TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 787/2018-RRC

Sucre, 30 de agosto de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 5/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Freddy Edgar Cardona Suarez

Delito                                : Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, cursante de fs. 370 a 379, Freddy Edgar Cardona Suarez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13 de 25 de septiembre de 2017, de fs. 350 a 354, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jaime Villarroel Duran contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 18/2017 de 8 de marzo (fs. 303 a 321), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Freddy Edgar Cardona Suarez, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas y daños a ser regulados en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Freddy Edgar Cardona Suarez (fs. 331 a 337), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 13 de 25 de septiembre de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 044/2018-RA de 5 de febrero, se admitió el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Reclama que el Auto de Vista recurrido carece de una debida fundamentación lo que vulnera el debido proceso en su componente del derecho a la defensa; puesto que, no explicó cuál la razón por la que declaró improcedente su apelación restringida, limitándose a efectuar en su primer y segundo Considerando, sobre la interposición de su recurso y la descripción del delito de Estafa, no considerando que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado; puesto que, no desplazó ningún patrimonio al acusador, no le engañó, ni tenía trato alguno y no le hizo entrar en error; aspectos que, fueron demostrados en juicio. Que, en el tercer considerando arguyó que el Tribunal de Sentencia valoró debidamente las pruebas testificales y documentales cumpliendo las previsiones del art. 333 del CPP, aspecto que no ocurrió; por cuanto, no observó que el Tribunal de Sentencia no consideró sus pruebas de descargo, vulnerándose sus derechos a la defensa, debido proceso y la igualdad de las partes previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 12 del CPP, dejándole en indefensión al atribuirle un delito que no cometió; sosteniendo además el Tribunal de alzada, que la Sentencia cumplió con la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP y que el acusador le había entregado Bs. 30.000.- (treinta mil bolivianos) para la compra de un terreno, hecho jamás referido por el Tribunal de origen; toda vez, que el acusador no le entregó nada.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se dicte Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando nuevo juicio donde se consideren sus pruebas de descargo.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 044/2018-RA de 5 de febrero, cursante de fs. 391 a 393 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Freddy Edgar Cardona Suarez, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 18/2017 de 8 de marzo, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Freddy Edgar Cardona Suarez, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas y daños a ser regulados en ejecución de Sentencia, bajo los siguientes hechos probados: 


  1. La adquisición del terreno por parte de Jaime Villarroel Duran el 5 de abril de 1993, conforme evidencia el contrato de venta de terreno por escritura pública, previo pago y proceso de expropiación de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, terreno que lo adquirió para su empresa unipersonal “Integral J.V.”, en el monto de $us. 21.750.-, que fue otorgado a ser pagado en el plazo de 8 años al 1% mensual, sobre saldo deudor, hecho acreditado por la PD.11 de cargo del Ministerio Público, que consiste en la copia legalizada del contrato de venta de terreno suscrito entre la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (vendedor) y la empresa Integral J.V., representado por el gerente y propietario Jaime Villarroel (comprador).


  1. Que, el costo total de la venta del inmueble fue pagada por la víctima Jaime Villarroel Duran, extremo probado por la declaración de la víctima y del propio acusado.
  2. La ausencia de pago del costo del valor del inmueble por parte del acusado, que en ningún momento ha negado que el terreno fue cancelado por el acusador particular en su totalidad, que el solo prestó su nombre para salvaguardar el inmueble de acreedores por parte de la víctima por la situación económica en la que se encontraba en ese momento, lo que se demuestra con la PD.10 de cargo del Ministerio Público, que corresponde a la certificación de cancelación total de deuda, que hacen ver que la empresa unipersonal J.V., canceló desde el año 1993 hasta el año 2007 la suma de $us. 37.735.31.-, haciendo ver que quien canceló el monto del terreno fue la víctima Jaime Villarroel Durán.


  1. Que, el imputado Freddy Edgar Cardona Suarez, luego de tomar conocimiento de que el terreno ya había sido cancelado en su totalidad por la víctima, lo registró a su nombre, lo que fue corroborado por las pruebas PD4, PD14 de cargo y PD.1 de descargo, consistente en alodial que demuestra que el 7 de noviembre de 2014, inscribe el derecho propietario en Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0138699, con lo que se consuma el ilícito. También, se demuestra por la prueba PD.10 de cargo del Ministerio Público, que es la transferencia definitiva que suscriben el Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera como vendedor y el imputado Freddy Cardona Suarez como comprador, en el que se aprecia que se inserta un dato falso con relación al pago del costo total del inmueble, insertando que el precio fue cancelado por el imputado, lo que no era verdad como se tuvo demostrado.


  1. La existencia de un compromiso verbal de devolución del inmueble, la cesión del terreno que hizo el acusador particular a favor del imputado sin contraprestación alguna, tenía por finalidad salvaguardar el derecho sobre el mismo y era hasta que el acusador haya solucionado sus problemas  económicos que atravesaba la empresa Integral J.V., para proteger el bien inmueble que no fuese embargado por los acreedores, lo que concluye, de las declaraciones de la víctima y del imputado que en juicio oral admiten que el inmueble fue cedido de favor, sin contraprestación alguna.


  1. La existencia de mutua confianza, como consecuencia de la relación familiar, entre el apoderado e hijo del acusador particular Jaime Villarroel Tapia hijo de la víctima, que en ese momento tenía una relación sentimental con su esposa Claudia Fabiola Gutiérrez Tuero, hijastra del acusado, se ponen de acuerdo en el caso de Jaime Villarroel Tapia hacerle conocer a su padre y víctima Jaime Villarroel Durán, la aceptación por parte del imputado que estaba en condiciones de prestar su nombre para realizar la cesión del terreno, que luego sería devuelto a Jaime Villarroel Tapia.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia Freddy Edgar Cardona Suarez formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Reclama, las causales previstas en el art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP; afirma que el hecho se trata de un acto meramente de carácter civil, que se inicia con una cesión de derechos de carácter unilateral, en la que el cedente por propia voluntad, cede su derecho a una tercera persona sin ningún condicionamiento, como se establecería en el documento privado de cesión de derecho, signada como prueba de descargo 7.


  1. Valoración defectuosa de la prueba; que en el punto V de la Sentencia referida a los hechos probados, en su punto V.1 concerniente a la declaración de Francisco Salazar Mendoza, “éste testigo miente”; puesto que, el señor Villarroel Durán nunca fue dueño de nada, lo único que tenía era un contrato de compra a plazo; pero jamás, estuvo en posesión del terreno, prueba que fue valorada defectuosamente, teniéndola como verdadera siendo que le resulta contradictoria con las demás pruebas documentales y con el punto V.2 de la Sentencia que reconoce la adjudicación del terreno, que se encontraba en trámite en las oficinas del PADI de la Gobernación. Que en el punto V.4 la sentencia referiría que se ha probado que a su persona, la víctima le cedió el terreno con el compromiso de devolución; aspecto que, no fue probado; ya que, no existe ninguna prueba del compromiso de devolución, resultándole obvio que si el terreno estaba pagado a nombre de su persona, nadie más podía registrarlo a su nombre, lo que es una consecuencia del trámite y no le resulta ningún ardid. Que, en el punto V.5 la Sentencia dio total crédito a un supuesto compromiso verbal de forma subjetiva, lo que no haría concluir que existía un compromiso verbal de parte del acusado de devolver el terreno, pues si todo se habría hecho por escrito como la cesión de derechos, porque no se hizo también de forma escrita el “famoso compromiso de devolución”. Que, en el punto VII.2 la Sentencia afirmaría que su persona hace creer a la víctima que posterior a la cesión del terreno a su favor iba a restituir el terreno al acusador particular, afirmación que considera maliciosa, subjetiva y contradictoria con el propio acusador particular, cuando afirma que solo conoció al acusado de vista, declaración que le resulta contundente; ya que, evidencia que nunca tuvieron trato y que no se conocían, todo lo que se hizo fue de carácter civil con documentos y si su persona hubiere tenido alguna obligación tenía que haber sido por escrito. Que, en el punto VII.2. 1) la Sentencia alegó que la primera fase del delito era hacer creer que el terreno iba a ser devuelto, cuando así la víctima lo requería, afirmación que le resulta falsa; ya que, no fue probado con documento alguno. Que, en el punto VII.2. 2) de la Sentencia alegaría que su persona aceptó prestar su nombre y en cuyo momento se condiciona la devolución del terreno cuando corresponda, además que la presunta víctima cayó en error por no ser bachiller, cuando la víctima alegó que era empresario; constituyendo lo más grave que la Sentencia no consideró su prueba de descargo Nº 13, consistente en los juicios más de 20 que llevó su persona, esperando el acusador 7 años a que se regularice el derecho propietario a su favor, para demandarlo no contando su persona con el ardid; ya que, la víctima le propuso la cesión, cómo su persona pudo hacerlo caer en error a la víctima si no lo conocía.


  1. Violación al debido proceso; ya que, la Sentencia no consideró ninguna de sus pruebas de descargo, cuando el Ministerio Público ni la parte acusadora objetaron ninguna de sus pruebas; sin embargo, el Tribunal solo consideró las pruebas de cargo.


  1. Defectos de la Sentencia: i) art. 370 inc. 1) del CPP, afirma, que su conducta no se adecuó a las previsiones del art. 370 del CP, que el terreno está ahí, sí lo puso a su nombre y lo único que hizo fue no hacerle perder su dinero; ii) art. 370 inc. 5) del CPP, le resulta insuficiente la fundamentación; ya que, no se refiere en lo absoluto a sus pruebas de descargo; iii) “art. 370 Nº 8.- En la parte dispositiva es decir en el Determinación de la Pena VIII.5, habla de la valoración de las pruebas de descargo cuando en la parte considerativa ni se las menciona y menos aún se las toma en cuenta, no se refiere a ellas diciendo sin son idónea a no”.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:


  1. Primer Considerando, explica la naturaleza del recurso de apelación restringida prevista en el art. 407 del CPP; a cuyo efecto, cita y transcribe parte del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, que establecería que la apelación restringida no es el medio para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen los jueces o Tribunales inferiores.


  1. Segundo Considerando, hace referencia doctrinaria respecto a lo previsto por el art. 335 del CP, explicando la naturaleza y los elementos que deben de concurrir para su configuración; así también, realiza en análisis doctrinario del tipo penal, previsto por el art. 337 del CP.


  1. Tercer Considerando, respecto al recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, aclara que en alzada solamente corresponde verificar si la actuación del Tribunal a quo, fue correcta al valorar las pruebas, al subsumir la conducta del acusado dentro de los alcances del art. 335 del CP, verificando que no exista una valoración defectuosa de la prueba o que la Sentencia esté correctamente fundamentada; es decir, que no tiene competencia ni facultades para hacer una nueva valoración de las pruebas o la forma en que ocurrieron los hechos como pretende el recurrente al hacer una relación unilateral de los hechos, por lo que aclarada la situación, indica, que las pruebas tanto testifical como documental, han sido debidamente valoradas por el Tribunal a quo, conforme a las facultades que le otorgan los arts. 171 y 173 del CPP, sin incurrir en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; ya que, ha establecido la existencia de una relación entre el acusado y la parte querellante por la transferencia de un lote de terreno, el querellante pagó por el terreno que a la fecha se encuentra aún a nombre del vendedor conforme lo afirma claramente el recurrente, además admite y afirma que Jaime Villarroel Duran pagó o canceló por el lote de terreno en su totalidad. En ese entendido, las pruebas documentales de cargo fueron judicializadas e insertadas a juicio oral por su lectura, cumpliendo con lo que establece el art. 333 del CPP; así también, las pruebas testificales resultaron suficientes para generar en el Tribunal a quo, la convicción de la responsabilidad penal del imputado; puesto que, no se debe olvidar que el delito de Estafa se perfecciona cuando el sujeto activo realiza la lesión jurídica que ha pretendido, por lo que se consuma en el momento que se obtiene el beneficio ilegal, como consecuencia del engaño, ardid y artificio.


Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia, constató de la lectura de la Sentencia, que no resulta evidente; puesto que, cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; ya que, contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, contiene una relación del hecho histórico; es decir, que se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que ese estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica; además, se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, sin incurrir en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que al valorar las pruebas de cargo y de descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en audiencia de juicio oral, público, continuado y contradictorio poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso mediante el método de la libre valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia utilizando las previsiones otorgadas por los arts. 171 y 173 del CPP, dando razones jurídicas del por qué está condenando al imputado por el delito de Estafa.


Agrega, que no existe contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia; toda vez, que inicialmente se verificó que Jaime Villarroel Durán fue inducido en error y engaño con mentiras por parte de Freddy Edgar Cardona Suarez para que le entregue la suma de Bs. 30.000.- (treinta bolivianos) dinero que estaba destinado para la compra de un lote de terreno ubicado en el Parque industrial PI.5 con una superficie de 1500 mts2 el que fuera adquirido por la Gobernación mediante documento privado de 5 de abril de 1993, dicha apreciación fue plasmada en la parte resolutiva de la Sentencia al condenar al imputado por el delito de Estafa, no existiendo contradicción en la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCERNIENTES A LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, admitió el primer motivo del recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación; puesto que, no explicó cuál la razón por la que declaró improcedente su apelación restringida, limitándose a efectuar en su primer y segundo Considerando, sobre la interposición de su recurso y la descripción del delito de Estafa, no considerando que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado y en el tercer considerando arguyó que el Tribunal de Sentencia, valoró debidamente las pruebas testificales y documentales cumpliendo las previsiones del art. 333 del CPP, lo que no habría ocurrido; por cuanto, no observó que el Tribunal de Sentencia no consideró sus pruebas de descargo, aspecto que vulneraría sus derechos a la defensa, debido proceso y la igualdad de las partes; sosteniendo además, el Tribunal de alzada que la Sentencia cumplió con la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP y que el acusador le había entregado Bs. 30.000.- ( treinta bolivianos) para la compra de un terreno, lo que jamás fue referido por el Tribunal de origen; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada, previa consideración de orden doctrinal respecto a la debida fundamentación.


III.1. Sobre la debida fundamentación.


Este Tribunal Supremo, en forma continua y coherente, ha manifestado que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales para ser válidas deben estar debidamente fundamentadas, así el Auto Supremo 357/2013-RRC de 27 de diciembre, respecto a esta temática estableció: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.


Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados”. (Las negrillas nos corresponden).


De donde se establece, que la fundamentación de las Resoluciones implica el deber de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida, ello en apego al principio de congruencia que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; lo que implica, que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus Resoluciones, deben abocarse a responder a todos los puntos denunciados por la parte recurrente, en concordancia o coherencia a lo solicitado, (principio tantum devolutum quantum apellatum), respuesta que no requiere ser extensa o ampulosa; sino, que debe ser concisa y clara que permita comprender el porqué de la decisión asumida, lo contrario implicaría incurrir en falta de fundamentación, que vulneraría el debido proceso e incumpliría las exigencias de lo previsto por el art. 124 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación; puesto que, no explicó cuál la razón por la que declaró improcedente su apelación restringida, limitándose a efectuar en su primer y segundo Considerando, sobre la interposición de su recurso y la descripción del delito de Estafa, no considerando que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado; por lo que no desplazó ningún patrimonio al acusador, no le engañó, pues no tenía trato alguno y no le hizo entrar en error; aspectos que, fueron demostrados en juicio. Que, en el tercer considerando arguyó que el Tribunal de Sentencia valoró debidamente las pruebas testificales y documentales; lo que no ocurrió; por cuanto, no observó que no se consideró sus pruebas de descargo, vulnerando sus derechos a la defensa, debido proceso y la igualdad de las partes, sosteniendo además el Tribunal de alzada que la Sentencia cumplió con la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP y que el acusador le había entregado Bs. 30.000.- (treinta mil bolivianos) para la compra de un terreno, hecho jamás referido por el Tribunal de origen.


Ingresando al análisis del presente recurso, conforme se precisó en los antecedentes procesales, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el recurrente interpuso recurso de apelación restringida donde cuestionó: i) Las causales previstas en el art. 370 incs. 5), 6) y 8) del CPP; puesto que, el hecho se trataría de un acto meramente de carácter civil; ii) Valoración defectuosa de la prueba; iii) Violación al debido proceso; toda vez, que la Sentencia no habría considerado sus pruebas de descargo; y, iv) Defectos de la Sentencia: a) El art. 370 inc. 1) del CPP; ya que, su conducta no se adecuó a las previsiones del art. “370” del CP; toda vez, que el terreno está ahí, que sí lo puso a su nombre y lo único que hizo fue no hacerle perder su dinero; b) Art. 370 inc. 5) del CPP; ya que, no se refiere a sus pruebas de descargo; y, c) Y el art. 370 inc. 8) del CPP; por cuanto, la sentencia en la determinación de la pena referiría sobre la valoración de las pruebas de descargo; empero, en la parte considerativa no las mencionaría ni las tomaría en cuenta; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó los reclamos, puntualizando en su primer Considerando, la naturaleza del recurso de apelación restringida, prevista en el art. 407 del CPP, también citó y transcribió parte del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, que establecería que la apelación restringida no es el medio para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho; en el segundo Considerando; realizó una referencia doctrinaria respecto al tipo penal previsto por el art. 335 del CP, explicando su naturaleza y elementos que deberían de concurrir para su configuración; así también, realizó un análisis doctrinario del tipo penal previsto por el art. 337 del CP. En el tercer Considerando, en relación al recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, aclaró que en alzada solamente corresponde verificar si la actuación del Tribunal a quo fue correcta al valorar las pruebas, al subsumir la conducta del acusado dentro de los alcances del art. 335 del CP, que no tiene competencia ni facultades para hacer una nueva valoración de las pruebas o la forma en que ocurrieron los hechos como pretendía el recurrente al hacer una relación unilateral de los hechos, por lo que aclarada la situación, afirma que las pruebas tanto testifical como documental fueron debidamente valoradas por el Tribunal a quo, conforme a las facultades que le otorgan los arts. 171 y 173 del CPP, sin incurrir en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; ya que, ha establecido la existencia de una relación entre el acusado y la parte querellante por la transferencia de un lote de terreno, el querellante pagó por el terreno que a la fecha se encuentra aún a nombre del vendedor conforme lo afirma claramente el recurrente, además admite y afirma que Jaime Villarroel Duran pagó o canceló por el lote de terreno en su totalidad. En ese entendido, las pruebas documentales de cargo fueron judicializadas e insertadas a juicio oral por su lectura, cumpliendo con lo que establece el art. 333 del CPP; así también, las pruebas testificales resultaron suficientes para generar en el Tribunal a quo la convicción de la responsabilidad penal del imputado.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, advirtió que no era evidente; puesto que, observó que cumplía con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; ya que, contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, contiene una relación del hecho histórico; es decir, que se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que ese estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio; además, se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, desarrollando al valorar las pruebas de cargo y de descargo una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común uniendo aspectos como la ciencia, conciencia y experiencia, encontrando razones jurídicas del por qué se está condenando al imputado por el delito de Estafa.


Añade, que no existe contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia; toda vez, que inicialmente se verificó que Jaime Villarroel Durán fue inducido en error y engaño con mentiras por parte de Freddy Edgar Cardona Suarez para que el entregue la suma de Bs. 30.000.- (treinta mil bolivianos) dinero que estaba destinado para la compra de un lote de terreno ubicado en el Parque industrial PI.5 con una superficie de 1500 mts2, el que fuera adquirido por la Gobernación mediante documento privado de 5 de abril de 1993, dicha apreciación fue plasmada en la parte resolutiva de la Sentencia al condenar al imputado por el delito de Estafa, no existiendo contradicción en la Sentencia, aspectos por los que desestimó el recurso planteado.


De los argumentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, se evidencia que ciertamente en el primer considerando se limitó a efectuar una explicación respecto a la naturaleza del recurso de apelación restringida y sus limitaciones para resolverlo; y, en el segundo Considerando realizó una explicación doctrinaria respecto a los tipos penales previstos por los arts. 335 y 337 del CPP; empero, ello no significa que no consideró que  la conducta del imputado no se adecuó al tipo penal acusado; puesto que, en el Considerando tercero de la Resolución recurrida, explicó que de la Sentencia estableció la existencia de una relación entre el acusado y la parte querellante por la transferencia de un lote de terreno, que el querellante había pagado por el terreno, que las pruebas resultaron suficientes para generar en el Tribunal a quo, la convicción de la responsabilidad del imputado, ya que Jaime Villarroel Durán había sido inducido en error y engaño por parte de Freddy Edgar Cardona Suárez; argumentos que resultan suficientes, coherentes y acordes a lo cuestionado por el recurrente; pues de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida concerniente al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, la parte recurrente se limitó a señalar “Mi conducta no se adecua a las previsiones del art. 370 del Código Penal, porque no estafado nada a mi acusador, el terreno está ahí y si lo puse a mi nombre fue porque él pagó a mi nombre y lo único que hice fue no hacerle perder su dinero”; omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere incurrido en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada emita criterios debidamente fundamentados respecto a la conducta del imputado, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos del porque consideró que el Tribunal de sentencia incurrió en el defecto que reclama, obligación que tenía a los fines de cuestionar la debida fundamentación de la Resolución recurrida.


Por los argumentos expuestos, respecto a este punto, se observa que el Auto de Vista recurrido, contiene la debida fundamentación, no incurriendo en vulneración a los derechos al debido proceso, defensa ni igualdad de las partes como asume el recurrente; toda vez, que resolvió de manera clara conforme lo solicitado en el recurso de apelación restringida, adecuando su acto a la norma y a la doctrina legal explicada en el acápite III.1 de esta Resolución; puesto que, constató de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de sentencia la responsabilidad penal del imputado en el hecho acusado, que resulta coherente con los hechos probados establecidos en la Sentencia que fueron extractados en el apartado II.1 de esta Resolución, por lo que el presente punto del motivo deviene en infundado.


Ahora bien, respecto a que el Auto de Vista recurrido en su tercer Considerando no hubiere observado que el Tribunal de sentencia no consideró sus pruebas de descargo; al respecto, no resulta evidente que el Tribunal de alzada se hubiere limitado a señalar que se valoró debidamente las pruebas testificales y documentales cumpliendo las previsiones del art. 333 del CPP; sino, que a tiempo de resolver el cuestionamiento referente al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP además constató que el Tribunal a quo, valoró las pruebas de cargo y descargo cumpliendo con lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP, encontrando justificada la condena contra el imputado por el delito de Estafa, por lo que concluyó que la Sentencia no incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, argumento que resulta suficiente y permite comprender que las pruebas de descargo sí fueron consideradas por el Tribunal de mérito a tiempo de emitir la Sentencia condenatoria; lo que evidencia, que no se vulneró los derechos alegados por el recurrente; toda vez, que el Tribunal de alzada emitió respuesta fundamentada, en relación a lo solicitado en el recurso de apelación restringida, por lo que el presente punto deviene en infundado.


En cuanto, a que el Tribunal de alzada asumió que la Sentencia cumplió con la previsión del art 370 inc. 5) del CPP; al respecto, del contenido del Auto de Vista recurrido, se tiene que ante el reclamo de que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, señaló que la denuncia no era evidente; toda vez, que constató que la Sentencia contenía los motivos de hecho y de derecho en el que basaba sus decisiones, que contenía una relación del hecho histórico, fijando de manera clara los hechos acreditados, constatando que se encontraba sustentada en hechos existentes mediante la valoración de las pruebas de cargo y de descargo cumpliendo con las previsiones de los arts. 171 y 173 del CPP y dando razones jurídicas del por qué se estaba condenando al imputado por el delito de Estafa, aspecto por el que desestimó la denuncia; fundamentos que resultan suficientes y acorde a lo reclamado por el recurrente en el recurso de apelación restringida; toda vez, que se limitó a cuestionar “Art. 370 Nº 5.- Es insuficiente la fundamentación porque está a medias  no se refiere en lo absoluto  a nuestras pruebas descargo”; en cuyo efecto el Tribunal de alzada constató que las pruebas de descargo sí fueron consideradas en la emisión de la Sentencia, además que contenía los motivos de hecho y derecho en el que basó la decisión; lo que no denota falta de fundamentación; toda vez, que el Tribunal de alzada cumpliendo los parámetros explicados en el acápite III.1 de esta Resolución, de manera expresa, clara, completa, legítima y lógica constató que el Tribunal de mérito no incurrió en el defecto reclamado; consecuentemente, no se advierte que se hubiere vulnerado los derechos al debido proceso, defensa y la igualdad de las partes, por lo que el presente punto del motivo deviene en infundado.


Respecto a la alegación de que, el acusador le había entregado Bs. 30.000.- (treinta mil bolivianos) para la compra de un terreno, lo que jamás habría sido referido por el Tribunal de origen; al respecto, del contenido del Auto de Vista recurrido a tiempo de desestimar que la Sentencia no incurrió en el defecto del art. 370 inc. 8) del CPP; puesto que, constató que no existe contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, toda vez, que verificó que Jaime Villarroel Durán fue inducido en error y engaño con mentiras por parte de Freddy Edgar Cardona Suarez, ciertamente, manifestó que “para que le entregue la suma de Bs.- 30.000 dinero que estaba destinado para la compra de un lote de terreno…”; argumento que no fue expresado en la Sentencia como arguye la parte recurrente, que si bien resulta erróneo; sin embargo, no constituye falta de fundamentación, que es lo que cuestiona el recurrente; toda vez, que respecto al presente defecto de sentencia, conforme se evidencia de lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, el recurrente lo vinculó con la valoración de las pruebas de descargo, aspecto que conforme se tiene del contenido de la Resolución recurrida que fue extractado en el punto II.3 de este fallo, constató que el Tribunal de mérito sí valoró las pruebas de descargo, por lo que, a tiempo de resolver el defecto del art. 370 inc. 8) del CPP, concluyó que la denuncia no era evidente, ya que no existía contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia; lo que resulta suficiente en correspondencia a lo solicitado por el recurrente en la formulación de su recurso de apelación restringida, evidenciándose que no se vulneró derecho alguno, por lo que el presente punto del motivo deviene en infundado.


Por los argumentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido contiene la debida fundamentación; puesto que, respondió los puntos cuestionados en el recurso de apelación, en coherencia y concordancia a lo solicitado, permitiendo comprender las razones por las que declaró improcedente el recurso de apelación restringida; en consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos al debido proceso, defensa ni igualdad de las partes como arguyó la parte recurrente, por lo que el recurso sujeto a análisis deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Freddy Edgar Cardona Suarez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos