TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 637/2018-RA

Sucre, 07 de agosto de 2018


Expediente        : La Paz 64/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Marcelo Iván Martínez Meneses 

Delito                : Violencia Familiar o Doméstica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de abril de 2018, cursante de fs. 663 a 665 vta., Marcelo Iván Martínez Meneses interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2018 de 6 de marzo, de fs. 626 a 634, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Sonia Romay Agreda contra Marcelo Iván Martínez Meneses, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP). 


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 07/2016 de 9 de agosto (fs. 508 a 519), la Juez Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Marcelo Iván Martínez Meneses autor de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis inc. 1) del CP, imponiendo la pena de tres años y cinco meses de reclusión, más la reparación del daño civil y costas a calificarse en ejecución de sentencia.    


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marcelo Iván Martínez Meneses (fs. 573 a 582 vta.), formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 17/2018 de 6 de marzo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 12 de abril de 2018 (fs. 635), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 19 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. El recurrente refiere que, la pena de tres años y cinco meses de reclusión impuesta por la Sentencia resultaría excesiva, habiéndose valorado parcialmente los arts. 37, 38 y 40 del CP aplicación de las penas-, así como la prueba de cargo y descargo. Señala también que no se subsanaron los errores de forma de la Sentencia al no haberse computado el tiempo que pasó el impetrante con detención preventiva del 9 de junio al 24 de noviembre de 2014, más en el Considerando V en su punto tercero del Auto de Vista impugnado, señalándose que estos errores son atribuibles al impetrante por no haber solicitado la explicación, complementación y enmienda, cuando en su criterio la Sala Penal podría corregir estos errores y fijar la pena de tres años.        

 

Advierte que, existirían declaraciones testificales de cargo cómo de descargo que lo liberarían de toda responsabilidad; sin embargo, la Jueza de primera instancia las hubiera ignorado al fijar la pena, omitiendo por completo la prueba de descargo PDD-18, considerándola como si fuera parte de la PDD-17, consistiendo la PDD-18 en una nota y una carta donde la querellante haría referencia a las agresiones y amenazas de Oscar Hernán Cedro, el cual según el recurrente podría ser el responsable del daño psicológico en la acusadora, generando una duda razonable in dubio pro reo- respecto al delito que se le acusa, debiendo en ese caso el Tribunal de alzada haber anulado total o parcialmente la Sentencia, al no haberlo realizado, el impetrante considera vulnerada su garantía a la presunción de inocencia, así como los principios de igualdad de las partes e imparcialidad, citando los arts. 16.I de la Constitución Política del Estado (CPE), y 3 y 12 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Señala como precedentes contradictorios los Autos Supremos 055/2017-RA y 057/2017-RA ambos de 24 de enero, consistiendo la contradicción según el recurrente en que, por hechos similares al acusado, incluso más graves, se fijaron penas más benévolas, existiendo en tales casos mayores elementos de prueba contra los acusados de los existentes en la presente causa.  


  1. Refiere que el Auto de Vista impugnado ratificó los defectos de la Sentencia contenidos en el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, al no haberse establecido que el recurrente fue quien realizó las llamadas, o mandó los mensajes a la querellante, puesto que la propia Sentencia establecería en su inciso quinto que los mensajes fueron enviados desde la “web”, no habiéndose realizado ninguna pericia informática; tampoco se habría comprobado que el impetrante haya sido quien fotografió o subió fotografías a la red, hecho que sería corroborado por la declaración del investigador asignado al caso, así como la declaración de Felicidad Romay, hermana de la acusadora y testigo de cargo, la cual afirmó que la mujer que aparece en las fotografías no es su hermana.    


Manifiesta que, solicitó a la Juez y a la Fiscal mediante memoriales presentados el 28 de diciembre de 2015, 7 y 12 de enero de 2016 la emisión de requerimientos para la realización de pericias informáticas y la obtención del extracto de llamadas de la querellante, mismos que no habrían sido atendidos, vulnerando de esa manera el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, los principios de contradicción, igualdad jurídica, seguridad jurídica y respeto a los derechos, citando los arts. 115.II y 179 de la CPE, y 169 inc. 3) del CPP, constituyendo en defectos absolutos que a criterio del recurrente anularían la Sentencia, y que al no ser considerados por el Auto de Vista recurrido habrían generado nuevamente vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, por errónea aplicación de la ley, citando los arts. 18 de la CPE, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya que si se hubieran aceptado sus petitorios o valorado correctamente sus pruebas, la pena fijada por la Sentencia hubiera podido ser menor incluso absolutoria.


Invoca como precedente jurisprudencial, el Auto Supremo 057/2017-RA de 24 de enero, el cual en su segundo motivo establecería la vulneración al debido proceso al excluir el Juez de la causa las pruebas de descargo que desvirtuarían las de cargo, motivo por el cual el recurso de casación habría sido declarado admisible.         


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de abril de 2018, interponiendo su recurso de casación el 19 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, el recurrente denuncia la valoración parcial de los arts. 37, 38 y 40 del CP aplicación de las penas-, asimismo que no se computó el tiempo que pasó detenido preventivamente del 9 de junio al 24 de noviembre de 2014, desembocando en la imposición de una pena excesiva. De igual manera denuncia que, la Juez de origen, omitió la prueba de descargo PDD-18, reputándola parte de la PDD-17, considerando por ello vulnerada su garantía a la presunción de inocencia, así como los principios de igualdad de las partes e imparcialidad, citando los arts. 16.I de la CPE, y 3 y 12 del CPP, e invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 055/2017-RA y 057/2017-RA ambos de 24 de enero. En el segundo motivo refiere que, el Auto de Vista impugnado ratificó los defectos de la Sentencia, mencionando el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, al no haberse establecido que el recurrente fue quien realizó las llamadas, o mandó los mensajes a la querellante; tampoco se habría comprobado que fue él quien fotografió o subió las fotografías a la red; aduce que, solicitó a la Jueza y a la Fiscal la realización de pericias informáticas y la obtención del extracto de llamadas de la querellante, petitorio que no habría sido atendido, vulnerando así el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, los principios de contradicción, igualdad jurídica, y seguridad jurídica, citando los arts. 115.II y 179 de la CPE, y 169 inc. 3) del CPP, constituyendo en defectos absolutos que al no ser considerados por el Tribunal de apelación, habrían generado nuevamente vulneración al derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, por errónea aplicación de la ley, citando los arts. 18 de la CPE, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, invocando como precedente jurisprudencial, el Auto Supremo 057/2017-RA de 24 de enero.         


En principio, habiendo invocado el recurrente en los motivos glosados los Autos Supremos 055/2017-RA y 057/2017-RA ambos de 24 de enero, en ese entendido se tiene que los arts. 416 y 417 del CPP, establecen como uno de los presupuestos para la procedencia del recurso de casación el precedente contradictorio, el legislador ordinario nos remite a la doctrina legal que genera este Alto Tribunal de Justicia conforme previenen los arts. 419 y 420 del mismo Adjetivo Penal, en tal sentido, los Autos Supremos que disponen la admisibilidad o no de los recursos de casación, no pueden ser considerados precedentes pues estos no contienen doctrina legal para que sea aplicada por los Jueces y Tribunales de instancia, circunscribiéndose el Tribunal de casación en estos casos a ejercer un control de los requisitos de forma exigidos por la normativa adjetiva, y una vez cumplidos los mismos se emita una resolución de fondo de la causa, es por ello que, los Autos Supremos 055/2017-RA y 057/2017-RA ambos de 24 de enero, invocados en calidad de precedentes contradictorios, siendo que resolvieron la admisibilidad de los recursos planteados en las respectivas causas, no cumplen con la exigencia de los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia los motivos expuestos en inadmisibles, y si bien el recurrente denuncia la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa, la presunción de inocencia, los principios de igualdad, contradicción, seguridad jurídica e imparcialidad, citando los arts. 16.I, 18, 115.II y 179 de la CPE, y 3, 12 y 169 inc. 3) del CPP, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a tal efecto no pueden aplicarse los criterios de flexibilización para una posible admisión del recurso planteado, puesto que el impetrante no precisa de manera precisa en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, explicando el resultado dañoso emergente del defecto denunciado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcelo Iván Martínez Meneses, de fs. 663 a 665 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos