TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 592/2018-RA

Sucre, 27 de julio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 71/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Mario Danny Aliaga Terrazas

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2018, cursante de fs. 399 a 424, Mario Danny Aliaga Terrazas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 74 de 27 de octubre de 2017, de fs. 389 a 396 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), concordante con los arts. 7 y 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 45/16 de 25 de julio de 2016 (fs. 347 a 354), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,  declaró a Mario Danny Aliaga Terrazas, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, concordante con los arts. 7 y 8 del CP, imponiendo la pena de seis años y ocho meses de presidio y siete mil días multa a razón de Bs. 1.- por día, más costas.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Mario Danny Aliaga Terrazas interpuso recurso de apelación restringida (fs. 358 a 370 vta.), resuelto por Auto de Vista 74 de 27 de octubre de 2017 (fs. 389 a 396 vta.), dictado la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente la apelación planteada; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 23 de febrero de 2018 (fs. 397), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 2 de marzo del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente refiere que el Tribunal de alzada al resolver el incidente de nulidad de procedimiento por falta de control jurisdiccional, asume que hubiera control jurisdiccional en los allanamientos, sin verificar la ilegalidad, asumiendo que dicha irregularidad se trataría de un error en la numeración administrativa del Ministerio Público, incurriendo en una omisión de valoración de los argumentos del recurso de apelación restringida.   


  1. Denuncia que el Auto de Vista al considerar el incidente de nulidad de procedimiento hasta citación por edictos, refiere que supuestamente el asignado agotó los medios para encontrarlo, situación que es completamente falsa. 


  1. Arguye que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el rechazo de la exclusión probatoria de prueba obtenida sin control jurisdiccional, soslayó respecto a los fundamentos de apelación restringida y se limitó a referir que existía control jurisdiccional del Tribunal de origen, existiendo falta de motivación y fundamentación.


  1. Acusa que el Auto de Vista impugnado al considerar la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, asume de forma errónea que la interrupción del plazo de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso por rebeldía implicaría que el plazo se reinicie desde que el rebelde comparezca al proceso, razonamiento que sería contrario a las Sentencias Constitucionales 0023/2007-R, 0033/2006-R, 424/2014 y 0586/2013-L.


  1. Por otro lado, aduce que el Tribunal de alzada al resolver la problemática referida a la incongruencia entre la acusación y la Sentencia, señalando que el imputado sería culpable al ser inquilino de un inmueble en el cual supuestamente se hubiera encontrado sustancias controladas y que el hecho sería atípico. 


  1. Asimismo, denuncia que el Auto de Vista al considerar la vulneración de la presunción de inocencia y la inobservancia del principio in dubio pro reo, no consideró las declaraciones del acusado, del Cap. Sandro Peñarrieta y de los otros testigos, apoyando sus argumentos en la Sentencia Constitucional 0021/2014. Además, la referida resolución contendría consideraciones erróneas respecto a la problemática planteada, emitiendo criterios de doble extremo; es decir, que desconoce que también existiría la absolución por duda favorable.


  1. Además, arguye que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto al reclamo de que la Sentencia se basó en declaraciones de testigos que no se presentaron al juicio oral. 


  1. Acusa que el Auto de Vista refirió que la defensa tiene la facultad de presentar prueba de descargo idónea que desvirtué los extremos señalados por el Ministerio Público, por lo que constituiría una aberración jurídica, toda vez que se presentó prueba testifical de descargo.


  1. Refiere que el Auto de Vista impugnado carece de motivación, vulnerando su derecho a una resolución motivada respecto a la valoración de las pruebas que podrían favorecerle, violentando sus derechos constitucionales, apoyando sus argumentos en la Sentencia Constitucional 1414/2013.


  1. Denuncia que existió inobservancia de la ley sustantiva del art. 13 del CP, por ser titular de un contrato de alquiler del año anterior a los hechos, situación que no fue considerada por el Tribunal de origen ni por el Auto de Vista impugnado. 


  1. Arguye que el Tribunal de alzada realizó una interpretación inconstitucional de la prueba, violando el principio de apreciación favorable o pro homine.


Invoca en calidad de precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV.        SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.

En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.11 de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.

Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 23 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 2 de marzo del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto a los motivos primero, segundo, tercero y cuarto,  en los que se denuncia que: i) El Tribunal de alzada al resolver el incidente de nulidad de procedimiento por falta de control jurisdiccional, incurriría en una omisión de valoración de los argumentos del recurso de apelación restringida; ii) El Auto de Vista al considerar el incidente de nulidad de procedimiento refiere una falsedad; iii) El Tribunal de alzada a tiempo de resolver el rechazo de la exclusión probatoria existió falta de motivación y fundamentación; y, iv) El Auto de Vista al considerar la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, asume un entendimiento contrario a las Sentencias Constitucionales 0023/2007-R, 0033/2006-R, 424/2014 y 0586/2013-L.


Al respecto, esta Sala Penal considera que se debe dejar claramente establecido que de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecido en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo Nº 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia y, de manera específica, respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración del derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la Ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal, extremo ratificado por este Tribunal en el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril.


En el caso de Autos, el impugnado Auto de Vista, conoció la alzada contra la Sentencia, que además de pronunciarse sobre el fondo de la causa, confirmó el rechazo de los incidentes de nulidad procesal por falta de control jurisdiccional y la nulidad de citación y notificación realizada por edicto. Del mismo modo el Tribunal de instancia rechazó el incidente de exclusión probatoria de la prueba de cargo del Ministerio Público y las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso; por lo que, considerando que contra las resoluciones de incidentes y excepciones procede únicamente la apelación incidental, no así el recurso de casación, al no tratarse de una resolución emitida por el Tribunal de alzada en ejercicio de la competencia prevista por el art. 51 inc. 2) del CPP, así como los requisitos para la admisión del recurso de casación desarrollados en el acápite III de la presente resolución y el entendimiento asumido por el máximo Tribunal de Justicia del País, en cuanto al tipo de resoluciones judiciales recurribles a través del recurso de casación, se concluye que los motivos analizados precedentemente devienen en inadmisibles ante la ausencia de legitimación objetiva.


Respecto a los motivos quinto, séptimo y octavo la parte recurrente acusa que: v) El Tribunal de alzada al resolver la problemática referida a la incongruencia entre la acusación y la sentencia, señala que el imputado sería culpable por ser inquilino, hecho que sería atípico; vii) El Tribunal de alzada no se pronunció respecto al reclamo de que la sentencia se basó en declaraciones de testigos que no se presentaron al juicio oral; y, viii) El Auto de Vista refirió que la defensa tiene la facultad de presentar prueba de descargo idónea que desvirtué los extremos señalados por el Ministerio Público, por lo que constituiría una aberración jurídica, toda vez que se presentó prueba testifical de descargo.


En relación a los anteriores, este Tribunal Supremo de Justicia evidencia que el recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios a las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013, limitándose a efectuar una copia de los presuntos entendimientos jurisprudenciales, debe aclararse que conforme a la amplia línea jurisprudencial sentada por este Tribunal, las Sentencias Constitucionales, no se constituyen en precedentes y por ende no pueden ser consideradas para efectuar la labor encomendada por el legislador, en consecuencia lógica, no señaló en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y algún precedente; incumpliendo con el requisito que constituye carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deben ser invocados y expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida. Por lo que no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) de la presente resolución; por cuanto los motivos analizados precedentemente devienen en inadmisibles.

Como sexto motivo denuncia que el Auto de Vista al considerar la vulneración de la presunción de inocencia y la inobservancia del principio in dubio pro reo, no consideró ciertas declaraciones.


Al igual que en el análisis anterior la parte recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013, adicionando la Sentencia Constitucional 0021/2014, que como ya se señaló, este tipo de resoluciones no constituyen precedentes, no pudiendo ser consideradas, incumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el presente motivo deviene en inadmisible.


En el noveno motivo denuncia que el Auto de Vista impugnado carece de motivación, vulnerando su derecho a una resolución motivada respecto a la valoración de las pruebas que podrían favorecerle.


Al respecto, esta Sala Penal evidencia que el recurrente se limitó a efectuar una copia de los presuntos entendimientos jurisprudenciales de las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013, como se ha venido reiterando en esta resolución, las Sentencias Constitucionales no se constituyen en precedentes y por ende no pueden ser consideradas para efectuar la labor encomendada por el legislador, en consecuencia lógica, no señaló en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y algún precedente; incumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) de la presente resolución.


Ahora bien, se evidencia que el recurrente reclama la vulneración de su derecho a una resolución motivada; al estar ante un posible escenario de flexibilización, es preciso revisar si se cumple con los requisitos de admisibilidad y permisibilidad para activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal. Pues se evidencia que no precisó en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación; tampoco identificó punto por punto los errores y demás deficiencias atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; ni explicó la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Por lo que se concluye que el recurrente se limitó a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales y por lo tanto resulta inadmisible para su consideración de fondo.


Como motivo decimo refiere que existió inobservancia de la ley sustantiva del art. 13 del CP, por ser titular de un contrato de alquiler, situación que no fue considerada por el Tribunal de origen ni por el Auto de Vista impugnado.


Al igual que en los anteriores motivos analizados la parte recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013, que como ya se vertió anteriormente, no constituyen precedentes, no pudiendo ser consideradas, incumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Además, se evidencia que la parte recurrente utiliza argumentos propios de un recurso de apelación restringida, de donde se advierte que el contenido del recurso de casación, no está confrontando la actuación del Tribunal de apelación, sino a la del Tribunal de origen, denunciando hechos que se originan en Sentencia y no así el Auto de Vista. Pretendiendo que esta Sala Penal realice su función unificadora de jurisprudencia con relación a una Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello. Recuérdese que según el art. 416 del CPP, la naturaleza jurídica del recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados ya sea por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia; y de ninguna manera procede contra una Sentencia, resolución que tiene su propio medio idóneo para ser impugnada, siendo la apelación restringida (art. 407 del CP). Por lo que el presente motivo es inadmisible.


Finalmente en el motivo décimo primero denuncia que el Tribunal de alzada ha realizado una interpretación inconstitucional de la prueba, violando el principio de apreciación favorable o pro homine.


Respecto a los precedentes contradictorios, las Sentencias Constitucionales 0021/2014 y 1414/2013, no se constituyen en precedentes y por ende no pueden ser consideradas para efectuar la labor encomendada por el legislador. Por lo que no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite III inc. ii) de la presente resolución.


Ahora bien, esta Sala Penal evidencia que la parte recurrente denunció la vulneración del principio pro homine; a tal efecto al encontrarnos ante una posible situación de flexibilización, es necesario revisar si se cumplió con los requisitos de admisibilidad y permisibilidad para activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal. Por lo que, se evidencia que el recurrente se limitó a precisar el derecho vulnerado (violación del principio de apreciación favorable o pro homine); empero, no ha provisto los antecedentes de hecho generadores del recurso, tampoco, detalló con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho; y menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, aspectos que denotan para no considerar en el fondo de la problemática planteada, por incumplir los requisitos de admisibilidad, por lo que el motivo en análisis deviene en inadmisible.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Danny Aliaga Terrazas, de fs. 399 a 424. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.