TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 681/2018-RRC

Sucre, 17 de agosto de 2018


Expediente                        La Paz 114/2015

Parte Acusadora              Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Florencia Vino Caza y otra

Delitos                                Tentativa de Asesinato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por Sentencia Constitucional Plurinacional 0788/2016-S1 de 25 de agosto (fs. 629 a 645), que dejó sin efecto los Autos Supremos 562/2015-RA y 617/2015-RRC; y, por memorial presentado el 17 de julio de 2015, cursante de fs. 556 a 562, Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre, de fs. 540 a 544, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Julio Vásquez Aquice contra las recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tentativa de Asesinato, Lesiones Gravísimas, Lesiones Graves y Leves y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 252 con relación al 8, 270 inc. 4), 271 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 02/2012 de 19 de marzo (fs. 409 a 415), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Florencia Vino Caza y Marcela Vino Caza, autoras de la comisión de los delitos de Lesiones Gravísimas y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 270 inc. 4) y 293 del CP, imponiendo a la primera la pena de tres años y dos meses de reclusión y al pago de trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día; y, a la segunda con pena de dos años de reclusión y al pago de doscientos días multa a razón Bs. 0,50.- (cincuenta centavos) por día, ambas fueron sancionadas con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia, siendo absueltas de pena y culpa por los delitos de Tentativa de Asesinato y Lesiones Graves y Leves, por no existir prueba fehaciente.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza (fs. 433 a 439 vta.) y el acusador particular Julio Vásquez Aquice (fs. 452 a 453 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 1/2013 de 23 de enero (fs. 483 a 485 vta.) y Auto complementario de 26 de noviembre de 2013 (fs. 503), que fueron dejados sin efecto por Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto (fs. 531 a 535); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre, que declaró improcedente el recurso de las procesadas y procedente en parte el recurso del acusador particular, declarando a Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza, autoras de los delitos de Lesiones Gravísimas y Amenazas, sancionados por los arts. 270 inc. 4) y 293 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, manteniendo firme y subsistente los demás fundamentos de la Sentencia, siendo rechazada la solicitud de Complementación y Enmienda de la parte imputada mediante Resolución de 4 de mayo de 2015 (fs. 551).


  1. Por diligencia 10 de julio de 2015 (fs. 554), las recurrentes fueron notificadas con el Auto Complementario de 10 de julio de 2015; y, el 17 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación, mereciendo la emisión de los Autos Supremos 562/2015-RA de 27 de agosto (fs. 590 a 593 vta.) y 617/2015-RRC de 12 de octubre (fs. 598 a 602 vta.), que fueron dejados sin efecto mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0788/2016-S1 de 25 de agosto (fs. 629 a 645), que dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Rita Yanett Rojas Reyes en representación de Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza, concedió la tutela solicitada, disponiendo se emita nueva Resolución de admisión del recurso de casación, analizando si corresponde la admisión por defectos absolutos, aplicando la doctrina de flexibilización desarrollada en el fundamento jurídico III.3 de la Sentencia Constitucional Plurinacional, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 215/2018-RA de 29 de marzo (que dio cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0788/2016-S1 de 25 de agosto, de fs. 629 a 645), se admitió el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Denuncian, que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto no susceptible de convalidación “al tenor del art. 369 del CPP”; toda vez, que no fundamentó respecto a su reclamo referido a la defectuosa valoración de la prueba defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, limitándose a señalar que el fundamento de la parte apelante no cumplió con el requisito de probar que el Tribunal de juicio se apartó de las reglas de la sana crítica, concluyendo que existía una valoración y apreciación conjunta y armónica de las pruebas conforme prevén los arts. 173 y 359 del CPP, sin analizar ni motivar cada uno de los fundamentos esgrimidos dentro de su motivo de apelación, dejándoles en incertidumbre.


I.1.2. Petitorio.


Las recurrentes solicitan, se declare fundado su recurso disponiendo que el Tribunal de alzada dicte nuevo Auto de Vista, anulando obrados hasta el vicio más antiguo.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 215/2018-RA de 29 de marzo, cursante de fs. 652 a 656 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por las imputadas Florencia y Marcela Ambas de apellidos Vino Casa, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 02/2012 de 19 de marzo, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Florencia Vino Caza y Marcela Vino Caza, autoras de la comisión de los delitos de Lesiones Gravísimas y Amenazas,  imponiendo a la primera la pena de tres años y dos meses de reclusión y al pago de trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día; y, a la segunda la pena de dos años de reclusión y al pago de doscientos días multa a razón Bs. 0,50.- (cincuenta centavos) por día, ambas con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia, bajo los siguientes hechos probados: 


  1. Que, el 24 de octubre de 2009 a horas 12:00 Julio Vásquez Aquice (acusador particular), ingresó a oficinas del juzgado de Instrucción de Chulumani, con el fin de proteger su humanidad ante la agresividad de Florencia Vino Caza y Marcela Vino Caza, que también ingresaron y en presencia del actuario, le pidieron a Julio Vásquez que salga, como era el medio día, el Secretario del Juzgado procedió a desalojar a las dos hermanas, cerrando la puerta principal del edificio y llamó a un efectivo policial para que acompañe a salir de los ambientes a Julio Vásquez, por lo que bajaba por las gradas acompañado por el policía, la concubina Florencia Vino Caza y su hermana Marcela Vino Caza se abalanzan a la víctima, frente a dicha agresión pretende eludir, por lo que resbaló y cae de espaldas y es aprovechada por las imputadas que le infieren lesiones en el rostro para luego darse a la fuga, siendo auxiliado y trasladado la víctima al Hospital de Chulumani, donde recibe atención médica diagnosticándole el médico herida punzo cortante en región frontal de 7 a 8 cm. y otra herida punzo cortante en región del cuello de 5 cm., ambas aproximadamente.


  1. Que, la prueba MP-4 consistente en Certificado médico forense de 26 de octubre de 2009, acredita en sus conclusiones: herida cortante en la cara por arma blanca, otorgándosele treinta días de impedimento, susceptible de ampliación de quedar marca indeleble en el rostro. Por certificado médico forense de 27 de marzo de 2010, establece revisión médica, las cicatrices antiguas de la frente son visibles a una distancia de cinco metros que corresponde a la agudeza visual normal de una persona, “CONCLUSIÓN.- El peritado presenta MARCA INDELEBLE en el rostro”, constituyendo certeza sobre la lesión en el rostro de la víctima por arma blanca, que la declaración de Samuel Botello Tamayo refiere que las dos señoras tumbaron a la víctima con un cuchillo que lo portaba Florencia Vino Caza, quien con dicho cuchillo le clavó a la víctima y amenazó de muerte.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de las imputadas.


       Notificadas con la Sentencia Florencia y Marcela, ambas de apellido Vino Caza, formularon recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


       Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, afirman que no solo se incurrió en defectuosa valoración de la prueba; sino que, dicha valoración sería contradictoria; puesto que, del análisis de la prueba MP4 que corresponde al certificado médico de 26 de octubre de 2009, en la Sentencia sólo se transcribió una parte del referido certificado, obviando el contenido íntegro, no señalando que el certificado refiere haber sufrido agresión física con arma blanca, que fue indicado por el acusador no siendo la versión del médico, incurriendo el Tribunal en defectuosa valoración respecto al certificado médico; ya que, hizo referencia a una herida cortante suturada en la región frontal de 7, 6 y 4 cm; no considerando, que sumadas las dimensiones de las heridas se tendría una frente de 17 cm, si la herida no fuera continua se tendría tres heridas en la frente y una en la región sub mentoniana; no obstante, no indicó cuál se constituiría en marca indeleble y si serían de la misma data; además, que no fue contrastada con la pericia médico forense, la que no fue considerada.


       Añaden, que la Sentencia llegó a la convicción de que la lesión en el rostro de la víctima fue producida por arma blanca por la declaración de Samuel Botello; empero, no observó que fue el único testigo que hizo referencia al cuchillo, que no fue contrastado con los demás testigos de cargo, además que el policía alegó que no vio ningún objeto, al que no le dieron valor.


       En cuanto a la prueba pericial, afirman que el Tribunal concluyó que era contradictoria; ya que, la perito había señalado que en la frente del acusador existía una sola cicatriz irregular visible a distancia íntima y contrariamente expresaría que no existe marca indeleble, no considerando que la perito señaló que la marca indeleble no tenía las características de indeleble; sino que las lesiones se produjeron por golpe y no por arma punzo cortante, lo que evidenciaría que el Tribunal de mérito incurrió en defectuosa valoración de la prueba, por lo que la Sentencia sería nula; ya que, no valoró la totalidad de las pruebas judicializadas.


II.3.  Del Auto de Vista 01/2013 de 23 de enero.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 01/2013 de 23 de enero, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida, “disponiendo conforme lo establece el Art.413 de Código de Procedimiento Penal ANULAR la Resolución 02/2012 de fecha 19 de marzo de 2012, cursante de a fs. 409 a 415, debiendo reponerse el juicio respecto a ello por otro Tribunal de Sentencia”.


II.4.  Del Auto de 26 de noviembre de 2013.


El Tribunal de alzada por decreto de 26 de noviembre de 2013 (fs. 503), dispuso:


“VISTOS: De los fundamentos expresados en el Auto de Vista 01 de 23 de enero de 2013, se establece que este Tribunal de Alzada observó que el Tribunal de origen a tiempo de compulsar los elementos de prueba ofrecidos y producidos en el juicio oral, público y contradictorio, no se realizó una adecuada valoración de la prueba; es decir, no tomó en cuenta las reglas de la Sana Crítica y sus componentes; consiguientemente, este fundamento permite aplicar el art. 413 primera parte del CPP. Por lo que, se modifica la parte dispositiva de la resolución de la siguiente manera:


POR TANTO.- La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ANULA TOTALMENTE LA SENTENCIA contenida en la resolución Nº 02 de 19 de marzo de 2012, por haberse establecido Defecto Absoluto no convalidable y ordena la REPOSICIÓN del juicio por otro Tribunal, sea en aplicación del art. 413 de la Ley 1970 y previo sorteo por el sistema computarizado.- Notifíquese.-”.


II.5.  Del Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto.


Como emergencia del recurso de casación, interpuesto por el acusador particular Julio Vasquez Aquice, impugnando el Auto de Vista 01/2013 de 23 de enero y su Auto Complementario de 26 de noviembre de 2013, en el que acusó que el Tribunal de alzada determinó que la aplicación del art. 270 del CP, fue correcta al igual que la valoración de la prueba; sin embargo, de manera contradictoria y sin fundamento, a través del Auto de Vista; y posteriormente modificado por el Auto Complementario, anuló totalmente la Sentencia. Recurso que inicialmente fue admitido, mereciendo el pronunciamiento del Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto, que ante la denuncia formulada, estableció: “que habiendo recurrido ambas partes -imputadas y acusador particular-, en la parte dispositiva del Auto de Vista (fs. 485 vta.), el Tribunal de alzada declaró improcedentes ambos recursos, pero ilógica y contradictoriamente dispuso anular la Sentencia, sin fundamentos que respalden su decisorio; es así, que fue el tribunal inferior antes de la radicatoria de la causa, que dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación “en consulta sobre la desinteligencia de la parte resolutiva del Auto de Vista” (sic), motivando el pronunciamiento del Auto de 26 de noviembre de 2013 (fs. 503), por el cual el de alzada, en forma contraria a todos los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista impugnado, señaló que en dicho fallo se había establecido que el Tribunal de origen, a tiempo de compulsar los elementos de prueba ofrecidos y producidos en juicio oral, no realizó una adecuada valoración de la prueba (fundamentos transcritos en su integridad en el acápite II.3 de este fallo), advirtiéndose nuevamente contradicción, esta vez, entre los fundamentos expuestos en ambas resoluciones.


Del análisis precedente, se evidencia que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia y/o contradicción interna ampliamente descrita en el acápite III.1. de esta Resolución, al emitir inicialmente el Auto de Vista 01/2013 de 23 de enero de 2013 y posteriormente, al pronunciar el Auto de 26 de noviembre de 2013…”.


En base a dichos argumentos, dispuso que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nuevo Auto de Vista.


II.6. Del Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en cumplimiento del Auto Supremo 367/2014-RRC de 8 de agosto, dictó el Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre, que declaró admisible  e improcedente las cuestiones planteadas por la parte acusada y procedente en parte el recurso del acusador particular, por lo que de conformidad al art. 413.IV del CPP declaró a Florencia Vino Caza y Marcela Vino Caza autoras de los delitos de Amenazas y Lesiones Gravísimas previstos y sancionados por los arts. 293 y 270 inc. 4) del CP, imponiendo la pena de cuatro años de privación de libertad, manteniendo firme y subsistente los demás fundamentos de la Sentencia, bajo los siguientes fundamentos vinculados al motivo de casación:


Con relación al inc. 6) del art. 370 del CPP; deja establecido que el Tribunal de alzada no puede revalorizar prueba que es facultad del Tribunal de Sentencia, quien ha estado en contacto con las partes y las pruebas quien debe efectuar la valoración establecida en el art. 173 del CPP; es decir, que cuando una de las partes invoca este defecto, lo que debe de apartarse es la logicidad o el iter lógico de la Sentencia y probar que el Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente las reglas de la sana crítica los cuales son (principios de la lógica, “de no contradicción-tercero excluido-razón suficiente e identidad”, las máximas de la experiencia y los conocimientos afianzados o la psicología) y determinar con precisión cuál o cuáles de las reglas de la sana crítica estima vulnerada; además, de establecer cuál es la aplicación o valoración que debió realizarse, siendo facultad del Tribunal de alzada revisar la logicidad de la Sentencia, criterios que fueron modulados por la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 135/2013 de 20 de mayo, 73/2013 de 20 de marzo y 238/2012 de 6 de septiembre. Que, el fundamento de la parte apelante no cumple con dichos requisitos; además de la revisión y relación de la Sentencia existe una valoración, apreciación conjunta y armónica de las pruebas conforme lo establecen los arts. 173 y 359 de CPP; en consecuencia, no advierte una defectuosa valoración de la prueba con relación a los puntos cuestionados.


II.7.  Del Auto Supremo 617/2015-RRC de 12 de octubre.


Notificadas las imputadas Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza con el Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre, interpusieron recurso de casación, acusando cinco agravios, que inicialmente mereció el pronunciamiento del Auto Supremo 562/2015-RA de 27 de agosto, que sólo admitió el cuarto motivo, en el que denunció que el Tribunal de alzada incurrió en defecto absoluto; puesto que, no habría motivado su denuncia concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, que mereció el pronunciamiento del Auto Supremo 617/2015-RRC de 12 de octubre; que constató que la denuncia no era evidente, puesto que por una parte, el recurso de apelación restringida contenía una deficiencia argumentativa al no proporcionar los fundamentos necesarios que posibiliten ahondar el análisis del agravio, por lo que no visualizó la concurrencia de defectos absolutos; y por otra parte concluyó, que el Tribunal de alzada otorgó respuesta de forma coherente y congruente, resultando inexistente la vulneración al derecho a una Resolución debidamente fundamentada como componente del debido proceso.


Bajo dichos fundamentos declaró infundado el recurso de casación.

II.8.        De la Sentencia Constitucional Plurinacional 0788/2016-S1 de 25 de agosto.

Notificadas las imputadas Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza,  con el Auto Supremo 617/2015-RRC de 12 de octubre, interpusieron acción de amparo constitucional, que inicialmente fue denegada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,  mediante Resolución 17/2016 de 22 de abril, que fue revocada por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0788/2016-S1 de 25 de agosto, emitida por la Sala Primera Especializada, que dejó sin efecto los Autos Supremos 562/2015-RA y 617/2015-RRC, disponiendo que se emita nueva Resolución de admisión del recurso de casación, interpuesta por las accionantes contra el Auto de Vista 85/2014 de 12 de noviembre, analizando si corresponde su admisión por defectos absolutos, ello en relación a la denuncia sobre defectos absolutos en cuyo mérito señaló:


Respecto a la inadmisibilidad de los defectos absolutos, radicó en que los mismos no corresponden ser analizados por vía del mencionado recurso, “no obstante de ello, en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, se estableció que el Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de precautelar la debida observancia de las normas procesales de manera excepcional puede abrir su competencia para conocer vía recurso de casación las denuncias relativas a defectos absolutos no susceptibles de convalidación, revisado con carácter previo la concurrencia de presupuestos que posibilitan dicha labor; ahora bien, en el caso en concreto las autoridades demandadas lejos de aplicar su propia jurisprudencia respecto a la doctrina de flexibilización de los requisitos de admisión del recurso de casación y verificar si en las tres denuncias por defectos absolutos, las ahora accionantes: a) Proveyeron los antecedentes de hecho generador del recurso; b) Detallaron con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía; y, c) Explicaron el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotación de orden constitucional, se limitaron a señalar que a través del recurso de casación no es posible el análisis respecto a denuncias de defectos absolutos, argumento carente de toda razonabilidad, pues ante la denuncia de defectos absolutos como fundamento de recurso de casación tenían la obligación de aplicar la referida doctrina y una vez verificada sí concurren o no los presupuestos desarrollados por el propio Tribunal Supremo de Justicia, admitir o no el recurso de casación sobre estos aspectos, supuesto que en los hechos no sucedió, imposibilitando de esta forma que los defectos de nulidad acusados puedan, en su eventualidad, ser analizados en la resolución de fondo de dicho recurso, lesionando de esta manera los derechos al debido proceso, aplicación objetiva de la ley y acceso a la  justicia.


En cuanto a las causales de nulidad aducidas en los puntos primero, segundo, tercero y quinto, las autoridades demandadas identificaron si bien citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 6 y 8 de 26 de enero de 2007, 411 de 20 de octubre de 2006, entre otros, empero, no se advirtió explicación de cual la contradicción entre tales fallos y la Resolución impugnada, que permita realizar la labor de contraste de situaciones de hecho similares , aspectos que impidieron la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para que ingrese al análisis de fondo de esos puntos denunciados. Con relación al cuarto punto referido a la falta de fundamentación al responder defectuosa valoración de la prueba, se señaló que si bien no se invocó precedente contradictorio respecto al mismo, atendiendo a la teoría de flexibilización, se abrió la competencia con la finalidad de verificar si es evidente que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, argumento que se entiende razonable porque se expuso los motivos porque no se abrió la competencia del Tribunal de casación para analizar los puntos primero, segundo, tercero y quinto, que hicieron inviable su admisión y que básicamente se resumen en el incumplimiento de los presupuestos de admisibilidad descritos en el apartado IV del Auto Supremo en análisis


Por lo mencionado se advierte que la decisión de las autoridades demandadas de declarar admisible el recurso de casación sobre defectos absolutos resulta lesiva de los derechos al debido proceso, aplicación objetiva de la Ley, acceso a la justicia, fundamentación  y motivación, porque el argumento de dicha determinación no resulta válido, además de ser contradictorio con la propia doctrina de flexibilización de los recursos de casación, por lo que, corresponde conceder la tutela demandada y dejar sin efecto el Auto Supremo 562/2015-RA, a efectos de que las autoridades demandadas emitan uno nuevo en el que verifiquen si se cumplió o no con los presupuestos que posibilitan conocer el recurso de casación en cuanto a los defectos absolutos acusados”.  


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCERNIENTES

A LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió el cuarto motivo del recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado, incurrió en defecto absoluto no susceptible de convalidación; toda vez, que no fundamentó respecto a su reclamo referido a la defectuosa valoración de la prueba; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada, previas consideraciones de orden doctrinal.


III.1.        Sobre la debida fundamentación.


Este Tribunal Supremo, en forma continua y coherente, ha manifestado criterios sobre la falta de fundamentación de las decisiones judiciales; en sentido de que constituye una vulneración al principio y garantía del debido proceso, así a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre opinó: “La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, de la publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) del CPP”. (Las negrillas nos corresponden).


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus Resoluciones, deben abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes (planteamientos que deben ser concretos a las partes de la Resolución que impugna), no siendo necesaria una respuesta extensa; sino concisa que permita comprender el porqué de la decisión asumida, respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, pues lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.

III.2. Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria.

Los Tribunales de Justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes, encontrándose el Tribunal de apelación impedido de revalorizar la prueba, lo que no implica que no pueda ejercer el control de logicidad respecto a la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Juicio, ante la denuncia concerniente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, debiendo controlar que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, de modo que la Sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar la información necesaria que posibilite identificar, cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente  planteado en esos términos el recurso, le será posible al Tribunal de alzada ejercer el control sobre la valoración de la prueba, que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como demarcación lo argumentado en el recurso.

Al respecto, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció la carga procesal que tiene la parte apelante en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración probatoria: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.

(…).

Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.

(…).

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.

El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.

Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.

Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).

Concluyéndose, que es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes de la sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito.

III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, que el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto no susceptible de convalidación; toda vez, que no fundamentó respecto a su reclamo referido a la defectuosa valoración de la prueba defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; limitándose a señalar que no cumplió con el requisito de probar que el Tribunal de juicio se apartó de las reglas de la sana crítica, concluyendo que existía una valoración y apreciación conjunta y armónica de las pruebas, conforme prevén los arts. 173 y 359 del CPP, sin analizar ni motivar cada uno de los fundamentos esgrimidos dentro de su motivo de apelación, dejándoles en incertidumbre.


Ingresando al análisis del presente motivo del recurso, conforme se precisó en los antecedentes procesales, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, las recurrentes formularon recurso de apelación restringida donde evidentemente reclamaron: Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, alegando que no solo se incurrió en defectuosa valoración de la prueba; sino que dicha valoración era contradictoria respecto al análisis de la prueba MP4, consistente en el certificado médico de 26 de octubre de 2009, que el Tribunal solo transcribiría las heridas que presenta el acusador, no indicando cuál constituiría marca indeleble. Que, la Sentencia llegó a la convicción de que la lesión en el rostro de la víctima fue producida por arma blanca por la declaración de Samuel Botello; empero, no fue contrastado con los demás testigos de cargo. Que respecto a la prueba pericial, el Tribunal señaló que era contradictoria, no considerando que la perito señaló que la marca indeleble no tiene las características de indeleble; sino que, las lesiones se produjeron por golpe y no por arma punzo cortante; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó el reclamo, puntualizando que no puede revalorizar prueba, que es facultad del Tribunal de sentencia, que cuando una de las partes invoca este defecto lo que debe de apartarse es la logicidad o el iter lógico de la Sentencia y probar que el Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente las reglas de la sana crítica, los cuales son (principios de la lógica, “de no contradicción-tercero excluido-razón suficiente e identidad”, las máximas de la experiencia y los conocimientos afianzados o la psicología) y determinar con precisión cuál o cuáles de las reglas de la sana crítica estima vulnerada; además de establecer cuál es la aplicación o valoración que debió realizarse, aclarando que la facultad del Tribunal de alzada es revisar la logicidad de la Sentencia; sin embargo, el fundamento de la parte apelante no cumple con dichos requisitos; no obstante, de la revisión y relación de la Sentencia constató que existe una valoración, apreciación conjunta y armónica de las pruebas conforme lo establece los arts. 173 y 359 de CPP; en consecuencia, no advirtió una defectuosa valoración de la prueba con relación a los puntos cuestionados.


De esta relación necesaria de antecedentes, se evidencia que el Tribunal de Alzada, al momento de emitir el Auto de Vista respecto a este motivo respondió de manera fundamentada; por cuanto, por una parte explicó, que el recurso de apelación restringida no era un medio legítimo para la revalorización de la prueba, aspecto que resulta evidente; toda vez, que en el sistema procesal vigente no existe la doble instancia y los hechos probados se encuentran sujetos al principio de intagibilidad; por otra parte, señaló que el recurso interpuesto por las recurrentes no procedía, porque no observaron que cuando una de las partes invoca el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, lo que debe apartarse era la logicidad y probar que el Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente las reglas de la sana crítica, consistentes en los principios de la lógica, la experiencia y la psicología, lo que no habían cumplido las apelantes, fundamentos que resultan coherentes; puesto que, de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida respecto al motivo sujeto a análisis, que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, la parte recurrente se limitó a relatar en tercera persona el contenido del certificado médico que describía las heridas que presentaba el rostro de la víctima y los cuestionamientos relacionados a la marca indeleble, así como la declaración del testigo Samuel Botelo que no había sido contrastado con otros testigos, añadiendo, que la prueba pericial no había sido considerada por el Tribunal de mérito; ya que, la perito señaló que la marca indeleble no tenía las características de indeleble sino por golpe, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a esas pruebas; entonces, mal podemos exigir al Tribunal de alzada ejerza la labor de control fundamentado, cuando la parte recurrente no proporcionó los insumos mínimos del porque consideró que el Tribunal de Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que fue extractado en el acápite III.2 de este fallo, donde se destacó los criterios respecto a la carga procesal que posee la parte recurrente, para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos donde se denuncie defectuosa valoración probatoria.


Finalmente, sin perjuicio de la inobservancia en la que incurrió la parte apelante en la denuncia concerniente a que la Sentencia incurrió en defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de alzada concluyó, que de la revisión de la Sentencia constató que existía una valoración conjunta y armónica de las pruebas conforme lo establecen los arts. 173 y 359 del CPP, no advirtiendo defectuosa valoración de la prueba en relación a los puntos cuestionados; argumentos, que no denotan la concurrencia de defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, que justifiquen la nulidad del Auto de Vista recurrido, como pretenden las recurrentes; toda vez, que el Tribunal de alzada en correspondencia a lo cuestionado en apelación restringida otorgó una respuesta suficiente, coherente y congruente.


Por los argumentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo, contiene la debida fundamentación, no concurriendo en defecto absoluto conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP; toda vez, que resolvió de manera clara el punto concerniente a la defectuosa valoración de la prueba, adecuando su acto a la norma y a la doctrina legal vinculante de este Tribunal Supremo de Justicia; puesto que, es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar qué partes de la sentencia contendrían errores lógico-jurídicos, proporcionando la parte recurrente la solución que pretende en base a un análisis explícito; aspecto que, conforme constató el Tribunal de alzada no fue cumplido por la parte recurrente; no obstante de ello, observó que el Tribunal de mérito no incurrió en defectuosa valoración de la prueba en relación a los puntos cuestionados; en consecuencia, el recurso sujeto a análisis deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Florencia y Marcela ambas de apellidos Vino Caza.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos