TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 558/2018-RA

Sucre, 24 de julio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 57/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público 

Parte Imputada        : Mikne Litzy Torrico de López

Delito                : Incumplimiento de Deberes


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de marzo de 2018, cursante de fs. 574 a 581 vta., Mikne Litzy Torrico Bautista de López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 12 de 22 de febrero 2018, de fs. 554 a 558 vta., pronunciado por la Sala Penal  Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Raúl Serrano Miranda contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el arts. 154 del Código Penal (CP), modificado por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 040/2017 de 29 de septiembre (fs. 488 a 496 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Mikne Litzy Torrico de López, autora de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 bis del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Raúl Serrano Miranda en su condición de víctima (fs. 509 a 513 vta.), la imputada Mikne Litzy Torrico de López (fs. 522 a 527 vta.) y los representantes del Ministerio Público (fs. 535 a 537), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 12 de 22 de febrero del 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados por el querellante y la acusada. Asimismo, conforme al art. 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró a la Mikne Litzy Torrico de López, absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de “Concusión”, previsto por el art. 151 del CP. Finalmente, declaró inadmisible el recurso planteado por el Ministerio Público, por estar fuera del plazo previsto por el art. 408 de la norma Adjetiva Penal.


  1. Por diligencia de 6 de marzo del 2018 (fs. 561), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 13 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.



II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente haciendo remembranza de los antecedentes del proceso y los agravios que planteó en su recurso de apelación restringida, argumentó que: Uno de los motivos de alzada fue la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, sobre el cual el Tribunal de apelación no se habría pronunciado incurriendo en incongruencia omisiva, al no considerar la jurisprudencia establecida por el Auto de Vista 255 de 23 de abril del 2009 y Auto Supremo 251/2012 sin fecha específica- que habrían especificado las tres hipótesis por las cuales se configuraría el defecto de sentencia denunciado; empero, el Tribunal de apelación en el fallo de alzada, de manera genérica se limitaría a transcribir el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, sin precisar a cuál de las acciones adecuó su conducta la acusada; toda vez, que el referido tipo penal, describiría las acciones de omisión, omisión por comisión, no hacer o hacer no haciendo; es decir, que no explicó los hechos concretos que dieron lugar a su condena, dejando el agravio planteado sin respuesta clara que exponga las razones por las cuales la denuncia planteada resultaría improcedente.


  1. Que en cuanto al defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 de la norma Adjetiva Penal, también denunciado en el recurso de alzada, por el cual habría acusado que: i) El Tribunal de Sentencia incurrió en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, al no valorar las pruebas de descargo haciendo una simple relación de los documentos, e incumpliendo lo previsto por el art. 124 del CPP, denuncia sobre la cual el Tribunal de apelación en contraposición y desigualdad procesal, habría tomado una decisión distinta a la asumida en un caso similar, así se evidenciaría del Auto de Vista 63 de 18 de agosto de 2017, invocado en calidad de precedente y transcrito parcialmente, refiriendo que fue la misma Sala y el mismo Vocal relator que emitió el fallo ahora impugnado; empero, que en el caso del precedente invocado determinó la nulidad de la Sentencia, demostrando desigualdad legal y procesal que violenta el principio de igualdad y seguridad jurídica, ii) Refiere que el Auto de Vista recurrido también incurrió en falta de fundamentación y control de logicidad, al haber hecho referencia en el segundo considerando, a aspectos que no fueron abordados en su recurso de alzada, mencionando el inc. 11) del art. 370 del CPP y señalando que en el caso de autos existe un acusador particular, aspectos que no guardarían relación con el caso de autos; a cuyo efecto, invoca como precedente el Auto Supremo 437/2007 de 24 de agosto, señalando que las menciones de aspectos que no tienen coherencia con los antecedentes del proceso, demuestran la transcripción de frases pre elaboradas de otro proceso, lo cual violenta el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, lo cual revela también la carencia de fundamentación a tiempo de resolver el agravio planteado. Asimismo invoca el Auto Supremo 183 de 6 de febrero del 2007, señalando que el agravio fundado en la falta de valoración de la prueba, no fue resuelto por el Tribunal de apelación, afectando su derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica e igualdad de las partes, iii) Agrega que el Tribunal de Sentencia afirmó que la acusada hizo el acta de arresto, sin precisar cómo y con base a que prueba llegó a ese convencimiento, cuando de la prueba de descargo Nº 4 consistente en el referido acta, no tendría su firma y su nombre, pues el mismo habría sido elaborado por el asignado al caso y firmado por la víctima Raúl Serrano Miranda; es decir, que el hecho afirmado que elaboró el acta de arresto- sería un nuevo hecho que además no fue objeto de juicio; errores que no habrían sido corregidos por el Tribunal de apelación.


  1. Otro agravio denunciado en alzada, sería que el Tribunal de Sentencia en el numeral 2 del acápite VIII destinado a la exposición de hechos no probados, habría afirmado que la acusada “no probó” que no tuvo participación en el delito de Incumplimiento de Deberes y Concusión, invirtiendo la carga de la prueba, en violación de lo previsto por el art. 6 del CPP; denuncia sobre la cual el Tribunal de alzada no se habría pronunciado. Transcribiendo al respecto el Auto Supremo 011/2013 de 6 de febrero.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 6 de marzo del 2018, fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 13 del mismo mes y año, interpuso su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el primer motivo de casación, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva al no responder de manera puntual a cuál de las acciones descritas por el art. 154 del CP, se adecua su conducta, limitándose a transcribir el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, dejando el agravio planteado, sin respuesta. Al respecto la acusada invocó como precedentes contradictorios el Auto de Vista 255 de 23 de abril del 2009 y Auto Supremo 251/2012; el primero, no fue correctamente identificado por la impetrante, señalando a dicho fin, que Sala y de qué distrito judicial emitió el mismo y las partes del proceso dentro del cual fue dictado; ello a fin de que este Tribunal pueda verificar si el referido fallo se encuentra ejecutoriado para ser considerado como precedente. El segundo fallo invocado, tampoco fue correctamente identificado, pues no señaló la fecha exacta de su emisión, deficiencias de su planteamiento que este Tribunal se halla impedido de suplir, complementar o corregir, por lo que el motivo en análisis deviene en inadmisible por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


En el segundo motivo planteado, se infieren tres aspectos: i) Que el Tribunal de alzada actuó en sentido contrario al entendimiento asumido por él mismo a través del Auto de Vista 63 de 18 de agosto del 2017, ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria, precedente que habría dispuesto la nulidad de la Sentencia a diferencia del caso de autos, violentando el principio de igualdad y seguridad jurídica, ii) Que el Auto de Vista impugnado también carecería de fundamentación y control de logicidad al exponer aspectos y defectos de sentencia que no fueron alegados por la acusadora y que no guardan relación con los antecedentes del caso; a cuyo efecto, invoca como precedentes los Autos Supremos 437/2007 de 24 de agosto, señalando que la incoherencia entre lo denunciado y los antecedentes del proceso, constituyen falta de fundamentación que violenta el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica; y, 183 de 6 de febrero del 2007, señalando que tanto la falta de fundamentación probatoria afecta su derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica e igualdad de las partes. Al respecto se tiene por cumplidos los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en admisible las cuestiones planteadas en el motivo.


En el mismo agravio planteado, como tercera circunstancia, la recurrente de manera general relata aspectos que hubieran sido establecidos por el Tribunal de Sentencia, como probados; empero, sin justificar la prueba en la que se sustentan, además de señalar que serían hechos que no fueron objeto de juicio; al respecto, el argumento expuesto no surge del Auto de Vista impugnado; es decir, que dicho aspecto no puede ser controlado de manera directa por este Tribunal, cuya competencia es unificar jurisprudencia cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigne el fallo recurrido no coincida con el del precedente, sea por aplicarse normas distintas o una misma norma con diverso alcance; por lo que el aspecto analizado resulta inadmisible por inobservancia del art. 416 del CPP, respecto a las resoluciones recurribles vía casación.


En el tercer motivo expuesto se denuncia que el Tribunal de Sentencia incurrió en incongruencia omisiva al no resolver la denuncia fundada respecto a que el Tribunal de Sentencia invirtió la carga de la prueba, señalando que la acusada no probó su participación en la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes y Concusión. Cumpliendo con la carga de invocar el Auto Supremo 011/2013 de 6 de febrero emitido por la Sala Penal Segunda-, referida a la obligación de los Tribunales de alzada de circunscribir su fallo a todos los aspectos cuestionados en apelación; por lo que estando cumplidos los presupuestos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el motivo analizado, deviene en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Mikne Litzy Torrico Bautista de López, de fs. 574 a 581 vta., únicamente para el análisis de los motivos segundo incs. i) y ii) y tercero. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos