TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 689/2018-RRC

Sucre, 17 de agosto de 2018


Expediente                        Santa Cruz 1/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Gonzalo Rodas Segovia

Delito                        Homicidio

Magistrado Relator              Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 605 a 607 vta., Richard Coca Flores en representación de Elsa Carrillo Peña, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 62/2017 de 27 de septiembre, de fs. 592 a 595 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Gonzalo Rodas Segovia, por la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 48/2017 de 3 de mayo (fs. 559 a 561 vta.), el Tribunal Décimo Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Procedimiento Abreviado, declaró autor del delito de Homicidio a Gonzalo Rodas Segovia, imponiendo la pena de dieciséis años de presidio, con daños civiles averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, Richard Coca Flores apoderado de la víctima y denunciante (fs. 569 a 571 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 62/2017 de 27 de septiembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado, revocando parcialmente la Sentencia, modificando únicamente la pena impuesta a dieciocho años de presidio contra Gonzalo Rodas Segovia, en aplicación del art. 413 in fine del Código de Procedimiento Penal (CPP), manteniendo vigente todo lo demás,  motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 026/2018-RA de 1 de febrero, se extraen el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado, denota una completa falta de conocimiento del contenido real de los hechos, como de lo que aconteció en el ilegal e indebido procedimiento abreviado, arguyendo que: Los vocales en ningún momento tomaron en cuenta los argumentos ni los precedentes contradictorios invocados con total claridad y precisión. Los vocales y principalmente el vocal relator, es terriblemente incongruente pues el mismo se contradice en varios de los considerandos; ya que, ni siquiera ingresa a analizar las observaciones realizadas en el memorial de apelación que se enfocan en el punto del Asesinato y que el Fiscal sin justificativo alguno, cambió el tipo penal, siendo que los propios vocales señalan que el Tribunal pudo haber rechazado el petitorio del Ministerio Público, vulnerando la interpretación de la norma sustantiva al calificar el delito de Asesinato y transformarlo sin ningún fundamento a Homicidio vulnerando el principio de congruencia, así como el debido proceso, derecho a la igualdad de las partes, a la seguridad jurídica, derecho a la defensa, establecido en los arts. 124 y 173 de la norma Adjetiva Penal y el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), concluyendo que la Sentencia es increíblemente infundada y sin ningún tipo de respaldo legal.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 026/2018-RA de 1 de febrero, cursante de fs. 618 a 620 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Richard Coca Flores, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.  De la Audiencia de salida alternativa.


En audiencia de 3 de mayo del 2017, el Ministerio Público refiere que en aplicación de los arts. 373 y 374 del CPP, llegó al acuerdo de la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que el acusado Gonzalo Rodas Segovia, hubiese aceptado la culpabilidad de la muerte de Wilber Carrillo; hecho que en principio fue calificado por el acusador como Asesinato; empero, en la audiencia referida, cambia la calificación al tipo penal de Homicidio, señalando que la “autora principal” quien llamó a la víctima Isabel Flores Villarroel- quien debería estar presa por ser autora intelectual es una narración inconclusa- y tomando en cuenta el principio de celeridad y objetividad, requiere la pena de dieciséis años.


Al referido requerimiento el apoderado y abogado de la parte denunciante manifestó: “… y solo quería mencionar como parte denunciante, me opongo al procedimiento abreviado y solicito la reserve de apelación restringida.”


Posteriormente, se escuchó al abogado de la defensa y al acusado quien reconoció su culpabilidad y aceptó en audiencia, haber forcejeado con la víctima, a quien hirió con un cortapluma en el estómago.


II.2.  De la Sentencia.


En el acápite I de la Sentencia, el A quo después de realizar la enunciación de los hechos y circunstancias objeto del proceso, en la que detalla la denuncia realizada por Elsa Carrillo Peña, refiere que el acusado Gonzalo Rodas Segovia, adecuó su conducta al ilícito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP.


En el segundo considerando, manifestó que el representante del Ministerio Público en aplicación de lo previsto por la Ley 586, solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado; a cuyo efecto, acompañó un acuerdo suscrito con el imputado, quien se declaró autor y participe del delito de Homicidio, el cual había sido calificado en principio como Asesinato; sin embargo, revisado el proceso y tomando en cuenta que la autora principal, quien llamó a la víctima, tomando en cuenta el principio de celeridad y objetividad, el Ministerio Público, habría modificado el requerimiento acusatorio respecto a la calificación del hecho, solicitando la imposición de dieseis años de privación de libertad, ello tomando en cuenta que el Ministerio Público tiene mucha recarga procesal “y tomando en cuenta los indicios referentes a la señora Isabel Flores Villarroel, además que el acusado acepta la comisión del hecho y el Ministerio Público ha presentado las pruebas que ha logrado obtener durante el desarrollo de la investigación y solicita se dicte una sentencia condenatoria al hoy acusado” (sic).


En el acápite destinado a la exposición de fundamentos de derecho, el A quo haciendo referencia al contenido del art. 326 y siguientes del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre del 2014; asimismo, refiere que se encuentran cumplidas las exigencias legales contenidas en el art. 374 del CPP, pues en el caso de autos existiría la denuncia y las pruebas colectadas con las que se demostraría la existencia del hecho y la participación del acusado, en la comisión del ilícito penal objeto del juicio, el acusado en audiencia habría manifestado su voluntad de someterse a procedimiento abreviado de forma voluntaria y sin presión de ninguna clase; finalmente, existiría el convenio firmado entre el Ministerio Público y el acusado, por el cual éste último se declararía autor y culpable del delito de Homicidio, renunciando al juicio oral y público, estando de acuerdo también con la pena de dieciséis años de privación de libertad.


En el acápite IV destinado a la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencia, afirma que de los datos recogidos se evidenció que la conducta del acusado se establecería que el mismo fue aprehendido momentos después de cometer el hecho, constando la comisión del delito por las pruebas de cargo, las cuales menciona en 18 puntos. Finalmente, expone la parte dispositiva de la resolución, condenando al acusado por el delito de Homicidio e imponiendo la pena de dieciséis años de privación de libertad.


II.3.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la referida Sentencia el abogado y apoderado de la víctima, interpuso recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Denuncia que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP; es decir, en la errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación de la Sentencia y que la misma se basa en hechos inexistentes. Desarrollando los mismos, refiere que: El fallo de mérito en la parte considerativa, no señaló la razón jurídica para calificar el hecho como Homicidio, limitándose a repetir los antecedentes del caso de manera genérica e imprecisa, pues el argumento del A quo sería incongruente en su redacción cuando señala: “Se ha suscrito un acuerdo con el imputado (Error el mismo es acusado) GONZALO RODAS SEGOVIA, EN EL QUE SE DECALRA AUTOR Y PARTICIPE del delito de HOMISIDIO, el cual inicialmente fue tipificado como asesinato, pero revisado el proceso y tomando en cuenta que la autora principal, quien llamo a la víctima, tomando en cuenta  el  principio  de  celeridad, …” (sic); además que el cambio de la calificación jurídica del hecho vulneraría el principio de congruencia y el debido proceso, conforme lo establecido por el art. 124 del CPP y 115.II de la CPE, al no tener un respaldo legal, incumpliendo los arts. 124 y 360 inc. 3) de la norma Adjetiva Penal.


  1. Que, el Tribunal de Sentencia incurrió en los defectos de sentencia previstos por los incs. 10) y 11) del art. 370 del CPP, pues no habría cumplido con lo previsto por el inc. 3) del art. 360 de la norma Adjetiva Penal, por falta de voto individual y separado, además de ser incongruente el fallo de mérito; toda vez, que se alegaría que la autora principal es Isabel Flores; empero, el mismo tribunal habría aceptado el procedimiento abreviado a favor de la referida, por el delito de Encubrimiento. Asimismo, observa que la Sentencia no pudo dar curso al procedimiento abreviado condenando por Homicidio, cuando se acusó el delito de Asesinato, lo cual vulneraría el debido proceso, igualdad de las partes y la seguridad jurídica; toda vez, que la víctima no fue notificada con acusación por Homicidio, vulnerándose el derecho a la defensa y las normas mencionadas y plasmadas en los arts. 115, 119, 178.I y 180 de la CPE, transgrediéndose a la vez el Auto Supremo 333/2015-RA de 1 de junio, la cual transcribió para señalar que debe tomarse en cuenta la misma para dictar Sentencia.


  1. Bajo el acápite de insuficiente fundamentación, refiere que entre los puntos más sobresalientes de la insuficiente fundamentación, se puede apreciar diferentes aspectos, como el acogerse únicamente a lo indicado por el fiscal que argumentó que a fin de descongestionar el saturado sistema judicial admiten y aceptan el procedimiento abreviado; con flagrantes vulneraciones, sin tomar en cuenta que no le otorgan de manera individualizada valor a cada una de las pruebas ofrecidas por la víctima y el Ministerio Público, infringiendo lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del CPP; toda vez, que nunca establecería cual es el valor que otorga a las pruebas analizadas y porque desecha algunas.


  1. Asimismo, refiere que existe contradicción entre la parte considerativa y dispositiva; toda vez, que desde el principio se estableció el delito de Asesinato y solo en audiencia sin notificar a la víctima, se habría cambiado el mismo, transgrediendo el art. 362 del CPP.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista 62 de 27 de septiembre del 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando admisible y procedente, conforme lo previsto por los arts. 124 y 413 del CPP, revoca parcialmente la Sentencia apelada y modifica el quantum de la misma a 18 (dieciocho años) de presidio, en aplicación del art. 413 in fine de la norma Adjetiva Penal. Bajo los siguientes argumentos:


En el primer considerando haciendo referencia al entendimiento asumido por el Auto Supremo 317 de 13 de junio del 2003, respecto a los fines del recurso de apelación restringida; refiere que para efectivizar la salida alternativa de procedimiento abreviado, el Fiscal tendría dos momentos, uno sería al término de la investigación preliminar según lo previsto por el inc. 4) del art. 301 del CPP; y el segundo, a la conclusión de la investigación conforme lo previsto por el art. 373 en concordancia con los arts. 325 y 326 del CPP modificado por la Ley 586. Hace precisión de que en nuestra legislación no existe ninguna restricción sobre el tipo penal.


Asimismo, en el segundo considerando de la resolución impugnada, refiere que previo a la presentación del requerimiento fiscal, debe existir negociación o acuerdo entre el fiscal y la parte imputada, esta última acompañada de su abogado, a efecto de precisar el delito y el quantum de la pena, pudiendo participar de la misma la víctima, aclarando que el fiscal tiene amplios poderes pese a la oposición de ésta. En esa negociación se debatiría el quantum de la pena y el tipo penal, respecto a la pena podría ser la que considere el Ministerio Público, dentro del margen establecido por ley y en consideración a las circunstancias en que se produjo el hecho y que en ningún caso el fiscal puede requerir pena menor al mínimo legal que prevé el tipo penal. Esta salida alternativa, buscaría simplificar el procedimiento en su totalidad así como el costo del servicio de la administración de justicia, basado en la admisión de los hechos por parte del imputado, la cual tornaría innecesaria la realización del debate en juicio contradictorio, advirtiendo que los Jueces y Tribunales no deben aplicar esos mecanismos de un modo automático, sino deben controlar que se cumpla su cometido y se respeten las garantías e incluso cuando exista alguna duda, debe preferirse la realización del juicio oral aún por encima de la voluntad del imputado.


En el acápite destinado a los fundamentos y análisis del tipo penal acusado de Homicidio, haciendo referencia al mismo y a las formas dolosas, refiere que el Tribunal de Sentencia, ubicó los aspectos de conocimiento y de voluntad que se manifestaron en la acción del acusado, para encuadrar el tipo subjetivo a la conducta, pues el fiscal desechando el tipo de Asesinato, llegaría a un acuerdo con el imputado, quien se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, en  el cual admitió que nos encontramos ante una conducta dolosa que se enmarca dentro del dolo eventual, admitiendo el delito de Homicidio y aceptando la imposición de la pena de dieciséis años de presidio, como consta en el acuerdo legal suscrito el 3 de mayo del 2017, pues la acción sería dolosa fortuita, imprevista, casual y ocasional; por lo que toda vez, que el órgano jurisdiccional podría aplicar el principio iura novit curia, se entendería que el A quo sin modificar los hechos contenidos en la acusación podría emitir Sentencia, por una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación respetando el principio de congruencia, conforme la abundante doctrina, así se establecería en la Sentencia Constitucional 0506/2005-R de 10 de mayo; por lo que de la valoración de las pruebas de cargo examinadas, se inferiría que la actuación del acusado  se encuadra a la comisión del delito de Homicidio, el cual sería de conocimiento pleno, forma libre, voluntaria, espontánea y motivadamente; asimismo, se encontraría plenamente demostrado la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes del mencionado tipo penal, que hacen firme la decisión unánime del A quo al haberlo condenado por Homicidio.


Respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de apelación refiere que cuando se trata de un procedimiento abreviado, el Tribunal de Sentencia solamente debe verificar que el Ministerio Público y el imputado, asistido de su abogado defensor, lleguen a un acuerdo legal sobre el tipo penal y la pena a imponerse, siempre y cuando no existan otros elementos que no fueron incluidos en la investigación y que merecen ser sometidos a juicio oral, ordinario y contradictorio, por lo que no sería necesario redactar una sentencia ampulosa o extensa en sus fundamentos.


En el tercer considerando del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación refiere que de los agravios del apelante y querellante, se evidenciaría que se incurrió en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, pues el fiscal y el imputado hubieran acordado la pena de dieciséis años de presidio, sin considerar las agravantes previstas por los arts. 37 y 38 del CP, al no tomar en cuenta las circunstancias del hecho, forma de comisión del delito, el instrumento utilizado para consumar el delito de Homicidio, la conducta anterior y posterior al hecho acusado, los motivos que lo llevaron a cometer el ilícito; asimismo, refiere que la pena antes de ser defensiva es preventiva, haciendo una explicación de la misma, refiere que la pena debe ser impuesta tomando en cuenta los aspectos objetivos del hecho y las condiciones subjetivas del autor, prestar atención a la personalidad del autor y su peligrosidad, así como las circunstancias en que delinquió, continúa haciendo referencia al contenido del art. 37 del CP, señalando que dichas formalidades establecidas por el mismo, no fueron cumplidas por el Tribunal inferior a efectos de establecer el quantum de la pena, pues la pena prevista para el tipo penal de Homicidio, sería de cinco a veinte años de presidio, por lo que la misma debe ser modificada acorde a las circunstancias del hecho, tomando en cuenta que no puede ir más allá de la persona del condenado y que debe aplicarse en la medida necesaria para su reinserción social. Por lo que, tomando en cuenta que la pena no es el resultado de una simple operación lógica sino de la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes, presupuestos que servirían para determinar la pena dentro del marco normativo del delito que identifican los aspectos que agravan o atenúan la pena, consideró necesario considerar la normativa contenida en los arts. 37, 39, 30 y 40 del CP, para determinar la pena, teniendo en cuenta especialmente las circunstancias y las condiciones de vida del imputado, las causas que llevaron a la comisión del hecho delictivo y el hecho mismo, bajo el principio de legalidad, con base a la valoración de las circunstancias existentes, señala que debe establecer la pena tomando en cuenta la pluralidad de delitos.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 026/2018-RA de 01 de febrero (fs. 618 a 620); por lo que con carácter previo, a los efectos señalados se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1.        Del principio de congruencia en el fallo de alzada.


Este principio hace referencia a la obligación que tiene el Tribunal de apelación, de circunscribir su fallo a las circunstancias alegadas en un determinado recurso, sin que pueda omitir la consideración de algún agravio planteado y tampoco le está permitido desbordar la propuesta jurídica realizada por el impugnante; este principio se halla expresamente previsto por el art. 398 del CPP, que dispone que los tribunales de alzada circunscribirán sus fallos a los aspectos cuestionados de la resolución. Al respecto por Auto Supremo 164/2016-RRC de 21 de abril, en su acápite III.1 refiriéndonos al principio de limitación y formas de incongruencia, se señaló:


El art. 180.I de la CPE, entre sus principios rectores en los que fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece la legalidad, en virtud de la cual los actos de toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, se hallan sometidos a la Constitución, Leyes y Tratados Internacionales.


En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales del alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por el art. 398 del CPP y el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que, el Ad quem, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia, y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación, aun cuando se trate de defectos absolutos, pues en caso de existir éstos, necesariamente deben ser motivo de apelación por parte del impugnante y en caso de no serlo, los mismos se tendrían por consentidos.

El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida; se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación.


En cuanto a las formas de vulneración de este principio, tenemos en primer lugar, el pronunciamiento ultra petita, que hace incongruente la resolución del Tribunal de alzada, por pronunciarse sobre aspectos no demandados o que no fueron motivo de apelación, desbordando los límites de su competencia a aspectos no cuestionados y los cuales llegan firmes ante el de alzada; este hecho también conocido como exceso de jurisdicción, vulnera el debido proceso por violación del principio de legalidad, pues al pronunciarse el Ad quem, sobre aspectos en los que no se fundó el recurso de apelación restringida, se impide a la parte contraria a contestar de forma fundamentada, conforme lo dispuesto por el art. 408 del CPP, hecho que amerita la nulidad de la resolución por constituir defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 


Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, el cual también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.


(…)


Debemos entender que la obligación de pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso, tiene la finalidad de cumplir el parámetro de una resolución completa, lo cual supone a la vez, que un fallo para cumplir con el mismo, debe referirse tanto al hecho como al derecho; al referirse al hecho -circunstancias alegadas por el apelante-, el Tribunal de alzada tiene el deber de identificar de manera correcta el agravio alegado, a fin de emitir su fallo de manera coherente con los argumentos expuestos en un determinado recurso, resolviendo cada circunstancia alegada de forma separada, puntual y precisa, no hacerlo de esa manera o exponer fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos, implica también incurrir en incongruencia omisiva, pues deja a las partes en estado de indeterminación respecto a la proposición jurídica realizada, vulnerando el debido proceso en su elemento del derecho a recibir una respuesta fundamentada, así como la inobservancia de los arts. 124 y 398 de la norma adjetiva penal, convirtiendo la decisión asumida por el de alzada, en arbitraria que amerita ser castigada dejando sin efecto la resolución impugnada.


II.2.        Análisis del caso en concreto.


El recurrente reclamó que el Tribunal de apelación: a) No tomó en cuenta los argumentos ni precedentes que invocó en apelación restringida; y, b) No ingresó a analizar las observaciones realizadas en su memorial de apelación, respecto al Asesinato que fue modificado por el Ministerio Público, sin justificativo alguno, al delito de Homicidio, vulnerando el principio de congruencia, debido proceso, igualdad de las partes, seguridad jurídica, derecho a la defensa.


Revisado el Auto de  Vista impugnado, se tiene que el Tribunal de alzada en el primer y segundo considerando del fallo que emitió, hizo referencia a los fines del recurso de apelación restringida; los momentos procesales en los cuales podría ser solicitada la salida alternativa de procedimiento abreviado, precisando que en nuestra legislación no existe restricción en cuanto al ilícito penal perseguido, para la procedencia del mismo. Continúa haciendo referencia al acuerdo que debe existir entre el fiscal y la parte imputada, señalando que en el mismo se debe debatir el tipo penal y quantum de la pena, que siempre debe ser legal, señala los fines de la mencionada salida alternativa y advierte que los operadores judiciales no deben aplicarla de modo mecánico; pues tendrían que controlar el cumplimiento de su cometido y el respeto de las garantías, prefiriendo la realización de juicio oral ante la duda, aún por encima de la voluntad del imputado.


Lo descrito, son las bases que le sirvieron al Ad quem, ingresar a resolver el recurso interpuesto por la víctima, sobre el cual menciona que el Tribunal de Sentencia ubicó los aspectos de conocimiento y de voluntad que se manifestaron en la acción del acusado, para encuadrar el tipo subjetivo a la conducta, pues el fiscal desechando el tipo de Asesinato, habría acordado con el imputado, que éste se sometiera a un procedimiento abreviado, calificando la conducta del acusado como Homicidio al ser una acción dolosa fortuita, imprevista, casual y ocasional. Hasta el momento descrito, el supuesto análisis que realizó el Tribunal de apelación, no satisface la circunstancia planteada por el apelante, quien en su recurso de apelación restringida, cuestionó la falta de fundamentación para calificar la conducta del imputado como Homicidio y que el A quo se habría limitado a repetir los antecedentes del caso de manera general, imprecisa e incongruente; toda vez, que se haría referencia a que los motivos para la aplicación de la salida alternativa, sería que la autora principal “quien” llamó a la víctima oración que no concluye-, tomando en cuenta el principio de celeridad. Aspectos que a decir de la parte recurrente no solo constituye el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP; sino también, los previstos por los incisos 5) y 6) de la norma Adjetiva Penal referida y sobre los cuales el de alzada evidentemente no dijo nada.


En el segundo motivo de alzada, la apelante también denunció que la Sentencia de procedimiento abreviado, incurrió en los defectos previstos por los incs. 10) y 11) del art. 370 del CPP, en el que de manera reiterada la recurrente observa que no era permisible aceptar el cambio del tipo penal acusado, de Asesinato a Homicidio. Y como cuarto agravio, acusó la existencia de incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva suponemos de la sentencia-, toda vez que en principio se habría acusado el delito de asesinato; y posteriormente se cambió el mismo, transgrediendo el art. 362 del CPP. Aspectos sobre los cuales, de la revisión minuciosa del Auto de Vista impugnado, no se encuentra respuesta alguna, es más no se halla en el fallo mencionado, la identificación de los agravios que son parte de su resolución.


Asimismo, el fallo impugnado carece de fundamentación; toda vez, que además de los aspectos identificados, también señaló que el Órgano Judicial puede aplicar el principio iura novit curia; es decir, que sin modificar los hechos podría realizar una calificación jurídica distinta a la propuesta por la acusación; al respecto, citó la Sentencia Constitucional 0506/2005-R de 10 de mayo; empero, no explicó si dicho principio es aplicable a la salida alternativa de procedimiento abreviado, cuando el propio Tribunal de apelación, en el primer párrafo del segundo considerando afirmó que para que el fiscal solicite la aplicación de la referida salida alternativa de juicio, debe existir una negociación en la que se debatiría el tipo penal y la modulación de la pena. Aspectos que, evidentemente hacen incongruente el fallo de alzada.


Otro aspecto reclamado como tercer agravio de apelación, fue la insuficiente fundamentación del fallo de mérito, por acogerse únicamente a lo indicado por el fiscal, sin valorar de manera individual las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público como la víctima; al respecto, en el último párrafo del segundo considerando, el Tribunal de apelación se limitó a mencionar cuáles son los requisitos para la procedencia de la salida alternativa cuestionada, sin expresar de manera clara, expresa y lógica, si en un procedimiento abreviado corresponde o no hacer la valoración individual de las pruebas de cargo, además de señalar de manera confusa que “…siempre y cuando no existan otros elementos que no fueron incluidos en la investigación y que merecen ser sometidos a juicio oral, ordinario y contradictorio, por  lo que no sería necesario redactar una sentencia ampulosa o extensa en sus fundamentos” (sic), argumento que adolece de claridad, pues no se entiende que fue lo que quiso decir el Tribunal de apelación.


Conforme el análisis realizado, se establece que el Tribunal de apelación en principio no realizó la identificación de las circunstancias planteadas en el recurso de apelación restringida, lo cual derivó en que la falta de resolución de todos los agravios planteados en alzada; asimismo, no existe una respuesta clara y expresa al punto principal reclamado, el cual es la falta de fundamentación de las razones que justifiquen la modificación del tipo penal de Asesinato por Homicidio, por parte del Ministerio Público y si el mismo se encuentra debidamente fundamentado en Sentencia, además si dicha modificación deriva en incongruencia entre la acusación y la Sentencia.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Elsa Carrillo Peña y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 62/2017 de 27 de septiembre, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos