentencia a tiempo de emitir su fallo ha realizado conclusiones erróneas de las declaraciones de las testigos, dijo que, llevaron a la víctima al centro médico, para corroborar si habría sido víctima de violación y lo correcto sería que la abuela habría llevado a la menor, porque tenía unos granitos en su parte íntima y que eso preocupaba a la abuela, es decir el único propósito, era velar por la salud de su nieta; sin embargo de esta revisión ginecológica, se observó que tenía signos clásicos de un abuso sexual compatible con acceso carnal, y es ahí cuando recién la abuela se entera del hecho delictivo; en el entendido de que el certificado médico, establece de manera tajante que la menor presenta desfloración antigua compatible con acceso carnal, sin ninguna otra lesión tanto física, ginecológico o proctológica, lo cual concuerda con la misma declaración de la víctima cuando dice que desde sus 8 años sus 10 años dormía con su padre en la misma cama; por lo que a decir de la menor, ésta admite que dormía con su padre en la misma cama, que dormía fuerte o pesado, pero cuando se levantaba veía que su parte íntima estaba con sangre y su ropa impregnado con un líquido pegajoso; todos estos hechos que constan en el expediente, el Tribunal no los valoró correctamente, es decir en este caso existe el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal que se refiere a la valoración defectuosa de la prueba.” (sic).


  1. En el caso de autos nos encontramos ante una Violación por ejercicio del poder, ya que para obtener supremacía y control sobre su indefensa víctima, no obstante la desproporción de fuerza física, el imputado aprovechó de la oportunidad y ocasión de tenerla sola a su alcance, que su hija se duerma, aprovechando la ausencia de la madre, además de que ambos compartían la misma cama. De lo examinado se colige que el imputado cometió el hecho delictivo de Violación motivado por su superioridad física, la fragilidad de la víctima y  la oportunidad que se le presentó para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida.” (sic).              


            III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1. Primer motivo, en el que se denuncia revalorización de la prueba por parte del Tribunal de apelación.


Transcribiendo la totalidad del Considerando Segundo de la Resolución impugnada, que son señalados como el argumento de la decisión de anulación de la Sentencia, el recurrente expresa que su contenido delata una “ilegal revalorización de la prueba testifical de las testigos Forty Fernández y María Elizabeth Ibáñez Fernández, tomando en cuenta el certificado Grumeso que nunca fue parte de la comunidad de la prueba, de igual modo [se] revaloriza el certificado médico legal o prueba D-1 [al señalar] que dicho certificado médico es tajante.” (sic).


Cuestiona que el Auto de Vista impugnado ingresó a revalorizar elementos de hecho, al expresar: “que en el caso de autos nos encontramos ante una violación por ejercicio del poder, se colige que el imputado cometió el hecho delictivo de violación motivado por su superioridad física, la fragilidad de la víctima y la oportunidad que se le presentó para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida.” (sic).


Se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero.


III.1.1. Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes invocados.


El Auto Supremo 384/2005 de 26 de septiembre, aborda el tema de la prohibición de la revaloración de prueba por el Tribunal de alzada, señalando además, que su facultad se limita al control sobre la aplicación correcta de la sana crítica, razonando que en caso de su inobservancia ese tribunal se halla facultado para ordenar juicio de reenvío. La Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido y sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“…es una premisa ya consolidada que la línea jurisprudencial ha establecido en el sistema procesal penal boliviano que no existe segunda instancia, y que el Juez o el Tribunal de Sentencia son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; razón por la que el Tribunal de Apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas. La inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicción o la imprecisión del fundamento de la apreciación de las pruebas, conlleva la reposición del juicio, consiguientemente, la formulación de una nueva resolución; en suma el Tribunal de Apelación tiene la facultad de que se aplique correctamente las reglas de la sana crítica. Por lo expuesto, el Tribunal de Alzada debe disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, quien dictará nueva resolución valorando la prueba con las reglas de la sana crítica".


En cuanto al Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, fue dictado dentro de un proceso por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas. En casación se acusó que el Tribunal de apelación, en forma ultra y extra petita anuló la Sentencia y procedió a dictar una nueva, revalorizando la prueba, valorando los hechos no probados o inexistentes, sobre una supuesta conducta antijurídica, quebrantando el principio de inmediación e intangibilidad de la prueba; de tal cuenta verificada la certeza de la denuncia, la Sala pronunciante emitió la siguiente doctrina legal:


“Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal”.


Por su parte el Auto Supremo 304/2012-RRC de 23 de noviembre, se pronunció ante la denuncia de anulación de una sentencia absolutoria, a partir una revalorización de la prueba, la parte recurrente alegó que los de apelación incursionaron en la relación histórica del hecho, valoraron testificales asignándoles valor positivo y de forma subjetiva otorgándoles total credibilidad. En el análisis de fondo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que el Tribunal de apelación “excediendo la labor que la ley le asigna, emitió una nueva Sentencia condenando al imputado que inicialmente fue absuelto una vez desarrollado el acto de juicio”, afirmando que si ese Tribunal “concluyó que la Sentencia apelada incurrió en defectos le correspondía anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal y no así dictar una nueva Sentencia que en los hechos expresa inobjetablemente una revalorización de la prueba, actividad que le está vedada”; de tales consideraciones, se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, emitiéndose la siguiente doctrina legal:


“El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente", el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles”


El Auto Supremo 0034/2013-RRC de 14 de febrero, tiene como antecedente un proceso por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente (art. 308 Bis del CP), en el que habiéndose dictado sentencia absolutoria y activado el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada revocó el fallo de grado declarando la culpabilidad del imputado condenándolo a una pena privativa de libertad de cinco años; situación que motivo que el mismo recurra en casación denunciando que el Auto de Vista impugnado, no cumplió con el principio de fundamentación suficiente y razonable sobre todos y cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida y su respaldo probatorio, conforme a la exigencia del art. 124 del CPP, manifestando que fuera contrario a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre y 086/2009 de 18 de marzo. En el análisis de fondo la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que: “efectivamente el Auto de Vista impugnado contradice la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, en resguardo del cual, el Tribunal de alzada, de considerar vulneradas, en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica, debió ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal”, disponiendo dejar sin efecto el Fallo del Tribunal de alzada, y emitir la doctrina legal descrita a continuación:


“…los jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas, por no ser competente para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia. Tampoco el sistema procesal admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, debiendo indicar el objeto concreto del nuevo juicio cuando la nulidad sea parcial; o, en su caso, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Sin embargo, se vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y se incurre en una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.


II.1.2. Análisis del motivo en concreto.


Expresa el recurrente que el Auto de Vista que impugna es contrario a la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos arriba descritos, pues estando vedada la revalorización de prueba en apelación restringida, al Sala Penal Primera revalorizó las testimoniales de la querellante y MEIF “tomando como base el certificado de GRUMESCO que nunca fue parte de la comunidad de la prueba, de igual modo revalorizan la prueba D-1, cuando señalan que es tajante.” (sic).


Como se tiene detallado, la censura en casación se centra en elementos de prueba específicos y las conclusiones que sobre ellos habría arribado el Tribunal de apelación, de tal cuenta, teniendo presente que si bien la revalorización de la prueba es algo vedado en grado de apelación restringida (sentido en el que de manera uniforme y constante se ha manifestado la jurisprudencia de este Tribunal Supremo), corresponde previamente caracterizar cual es el parámetro para comprender que en efecto una prueba ha sido revalorizada por los Tribunales de apelación.


Por los arts. 329 y 330 del CPP, se tiene que el juicio oral es la fase esencial del proceso, caracterizado por su realización contradictoria, oral, pública y continúa; además, el citado Código enfatiza que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y todas las partes; es decir, el juicio oral tiene como eje motor al principio de inmediación. Se comprende que el juicio oral, conforme al propio modelo del sistema acusatorio y las precisiones legales que el Código de Procedimiento Penal contiene, es un acto cuya materialización se manifiesta en condiciones únicas de tiempo y espacio. Por el principio de inmediación deberá coincidir en un mismo acto y en un mismo tiempo, la producción de las pruebas, el debate contradictorio y  la presencia física de las partes en contienda y el Juez de la causa; aspectos que, por cuestiones lógicas es irrepetible a posterioridad; de ahí que, la prueba producida adquiera un elemento adicional, pues al ser generada en un escenario regido por el debate contradictorio, la inmediación de las partes, adquiere variedad de detalles, de inconsistencias, concordancias y matices haciendo que la percepción de quién ha sido partícipe en su producción sea única e irrepetible en un tercero a posterioridad, representado por un Tribunal de apelación.


Para mayor precisión, el Auto Supremo 498/2016-RRC de 1 de julio, consideró que: “la valoración probatoria es facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia, quienes por el principio de inmediación y contradicción se hallan en relación directa con las partes y los elementos de prueba testigos, peritos, etc.-, siendo los únicos quienes, a través de una fundamentación probatoria, tienen la facultad de otorgar determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), a las pruebas sometidas a su conocimiento, en base a los cual forma su convicción sobre la existencia o no de un hecho ilícito y la responsabilidad penal”; es decir, un ejercicio de revalorización de la prueba incumbe la negación de los razonamientos y conclusiones que sobre el acervo probatorio posee la Sentencia, para realizar un nuevo ejercicio de similar característica, o bien, el modular o reinterpretar las conclusiones que la valoración probatoria haya arrojado en primera instancia.   


Ya en materia, el Tribunal de apelación calificó de erradas las conclusiones hechas en la Sentencia sobre lo atestado por la querellante, MEIF y la propia víctima, en relación a la prueba D-1, determinando la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP. En la lectura de la porción pertinente en el Auto de Vista impugnado, la Sala no detecta que los de apelación hayan vertido un criterio ni positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente o de cualesquier naturaleza estimativa o valorativa, tendiente a generar otro valor o modular el existente en la resolución de mérito, ello en relación a las atestaciones señaladas y la documental D-1. De hecho la descripción tomada por los de apelación es la misma a la utilizada en Sentencia, cuya diferencia se encuentra en el resultado que arrojaron las mismas.


Por una parte los de apelación comprendieron que la correlación entre lo depuesto por la víctima y el certificado médico forense había sido erróneamente interpretado en Sentencia, pues en su consideración entre ambos existió coincidencia y tal hecho no había sido valorado por la Sentencia. En efecto, los de apelación evidenciaron la existencia de un error, invocando a continuación la facultad contenida en el art. 413 del CPP; es decir, la anulación total de la sentencia disponiendo juicio de reenvío, decisión que resulta coherente, tomando en cuenta que no se varió la situación procesal del imputado, ni se corrigió directamente el error advertido.


Con relación al uso de la palabra tajante dentro del argumento sostenido por los de apelación, la Sala considera que la misma no delata ningún tipo de valoración probatoria, sino se trata de un adjetivo que visto en contexto, solo enfatiza información contenida en la documental D-1, sin que ello pueda significar de manera alguna, que se haya otorgado ningún tipo de valor o relevancia a la misma; más aún, si se tiene presente, que el resultado del razonamiento del Tribunal de apelación se asienta no en una prueba, sino en una eventual coincidencia entre esa prueba y la atestación de la víctima  y que fue justamente el aspecto central que motivó la anulación de la sentencia.


La Doctrina Legal Aplicable emitida por sobre la naturaleza, alcance y límites de las competencias de los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida ante los planteamientos de defectuosa valoración de la prueba, orienta que el control a realizar brinda dos posibilidades; por un lado, el control de legalidad  (inherente al art. 171 del CPP); y por otro, el control de logicidad, por el que se examina las apreciaciones y razonamientos que sobre la prueba realizaron los de mérito y se precautela la existencia de completitud y coherencia lógica, sin que en ningún caso pueda a partir de ahí darse una nueva versión sobre la prueba o los hechos en el proceso. Esta situación, fue justamente la acontecida en el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, pues habiendo estimado que la apreciación valorativa de los de Sentencia había omitido la consideración de elementos coincidentes reportados desde dos elementos de prueba, sin llegar a ninguna conclusión, precisando solamente el error, dispuso la anulación de la sentencia y el consecuente juicio de reenvío.


Debe tenerse presente que las posibilidades de resolución en apelación restringida son previstas por el art. 413 del CPP, si bien brindan la posibilidad de una resolución directa de parte de los Tribunales de apelación, la misma debe ser entendida en armonía con los demás institutos que componen el procedimiento penal; de tal cuenta, si sucede como en el caso de autos- se detecta un error en cuestiones probatorias, que por respeto al principio de inmediación, no podría disponerse otro tipo de solución, que no sea la reposición del juicio oral. 


Dicho ello, la Sala estima que el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, no es contrario a los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero; por cuanto, no se incurrió en valoración o revalorización de la prueba, sino al contrario el Tribunal de apelación en armonía con la doctrina legal aplicable contenida en esos fallos, ante la evidencia de error en el razonamiento apreciativo del juzgador de grado, optó por la aplicación de la facultad prevista en el art. 413 del CPP. 


III.2.        Segundo motivo, donde se denuncia inobservancia de doctrina legal aplicable referida a requisitos mínimos en la Sentencia.


Partiendo de la misma situación de hecho, pero bajo un matiz jurídico procesal distinto, el recurrente aduce que el Auto de Vista recurrido no dio observancia a los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, que fueran relacionados a la fundamentación descriptiva, analítica o intelectiva y jurídica, requisitos de validez que serían advertidos en la Sentencia de primera instancia, que fue anulada violando el debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, a partir de acciones de revalorización de pruebas testificales y documentales.


Agrega que contrario a lo afirmado por el Tribunal de apelación, la sentencia de grado fue “dictada por unanimidad” (sic) y “cumple a cabalidad todos los requisitos expresados en los artículos 124, 173, 360 incisos 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal, no existiendo ninguna contravención a lo previsto  en el inciso 5) del artículo 370 del mismo Código.” (sic).


III.2.1. Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes invocados.


El Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, con el antecedente de infracción al art. 124 del CPP en las dos fases anteriores del proceso, estableció que la Sentencia dictada carecía de: “una adecuada fundamentación al resultar insuficiente la fundamentación fáctica, por cuanto no se efectuó una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos, tampoco se observa que la Sentencia haya concluido con una fundamentación jurídica pues el Tribunal de Sentencia, transcribió los tipos penales, previstos por los arts. 331 y 332 del CP, hizo referencia con un apunte doctrinal de los elementos configurativos de ambos delitos y concluyó que el imputado fue autor del delito, sin efectuar el trabajo efectivo de adecuación de los hechos, con la descripción de los elementos constitutivos del tipo penal”. De igual forma la Sala pronunciante estimó que: “…el Tribunal de apelación, no ejerció su función de control de verificación de la correcta fundamentación, siendo equivocado el justificativo del Tribunal de alzada, en sentido de que el ejercicio de esa labor importaría una revalorización de la prueba, pues éste Tribunal, en el Auto Supremo 167/2012-RRC de 4 de julio, ha remarcado la obligación que tiene el Tribunal de apelación de hacer el trabajo de control de la debida fundamentación de la Sentencia, en el sentido de los arts. 124 y 360 inciso 3) del CPP”. La doctrina legal aplicable sentada en esa oportunidad es la siguiente:

 

“Una vez desarrollado el acto de juicio oral y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia, en observancia del derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación de toda resolución judicial, deberá emitir la Sentencia que corresponda, a través de una resolución debidamente motivada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad, precisión y en términos positivos; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta, esto implica que en la Sentencia debe dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, esto es la labor, a partir de los hechos estimados probados, de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable; y, en caso de optarse por la responsabilidad del imputado, la determinación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP”.


En cuanto al Auto Supremo 215/2013 de 12 de junio, fue pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia motivada por la interposición de recurso de casación promovido por EKDR dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros en su contra por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, y con el antecedente de haberse dictado una sentencia absolutoria que fue revocada en parte en apelación restringida, con la modificación al tipo penal de Abuso deshonesto y la imposición de 5 años de privación de libertad. En el análisis de fondo la Sala pronunciante percibió varias inconsistencias en el Auto de Vista impugnado vinculadas a la calificación de los hechos y falta de fundamentación de su decisorio, lo que causó se lo deje sin efecto y se emita la siguiente doctrina legal:


“De acuerdo al entendimiento de este máximo Tribunal de Justicia, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad.


Por tanto, toda autoridad que conozca de un proceso o una pretensión o que dicte una Resolución determinando una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, debe precisar los hechos sobre los cuales se pronuncia, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, tiene por finalidad de generar el convencimiento en las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores, el saber humano en conexión con la realidad, de tal manera que el postulante convencido de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que arribó el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron considerados conforme a los dispuesto por la Ley.  


El Tribunal de Alzada podrá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente.


En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión”.


III.2.2. Análisis del motivo en concreto.

Lo alegado por el recurrente en este tramo de su recurso, posee tres pilares, por un lado el planteamiento de contradicción, explicada en el hecho de no consideración de la doctrina legal contenida en los  precedentes contradictorios invocados; por otro se afirma que la Sentencia de grado poseyó las condiciones de validez suficientes previstas por norma, no pudiendo ser posible, en tal entendido, ser pasible de anulación; la aseveración de que lo decidido en el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, tuvo base en “revalorización testifical y documental del certificado médico legal” (sic); y finalmente, la denuncia de vulneración al principio in dubio pro reo.


Esa digresión de argumentos que revisten el presente motivo por una parte no hace a la coincidencia sobre una situación de hecho similar con los precedentes contradictorios invocados, por cuanto como está anotado- las razones por las que la doctrina legal aplicable fue emitida en situaciones distintas a la presente. En el caso del Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, se consideraron infracciones al art. 124 del CPP; esto es, vicios de indebida de fundamentación y para el caso del Auto Supremo 215/2013 de 12 de junio, de igual forma atinge a problemáticas sobre insuficiente fundamentación, orientando, de manera paralela sobre la instrumentalización del art. 413 del CPP.


Sobre la aseveración que la anulación de la sentencia fue basada en revalorización de prueba, la Sala ya ha sentado su opinión en el apartado que precede.


Por último, sobre la presunta vulneración al principio in dubio pro reo, de igual manera no constituye materia para una eventual censura del Auto de Vista impugnado, toda vez que no debe entrar en confusión los alcances de ese instituto con el principio de presunción de inocencia. En el principio in dubio pro reo, posee raigambre procesal, pues es la regla de aplicación práctica ante la eventual existencia  de duda racional sobre la concurrencia de alguno de los elementos del tipo penal que se acusa, ello a pesar de haberse producido con validez las pruebas ofrecidas; es decir, por este principio se obliga a Juez o Tribunal de mérito a la emisión de un fallo absolutorio si el resultado de la valoración probatoria emerge duda razonable. En cambio, el principio de presunción de inocencia se manifiesta en un plano no relacionado al ejercicio probatorio, siendo la garantía de consideración de inocencia hasta que el mismo no sea destruido como emergencia de los resultados del proceso.


En el caso de autos, la sugerencia del recurrente sobre la vulneración al principio in dubio pro reo en el ejercicio de una actividad revalorativa de la prueba, no posee asidero; por cuanto, como se tiene explicado tal revalorización no es evidente; y por otro, que a la aplicación de ese principio lo antecede un proceso de apreciación crítica y racional del acervo probatorio, que fue el tema cuestionado y sobre el que el Tribunal de apelación emitió decisión y pronunciamiento.


Por consiguiente, no siendo evidente la contradicción planteada por el imputado en casación, resta fallar conforme los antecedentes de este Auto Supremo.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luís Fernando Gutiérrez Leigue.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos