TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 734/2018-RA

Sucre, 17 de agosto de 2018


Expediente                : Tarija 32/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Juan Richard Anachuri Jiménez y otros

Delitos                : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 4, 5 y 6 de julio de 2018, Maribel Solórzano Fernández, de fs. 174 a 177 vta.; Juan Richard Anachuri Jiménez, de fs. 198 a 202; Luis Rolando Gallardo Tejerina, de fs. 230 a 236 y Pablo Fernández Quispe, de fs. 271 a 274, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 50/2018 de 12 de junio, de fs. 127 a 135 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Audelín Tejerina Geréz contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Parricidio, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) y 4) y 253 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 016/2017 de 12 de mayo de 2017 (fs. 42 a 62), el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Juan Richard Anachuri Jiménez, Pablo Fernández Quispe y Luis Rolando Gallardo Tejerina, autores y culpables del delito de Asesinato, 2) Maribel Solórzano Fernández, responsable del delito de Parricidio, previstos y sancionados por el art. 252 incs. 2) y 4) y 253 del CP, imponiendo a todos la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto.


b)        Contra la mencionada Sentencia, los imputados Juan Richard Anachuri Jiménez (fs. 65 a 74 vta.), Luis Rolando Gallardo Tejerina (fs. 76 a 86 vta.), Pablo Fernández Quispe (fs. 87 a 89) y Maribel Solórzano Fernández (fs. 112 a 122 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 50/2018 de 12 de junio de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró improcedentes los citados recursos y confirmó la Sentencia pronunciada.


c)        Por diligencias de 28 de junio y 2 de julio de 2018, Pablo Fernández Quispe (fs. 148 vta.), Luis Rolando Gallardo Tejerina (fs. 149), Juan Richard Anachuri Jiménez (fs. 149 vta.) y Maribel Solórzano Fernández (fs. 150), fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 4, 5 y 6 de julio del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.        Del recurso de casación de Maribel Solórzano Fernández.


1)         Solicita flexibilización de requisitos de admisibilidad en el recurso de casación por defectos absolutos, debido a que el Tribunal de alzada ha momento de resolver el recurso interpuesto está obligado a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro de los límites señalados por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en ese sentido de acuerdo al acta de registro de juicio y recurso de apelación restringida el Ministerio Público, ha planteado un incidente de nulidad por defectos absolutos por una supuesta falta de notificación con Auto de radicatoria; sin embargo, el Tribunal a quo resuelve su rechazo y a su vez emite de oficio un decreto de corrección disponiendo el cumplimiento del acto de notificación omitido y le otorga 24 horas para que el Ministerio Público presente sus pruebas faltantes, en violación de su derecho al debido proceso, a la defensa, tutela judicial efectiva, legalidad y seguridad jurídica, conforme al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), comprometiendo su imparcialidad, más aun cuando dispone esa corrección en pleno desfile probatorio, retrotrayendo una fase ya precluida. Invoca como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional Plurinacional 0128/2015-S1 de 26 de febrero y los Autos Supremos 026/2012, 312/2012-RA y 062/2013.


2)        Denuncia que el Auto de Vista impugnado vulnera principios jurídicos y viola su derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, debido a que por lo fundamentado en el recurso de apelación restringida, ha existido error o defectuosa valoración de la prueba testifical, en incumplimiento de los arts. 173 y 359 del CPP. Es así que, en razón a la relación circunstanciada de los hechos y la valoración de la sentencia, las declaraciones de los coacusados y demás prueba, se llegó a demostrar que el hecho existió, pero no su participación ni responsabilidad penal, porque no se ha demostrado que sea autor directo o indirecto de la muerte de su padre; en consecuencia, se advierte duda razonable, recayendo en una flagrante violación del derecho al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 97 de 1 de abril de 2005 y 59 de 27 de enero de 2006.


3)        Denuncia que el Tribunal de Sentencia habría errado en la elección de la norma y en el proceso de establecer la relación de semejanza o diferencia del caso concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma y que el recurso de apelación restringida constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho. En ese sentido se debe tomar en cuenta que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la fundamentación de las resoluciones judiciales, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal de los acusados, tomando en cuenta cada elemento de prueba, situación que no ocurre en el Auto de Vista impugnado, debido a que en su acápite romano II.1 y II.4 tan solo se limita a transcribir hechos de la sentencia condenatoria, para luego concluir de manera generalizada y aislada de la norma jurídica que se llegó a la convicción y sobre la base de las declaraciones testificales, prueba pericial y documental. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 443 de 11 de octubre de 2006.


II.2.        Del recurso de casación de Juan Richard Anachuri Jiménez.


1)        Denuncia que el Auto de Vista impugnado vulnera principios jurídicos y viola su derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, considerando que en toda resolución se debe exponer imprescindiblemente los hechos, realizar fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, evidenciando de la Sentencia y el Auto de Vista impugnado no cumplen con lo estipulado en el art. 124 del CPP, amenazando la infracción a dicha regla con nulidad, conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, debido que la motivación es un requisito formal que debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. Invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 65/2012-RA de 19 de abril.


2)        Denuncia que el Auto de Vista impugnado vulnera sus derechos, debido a que por lo fundamentado en el recurso de apelación restringida ha existido error o defectuosa valoración de la prueba testifical, en incumplimiento de los arts. 173 y 359 del CPP. Es así que, en razón a la relación circunstanciada de los hechos y la valoración de la sentencia, las declaraciones de los coacusados y demás prueba, se llegó a demostrar que el hecho existió, pero no su participación ni responsabilidad penal, porque no se ha demostrado que sea autor directo o indirecto de la muerte de su padre; en consecuencia, se advierte duda razonable, recayendo en una flagrante violación del derecho al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 97 de 1 de abril de 2005 y 59 de 27 de enero de 2006.


3)        Denuncia que el Juez ha errado en la elección de la norma y en el proceso de establecer la relación de semejanza o diferencia del caso concreto, jurídicamente calificado y la hipótesis de la norma y que el recurso de apelación restringida constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la fundamentación de las resoluciones judiciales, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal de los acusados, tomando en cuenta cada elemento de prueba, situación que no ocurre en el Auto de Vista impugnado, debido a que en su acápite romano II.1 y II.4, tan solo se limita a transcribir hechos de la sentencia condenatoria, para luego concluir de manera generalizada y aislada de la norma jurídica, que se llegó a la convicción y sobre la base de las declaraciones testificales, prueba pericial y documental. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 443 de 11 de octubre de 2006.


4)         Solicita flexibilización de requisitos de admisibilidad en el recurso de casación por defectos absolutos, debido a que el Tribunal de alzada ha momento de resolver el recurso, interpuesto está obligado a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro de los límites señalados por el art. 398 del CPP, en ese sentido de acuerdo al acta e registro de juicio y recurso de apelación restringida el Ministerio Público ha planteado un incidente de nulidad por defectos absolutos, por una supuesta falta de notificación con Auto de radicatoria; sin embargo, el Tribunal de Sentencia resuelve su rechazo y a su vez emite de oficio un decreto de corrección disponiendo el cumplimiento del acto de notificación omitido y le otorga 24 horas para que el Ministerio Público presente sus pruebas faltantes, en violación de su derecho al debido proceso, a la defensa, tutela judicial efectiva, legalidad y seguridad jurídica, conforme al art. 115 de la CPE, comprometiendo su imparcialidad, más aun cuando dispone esa corrección en pleno desfile probatorio, retrotrayendo una fase ya precluida. Invoca como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional Plurinacional 0128/2015-S1 de 26 de febrero y los Autos Supremos 026/2012, 312/2012-RA y 062/2013.


II.3.        Del recurso de casación de Luis Rolando Gallardo Tejerina.


1)        Inicia fundamentando sobre la admisibilidad de su recurso, estableciendo que sus supuestos formales tienen su base legal en los arts. 416 y 417 del CPP; y, que la doctrina legal y las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante, conforme a los arts. 420 de la CPE y 44.I de la Ley 1836; invocando la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre y el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.


2)        Denuncia que analizado el Auto de Vista impugnado, no cumple con el principio de fundamentación suficiente y razonable sobre todos y cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, conforme el art. 124 del CPP, obligación ratificada por las Sentencias Constitucionales 822/2005 y 0012/2006-R de 4 de enero. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 384/2005 de 26 de septiembre.


3)        Refiere que el Tribunal de alzada no se toma el tiempo de revisar y valorar las pruebas y dar su explicación y fundamentación jurídica exigida por ley, justificando la mala valoración de prueba del Tribunal de Sentencia, en ausencia de la debida fundamentación, objetividad y las reglas de la sana crítica. Arguye, que el Auto de Vista impugnado en ninguna de sus partes indica los hechos, el análisis y los fundamentos legales en los que se ampara la supuesta legalidad en los medios probatorios que habrían llevado al Tribunal de origen a pronunciar una sentencia condenatoria; asimismo, sobre las pruebas documental y testifical no se establece certeza sobre su autoría del hecho, vulnerando su derecho al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004.


II.4.        Del recurso de casación de Pablo Fernández Quispe.


1)        Denuncia que el Auto de Vista impugnado no ha apreciado debidamente la prueba y no se encuentran presentes los elementos constitutivos del asesinato, al no existir violencia, premeditación, alevosía o ensañamiento, así como tampoco se realizó la individualización en la participación del hecho criminoso; aspectos que, constituyen una mala apreciación de la ley sustantiva y a su vez es una causal de casación, previsto en el art. 416 del CPP. Indica además que se constató que la Sentencia inobservó la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, vicio que influyó en la parte dispositiva y que debió generar su anulación total o parcial.


2)        Refiere, que el Tribunal de alzada no valora los fundamentos contradictorios del Ministerio Público, manifestando que los acusados se constituyen en autores de los hechos atribuidos y a pesar que solicitó procedimiento abreviado en dos ocasiones y que ha colaborado con la averiguación de la verdad, recibe condena de treinta años, olvidando estas atenuantes identificadas, cuya ratificación de sentencia vulnera su derecho a la defensa.


3)        Manifiesta que se advierte la lesión de su “derecho a la legalidad penal” (sic.) y “a la mala valoración de la aplicación de la pena” (sic.), al no haberse operado la individualización de la pena ni por el Tribunal de Sentencia ni el de alzada, debido a que se le impone la misma pena que los autores del hecho, cuando su intervención en el proceso fue distinta, mereciendo al menos una atenuación de la pena por su colaboración en su normal desarrollo, conforme los arts. 39 y 40 del CP, en el que el Tribunal de alzada ha omitido toda justificación sobre la individualización de la pena.


4)        Denuncia además que el Tribunal de alzada asumió inadecuadamente la facultad de revalorizar la prueba y revisar cuestión de hecho, desconociendo los principios de inmediación y contradicción, estableciendo hechos que no fueron probados en Sentencia, incurriendo en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al haberse tipificado nuevamente por aceptación de supuestos fácticos que no fueron sustentados en el juicio oral con pruebas, afirmando que habría ayudado en el hecho de sangre y al clasificar al mismo como instantáneo y de prolongado resultado. Por otro lado, denuncia sobre hechos inexistentes, no acreditados o defectuosa valoración de la prueba, debido que de oficio afirmó que existió estos extremos, cuando no existió prueba mal valorada y el Tribunal de alzada señaló premeditación y alevosía, aspectos no probados en juicio oral, mucho menos se tiene el arma homicida y a partir de dichos argumentos la Sentencia es ratificada, en vulneración al debido proceso, defensa y seguridad jurídica. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 28 de junio y 2 de julio de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 4, 5 y 6 de julio del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. De los memoriales de casación de Maribel Solórzano Fernández y Juan Richard Anachuri Jiménez.


En mérito a las evidentes coincidencias en los fundamentos de los motivos expuestos por los recurrentes Maribel Solórzano Fernández y Juan Richard Anachuri Jiménez, que incluso se asemeja a una descripción literal y técnica casi idéntica entre sí, se desarrollará un mismo análisis de admisibilidad en relación a tres motivos coincidentes y uno adicional en relación al recurrente Juan Richard Anachuri Jiménez.


En el primer motivo del memorial de Juan Richard Anachuri Jiménez, denuncia que el Auto de Vista impugnado vulnera principios jurídicos y viola su derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, considerando que en toda resolución se debe exponer imprescindiblemente los hechos, realizar fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, evidenciando de la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, no cumplen con lo estipulado en el art. 124 del CPP, amenazando la infracción a dicha regla con nulidad, conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, debido que la motivación es un requisito formal que debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. Invoca como precedente contradictorio los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 65/2012-RA de 19 de abril; empero, el recurrente no cumple con las previsiones establecidas en el arts. 416 y 417, del CPP, al no precisar cual el hecho similar ni los defectos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, con relación a los fundamentos expuestos en el precedente invocado, a fin de realizar el examen de contrastación, con relación al Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, su invocación se reduce a una simple glosa parcial de su contenido sin establecer fundadamente cuál la contradicción existente con la resolución impugnada y con relación al Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, se limita a su sola nominación; imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones atribuibles a la parte recurrente que no pueden ser suplidas de oficio, por lo que el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Sobre el primer motivo de la casación de Maribel Solórzano Fernández y el cuarto motivo de Juan Richard Anachuri Jiménez, solicitan la flexibilización de los requisitos de admisibilidad en ambos memoriales de casación por defectos absolutos, debido a que el Tribunal de alzada en el momento de resolver el recurso de apelación está obligado a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro de los límites señalados por el art. 398 del CPP, en ese sentido de acuerdo al acta e registro de juicio y recurso de apelación restringida el Ministerio Público ha planteado un incidente de nulidad por defectos absolutos, por una supuesta falta de notificación con Auto de radicatoria; sin embargo, el Tribunal de Sentencia resuelve su rechazo, y a su vez emite de oficio un decreto de corrección disponiendo el cumplimiento del acto de notificación omitido y le otorga 24 horas para que el Ministerio Público presente sus pruebas faltantes, en violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa, tutela judicial efectiva, legalidad y seguridad jurídica, conforme al art. 115 de la CPE, comprometiendo su imparcialidad, más aun cuando dispone esa corrección en pleno desfile probatorio, retrotrayendo una fase ya precluida. Invoca como precedentes contradictorios la Sentencia Constitucional Plurinacional 0128/2015-S1 de 26 de febrero y los Autos Supremos 026/2012, 312/2012-RA y 062/2013; empero, los recurrentes no cumplen con las previsiones establecidas en el arts. 416 y 417, del CPP, al no precisar cual el hecho similar ni los defectos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado con relación a los fundamentos expuestos en el precedente invocado, a fin de realizar el examen de contrastación, más simplemente se avocan a enunciar la identificación numérica de los precedentes presuntamente contradictorios, imposibilitando todo contraste sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones atribuibles a las partes recurrentes que no pueden ser suplidas de oficio, corresponde declarar inadmisibles los motivos analizados precedentemente.


Respecto a la Sentencia Constitucional invocada en calidad de precedente contradictorio; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


En el segundo motivo los recurrentes denuncian que el Auto de Vista impugnado violentó sus derechos, debido a que por lo fundamentado en los recursos de apelación restringida habría existido error o defectuosa valoración de la prueba testifical, en incumplimiento de los arts. 173 y 359 del CPP. Es así que, en razón a la relación a lo desarrollado en el juicio oral, se demostró que el hecho existió, pero no su participación, responsabilidad penal, o que sea autora directa o indirecta de la muerte de su padre; en consecuencia, se advierte duda razonable, recayendo en una flagrante violación del derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 97 de 1 de abril de 2005 y 59 de 27 de enero de 2006; empero, los recurrentes nuevamente no cumplen con las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, al no identificar cuál el hecho similar ni los defectos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado con relación a los fundamentos intra desarrollados en el precedente invocado, a fin de realizar el examen de contrastación, más simplemente se avocan a informar que estos reclamos, también fueron efectuados en el recurso de apelación restringida sin establecer los fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada en relación a ellos, imposibilitando todo contraste sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones atribuibles a la parte recurrente que no pueden ser suplidas de oficio, por lo que el referido motivo deviene en inadmisible.


De la misma manera Juan Richard Anachuri Jiménez realiza una copia idéntica del fundamento expuesto por Maribel Solórzano Fernández, omitiendo incluso modificar su reclamo en relación al rol que cumplió en los hechos acusados, refiriendo textualmente por que no se ha demostrado de modo indubitable que mi persona sea autor directo o indirecto de la muerte de mi padre.” (sic.); considerando que la persona fallecida fue Román Solórzano Tejerina, padre de la recurrente.


En el tercer motivo denuncian que el Tribunal de Sentencia habría errado en la aplicación de la norma en relación al hecho fáctico, y que el recurso de apelación restringida constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la fundamentación de las resoluciones judiciales, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal de los acusados, tomando en cuenta cada elemento de prueba, situación que no ocurre en el Auto de Vista impugnado, debido a que en su acápite romano II.1 y II.4 tan solo se limita a transcribir hechos de la sentencia condenatoria, para luego concluir de manera generalizada y aislada de la norma jurídica  que se llegó a la convicción y sobre la base de las declaraciones testificales, prueba pericial y documental. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 308 de 25 de agosto de 2006 y 443 de 11 de octubre de 2006; empero, los recurrentes una vez más no cumplen con las previsiones establecidas en el arts. 416 y 417, del CPP, debido a que si bien identifican el supuesto defecto en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado no realiza ningún contraste con relación a la similitud de hechos y los fundamentos intra desarrollados en los precedentes invocados; asimismo, con relación al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, su invocación se reduce a una simple glosa parcial de su contenido sin establecer fundadamente cuál la contradicción existente con la resolución impugnada y con relación al Auto Supremo 443 de 11 de octubre de 2006 se limita a su sola nominación; imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones son atribuibles a la parte recurrente y no pueden ser suplidas de oficio por esta Sala Penal, corresponde declarar inadmisible el motivo analizado.


Asimismo, este Tribunal ha establecido los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado, pero ello sólo es posible cumpliendo ciertos requisitos básicos, ya explicados en el acápite anterior de esta resolución, estableciéndose en los motivos identificados que los recurrentes no identifican los errores del Auto de Vista impugnado en relación a la forma en que esta resolución de alzada habría lesionado sus derechos al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, a la defensa, o tutela judicial efectiva, lo que implica una omisión sobre la explicación de las razones de dicha afirmación, a su vez tampoco exponen sobre la relevancia del referido defecto en la resolución de la causa y los daños emergentes; asimismo, no precisa en ninguno de sus motivos de impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación, lo que impide a este Tribunal abrir su competencia a fin de conocer el fondo de su reclamo y lo pretendido por los recurrentes.



IV.2. Del recurso de casación de Luis Rolando Gallardo Tejerina.


En el primer motivo el recurrente fundamenta respecto a la admisibilidad de su recurso, estableciendo que sus supuestos formales tienen su base legal en los arts. 416 y 417 del CPP y que la doctrina legal y las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante, conforme a los arts. 420 de la CPE y 44.I de la Ley 1836, invocando la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre y el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007; empero, el recurrente no cumple con las disposiciones legales por el mismo observadas -arts. 416 y 417, del CPP-, al no precisar ningún defecto en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, menos aún con relación a los fundamentos expuestos en el precedente invocado a fin de realizar el examen de contrastación, debido a que con relación al Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, su invocación se reduce a una simple glosa parcial de su contenido sin establecer fundadamente cuál la contradicción existente con la resolución impugnada; imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones atribuibles a la parte recurrente que no pueden ser suplidas de oficio, correspondiendo declarar su inadmisibilidad.


Respecto a los motivos segundo y tercero denuncia que: 1) El Auto de Vista impugnado no cumple con el principio de fundamentación suficiente y razonable sobre todos y cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, conforme al art. 124 del CPP, obligación ratificada por las Sentencias Constitucionales 822/2005 y 0012/2006-R de 4 de enero. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 384/2005 de 26 de septiembre; y, 2) El Tribunal de alzada no se toma el tiempo de revisar y valorar las pruebas y dar su explicación y fundamentación jurídica exigida por ley, justificando la mala valoración de prueba del Tribunal a quo, en ausencia de la debida fundamentación, objetividad y las reglas de la sana crítica; arguye además que el Auto de Vista impugnado en ninguna de sus partes indica los hechos, el análisis y los fundamentos legales en los que se ampara la supuesta legalidad en los medios probatorios que habrían llevado al Tribunal a quo a pronunciar una sentencia condenatoria; asimismo, sobre las pruebas documental y testifical no se establece certeza sobre su autoría del hecho, vulnerando su derecho al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004; empero, el recurrente nuevamente no cumple con las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417, del CPP, al no identificar concretamente, en ninguno de los motivos, los defectos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, realizando simplemente una observación de carácter general sobre una indebida fundamentación de su resolución; asimismo, en relación a los precedentes referidos su invocación se reduce a una simple glosa parcial de su contenido sin establecer fundadamente cuál la contradicción existente con la resolución impugnada; imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones atribuibles a la parte recurrente que no pueden ser suplidas de oficio, por lo que los motivos analizados precedentemente devienen en inadmisibles.


En razón a los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado, desarrollados en el acápite anterior de la presente resolución, se advierte que no se cumplen los requisitos básicos, debido a que el recurrente no identifica los errores del Auto de Vista impugnado, ni la forma en que la Resolución de alzada habría lesionado su derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, implicando una omisión sobre la invocación y explicación del agravio, la relevancia del referido defecto en la resolución de la causa y los daños emergentes; también, no precisa en ninguno de sus motivos de impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta, lo que impide a este Tribunal abrir su competencia a fin de conocer el fondo de lo pretendido en el memorial del recurso de casación.


Respecto a las Sentencias Constitucionales invocadas en calidad de precedentes contradictorios; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


IV.3. Del recurso de casación de Pablo Fernández Quispe.


Respecto a los motivos primero, segundo y tercero el recurrente: 1) Denuncia que el Auto de Vista impugnado no ha apreciado debidamente la prueba, y no se encuentran presentes los elementos constitutivos del asesinato, al no existir violencia, premeditación, alevosía o ensañamiento, así como tampoco se realizó la individualización en la participación del hecho criminoso, generando una mala apreciación de la ley sustantiva y a su vez es una causal de casación previsto en el art. 416 del CPP. Indica además, que se constató que la Sentencia inobservó la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, y la falta de fundamentación y motivación, vicio que influyó en la parte dispositiva, y que debió generar su anulación total o parcial; 2) refiere que el Tribunal de alzada no valora los fundamentos contradictorios del Ministerio Público, manifestando que los acusados se constituyen en autores de los hechos atribuidos y a pesar que solicitó procedimiento abreviado en dos ocasiones y que ha colaborado con la averiguación de la verdad, recibe condena de treinta años, olvidando estas atenuantes identificadas, cuya ratificación de sentencia vulnera su derecho a la defensa; 3) manifiesta que se advierte la lesión de su “derecho a la legalidad penal” (sic.) y “a la mala valoración de la aplicación de la pena” (sic.), al no haberse operado la individualización de la pena ni por el Tribunal de Sentencia menos por el Tribunal de alzada, debido a que se le impone la misma pena que los autores del hecho, cuando su intervención en el proceso fue distinta, mereciendo al menos una atenuación de la pena por su colaboración en su normal desarrollo, conforme los arts. 39 y 40 del CP, en el que el Tribunal de alzada ha omitido toda justificación sobre la individualización de la pena; empero, el recurrente no invoca ningún precedente contradictorio a fin de realizar el examen de contrastación, aspecto ineludible que debe ser cumplido, conforme prevé los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando toda contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones son atribuibles al recurrente y no pueden ser suplidas de oficio, por lo que los motivos analizados precedentemente devienen en inadmisibles.


Asimismo, este Tribunal ha establecido los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado, pero ello solo es posible cumpliendo ciertos requisitos básicos, ya explicados en el acápite anterior de esta resolución, estableciéndose en todos los motivos expuestos que el recurrente no identifica con precisión la forma en que esta resolución de alzada habría lesionado su derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, tampoco expone sobre la relevancia de los referidos defectos en la resolución de la causa y los daños emergentes, estableciendo que la legalidad penal y la mala valoración de la aplicación de la pena no constituyen derechos, lo que impide a este Tribunal abrir su competencia a fin de conocer el fondo de lo pretendido.


Sobre el cuarto motivo denuncia además que el Tribunal de alzada asumió inadecuadamente la facultad de revalorizar la prueba y revisar cuestión de hecho, desconociendo los principios de inmediación y contradicción, estableciendo hechos que no fueron probados en Sentencia, incurriendo en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al haberse tipificado nuevamente por aceptación de supuestos fácticos que no fueron sustentados en el juicio oral con pruebas, afirmando que habría ayudado en el hecho de sangre, y al clasificar al mismo como instantáneo y de prolongado resultado. Por otro lado, denuncia sobre hechos inexistentes, no acreditados o defectuosa valoración de la prueba, debido que de oficio afirmó que existió estos extremos, cuando no existió prueba mal valorada y el Tribunal de alzada señaló premeditación y alevosía, aspectos no probados en juicio oral, mucho menos se tiene el arma homicida y a partir de dichos argumentos la Sentencia es ratificada, en vulneración al debido proceso, defensa y seguridad jurídica. Invoca como precedentes contradictorios el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005 y la Sentencia Constitucional 0999/2013-R de 16 de julio.


De los fundamentos analizados, conforme prevén los arts. 416 y 417 del CPP, el recurrente invoca y contrasta formalmente el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, debido a que identifica disposiciones inobservadas y erróneamente aplicadas en el Auto de Vista impugnado y las contrasta con el sentido jurídico otorgado al precedente invocado sobre hechos presuntamente similares, con relación a la denuncia de revalorización de la prueba por el Tribunal de alzada y sobre la revisión de las cuestiones de hecho objeto del juicio oral; desarrollando la solución pretendida que permita superar dicho error, correspondiendo a esta Sala Penal ingresar al análisis de fondo de este motivo, con relación a estas circunstancias específicas.


Por otro lado, con relación a los demás puntos denunciados emergentes del presente motivo, nuevamente se incumple con las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417, del CPP, al no identificar concretamente, en ninguno de los casos, los defectos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, realizando simplemente una observación de carácter general sobre una indebida fundamentación de su resolución; asimismo, con relación al precedente referido su invocación se reduce a una simple glosa parcial de su contenido sin establecer fundadamente, sobre estos puntos específicos, cuál la contradicción existente con la resolución impugnada; imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones son atribuibles a la parte recurrente que no pueden ser suplidas de oficio, imposibilitando el análisis de fondo de la cuestión planteada y expuesta precedentemente.


Respecto a la Sentencia Constitucional invocada en calidad de precedente contradictorio; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, INADMISIBLES los recursos de casación plantados por Maribel Solórzano Fernández, de fs. 174 a 177 vta.; Juan Richard Anachuri Jiménez, de fs. 198 a 202; Luis Rolando Gallardo Tejerina, de fs. 230 a 236; y, ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Pablo Fernández Quispe, de fs. 271 a 274, únicamente para el análisis de fondo del cuarto motivo, en los términos y alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.  


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado

Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos