TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 580/2018-RA

Sucre, 27 de julio de 2018


Expediente                : Cochabamba 24/2018

Parte Acusadora          : Jorge Hely Camacho Rivero y otro  

Parte Imputada           : Jackeline Miriam Herbas Lizarazu y otro   

Delito                        : Estafa    


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de abril de 2018, cursante de fs. 387 a 389 vta., Piter Veliz Orellana y Jackeline Miriam Herbas Lizarazu interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 6 de marzo de 2018, de fs. 376 a 379, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Jorge Hely Camacho Rivero y Fernando Antonio Rivero Antezana contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 16/2016 de 20 de julio (fs. 225 a 237 vta.), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Piter Veliz Orellana y Jackeline Miriam Herbas Lizarazu, autores de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y cinco meses de reclusión, con costas.   


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Piter Veliz Orellana y Jackeline Miriam Herbas Lizarazu (fs. 261 a 264 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida; a cuyo efecto, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 6 de marzo 2018, que declaró improcedente el recurso planteado y consiguientemente confirmó la Sentencia.


  1. Por diligencia de 28 de marzo de 2018 (fs. 381), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 6 de abril del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Haciendo referencia a los actuados procesales dentro de la presente causa señala la parte recurrente, que invocó los precedentes contradictorios al momento de interponer su recurso de apelación restringida y también aducen que la emisión de resolución de conversión de acción de 24 de junio de 2014 y la resolución del Juez de Sentencia resultarían ser fallos con carácter definitivo y las mismas no fueron puestas a conocimiento de los imputados violando su derecho a la defensa y al debido proceso constituyendo en defecto absoluto previsto en el art 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo que el Juez de origen de oficio debió verificar el cumplimiento de las normas procesales; sin embargo, no lo hizo. Con relación a este punto señala que al momento de interponer su recurso de apelación restringida invocó como precedentes contradictorios consistentes en la Sentencia Constitucional 168/2003-R de 17 de febrero y el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, refiriendo que sería contradictorio porque la autoridad judicial que emitió la Sentencia llamada a velar el debido proceso debió verificar el cumplimiento de las normas procesales consagradas en el art. 163 inc. 3) del CPP, con el único objeto de no causar incredulidad y zozobra a la defensa, más aun si con ello las partes hubieran tenido la oportunidad procesal de recurrir con los medios legales que la Ley franquea a los sujetos procesales, siendo que en los hechos el Juez de Sentencia no tuvo la posibilidad real e inequívoca de desestimar dicha querella y acusación particular con las razones expuestas; toda vez, que los hechos resultaban de orden privado y estaba viciado por falta de conocimiento de los imputados como parte en el proceso; además, que no cumplía con los requisitos formales para su interposición.

  

  1. Refieren la existencia de defectos absolutos porque en la Sentencia se advirtió que se emitió, sin razones, ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, señalando que bajo esos parámetros es preciso ver la declaración de los testigos Freddy Marcelo Aguilar Guzmán, Rolando Campero Mariscal y Dorcas Verónica Gutiérrez Escobar, que habrían sido consideradas dichas atestaciones por el Juez de primera instancia para fundar su Sentencia condenatoria sin considerar o tomar en cuenta que dichos testigos serían empleados del querellante, uniéndoles una relación laboral que bajo el sentido de la sana lógica siempre estarían a merced de lo que ordene su empleador, siendo dichas atestaciones viciadas de presión, los cuales no deberían crear convicción en el juzgador para fundar una decisión. Asimismo, aducen que el Juez de prima instancia tampoco tomó en cuenta, que entre los querellantes y querellados existía un grado de confianza óptimo; toda vez, que los accionistas no dudaron ni un minuto en confiar grandes cantidades de dinero a la cuenta de la querellada, descartando la idea de que se trataría de una relación comercial entre el proveedor y distribuidor. De la misma manera señalan que la prueba A-13 consiste en un informe de COBOCE, que indicaría que prueba a simple vista que no cumple con las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico procesal penal violando lo determinado en el art. 172 del CPP y que del mismo, se pudo establecer una meridiana informalidad en la compra y venta de cemento; toda vez, que a razón de la oferta y la demanda, ninguna ferretería estaría obligada a tener un código de mayorista. Bajo esos razonamientos el motivo de apelación señala que la Sentencia no tendría razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, ya que no se ajustan a la realidad y a la sana lógica. Con relación a lo señalado habrían invocado precedentes contradictorios a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida que resultaría la Sentencia Constitucional 12/2002-R, de 9 de enero; asimismo, y de igual manera hubiera invocado en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, de los cuales señalan que existe la contradicción porque en la valoración de la prueba el Juez de origen debió sujetarse a criterios lógicos establecidos en la norma perpetuados en la experiencia que el juzgador debió aplicar al momento de emitir dicho fallo; es decir, que era una obligación que pasó por alto, si bien quedó establecido que a los Tribunales de alzada les está prohibido realizar una terea intelectiva de revalorización de la prueba producida en juicio oral, aspecto que también lo sustenta con la doctrina del Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007; pero sin embargo, de todo ello tanto el Tribunal de alzada como el Juez de primera instancia, son los llamados a enmendar o subsanar una total injusticia; toda vez, que el espíritu de la apelación restringida, como medio legal permitido por el Código de Procedimiento Penal para observar aspectos de puro derecho, y por su naturaleza se tendría que observar los vicios y defectos de la Sentencia que en realidad estaría bajo ésta utilidad; sin embargo, no llega a tener transcendencia si en la práctica el Tribunal de alzada sólo efectúa una labor netamente mecánica de la norma y que en lo sustancial no tendría el efecto llamado justicia, que tanto los jueces del proceso reclaman y exigen de los operadores de justica.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la primera parte del art. 418 del CPP, debe examinar si se cumplieron con los requisitos de admisión previstos por los arts. 416 y 417 de la citada norma procesal, para con su resultado, declarar admisible o inadmisible el recurso, ésta labor tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal, abriendo su competencia pueda confrontar, sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.

Conforme se precisó en el acápite III inc. i) de la presente Resolución, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días, mismo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles; en autos, conforme se advierte de la diligencia a fs. 381, de la cual se establece que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, el 28 de marzo de 2018 a horas 10:40; por otro lado, consta en el cargo de recepción a fs. 387, que presentó su recurso de casación el 6 de abril del mismo año a horas 17:25; es decir, a los seis días, teniendo en cuenta incluso el feriado del 30 de marzo de 2018 (Semana Santa); por tanto, el recurso plateado se encuentra fuera del plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del CPP; en consecuencia, habiéndose presentado el recurso de casación fuera del plazo de ley, el mismo deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal. Ante la inobservancia del primer requisito de admisión del recurso, resulta innecesario ingresar al análisis de los demás presupuestos de admisibilidad. 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Piter Veliz Orellana y Jackeline Miriam Herbas Lizarazu, de fs. 387 a 389 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos