TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 572/2018-RA

Sucre, 27 de julio de 2018


Expediente                Santa Cruz 63/2018 

Parte Acusadora        Ministerio Público y otra

Parte Imputada          Jhalmar Antonio Joffre Parada

Delito                      : Violencia Familiar o Doméstica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de marzo de 2018, de fs. 144 a 150, María Eldy Joffre Parada interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 07 de 26 de febrero de 2018, de fs. 131 a 134 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Jhalmar Antonio Joffre Parada, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. Por Sentencia de 01 de 11 de enero de 2018 (fs. 91 a 93), el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante procedimiento abreviado declaró a Jhalmar Antonio Joffre Parada, autor y culpable de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, concediendo el beneficio de suspensión condicional de la pena al sentenciado, mediante Resolución de 25 de enero de 2018 (fs. 114 a 115).


  1. Contra la mencionada Sentencia y el Auto Interlocutorio de 25 de enero de 2018, la acusadora particular María Eldy Joffre Parada interpuso recursos de apelación restringida e incidental (fs. 100 a 105 vta. y 120 a 128 vta.), que fueron resueltos por Auto de Vista 07 de 26 de febrero de 2018, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes ambos recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada y el referido Auto Interlocutorio.


  1. Por diligencia de 13 de marzo de 2018 (fs. 136), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 20 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Previo preámbulo dedicado a cuestionar ausencia de “análisis objetivo de las pruebas documentales de cargo” (sic), en el Auto de Vista impugnado, la recurrente expone como motivos de su recurso los siguientes:


  1. Invocando el Auto Supremo 148/2015-RA-L de 4 de octubre, manifiesta que el Auto de Vista recurrido, resulta contrario al precedente invocado, habida cuenta que éste último no tuvo presente el momento procesal previsto por norma para la presentación de requerimiento conclusivo de parte del Ministerio Público, siendo por efecto de los arts. 301 inc. 4) y 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a la conclusión de la investigación; empero, en el caso de autos cuando ello sucedió la investigación aún no había concluido, se presentaron adhesiones a la querella y la existencia paralela de otro proceso penal con iguales actores y en similares situaciones a la presente en el que “tampoco se ha procedido a presentar la acusación” (sic). Agrega que el obrar del Juez de origen aceptando el requerimiento abreviado, no tuvo presente que de manera coetánea el Ministerio Público, tanto suscribió el acuerdo de sometimiento a esa salida alternativa, como franqueó los oficios solicitados por el querellante.


  1. Respecto a las consideraciones del Tribunal de apelación sobre la ejecución de la pena privativa de libertad, son cuestionadas por el recurrente calificándolas cómo ausentes de fundamentación.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista impugnado no tuvo presente el cumplimiento de formalidades exigidas en el procedimiento, dado que la Sentencia emitida solamente impone condena por un delito menor, sin considera la existencia de otros delitos querellados.


  1. Denuncia contradicción entre los considerandos primero y séptimo del Auto de Vista, en los que se afirmaría de manera paralela que el memorial del recurso de apelación restringida incumple las previsiones del art. 407 del CPP; sin embargo, a pesar de pronunciarse sobre el límite legal de valoración probatoria no emitieron criterio sobre el incumplimiento de formalidades respecto al art. 373 del CPP, como el hecho de que la etapa investigativa aún no habría concluido, de la misma manera tampoco se tuvo presente la aplicación del art. 45 del CP, más cuando sería obligación de los juzgadores pronunciarse sobre todos y cada uno de los delitos acusados.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 272 de 9 de marzo de 2007, 21 de 14 de enero de 2004 y 726 del 26 noviembre 2004.

 

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 13 de marzo de 2018, interponiendo su recurso de casación el 20 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

La recurrente acude a casación manifestando una serie de observaciones que en su criterio puedan ser soporte para dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado; de esa manera ofrece varias cuestiones referidas a las actuaciones del Ministerio Público y del Juez Cautelar, señalando en ambos casos que no se habría tomado en cuenta la prueba colectada además de vulnerarse el debido proceso; sin embargo, las alegaciones no dejan de constituir una opinión propia sobre su percepción de los actos procesales, sin que en ningún tramo del memorial del recurso se advierta un intento de acomodar sus reclamos al marco procesal que rige este tipo de instancias.


La Sala Penal advierte que en la presente acción recursiva no se concreta agravio alguno provocado por el Auto de Vista, menos se evidencia el esfuerzo de concretar una posición jurídica que rebase el simple comentario o la llana queja. La recurrente  ha soslayado considerar que este Tribunal tiene específicas atribuciones a tiempo de resolver el recurso de casación, en el que se debe efectuar un análisis de derecho del Auto de Vista impugnado en comparación con precedentes contradictorios, dirigidos a unificar la jurisprudencia ordinaria en materia penal, no así, efectuar examen sobre los hechos y pruebas que fueron conocidos y valorados, respectivamente, por el Juez o Tribunal de origen.


En ese entendido, correspondía que la recurrente efectué la descripción del agravio en consonancia con el marco procesal que rige la actividad recursiva, explicando la situación que considera le es gravosa y confrontándola con situaciones de hechos similares contenidas en otros Autos de Vista o Autos Supremos precisando la norma que se considere aplicada con sentido jurídico diverso, aspectos que al no estar presentes denotan el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP.


Asimismo, si bien el memorial de casación cuestiona actividades procesales que a juicio de la recurrente fueran anómalas, no detalla la restricción o disminución del derecho o garantía que el acto lesivo le haya provocado, como tampoco explica el resultado dañoso emergente del supuesto defecto denunciado, omisiones que conllevan a la inobservancia de los criterios de flexibilización para su admisión excepcional impidiendo el análisis de fondo, advirtiéndose en el recurso producto del presente análisis de admisibilidad.


Asimismo si bien en el recurso es perceptible la enunciación de precedentes contradictorios, los mismos son simplemente transcritos de manera referencial, y no así, enunciativa, pues sobre ellos no se realiza ningún tipo de labor argumentativa de la que se desprenda la situación de hecho similar por la que la recurrente considere el Auto de Vista que impugna deba ser dejado sin efecto. La imprecisión recursiva es una constante a lo largo del recurso, pues a más de no cumplirse con la carga argumentativa exigida por los arts. 416 y 417 del CPP, su texto no termina de transmitir un agravio que más allá del descontento con el resultado del proceso, supere la simple opinión. Tal es así que las referencias de aspectos totalmente impertinentes y alejados de la consideración adjetiva y sustantiva de la causa son mencionadas como antecedentes, como lo fuera el caso de la forma en la que el Ministerio Público obró en un caso distinto al presente (ver fs. 148).


En ese entendido, no resulta viable aperturar la competencia de este Tribunal para una posible consideración en el fondo del asunto por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y la falta de presupuestos de flexibilización, deviniendo el recurso de casación en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por María Eldy Joffre Parada, de fs. 144 a 150,


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos