TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 776/2018-RA

Sucre, 27 de agosto de 2018


Expediente        Chuquisaca 40/2018

Parte Acusadora        Anselma Zelaya Villegas y otro

Parte Imputada        Paulino Alcaraz Ortega y otras

Delitos                Perturbación de Posesión y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de agosto del 2018, cursante de fs. 379 a 381, Paulino y Genoveva ambos de apellidos Alcaraz Ortega, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 240/2018 de 20 de julio, de fs. 357 a 364 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Anselma Zelaya Villegas y Luis Miguel Alcaraz Zelaya contra Karina Alcaraz Ortega y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 353 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 002/2018 de 27 de marzo (fs. 287 a 291), el Juez Público Mixto y de Sentencia de Incahuasi del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Genoveva, Paulino y Karina todos de apellidos Alcaraz Ortega, autores de la comisión del delito de Perturbación de Posesión, previsto y sancionado por el art. 353 del CP, imponiendo la pena de tres meses de reclusión, siendo absueltos del delito de Usurpación Agravada.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Karina Alcaraz Ortega (fs. 294 a 296), Paulino y Genoveva ambos de apellidos Alcaraz Ortega (fs. 301 a 303 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 240/2018 de 20 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisibles todos los motivos de las apelaciones planteadas, manteniendo incólume la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 26 de julio de 2018 (fs. 365), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 2 de agosto del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. Los recurrentes refieren haber heredado junto a sus hermanos el predio rústico ubicado en la comunidad Centro Municipio Villa Charcas, ubicado en la provincia Nor Cinti, Camargo del departamento de Chuquisaca y que los acusadores armaron un proceso penal en su contra, para evitar que ejerzan su derecho propietario; a tal efecto, señalan que el Juez de Sentencia no consideró la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras Nº 477 de 30 de diciembre de 2013 y tampoco la jurisprudencia constitucional, que establecerían como competencia de la jurisdicción agroambiental conocer los casos de perturbación de posesión de predios rústicos; no obstante, en franca violación de sus derechos el Juzgador habría emitido Sentencia sin tener competencia, acarreando su nulidad en conformidad a los arts. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 12 de la Constitución Política del Estado (CPE) incompetencia de la autoridad judicial y funciones de los Órganos del Estado- siendo convalidada con el Auto de Vista impugnado a pesar de las violaciones al debido proceso, citando las Sentencias Constitucionales 0047/2015-S2 de 3 de febrero y 381/2015 de 28 de abril.


  1. Advierten la existencia de una errónea aplicación de la ley sustantiva en la Sentencia, aseverando que las pruebas presentadas por la parte acusadora, habrían demostrado que sus conductas no se adecuaron al tipo penal de Perturbación de Posesión, respecto a los presupuestos exigidos por ese tipo penal; es decir, no se habría acreditado su participación en el hecho y por ende no se habría desvirtuado su presunción de inocencia, por lo que asegura que el Juez de Sentencia, al emitir Sentencia condenatoria sin prueba plena incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) con relación al art. 363 inc. 2) del CPP, puesto que en su calidad de copropietarios del predio ingresaron en posesión del mismo.


  1. Denuncian la existencia de defectuosa valoración de la prueba de descargo, asegurando que en la Sentencia ratificada por el Tribunal de apelación, no se consideró la prueba documental que acreditaría su condición de propietarios, así como la testifical, bajo el fundamento de que los testigos serían sus familiares, incurriendo en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP. Señalan que la Sala de apelación, advertido del error en la valoración de la prueba, debió corregirlo, porque las pruebas presentadas prueba documental consistente en declaratoria de herederos, títulos de propiedad de fundo rústico, declaraciones testificales de Edgar Correa, Paulina Tolay Cardozo y Félix Tolay Alcaraz- y no consideradas en Sentencia son contundentes para demostrar su inocencia; sin embargo, al rechazarse los motivos del recurso de apelación restringida, se habría actuado en contradicción del Auto Supremo 349/2017-RA de 19 de mayo, vulnerando la seguridad jurídica, el debido de proceso y la tutela judicial efectiva.


  1. Los recurrentes también denuncian la existencia de contradicciones entre la parte resolutiva y considerativa de la Sentencia art. 370 inc. 8) del CPP-, vulnerando los arts. 124, 173 y 165 del CPP, al valorarse la declaración testifical de una menor, adecuando las conductas de los recurrentes al tipo penal de Perturbación de Posesión y contrariamente alegarse la existencia de malos tratos a la referida menor, considerando por ello los recurrentes que a partir de éste y otros elementos considerados irrazonables, se emitió sentencia condenatoria, haciendo solo referencia a la declaración de dos testigos, por lo que ante la duda correspondía aplicar el principio de favorabilidad. Por otra parte, señalan que el Auto de Vista impugnado fue emitido de manera infundada y en contradicción con los precedentes contradictorios invocados, a pesar de haberse denunciado violaciones al debido proceso, razón por la cual de manera excepcional se le permitiría a este Máximo Tribunal de Justicia abrir su competencia ante la denuncia de vulneraciones a derechos.


  1. Asimismo, refieren la existencia de incongruencia omisiva prevista en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque, la Sentencia carecería de motivación y fundamentación individual de la conducta y participación de cada acusado, vulnerando de esta forma lo establecido en los arts. 124 y 173 del CPP. De igual manera, aseguran que el Auto de Vista impugnado de manera contradictoria e infundada resolvió los recursos de apelación restringida interpuestos, solamente con relación a los siete puntos apelados, incluso sólo se habría hecho mención a los mismos, sin pronunciarse fundadamente sobre cada una de las violaciones reclamadas, además de no realizar una fundamentación individualizada de todos los recursos de apelación restringida presentados en la causa.


  1. Finalmente, señalan que se les habría notificado con una copia de la Sentencia en la que no consta la firma del Juez y del Secretario, defecto que violentaría lo establecido por los arts. 165 inc. 5), 360 inc. 5) y 361 del CPP, acotando que, el Tribunal de alzada convalidó estas infracciones sosteniendo que no se habrían encontrado elementos que demuestren las mismas, lo que a decir de los recurrentes lesionaría el debido proceso y el derecho a una justicia pronta y oportuna, de conformidad a lo establecido en los arts. 115, 180 y 410 de la CPE.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 26 de julio de 2018, interponiendo su recurso de casación el 2 de agosto del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, correspondiendo verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Del análisis del recurso se advierte que los recurrentes exponen seis motivos en los que cuestionan la competencia del Juez de instancia que conoció de la causa, denunciando la emisión de una Sentencia condenatoria incumpliendo cuestiones formales y aplicando erróneamente la ley sustantiva, sin prueba plena y a la vez defectuosa valoración de la prueba de descargo, con contradicciones entre la parte considerativa y resolutiva e incurriendo en falta de motivación en la conducta individual de cada acusado; con relación al Auto de Vista impugnado, denuncian falta de fundamentación y contradicción respecto a los precedentes jurisprudenciales invocados; sin embargo se advierte que, el Tribunal de apelación rechazó todos los motivos de los recursos de apelación restringida planteados por los recurrentes por considerarlos inadmisibles, con el argumento de que no obstante de haberse ordenado se subsanen las omisiones en cuanto a los requisitos de contenido previstos en el art. 408 del CPP, los recurrentes no honraron conforme a derecho lo extrañado; por lo mismo, ante la falta de pronunciamiento de fondo en alzada, los recurrentes no pueden pretender que el Tribunal de casación ingrese y se pronuncie sobre estas mismas cuestiones, debiendo en todo caso los recurrentes haber impugnado los fundamentos que determinaron el rechazo de la apelación restringida, para verificar la correcta aplicación de los requisitos de admisibilidad por parte del Tribunal de alzada en cuanto a los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación (Autos Supremos 098/2013-RRC de 15 de abril, 158/2016-RRC de 07 de marzo y 286/2017-RRC de 18 de abril entre otros).


En ese sentido, al ser expreso el mandato del art. 416 del CPP, que faculta a las partes a impugnar los Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamental de Justicia que resuelven las cuestiones de fondo de las apelaciones restringidas, únicamente cuando estos pronunciamientos en alzada sean contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estableciéndose el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad en el recurso de casación analizado, al no existir una Resolución que haya resuelto cuestiones de fondo y en ese sentido poder realizar la labor de contraste que está obligado el Tribunal de casación, deviniendo en tal sentido el presente recurso de casación en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Paulino y Genoveva ambos de apellidos Alcaraz Ortega, de fs. 379 a 381.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos