TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 551/2018-RRC

Sucre, 16 de julio de 2018

 

Expediente                      : Pando 38/2017

Parte Acusadora            : Ministerio Público y otro

Parte Imputada              : José Romero Saavedra

Delitos                                : Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas

                                          en Accidente de Tránsito y otro

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando

 

RESULTANDO

 

Por memoriales presentados el 11 y 15 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 716 a 725 vta. y 707 a 710 vta., José Romero Saavedra y Edgar Tercero García,  interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista de 25 de agosto de 2017, de fs. 698 a 704, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público  y  Edgar Tercero García  contra José Romero Saavedra,  por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, previstos y sancionados por los arts. 261 primera parte y 262 del Código Penal (CP), respectivamente.

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

I.1. Antecedentes.


 a)   Por Sentencia 07/2017 de 16 de mayo (fs. 588 a 595), el Juez Público Civil y Comercial en suplencia legal del Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a José Romero Saavedra autor de la comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por la primera parte del art. 261 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto del delito de Omisión de Socorro.

 

b)    Contra la mencionada Sentencia, Edgar Terceros García (fs. 658 a 661 vta.) y José Romero Saavedra (fs. 672 a 675), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista de 25 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso del acusador particular; y, admisible y procedente en parte el recurso del imputado, confirmando la Sentencia apelada, complementando la otorgación de perdón judicial a su favor, dejando sin efecto las medidas cautelares dispuestas, motivando la interposición del presente recurso.

 

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 288/2018-RA de 7 de mayo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

 

I.1.1.1. Del recurso de Casación de Edgar Terceros García.

 

Arguye, violación del art. 173 del CPP, por errada valoración de la prueba en torno a la tipificación del delito de Omisión de Socorro, basada en que las resoluciones que antecedieron no podían desestimar la existencia de ese delito, considerando que el imputado por cuestiones de idiosincrasia y un estado emocional exaltado, no prestó ayuda de manera inmediata a la víctima, luego de ocurrido el accidente de tránsito, más cuando una ágil intervención habría supuesto que la víctima se mantenga con vida. A ese efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 277 de 12 de mayo de 2004, 307 de 11 de junio de 2003, 499 de 3 de octubre de 2003 y 320 de 14 de junio de 2003, que establecen que en ningún fallo puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y resolutiva.

 

I.1.1.2. Del recurso de casación de José Romero Saavedra.

 

Denuncia la existencia de defectos absolutos por vulneración a derechos y garantías constitucionales, en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, originados en la falta de fundamentación e incongruencia omisiva en el Auto de Vista recurrido, pues habría omitido dar respuesta a tres específicas cuestiones planteadas en apelación restringida, a saber, errónea aplicación del art. 114 inc. a) del Reglamento de Tránsito, aplicación indebida del principio de retroactividad de la Ley a favor del imputado y errónea aplicación del principio de imputación objetiva en delitos culposos, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 109/2012 de 10 de mayo, 86/2013 de 26 de marzo, 190/2012 de 2 de agosto, 27/2013 de 8 de febrero y 26/2013 de 8 de febrero.

 

II. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS A LOS RECURSOS

 

Las actuaciones procesales en el presente caso tienen origen conforme la hipótesis acusatoria y la delimitación del objeto del proceso- en que el 20 de diciembre de 2015, a horas 13:40 aproximadamente, en inmediaciones de la carretera Cobija Porvenir, ocurrió un hecho de tránsito en el que el conductor del vehículo con placa de control 1748-EXA, conducido por el imputado colisionó con la motocicleta conducida por Edgar Ariel Terceros Conde. El siniestro se produjo por exceso de velocidad del primer motorizado. Ocurrido el hecho el imputado se detuvo a 300 metros de distancia sin auxiliar de manera inmediata a la víctima, quien recibió ayuda minutos después de parte de terceros. La víctima falleció en medio de su traslado a un centro de atención médica con el diagnóstico de TEC severo.  

 

II.1.  De la Sentencia.

 

La Sentencia 07/2017 de 16 de mayo, emitida por el Juez Público Civil y Comercial en suplencia legal del Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a José Romero Saavedra autor de la comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por la primera parte del art. 261 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto del delito de Omisión de Socorro, bajo los siguientes fundamentos:

 

  1. En cuanto a la fundamentación probatoria se estableció: el día y hora del hecho en el mismo carril iban circulando la motocicleta conducida por la víctima y el motorizado con placa de control 1748-EXA, conducido por el imputado, “quien colisiona por exceso de velocidad, impacto que fue con la parte del farol de la camioneta a la parte del motor de la motocicleta, a consecuencia de esto el conductor y la motocicleta cae a un costado de la carretera, la camioneta por la velocidad que imprimía se detiene a más de 80 metros o más del impacto, sin un dato exacto por la polarización de los testigos, pues existen diferencias notables entre las atestaciones de los testigos presenciales que iban en la camioneta y los testigos que llegaron minutos después a lugar de los hechos, por lo que es imprescindible recurrir a otros medios de prueba; así, el dictamen accidentológico [emitido por el] Instituto de Investigaciones Forenses, concluye entre sus partes más importantes dos aspectos, primero que no surge con precisión evidencia, a efecto de establecer la velocidad a la que transitaban los rodados protagonistas en los premomentos de la colisión; y segundo, que la causa basal del hecho fue la interposición del rodado del menor al efectuar un giro hacia su lado izquierdo, concluyendo que en caso de que el motociclista no hubiese realizado el giro del hecho no se hubiese producido” (sic).

 

“Según los muestrarios fotográficos MP-8 [el] daño sufrido en los motorizados, sobre todo en la motocicleta considera el Juez según su sana crítica, no pueden darse en impactos a velocidades leves o moderadas, es decir, a menos de 50 km/h, son que son producidos a velocidades mayores [prueba vinculada] a la reconstrucción e inspección judicial, pues de esta prueba se tiene que una camioneta de características similares a una velocidad superior a los 60 u 80 km/h; es decir, superior a la permitida por las normas de tránsito, más aun cuando las condiciones climatológicas y la superficie del terreno se lo permitían.” (sic).

 

“Respecto de los hechos acontecidos después del impacto, se puede concluir por la prueba el menor fue auxiliado, por terceras personas, donde intervino el acusado José Romero Saavedra; entre ellas se pudo determinar a Paola Andrea Trigo Vallejos, José Edmundo Gómez Montaño y Mauricio David Mollinedo Romero, además de otras que no fueron determinadas, pues se necesitaba varias personas para trasladar el cuerpo herido y subirla a la camioneta, toda vez que la víctima era de contextura robusta, para posteriormente llevarla al hospital, donde lamentablemente fallece, permaneciendo el acusado en dicho nosocomio, hasta el final del día, este aspecto genera convicción, que el acusado prestó el auxilio necesario, pese al shock y la afectación emocional en la que se encontraba por los hechos, no se puede decir que hubo Omisión de Socorro, por el solo hecho de no haber llamado a los servicios de emergencia, pues la idiosincrasia de nuestra gente y la desesperación en este tipo de hechos, hacen que el auxilio sea el hecho de levantar al herido y trasladarlo al centro de salud, como se hizo en el presente caso, pues para nadie es desconocido que llamar al servicio de emergencia por la distancia en que se dieron los hechos, hubiesen demorado en llegar un tiempo mayor, que el trasladarlo como se hizo, o peor aún no hubiesen llegado, en ese sentido hay que tenerla la prueba de la parte acusadora sobre registros telefónicos.” (sic).

 

  1. En cuanto a los fundamentos jurídicos, se tuvo: Sobre el delito contenido en el primer periodo del art. 261 del CP, haciendo alusión al contenido del mentado precepto y adicionando aspectos sobre su configuración se concluyó: “el responsable tiene la conciencia y voluntad de lo que hace pero no con la finalidad de matar, pero sí con la intención de desobedecer las normas de tránsito.” (sic).

 

“ Por su parte el reglamento de tránsito establece las velocidades máximas en las que un vehículo puede circular ya sea en el radio urbano o en caminos y carreteras, es así que establece como velocidad máxima en radio urbano 10, 20 e inclusive 40 km/h dependiendo de la zona, la circulación de peatones y otros factores y en carreteras asfaltadas hasta 80 km/h, de igual manera establece la distancia entre vehículos, para determinar esta distancia deberá considerarse la velocidad autorizada, el estado del tiempo, el tipo de vía las condiciones de calzada y la intensidad del tráfico vehicular y como mínimo la distancia de seguridad deberá ser igual al espacio que pueda recorrer el vehículo durante el tiempo que transcurra desde la percepción del peligro, la reacción de frenada, hasta la detención del vehículo.” (sic).


“Por la prueba aportada se tiene que [el] motorizado, con placa de circulación 1748-EXA, era conducido por José Romero Saavedra, por la carretera Cobija Porvenir, impacta en la motocicleta, sin placa de control conducido por el menor Edgar Ariel Terceros Conde, causándose la muerte de éste, si bien es cierto que el IDIF no puedo establecer a ciencia cierta la velocidad de ninguno de los dos vehículos, no es menos cierto que por las consecuencias materiales del accidente, se concluyó que la camioneta que impactó con la motocicleta circulaba a una velocidad superior a la permitida por el Reglamento de Tránsito, lo contrario hubiese sido que el impacto no hubiese ocasionado el daño material que existe en los motorizados, es más hubiese permitido que el conductor realice una maniobra, esa esta de evasión o frenado antes del impacto” (sic).

 

  1. Respecto al delito contenido en el art. 262 del CP, se señaló:  “el fundamento de este tipo penal radica en la solidaridad humana, pues la ley sanciona a quien no acuda con socorro o auxilio en caso de un accidente pudiendo ser inclusive terceras personas, el acusador particular no logró demostrar que luego del accidente, el acusado se hubiese fugado del lugar del hecho que refieren algunos testigos como José Edmundo Gómez Montaño que le dijeron que le acompañen al hospital, de ninguna manera puede considerarse que él, hubiese omitido prestar socorro o auxilio, o peor aún fugarse del lugar, pues existen testigos como Mauricio David Mollinedo Romero, Alan Jordán Romero Flores que señalaron que fue el acusado quien le sacó el caso, en compañía de otros lo subieron a la camioneta producto de eso quedo con la ropa ensangrentada para posteriormente trasladarlo al nosocomio, por lo que de manera firme se pude sostener que no es culpable de este ilícito.” (sic).

 

II.2.        Del recurso de apelación restringida.

 

Emitida la Sentencia, ambas partes opusieron recurso de apelación restringida, planteando al efecto lo siguiente:

 

II.2.1. Recurso de apelación restringida de Edgar Terceros García.

 

Planteó la infracción del art. 173 del CPP, sobre la valoración en torno al delito de Omisión de Socorro al existir contradicciones en la apreciación de la prueba relativa al delito de Omisión de Socorro, expresando que las razones por las que el Juez de mérito sostuvo que la conducta del imputado no se adecuaba a ese delito, no condicen con las aseveraciones de los testigos Roberto Cussi Gastón, Paola Andrea Trigo Vallejos y José Edmundo Gómez Montaño, que en resumen manifestaron que existió un lapso de 10 a 15 minutos entre el impacto y la reacción del imputado en acercarse al cuerpo de la víctima; que únicamente ayudó a levantar el cuerpo y disponerlo en un vehículo para su traslado a un centro de salud; empero, sin que haya acompañado el recorrido. Que ante la llamada telefónica de Paola Andrea Trigo Vallejos el imputado recién se apersonó al centro de salud; que la víctima aún tenía signos vitales al momento en que fue socorrida por Paola Andrea Trigo Vallejos y José Edmundo Gómez Montaño; y por versión de este último, el imputado se encontraba “choqueado a un lado del herido.” (sic).


Denunció violación a los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC); en cuanto, las normas públicas son de cumplimiento obligatorio y los arts. 69, 70 y 99 del CPP con relación al art. 12 del mismo cuerpo normativo.

 

II.2.2.        Del Recurso de apelación restringida de José Romero Saavedra.


A través de memorial saliente, cursante de fs. 672 a 75 vta., interpuso recurso de apelación restringida, planteando:


  1. Aplicación indebida del art. 114 inc. a) del Reglamento de Tránsito, acusando que las conclusiones establecidas en Sentencia determinan que el vehículo conducido por el imputado circulaba entre 60 a 80 Km/h, señalando que aquella norma prevé como límite de velocidad permitida en carreteras 80 km/h, por lo que está en el rango permitido por la norma, por lo que no es pasible a que se aplique en su contra ninguna infracción al régimen de tránsito, más cuando en juicio oral se comprobó que la vía del hecho es asfaltada, con señaléticas verticales que anuncian como límite de velocidad los 80 km/h.
  2. “Aplicación indebida de la Ley art. 123 de la CPE, retroactividad de la Ley” (sic), pues a la fecha del hecho, 20 de diciembre de 2015, el art. 144 inc. a) del Reglamento de Tránsito, fue modificado por el Decreto Supremo N° 3045, que establece una velocidad de circulación máxima en carreteras de 110 km/h. Agregó que el Juez de Sentencia, tenía la obligación de considerar esa modificación con efecto retroactivo, por el principio de favorabilidad.


  1. Aplicación indebida de los arts. 13 y 161 del CP; ya que, en su caso debió aplicarse los entendimientos de la teoría de la imputación objetiva (sostenida -manifestó- por las Sentencias Constitucionales 0021/2017-S2 de 6 de febrero y 1888/2011-R) más no la teoría finalista, fuente en la que se apoyó el Fallo de mérito. Señaló que en si bien se describió la conducta desplegada por la víctima (ausencia de licencia de conducir, etc.) no se pronunció sobre los efectos que esa conducta tuvo en el hecho y si él fuera causal eximente de responsabilidad o agravante de ésta.


Prosiguió, en sentido que las conclusiones del Informe Accidentológico evacuado por el IDIF, relacionadas sobre la imprecisión para el establecimiento de la velocidad y que la causa principal del hecho haya sido la interposición de la motocicleta al efectuar un giro al lado izquierdo, debieron ser interpretadas desde la óptica de la teoría del riesgo permitido, cuyo resultado en perspectiva del entonces apelante- desenlazaría que fue la víctima quien se expuso al riesgo por las condiciones en las que se encontraba a momento del hecho, a saber, “no tener licencia de conducir, no haber recibido ningún tipo de instrucción de conducción peor en carretera, al ser menor de edad, al realizar un giro intempestivo.” (sic).


  1. “Mala valoración de la prueba pericial y consecuente subsunción errónea de la conducta del imputado” (sic), arguyendo que si bien la Sentencia refiere el Informe Accidentológico del IDIF (MP-16) y se pronuncia sobre la maniobra imprudente de la víctima, omite brindarle credibilidad o no sin haberse considerado la acción desplegada por ésta.


  1. Incongruencia omisiva, con infracción a los arts. 124 y 398 del CPP, con la afirmación que en su condena a dos años de privación de libertad no se dispuso el perdón judicial previsto por el art. 368 de la Norma Procesal Penal, manifestando que ello es contrario a la orientación de las “Sentencias Constitucionales 0197/2006-R, 0327/2013 y 0813/2003” (sic).


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Luego de la realización de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, opuesto por el la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista de 25 de agosto de 2017, con el siguiente argumento:


  1. Al recurso presentado por Edgar Terceros García: i) Sobre la infracción del art. 173 del CPP, refrendó lo obrado por el juzgador de mérito, en relación a la no acreditación de parte de la acusación particular de la existencia del delito de Omisión de Socorro, detallando conclusiones sobre la conducta del imputado luego del hecho, apreciando a continuación que los medios de prueba de cargo y descargo, sobre todo las testimoniales, fueron valoradas conforme a las reglas de la Sana Crítica, así como se desprendió el cumplimiento del deber de fundamentación; por cuanto, la prueba producida es descrita, así como se explicó de manera razonada “qué es lo que se ha llegado a establecer con la misma” (sic); y, ii) En cuanto a la denuncia de violación del art. 115.II de la CPE, arts. 90 y 252 del CPC y los arts. 69, 70 y 99 del CPP, con relación al art. 12 del mismo cuerpo normativo, se consideró que si bien se planteó las normas infringidas no se fundamentó en qué consistieron dichas transgresiones.


  1. Al recurso interpuesto por José Romero Saavedra: a. Sobre la aplicación indebida del art. 114 inc. a) del Reglamento de Tránsito, el Juez de grado procedió a una correcta operación y control sobre la subsunción del hecho al tipo penal, estableciendo la conducta final del acusado, desprendiéndose la existencia de nexo causal antijurídico en su conducta encuadrándose a la descripción contenida en el tipo penal, además de tenerse presente que al Tribunal de apelación le está vedado el ingresar al análisis de los hechos y la prueba; b. El recurso de apelación restringida “es impreciso y no explica claramente su petitorio, lo que si se advierte es la intención de que el Tribunal de alzada ingrese en revalorización delas pruebas documentales, testificales, lo que no le está permitido conforme a la doctrina legal del Auto Supremo 127 de 21 de abril de 2011” (sic); c. Los fundamentos de la Sentencia cuentan con los requisitos exigidos en cuanto a la motivación, refiriendo los medios de prueba incorporados a juicio, fijándose los hechos sometidos a calificación jurídica, subsumiendo la conducta del imputado al tipo penal contenido en el art. 261 del CP, sin advertirse “afirmaciones imposibles, hechos no ciertos, o que la prueba demuestre aspectos diferentes” (sic); d. El Juez de mérito efectuó una debida descripción del lugar, fecha y forma de la comisión del hecho, dejando constancia en su fundamentación descriptiva de los datos más relevantes de la prueba documental judicializada; e. Sobre la fundamentación analítica o intelectiva, la Sentencia estableció cuales fueron los elementos de prueba de los que emergió la conclusión contenida en la fundamentación fáctica; si bien el apelante enunció defecto de sentencia conforme el art. 370 inc.1) del CPP, no expresó ni de qué forma se habría incurrido en esos defectos: “de qué manera no se habría adecuado su accionar a los alcances del art. 261 y 262 del CP, cuáles son las pruebas que el Tribunal inferior no habría tomado en cuenta para fundar su sentencia condenatoria” (sic); y, f. Se dio procedencia al reclamo de no aplicación del perdón judicial, teniendo presente lo previsto en la Sentencia Constitucional 0781/2016-S2 de 22 de agosto, determinando la aplicación de ese instituto procesal en el argumento que: “la aplicación de la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial, no pueden posponer la libertad de la persona, o mantener medidas cautelares bajo el argumento de que la resolución que se aplica debe adquirir calidad de cosa juzgada” (sic). 


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1. En cuanto al recurso de casación de Edgar Terceros García.

 

El recurrente plantea un solo motivo de casación que es el referido a la transgresión del art. 173 del CPP, por errada valoración de la prueba en torno a la tipificación del delito de Omisión de Socorro, basado en el argumento que las resoluciones que antecedieron no podían desestimar la existencia de éste delito, considerando que el imputado por cuestiones de idiosincrasia y un estado emocional exaltado no prestó ayuda de manera inmediata a la víctima, luego de ocurrido el accidente de tránsito, más cuando una ágil intervención habría supuesto que la víctima se mantenga con vida. A ese efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 277 de 12 de mayo de 2004, 307 de 11 de junio de 2003, 499 de 3 de octubre de 2003 y 320 de 14 de junio de 2003, que establecerían que en ningún fallo puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y resolutiva.

 

III.1.1.        Doctrina legal asumida en los precedentes contradictorios invocados.


Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003.


Emitido ante una denuncia de incongruencia y contradicción, alegando que si bien el Auto de Vista impugnado en su parte considerativa reconoció que el recurso de apelación restringida incumplía requisitos procesales, en su parte resolutiva anuló obrados. En esta ocasión la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, dando mérito a la denuncia dejó sin efecto el fallo recurrido, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: 


En ningún fallo puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la parte resolutiva, considerando que esta última se constituye en la síntesis de la resolución.


Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, si en la apelación restringida se observan defectos de procedimiento y el recurrente no ha efectuado reclamo oportuno para su saneamiento ni reserva de recurrir, la apelación es inadmisible, conforme al segundo parágrafo del art. 407 del Código de Procedimiento Penal”.


Autos Supremos 277 de 12 de mayo de 2004 y 499 de 3 de octubre de 2003.


Ambas fueron resoluciones emitidas en el marco del primer párrafo del art. 418 del CPP, vale decir en juicio de admisibilidad, sin contar con ello con criterio alguno que constituya doctrina legal aplicable, de tal cuenta su impertinencia a los fines del presente Auto Supremo es evidente.


Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003.


Dejó sin efecto el Auto de Vista que lo precedió considerando denuncias relativas a entre otras- falta de individualización del sujeto activo con la descripción de la norma penal correspondiente al delito de peculado y ausencia de fundamentación; sentando al efecto la siguiente doctrina legal aplicable:


“si un bien jurídico agrupa a tipos penales afines, entonces para establecer el hecho similar, los tipos penales deben responder a un bien jurídico, en ese contexto se debe establecer el sentido jurídico contradictorio cuando se trata de hechos que correspondan al derecho sustantivo.


La falta de resolución de un incidente en la sentencia no es subsanable por una declaración de absolución, ambos aspectos son distantes y cada uno deberá fundamentarse por cuerda separada, debiendo existir una coherencia incuestionable en el contenido de la sentencia.


Al sujeto activo debe individualizarse para adecuar la descripción de la norma penal completa que cursa en el art. 142 del Código Penal y con una norma penal incompleta se debe respetar el principio de legalidad.


La exclusión de las fotocopias ofrecidas y producidas en el juicio, no impide su valoración de acuerdo a la sana crítica por parte del Tribunal de Sentencia.


El principio de congruencia se refiere a que la sentencia debe referirse a los hechos acusados probados y no probados; aspecto que, necesariamente debe encontrarse fundamentado tanto de hecho como de derecho.


La revisión de oficio por parte del tribunal de apelación como el de casación se encuentra limitada en razón de la existencia de una violación de un acto procesal insubsanable, que no sea producto de la desidia de las partes, manteniéndose excepcional y eventualmente la doctrina legal de la revisión de oficio”.


III.2. Análisis del caso en Concreto.


El recurso de casación en análisis, reitera la disconformidad del recurrente planteada en la apelación restringida; respecto a la absolución del imputado por el delito de Omisión de Socorro. En casación, dentro del epígrafe “aplicación que se pretende” el recurrente exterioriza que su pretensión se sienta en que “el Tribunal de alzada dicte Auto Supremo declarándolo  culpable por el delito de omisión de socorro” (sic); al efecto, al igual de lo sucedido en la anterior fase procesal, se plantea una interpretación particular y aislada sobre las atestaciones de quienes concurrieron al lugar del hecho una vez ocurrido considerando que se evidencia que se configura el delito de Omisión de Socorro en la conducta del imputado, siendo que al no haberse tenido en cuenta esa interpretación se incurrió en contradicción e incongruencia en la Sentencia, error validado por el Auto de Vista ahora recurrido.


Con tal antecedente, los argumentos con los que Edgar Terceros García pretende la censura del Auto de Vista de 25 de agosto de 2017; por una parte, con base en una deficiencia procesal recursiva; y por otro lado, la existencia de contradicción entre los precedentes invocados y la resolución impugnada.


Como lo reconoció el propio Tribunal de apelación, lo pretendido por el recurrente carece de mérito, pues en la Sentencia son visibles los elementos con los que se concluyó que la conducta del imputado no se adecua al tipo penal de Omisión de Socorro, tanto en la motivación probatoria como en la calificación jurídica. Lo expresado por el recurrente, en esencia, son consideraciones personales sobre determinadas pruebas que en su criterio, prueban su agravio, concluyéndose por una parte, que corresponde su análisis en esta fase procesal, así como no poseen mérito suficiente que evidencie una patente infracción al art. 173 del CPP, menos aún a los resultados y argumentos que el Auto de Vista de 25 de agosto de 2017, tuvo en cuenta para su decisorio.


Asimismo, como se tiene expuesto en el acápite que precede, la situación de hecho similar contenida en los precedentes contradictorios invocados no  corresponde a la temática desarrollada en casación, pues son claras las diferencias sobre el motivo de hecho similar a efectos del juicio de contradicción, como es el caso de los Autos Supremos 277 de 12 de mayo de 2004 y 499 de 3 de octubre de 2003, que al constituir autos de análisis de admisibilidad no contienen situación de hecho similar pasible a ser considerada como precedente contradictorio. Lo propio ocurre con el Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003, cuya doctrina reprime la incoherencia en las resoluciones judiciales; aspecto que, no se adecua al caso presente; por cuanto, el recurrente trajo a casación no un supuesto de contradicción, sino una queja sobre la interpretación de la prueba: finalmente en lo que es el Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003, al poseer doctrina penal aplicable relacionada también al principio de congruencia entre lo resuelto y los hechos probados en Sentencia, más no sobre consideraciones especulativas sobre interpretación de una determinada prueba.


Dicho lo anterior, es claro que el Tribunal de apelación no incurrió en contradicción con los precedentes contradictorios invocados, emitiendo su decisorio acorde con los datos del proceso y en correspondencia con los planteamientos que les fue puesto a resolver.


III.3. En cuanto al recurso de casación de José Romero Saavedra.


En suma, se denuncia incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, pues habría omitido dar respuesta a tres específicas cuestiones planteadas en apelación restringida invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 109/2012 de 10 de mayo, 86/2013 de 26 de marzo, 190/2012 de 2 de agosto, 27/2013 de 8 de febrero y 26/2013 de 8 de febrero.


III.3.1. Doctrina Legal Aplicable contenida en los precedentes invocados.

 

Auto Supremo 109/2012 de 10 de mayo.


Ante la denuncia de omisión de analizar un motivo del recurso de apelación restringida, se sentó la siguiente doctrina legal aplicable:

“Las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, lo contrario implica incurrir en el vicio conocido como incongruencia omisiva o fallo corto, que tiene como esencia la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


Bajo esos parámetros, se establece que no existe fundamentación en el Auto de Vista, cuando se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos, en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del CPP y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal; deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente”.


Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo de 2013.


Frente a la denuncia de falta de motivación e incumplimiento de los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad en la emisión del Auto de vista impugnado en esa oportunidad, se sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“Los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica  y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del  nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el porqué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio”.


Auto Supremo 190/2012 de 2 de agosto.


La Sala Penal Liquidadora evidenciando una infracción al debido proceso en la modificación de la pena impuesta en sentencia por parte del Auto Vista impugnado, sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“El control que ejercen los Tribunales de Apelación con relación a las sentencias pronunciadas por los Jueces y Tribunales de Sentencia, no comprende la aplicación de las consecuencias que derivan de los hechos demostrados en juicio que es ejercida por estos últimos, si se encuentra dentro de los límites legales, procediendo el control sobre el ejercicio de esos poderes discrecionales de los Jueces y Tribunales de mérito únicamente cuando han sido ejercidos sin que la norma le concediera la posibilidad del ejercicio de ese poder discrecional o cuando estando conferido, lo ejerció fuera del marco discrecional que se le otorga.


Entre los poderes discrecionales conferidos por la norma a los Jueces y Tribunales de Sentencia están los relativos a la determinación de la pena, en cuya virtud, a través del Recurso de Apelación Restringida no puede ingresarse a discutir su mayor o menor rigurosidad, máxime si la imposición de la sanción penal ha sido ejercida respetando el tipo de pena previsto en la norma penal sustantiva y dentro de la escala que la misma norma penal permite. Esto; sin embargo, no obsta que los Tribunales de Apelación puedan corregir la Sentencia en cuanto a la aplicación de la pena, cuando no obstante haberse aplicado la sanción penal prevista en el tipo y en el marco de la escala legal prevista, el Juez o Tribunal de juicio se limitó a aplicar la sanción penal prevista en el tipo en inobservancia de otras normas penales de carácter sustantivo que también son aplicables al caso concreto y sean determinantes para la fijación de la pena, pues esta omisión puede ser considerada también como inobservancia o errónea aplicación de la Ley penal sustantiva.


Toda Resolución judicial, especialmente la Resolución pronunciada en grado de Apelación, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al Juez o Tribunal exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisió; por cuanto, esta exigencia responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales”.


El Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero, se absolvió la denuncia sobre presencia de defectos absolutos en el marco del art. 169.3 del CPP, pues el Tribunal de  apelación ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, omitió verificar los agravios denunciados.


“De acuerdo al entendimiento ratificado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado compilado procesal pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione”.


El Auto Supremo 26/2013 de 8 de febrero, dejó sin efecto el fallo que lo precedió al verificar que incurrió en ausencia de fundamentación, sobre reclamos de defectos en la sentencia de defectuosa valoración probatoria e insuficiente fundamentación, consolida la línea jurisprudencial del Auto Supremo anotado líneas atrás.


III.4. Análisis del recurso en concreto.


El imputado en casación plantea un solo motivo, relativo a la existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista recurrido sobre tres motivos desarrollados a momento de la resolución del recurso de apelación restringida, incurriendo en contradicción con la doctrina legal aplicable invocada en los Autos Supremos descritos en el anterior acápite; aspectos que, de la revisión de los antecedentes y su cotejo con el planteamiento realizado por el recurrente adquieren evidencia:

       

i.- Habiendo planteado la errónea aplicación del art. 114 inc. a) del Reglamento de Tránsito, en la aplicación del art. 261 del CP, pues la sentencia no estableció de manera precisa, la velocidad del vehículo conducido por el imputado en el momento del hecho. Señaló que la norma antes citada, precisa como infracción a las velocidades superiores a los 80 km/h; sin embargo, en la Sentencia no se fijó una cifra mayor, argumento con el cual solicitó su absolución.


En una temática similar, relativa a la aplicación de la Ley sustantiva, el apelante denunció aplicación indebida del art. 123 de la CPE, relatando que a la fecha del hecho, el art. 144 inc. a) del Reglamento de Tránsito, fue modificado por el Decreto Supremo N° 3045 que establece una velocidad de circulación máxima en carreteras de 110 km/h. Agregó que el Juez de Sentencia tenía la obligación de considerar esa modificación con efecto retroactivo, por el principio de favorabilidad.


Ambos planteamientos en suma, convergen a la aplicación de la norma sustantiva, esto es a la calificación y subsunción de los hechos en el art. 261 del CP y los razonamientos que en ese ejercicio el Juez de grado hubiera realizado; ante ello, los de alzada, consideraron que se refería “a la velocidad que imprimían ambos vehículos” (sic) para señalar que ello ya había sido analizado en juicio oral y que las conclusiones de la Sentencia fueron correctas, hallándose el nexo causal antijurídico de la conducta del acusado, como de igual manera rechazar otro tipo de análisis, considerando que con esa tarea se revalorizaría la prueba.


Lo expresado por los de apelación no condice con el planteamiento jurídico efectuado por el recurrente porque de hecho, la aseveración sobre la velocidad permitida por norma (80 km/h) y la determinada en Sentencia, es solamente un argumento transversal a la aplicación de la norma sustantiva; por cuanto la configuración del tipo penal contenido en el art. 261 del CP, admite para un Homicidio o Lesiones en Accidente de Tránsito tres supuestos también con tres distintas penas. El deber de los de alzada debió centrarse en contrastar el planteamiento del recurso, con las conclusiones de la Sentencia y tener presente cuál era el alcance de la norma al caso concreto; si el Juez de grado obró de manera correcta para resolver en el sentido que los resultados del análisis arrojasen, teniendo incluso presente la posibilidad de realizar una fundamentación complementaria en los supuestos que correspondan.


El Tribunal de alzada no debió perder de vista que el planteamiento del apelante, consiste en una cuestión transversal a la aplicación del tipo penal, de forma que la labor de los de apelación no era en ningún caso rebatir -ni al menos- emitir criterio sobre la velocidad de los rodados, sino emitir criterio sobre la incidencia o no de la norma invocada que es reglamentaria en la calificación del hecho al tipo penal. El Tribunal de apelación por una parte, no dio respuesta al planteamiento de aplicación del art. 114 inc. a) del Reglamento de Tránsito, como tampoco a la hipótesis de aplicación retroactiva de la norma, que son problemas eminentemente jurídicos y cuyo análisis no implica de ninguna forma valoración probatoria; más cuando, se reitera, la posibilidad de subsunción al tipo penal contenido en el art. 261 del CP, que tiene tres probabilidades que por su gravedad comprometen también tres alternativas de quantum de la pena. 


ii.- En cuanto, al motivo de apelación restringida relativo a la errónea aplicación del principio de imputación objetiva en delitos culposos, con el argumento de que si se aplicase esa teoría, la víctima fue quien se expuso al riesgo no permitido por ser menor de edad y realizar un giro imprudente a la izquierda y no tener habilitación de conducir vehículos, es visible que de igual manera, el Tribunal de alzada emitió argumentos esquivos sobre el particular. A partir de fs. 702 vta., el Auto de Vista impugnado contiene afirmaciones  sobre la Sentencia de grado y la imposibilidad de valoración probatoria, que  corresponden a las problemáticas puestas en su consideración, pues el apelante, planteó la aplicación de la teoría del Derecho Penal que en su criterio debió ser aplicada, de manera  que la respuesta debió tener esa proporción, sin estimarse de ninguna manera alegación sobre ningún elemento de prueba, ni mucho menos opinar sobre la determinación de los hechos; por cuanto, como también sucedió en el anterior caso, se trata de la  aplicación de la norma, por ello es de derecho y no de hecho.


Efectivamente, la orientación que en apelación planteó el imputado, trata de un planteamiento emergente de la doctrina, en el que el deber del Tribunal de apelación debió ser cotejar los argumentos expuestos frente a la norma, más cuando nuestra legislación, tiene una orientación definida y positivizada en norma escrita. La respuesta, debió encuadrarse no en organizar un planteamiento para rebatir lo expresado por el apelante, menos opinar sobre los hechos o la determinación de los mismos en Sentencia, sino exteriorizar si la operación del Juez de grado se circunscribió a los parámetros que nuestra normativa para el caso en concreto; sin que ello, conduzca a un análisis de los hechos, como tampoco sirva de plataforma para un debate doctrinario innecesario, teniendo presente el principio de legalidad, que rige las actuaciones del Órgano Judicial, conforme lo tiene estipulado el art. 180 Constitucional y el art. 30 de la LOJ.


En consecuencia, teniendo presente la doctrina legal aplicable invocada por José Romero Saavedra, que yace sobre la veta común del cumplimiento del deber de fundamentación en el Auto de Vista, sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del CPP y que desconoce el artículo 398 del citado, compilado procesal pues los Tribunales de apelación deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, de modo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

 



POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edgar Terceros García, cursante de fs. 707 a 710 vta. y FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Romero Rodríguez, cursante de fs. 716 a 725 vta. En aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 25 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo emita una nueva Resolución teniendo presente la doctrina legal aplicable establecida en este Auto Supremo.

 

A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

 

En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos