TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 560/2018-RA

Sucre, 24 de julio de 2018


Expediente                : Cochabamba 21/2018

Parte Acusadora          : Ministerio Público y otros  

Parte Imputada           : Marcos Oviedo Paredes 

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente en grado de Tentativa   


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 316 a 319, Marcos Oviedo Paredes interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 14 de julio de 2017, de fs. 301 a 313, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Justina Rodríguez Medina y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 31 de octubre de 2014 (fs. 240 a 246), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Marcos Oviedo Paredes, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 8 del CP, sin derecho a indulto, imponiendo la pena de diez años de presidio, con costas.   


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marcos Oviedo Paredes (fs. 264 a 270), interpuso recurso de apelación restringida; a cuyo efecto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 14 de julio de 2017, que declaró improcedente el recurso planteado y consiguientemente confirmó la Sentencia apelada, con costas.


  1. Por diligencia de 29 de enero de 2018 (fs. 314), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 5 de febrero del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN.


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente señala que existió errónea aplicación de la prueba en la Sentencia; al respecto refiere que en su recurso de apelación restringida refirió la existencia de los defectos contenidos en el art. 370 incs. 1), 2), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y denunció que se debe valorar detalladamente las pruebas producidas y la congruencia de las mismas, hecho que fue reclamado en su recurso de apelación restringida y que no habría sido considerado por el Tribunal de alzada pese a que se encontraba claramente demostrado: Que no se lo individualizó, así como que las pruebas no tenían una valoración individual de donde el impetrante extraña el por qué no se introdujo en la Sentencia las contradicciones que hizo notar la defensa y valoración de la misma; de la misma manera señala el por qué se limitaron a realizar transcripciones parciales de las declaraciones. Con relación a las pruebas testificales el juzgador simplemente realiza una simple enunciación a dichas pruebas en su Sentencia indicando la codificación de las mismas y haciendo una referencia escueta de que se trata cada compilación, de donde surge la duda del cómo es posible condenar a diez años de cárcel sin saber cuál es el grado de participación que tuvo en el delito inculpado. Cómo se determinó que existió tentativa de violación cuando los testigos no se encontraban presentes. Al respecto, como norma aplicable señala que al no haber realizado una descripción minuciosa de las pruebas testificales y literales a momento de fundamentar la Sentencia se habría violado la norma prevista en el art. 370 incs., 1), 2), 5), 6) y 10) del CPP; asimismo, aduce que al ser notorias las omisiones procedimentales era deber del Tribunal de alzada incluso de oficio a momento de dictar el Auto de Vista de 14 de julio de 2017, declarar procedente la apelación y ordenar el reenvío del proceso para que se tramite conforme a los lineamientos establecidos por el Código de Procedimiento Penal y por el Tribunal Constitucional. Asimismo, refiere que ésta falta de valoración y análisis pormenorizado y en detalle de cada una de las pruebas aportadas encontrándose plasmada en la Sentencia Constitucional 1668/2004-R la misma que es vinculante con el presente caso y es de cumplimiento obligatorio tal como lo establece el art 44 de la Ley del Tribunal Constitucional; en el mismo sentido, señala que la misma Sentencia también establecería que el hecho de hacer una simple valoración de la prueba sin que en ella se haya realizado una valoración de la prueba de descargo y valoración jurídica de la prueba importa como omisión indebida que lesiona el debido proceso. También refiere que es imprescindible que la Sentencia no sólo exponga el hecho acusado sino también que el fallo debe contener una adecuada fundamentación probatoria descriptiva que sirva de base a la posterior motivación intelectiva, debiendo considerarse la fundamentación descriptiva y la fundamentación probatoria intelectiva. Asimismo, señala que la doctrina nacional estableció en el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, los aspectos referidos a fundamentación probatoria, transcribiendo la parte que creyó pertinente. Finalmente, aduce que al no habérsele identificado plenamente y no haberse hecho una correcta valoración y fundamentación de la Sentencia, con las anormalidades en las pruebas técnicas, debía haberse dictado una Sentencia absolutoria de conformidad a lo previsto en el art. 363 incs. 1), 2) y 3) del CPP. Señala la doctrina legal aplicable en el presente caso que consistiría en que la prueba debe ser concluyente, porque la plena prueba es la verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se lleven al proceso por determinados medios para que el Juez llegue a la convicción libre, que haga llegar a los siguientes entendimiento: “Mejor es absolver a un culpable que condenar a un inocente”, “ante la duda se debe decidir en favor del reo - in dubio pro reo”, “ Nadie debe ser condenando por sospechoso” y “las reglas del derecho son firmes y en la duda, hay que apartarse de ellas”. Concluye señalando que se debe tomar en cuenta el precepto establecido en el art. 363 inc. 2) del CPP, que estatuye que se dicte Sentencia absolutoria cuando en el proceso la prueba aportada no sea suficiente para generar en el Juez o Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, el cual es aplicable en el presente caso.

     

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 28 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de marzo del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al único motivo, donde el recurrente denuncia que el Tribunal alzada no realizó un correcto control sobre la valoración de la prueba, pese a que en su recurso de apelación restringida hubiese establecido cuáles fueron los defectos en cuanto a la valoración de la prueba.    


Con relación a la temática plateada invocó como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 1668/2004-R, de la cual se debe tener en cuenta que no cuenta con tal calidad al no estar bajo los alcances del art. 416 del CPP; por lo que, no puede ser motivo de análisis; por otro lado, se advierte que también invocó como precedente el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, del cual se limitó a transcribir la parte que creyó pertinente; empero, sin realizar la precisión respecto a la contradicción que existiría entre el Auto de Vista impugnado y el mencionado precedente; por lo que, se advierte que no se cumplió con los requisitos establecidos en el art 417 del CPP.


No obstante de lo señalado, el recurrente identifica plenamente el hecho concreto que le causa agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción (El Auto de Vista no realizó un correcto control sobre la valoración de la prueba, pese a que en su recurso de apelación restringida hubiese establecido cuáles fueron los defectos en cuanto a la valoración de la prueba, los mismos que se mencionan en este motivo); precisando asimismo la vulneración de sus derechos constitucionales (derecho al debido proceso); explicando en qué consistieron las omisiones y deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso emergente del defecto (El Auto de Vista no realizó el debido control de legalidad sobre la denuncia de errónea valoración de la prueba). De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el impetrante cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcos Oviedo Paredes, de fs. 316 a 319; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos