TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO 585/2018-RA

Sucre, 27 de julio de 2018


Expediente        : Santa Cruz 68/2018        

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Armando Mamani Arauz y otros

Delitos        : Incumplimiento de Deberes y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 9, 13 y 14 de marzo de 2018, Armando Mamani Arauz, de fs. 1666 a 1674 vta.; Querin Faustino Arce Frías, de fs. 1701 a 1706 vta., y Raulito Salvatierra Núñez, de fs. 1684 a 1693 vta.; interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 6 de 7 de febrero de 2018, de fs. 1626 a 1630, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Marcial Cruz Ortiz en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, contra Armando Colque Villca (declarado rebelde y posteriormente apersonado) y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación, Apropiación Indebida, Conducta Antieconómica, Receptación, Enriquecimiento Ilícito, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Receptación Proveniente del Delito de Corrupción, previstos y sancionados por los arts. 154, 144, 345, 224 y 172 Bis del Código Penal (CP), 27 y 28 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por sentencia 24/2017 de 29 de mayo (fs. 1475 a 1482), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: 1) Armando Mamani Arauz y Querin Faustino Arce Frías, autores de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 154, 144 y 224 del CP, imponiendo la pena de presidio de doce años al primero y diez años al segundo; y, 2) Raulito Salvatierra Núñez y Armando Colque Villca; culpables de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Receptación Proveniente del Delito de Corrupción, sancionados por los arts. 27 de la Ley 004 y 172 Bis del CP, imponiendo la pena seis años de reclusión, todos sancionados además con costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Querin Faustino Arce Frías (fs. 1500 a 1501 vta.), Armando Mamani Arauz (fs. 1511 a 1519 vta.) y Raulito Salvatierra Núñez (fs. 1553 a 1560), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 6 de 7 de febrero de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencias de 2, 6 y 7 de marzo de 2018, Armando Mamani Arauz (fs. 1632), Querin Faustino Arce Frías (fs. 1634) y Raulito Salvatierra Núñez (fs. 1636), fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 9, 13 y 14 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.     


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación de Armando Mamani Arauz.


El recurrente luego de rememorar los fundamentos de su apelación restringida, la doctrina constitucional invocada y que la Resolución impugnada se limita a confirmar la Sentencia bajo un pronunciamiento ultra petita, denuncia que el Auto de Vista recurrido no valoró los resultados de los elementos probatorios ofrecidos y producidos por la parte acusadora, advirtiendo además la “defectuosa valoración de los antecedentes y la prueba acusatoria, por parte de la sala penal segunda que dictó el auto de vista” (sic); Asimismo, la Resolución recurrida al igual que la Sentencia, no se ajusta a las normas procesales y normas sustantivas vigentes al no haber sido aplicadas correctamente.


Cita los Autos Supremos 349 de 23 de marzo de 2009, 5 de 26 de enero de 2007 y 293/2015-RRC-L de 15 de junio, señalando “Contradicciones entre los precedentes y la sentencia confirmada por auto de vista impugnado de nulidad” (sic)


II.2. Del recurso de casación de Raulito Salvatierra Núñez.


El recurrente luego de rememorar ampliamente los fundamentos de la Resolución de origen y los defectos de Sentencia en los que hubiere incurrido el Tribunal de mérito, arguye que el auto de Vista recurrido no resuelve los puntos reclamados en su alzada, referidos a los defectos de Sentencia contenidos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Invoca a tal efecto el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2013.


Por otro lado, menciona en el Otrosí 2do de su recurso, como precedentes contradictorios además del citado previamente- los Autos Supremos 319 de 24 de agosto de 2006, 144 de 22 de abril de 2006 y el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz.


II.3. Del recurso de casación de Querin Faustino Arce Frías.


El recurrente acusa la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido en cuanto a la excepción de Prejudicialidad interpuesta, toda vez que la cita Resolución de alzada argumenta que no es presupuesto para plantear un proceso penal o investigar la presunta comisión de un delito, la existencia previa de una resolución que declare la existencia de responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal por parte del servidor público; sin embargo, arguye que el ante juicio es indispensable según la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional 0830/2007-R de 10 de diciembre, que a su vez cita doctrina referida al “antejuicio” contenida en las Sentencias Constitucionales 162/2007-R de 21 de marzo y 0021/2007 de 10 de mayo.


Invoca también las Sentencias Constitucionales 1580/2005-R de 7 de diciembre -glosando lo pertinente en cuanto a la Seguridad Jurídica- y 353/2005-R de 28 de febrero, referido según el recurrente a la obligación del Juez cautelar de controlar el desarrollo de la etapa preparatoria conforme al ordenamiento procesal.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el 2, 6 y 7 de marzo de 2018, Armando Mamani Arauz, Querin Faustino Arce Frías y Raulito Salvatierra Núñez, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado; y, el 9, 13 y 14 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso planteado por Armando Mamani Arauz.


En cuanto a los argumentos del memorial de casación se advierte que el recurrente de manera concreta denuncia la defectuosa valoración de antecedentes y las pruebas ofrecidas y producidas por el Ministerio Público y parte querellante durante la tramitación del juicio.

En este punto, corresponde mencionar con fines ilustrativos previo al análisis de admisibilidad del presente motivo, que los recursos de Apelación restringida y de Casación, son genéricamente hablando, medios de impugnación de los actos procesales, inherentes a institutos totalmente diferentes que no pueden ser adecuados por los recurrentes con la simple transcripción de los mismos, puesto que el primero procede cuando la Resolución de mérito cause algún agravio o agravios a cualquiera de las partes, por negligencia, ignorancia, equivocación o error judicial y permite someter la Resolución a un nuevo examen o revisión, a fin de que se repare la injusticia o corrija el error, revocando, modificando o anulando la Sentencia impugnada; por otro lado, a través de la casación, se impugnan los Autos de Vista dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, siempre que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


Ahora bien, del análisis deducido líneas arriba, esta Sala Penal advierte que el recurrente incurre en carencia de carga argumentativa, al adecuar su recurso de apelación restringida al recurso de casación objeto del presente análisis de admisibilidad; es decir, se limita a realizar una transcripción casi íntegra de su alzada, pretensión que no puede ser atendida favorablemente conforme al entendimiento desarrollado en el párrafo precedente.


Por otro lado, en cuanto a la cita de los Autos Supremos 349 de 23 de marzo de 2009, 5 de 26 de enero de 2007 y 293/2015-RRC-L de 15 de junio, se observa que el recurrente incumple al no identificar la contrariedad de los citados precedentes respecto al Auto de Vista recurrido, no siendo suficiente argüir contrariedad con la Resolución de origen, sin discurrir mínimamente sobre las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, así como los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida, sobre la base de los precedentes invocados, para que a partir de ello este máximo Tribunal, desplegando su labor unificadora de criterios, establezca la doctrina legal aplicable en los términos que regula el art. 419 del CPP, deviniendo en inadmisible el recurso analizado por incumplimiento de las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP.


IV.2. Del recurso de casación de Raulito Salvatierra Núñez.


Del memorial de casación, se tiene que el recurrente denuncia de manera concreta la incongruencia omisiva incurrida por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver los agravios acusados en apelación restringida, para lo cual señaló como precedente contradictorio el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2013, referido -según lo citado-, a la exigencia de  congruencia de los Autos de Vista, los cuales deben circunscribirse a los motivos de objeción, indicando que la Resolución impugnada es contraria al precedente señalado debido a la falta de resolución de sus reclamos; en consecuencia, estando identificado el precedente y precisada la contradicción con el Auto de Vista impugnado, es menester ingresar al análisis de fondo de lo pretendido, en consecuencia el presente recurso deviene en admisible.


Sin embargo, se deja expresa constancia que para la labor de contraste del motivo expuesto, no se tomarán en cuenta los Autos Supremos 319 de 24 de agosto de 2006, 144 de 22 de abril de 2006 y el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, en virtud a que el recurrente se limitó a su simple cita, sin precisar de manera fundamentada cuál la contradicción entre estos y el Auto de Vista recurrido de casación.


IV.3 Del recurso de casación de Querin Faustino Arce Frías.


El recurrente denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, respecto a la excepción de prejudicialidad interpuesta previamente.


Sin embargo, previo al análisis de admisibilidad del motivo expuesto, corresponde puntualizar respecto al catálogo de resoluciones judiciales impugnables a través del recurso de casación, a los efectos de advertir si lo pretendido por el recurrente, se encuentra de manera manifiesta previsto en nuestra norma adjetiva penal; toda vez que, si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que se encuentra regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.


Ahora bien, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecido en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo Nº 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de Resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia; y de manera específica, respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP -lo que nuestra doctrina conoce como legitimación objetiva-, sin que éste criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley prevé expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal, extremo ratificado por este Tribunal de Justicia en el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril.


En el caso de Autos, la Resolución impugnada -06 de 7 de febrero de 2018-, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conoció el recurso de alzada contra la Sentencia que además de pronunciarse sobre el fondo la causa, declaró infundada la excepción de prejudicialidad planteada por el imputado Querin Faustino Arce Frías, por cuanto, considerando que contra las resoluciones de excepciones procede únicamente la apelación incidental, no así el recurso de casación, al no tratarse de una Resolución emitida por el Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia prevista por el art. 51 inc. 2) del CPP, así como los requisitos para la admisión del recurso de casación desarrollados en el acápite anterior de la presente resolución y el entendimiento asumido por este máximo Tribunal de Justicia, en cuanto al tipo de resoluciones judiciales recurribles a través del recurso de casación; por lo referido precedentemente, se advierte que el recurso en casación en análisis deviene en inadmisible, ante la ausencia de legitimación objetiva.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Armando Mamani Arauz, de fs. 1666 a 1674 vta.; y, Querin Faustino Arce Frías, de fs. 1701 a 1706 vta.; y, ADMISIBLE el recurso de casación planteado por Raulito Salvatierra Núñez, de fs. 1684 a 1693 vta. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.