TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 778/2018-RA

Sucre, 27 de agosto de 2018


Expediente                : Santa Cruz 126/2018

Parte Acusadora        : Vladimir Hugo Pareja Aliaga

Parte Imputada        : Nicolás Carvajal Carvajal

Delito                : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de junio de 2018, cursante de fs. 747 a 755, Nicolás Carvajal Carvajal, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2018 de 6 de abril, de fs. 688 a 692, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Vladimir Hugo Pareja Aliaga contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 36/2014 de 15 de diciembre (fs. 373 a 377 vta.), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Nicolás Carvajal Carvajal absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, sin la declaración de temeridad o malicia a los efectos de la responsabilidad correspondiente.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Vladimir Hugo Pareja Aliaga interpuso recurso de apelación restringida (fs. 380 a 395), resuelto por los Autos de Vista 165/2015 de 30 de julio (fs. 411 a 414 vta.) y 72/2016 de 30 de noviembre ( fs. 487 a 496), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 302/2016-RRC de 21 de abril (fs. 467 a 473) y 777/2017-RRC de 5 de octubre (fs. 592 a 605); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 20/2018 de 6 de abril, que declaró admisible y procedente la apelación planteada, anulando la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 1 de junio de 2018 (fs. 694), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado; y, el 7 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación, en los siguientes aspectos: Refiere que el Tribunal de alzada en el considerando IV expresaría que: “revisado los antecedentes se evidencia que el Juez a quo en el apartado de la Sentencia, destinado a la subsunción de la conducta del imputado, concluyó que las pruebas de cargo fueron insuficientes, que no se evidenció la existencia del dolo o la intencionalidad de engañar, bajo el argumento de que el dolo requiere el dominio del factor voluntad, basado en el engaño de peligrosidad objetiva como elemento de la inducción en error, concluyendo que no concurrieron todos los elementos para la configuración del delito de Estafa, en consecuencia no se llegó a configurar la tipicidad y al no existir la misma no existiría la necesidad de considerar la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Es así que en mérito a la determinación judicial se interpuso en apelación el defecto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva bajo el argumento de que concurrieron los elementos del tipo penal referidos a la obtención de un beneficio ilegal mediante el engaño de hacer una sociedad accidental que fortaleció en error a la víctima. Igualmente realiza una errada interpretación en Sentencia al referir que la acción realizada entre el acusado y la víctima se encuentra en el límite permitido de los negocios, no pudiendo ser considerado como Estafa ni mucho menos riesgo no permitido, al no haberse demostrado los elementos del dolo o la intención de engañar mediante la mentira por parte del acusado. El Juez a quo actuó de forma incorrecta al concluir que al no existir tipicidad no existía la necesidad de considerar la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad o sea al no haberse demostrado la tipicidad no existirían los otros elementos como el enriquecimiento del sujeto activo ni la disminución del patrimonio de la víctima, razón por la que se considera existente el defecto denunciado”. Asimismo, refiere que no existe nulidad por nulidad, estableciéndose así el Auto Supremo 353/2013 de 10 de diciembre, en la que transcribe parcialmente dicho precedente, referente a que se debe tomar en cuenta el principio de trascendencia debido a que no hay nulidad sin perjuicio. Expresa además que el recurrente Vladimir Hugo Pareja en su apelación restringida, no habría señalado ninguna vulneración a derechos y garantías constitucionales o a su legítima defensa, para que se haya procedido a la anulación de forma ultra petita de la Sentencia sin ningún tipo de fundamentación, en forma contraria a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), referente a la prohibición de retrotraer etapas.


También señala y transcribe parcialmente el Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo, referente a los parámetros de consideración en casos de nulidad de Sentencia respecto al motivo de valoración probatoria, argumentando que bajo dicho precepto legal resultaría una arbitrariedad la anulación de la Sentencia; ya que, no realiza ninguna fundamentación conforme al art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues el recurrente en apelación restringida no señala cuál sería la vulneración ni el agravio que le hubiese ocasionado, es más el Tribunal de alzada debió determinar si las pruebas del juicio fuesen contundentes para que en otro escenario se cambiara el fondo de la Resolución, pues estarían activando el sistema judicial innecesariamente. 


Por otro lado relata, que en apelación restringida el recurrente refiere que no se tomó en cuenta la declaración de su padre; sin embargo, esta prueba no puede ser determinante; puesto que, al ser su progenitor relató en protección de su hijo conforme a los arts. 62 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014 (Código de las Familias y del Proceso Familiar). Indica que similar razonamiento emitió el Auto Supremo 29/2013 de 13 de febrero, transcribiendo parcialmente el mismo, sobre los agravios de falta de fundamentación como defectos absolutos. Continúa refiriendo que en dicho Auto Supremo se establece las directrices para que el recurrente realice la debida motivación como fundamentación de cuál es la vulneración de sus derechos, traducidas como incorrecta valoración, que para el caso, el agraviado no habría señalado ningún tipo de vulneración a momento del juicio como en Sentencia, extremos que al no ser denunciados, el Tribunal de alzada no podría ingresar al fondo de las vulneraciones, por lo que dicha Resolución impugnada carece de fundamento legal y fundamentación sobre lo que no se reclamó oportunamente en apelación restringida por Vladimir Hugo Pareja.


Bajo el subtítulo de principios vulnerados, expresó que se violentó el principio a la preclusión o caducidad, convalidación, y de fundamentación. Referente al principio de preclusión o caducidad señaló, que al no haber denunciado oportunamente la vulneración de sus garantías constitucionales, el Juez de Sentencia no realizó una correcta aplicación de la Ley. Respecto al principio de convalidación refirió que al no haber oportunamente denunciado la restricción de vulneración constitucional, habría el Tribunal de alzada obviado este principio dentro del Auto de Vista impugnado. Con relación al principio de falta de fundamentación, al anular la Sentencia, concluyó que la Resolución impugnada carece de motivación debido a que no se podía anular la Sentencia, pues el recurrente no fundamentó la vulneración de sus derechos o garantías constitucionales ni a la legítima defensa, siendo contrarios a los Autos Supremos 29/2013 de 13 de febrero, 67/2013 de 11 de marzo y 353/2013 de 10 de diciembre; asimismo, argumenta que al no haberse señalado vulneración alguna, no se debió anular conforme el art. 16 de la LOJ y la Sentencia Constitucional 5/2018 de 25 de junio, referente a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. Reiterando también el hecho de que de manera ultra petita y sin que se haya solicitado la vulneración de derechos a la legítima defensa no se podría ingresar al fondo del recurso, al no otorgarse los insumos, pues no habría solicitado nada de ello en apelación restringida.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que el 1 de junio de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 7 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente en el presente recurso de casación, alega que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista impugnado, plasmados en el considerando IV respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en la que el recurrente transcribe parcialmente partes de las fundamentaciones del motivo referido, argumentando que el recurrente en apelación restringida no habría señalado vulneración a derechos y garantías constitucionales, como a su defensa, para que se haya procedido a la anulación en forma ultra petita. Por otro lado, también transcribió parcialmente el Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo, referente a los parámetros de consideración en casos de nulidad de Sentencia respecto al motivo de valoración probatoria, argumentando que resultó una arbitrariedad la anulación de la Sentencia, debido a que no se fundamentó conforme al art. 124 del CPP, además que no se señaló en apelación restringida la vulneración ni el agravio que le hubiese ocasionado, omitiendo el Tribunal de alzada determinar si con las pruebas del juicio fueron contundentes para cambiar el fondo de la Resolución. Continúa refiriendo que la declaración del padre del querellante no podría ser determinante y que al no señalar ningún tipo de vulneración en su recurso, el Tribunal de alzada no podría ingresar al fondo, por lo que carece de fundamentación. Finalmente, expresa que se habrían vulnerado los principios de preclusión o caducidad, convalidación y de fundamentación, siendo contrario al Auto Supremo 67/2013RRC de 11 de marzo.


Sobre el particular, analizado los argumentos expuestos en el motivo traído en casación, se puede evidenciar que el recurrente identifica en términos claros la supuesta contradicción con el precedente invocado, consistente en la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado con relación a los agravios denunciados en apelación restringida por parte del querellante referente a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva como también la errónea valoración probatoria, por lo que ante el cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se declara este motivo admisible.


Asimismo se dejan constancia que no se tomará en cuenta los Autos Supremos 353/2013 de 10 de diciembre y 29/2013 de 13 de febrero, ambos por no contener doctrina legal al haber sido declarado el primero infundado y el segundo inadmisible. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Nicolás Carvajal Carvajal, de fs. 747 a 755, en los alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos