TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 547/2018-RRC

Sucre, 16 de julio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 77/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Ruth Zambrana Mojica

Delitos                                : Extorsión y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de marzo de 2017, cursante de fs. 3415 a 3444, YPFB CHACO S.A., representado legalmente por Martha Criales Zahaba, Gonzalo Prudencio Gonzales y Luis Vásquez Paredes, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 01 de 12 de enero de 2017, de fs. 3240 a 3245, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Ruth Zambrana Mojica, por la presunta comisión de los delitos de Extorsión, Amenazas, Atentado contra la Libertad de Trabajo, Atentado contra la Seguridad de los Servidores Públicos y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 333, 393, 303, 214 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 28/2016 de 4 de mayo (fs. 3001 a 3017 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ruth Zambrana Mojica, autora de la comisión de los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más multa de Bs. 2.500.- (dos mil quinientos bolivianos), correspondiente a quinientos días multa, el pago de costas y gastos ocasionados al Estado, calificables en Bs. 2.000.- (dos mil bolivianos), siendo absuelta de los delitos de Extorsión, Amenazas y Asociación Delictuosa.    

 

  1. Contra la referida sentencia la acusada Ruth Zambrana Mojica (fs. 3110 a 3147 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 1 de 12 de enero de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada y dispuso el reenvío del expediente ante otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 589/2017-RA de 10 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Denuncian que el Auto de Vista recurrido fue emitido bajo argumentos carentes de fundamentación y sustento; ya que, no se refirió al memorial de contestación, tomando en cuenta sólo los erróneos argumentos de la apelación restringida de la acusada, al señalar que no se habría explicado cuales fueron las pruebas que generaron convicción para disponer la condena, que la Sentencia habría incurrido en una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación, que no habría realizado la valoración individual de la prueba para cada uno de los tipos penales acusados, que no habría realizado un análisis detallado de la personalidad de la imputada, haciendo el Tribunal de apelación de manera errada referencia al Tribunal de Sentencia de Buena Vista, concluyendo erróneamente que el Tribunal de origen incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; sin embargo, en el memorial de contestación aclaró la falsedad de las aseveraciones realizadas por la acusada en su recurso de apelación restringida; sin embargo, el Auto de Vista recurrido no explicó las razones que lo condujo a concluir que, no existe fundamentación en la Sentencia, o que la Sentencia se basaría en elementos incorporados ilegalmente al juicio oral, o que existiere errónea aplicación de la ley sustantiva, o que existiere contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones, que no se hubiera presentado prueba de cargo; cuando la Sentencia cumple con todos los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP, cita, como precedentes contradictorios los Autos Supremos 335/2011 de 10 de junio y 14/2007 de 26 de enero


  1. Señalan, que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva; puesto que, no se pronunció sobre los argumentos de su memorial de contestación, cuando el Tribunal de alzada tenía la obligación de resolver y pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos desarrollados en el recurso de apelación restringida, y contrastar los mismos con los argumentos expuestos en el memorial de contestación, al respecto señala como precedentes contradictorios los Autos Supremos 8 de 26 de enero de 2007 y 15/2007 de 26 de enero.


  1. Denuncian violación del principio de igualdad, debido a que, a través del Auto de Vista recurrido, los miembros de la Sala Penal, al tener a su cargo la resolución de un recurso de apelación restringida, tenían la obligación de tomar en cuenta los argumentos vertidos por la recurrente en el memorial de apelación, los fundamentos vertidos en el memorial de contestación a la apelación y decidir en base a las conclusiones obtenidas en ambos escritos, por lo que a decir de la parte impetrante el Tribunal de alzada habría adoptado una actitud preferente hacia la acusada, al respecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 29/2007 de 26 de enero.


  1. Reclaman, violación del principio de verdad material por sobre la verdad formal, señalando que no sería evidente el argumento que no se hubiera
    ofrecido prueba por parte de la acusación fiscal o particular, indicando que si bien no se utilizó la palabra “ofrecer” en las acusaciones, el Fiscal utilizó la frase “la presente acusación se basa en documentos idóneos y con la validez legal necesaria, pruebas que serán oralmente fundamentadas después de instalado el juicio oral y contradictorio. Es así que me permito detallar las pruebas recolectadas”; empero, se sobrepuso la verdad formal sobre la verdad material, no obstante fue un aspecto que se fundamentó bastante en el memorial de contestación.


  1. Finalmente, denuncian que el Auto de Vista recurrido vulnera el principio de trascendencia, porque defiende formas procesales sin explicar qué derechos fundamentales se habrían violado y de qué manera se hubiera ocasionado perjuicio irreparables dentro del juicio, no se señala concretamente el argumento de la apelante que daría lugar a la anulación de la Sentencia, menos se señala la trascendencia de esas supuestas nulidades que darían lugar a un nuevo juicio, señalando que esa situación contradice al Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre. 


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada emita una nueva Resolución conforme a los precedentes invocados.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 589/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 3534 a 3537, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el acusador particular YPFB CHACO S.A., representado legalmente por Martha Criales Zahaba, Gonzalo Prudencio Gonzales y Luis Vásquez Paredes, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 28/2016 de 4 de mayo, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ruth Zambrana Mojica, autora de la comisión de los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, más multa de Bs. 2.500.- (dos mil quinientos bolivianos), correspondiente a quinientos días multa, pago de costas y gastos ocasionados al Estado, calificables en Bs. 2.000.- (dos mil bolivianos); asimismo, la absolvió de los delitos de Extorsión, Amenazas y Asociación Delictuosa; bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que el 4 de septiembre de 2010, la empresa petrolera CHACO S.A., en ese entonces una persona jurídica particular y la imputada conjuntamente su conyugue, suscribieron un contrato de servidumbre perpetua, elevado a Escritura Pública Nº 2618/2009, relativo a un acuerdo mediante el cual la empresa petrolera quedaba autorizada a realizar trabajos de campo en el rubro petrolero y a circular libremente por los terrenos que comprendía el predio San Jorge, propiedad de la imputada, acordando en calidad de compensación económica de parte de la empresa petrolera CHACO a la imputada un monto de $us. 18.000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses) que recibió en esa época a su entera satisfacción, procediéndose en la práctica, la empresa a entregar a la propietaria del fundo una llave que abría uno de los dos candados que cerraban o aseguraban la cadena de hierro que aseguraba la reja de ingreso al predio rural, es decir que la llave de uno de los candados tenía en su poder los personeros de CHACO y el otro juego de llaves del otro candado lo tenía la imputada, a los fines de permitir que sin la necesidad de ambos, pero solo por cualesquiera de ellos, el ingreso al predio estuviera asegurado con el retiro de uno solo de los mencionados candados, con lo que, ambas partes estuvieron de acuerdo.


  1. A merced de ese contrato, de servidumbre perpetua, la empresa petrolera CHACO, realizó trabajos de explotación, mediante la introducción al predio rural de maquinaria y equipos petroleros de gran envergadura, de la misma manera construyó una planchada que viene a ser una explanada, una especie de terreno plano libre de toda vegetación, dentro del cual se procedió a ejecutar la perforación y extracción de gas natural y la colocación de ductos para el traslado de aquel material gasífero a los centros pertinentes, llegando a ejecutar aparentemente otra clase de trabajos que presuntamente afectaron el normal desarrollo de las actividades agrícolas de la propiedad San Jorge, que no estaba acostumbrada al movimiento tanto de personas como de maquinarias que implica una explotación petrolera extractiva.


  1. Que, la imputada como cabeza del derecho propietario del fundo en cuestión, al considerar que el predio rural había sido ecológicamente afectado, se dirigió personalmente a las oficinas de la empresa petrolera juntamente con su asesor legal, a los fines de reclamar de manera directa otra compensación económica por los daños ecológicos ambientales que había sufrido sus terrenos como consecuencia de la actividad laboral de la empresa petrolera CHACO, siendo recibida por el testigo y esa época su Gerente General Pedro Torquemada, con el que mantuvo una reunión de la cual ambas partes la culminaron de manera agresiva, amenazando la imputada con bloquear el ingreso del predio de su propiedad y no dejar ingresar a nadie al mismo hasta que le sean satisfechas sus demandas de compensación económica por los daños medio ambientales reclamados.


  1. Se tiene que de parte del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, ante quien acudió la imputada reclamando la afectación medio ambiental que había sufrido los predios de su propiedad; dirigió una comisión a los fines de constatar los reclamos de la imputada, realizándose una inspección el 18 de mayo de 2012 con los personeros del Ministerio, quienes luego del trabajo en el sitio y de la revisión de la documentación pertinente emitieron una Resolución introducida en calidad de prueba documental de 11 de junio de 2012, mediante la cual realizó recomendaciones a la empresa petrolera acusadora particular, más no la sancionaron ni determinaron expresamente la existencia cierta de daños medio ambientales, razón por la que la empresa querellante negó la cancelación de una nueva compensación económica a la que ya había entregado a la imputada cuando suscribieron el contrato de servidumbre.


  1. Que, el 25 de junio de 2012 en horas de la tarde; ya que, en la mañana de ese mismo día habían tenido las partes una reunión en la oficina del Gerente General de la empresa CHACO la cual había concluido de manera intempestiva y en forma agresiva, cuando los funcionarios de la empresa BOLINTER, empresa contratista de CHACO se encontraban trabajando en el predio San Jorge, se encontraron con la circunstancia de que los candados de la reja de entrada al predio se encontraba con otro candado diferente, es decir que los candados que fueron inicialmente entregados por CHACO estaban allí, pero la puerta de ingreso a la propiedad estaba impedida por la existencia de un tercer candado diferente a los dos iniciales, el que por declaraciones testificales fue colocado por un trabajador de la propiedad por orden del esposo de la imputada que no se encuentra sometido a este proceso; que de las placas fotográficas adjuntas al cuaderno de pruebas del Ministerio Público, se tiene que los trabajadores de la empresa San Jorge con el uso de un tractor, colocaron dos arados metálicos a los pocos metros del ingreso a la propiedad, cerrándose con ellos también el tránsito por el camino terraplenado que conducía tanto a la casa de la hacienda como la planchada construida por la empresa petrolera, aunque ello no se pudo evidenciar, aparentemente en forma posterior a ese primer punto de bloqueo, se había quedado parado en medio del camino un camión marca Scania de propiedad de la imputada, en medio del camino que conduce al campamento petrolero; empero, dicho aspecto no fue evidenciado, presentando la defensa la certificación de una empresa importadora que hace conocer de una falla mecánica de la cual adolecería el referido motorizado, por lo que no entrara a referirse al mismo.


  1. Que, el cierre del portón o reja metálica y el impedimento del ingreso por esa vía tuvo una duración desde el 25 de junio de 2012 hasta el 27 de julio de 2012,en la que se produjo un allanamiento judicial al predio San Jorge, con la presencia de efectivos policiales, quienes a los fines de ingresar a los predios se vieron en la necesidad de romper las cadenas y el candado que impedía la apertura de la reja de ingreso a la propiedad, tiempo en que la empresa petrolera no pudo ejecutar trabajos propios de su rubro en los pozos petrolíferos que se encontraban dentro de los terrenos de propiedad de la imputada, alegando aunque no se haya demostrado que los daños ocasionados en la explotación causados a la empresa CHACO, en la suma de $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) diarios, siendo ello ajeno a lo que el Tribunal deba determinar dentro de la presente causa.


  1. Que durante, el tiempo del 25 de junio de 2012 al 27 de julio de 2012, la empresa CHACO a través de su subsidiaria BOLINTER, se vio impedida de ejecutar con plena libertad y como estaba pactado sus actividades laborales de extracción petrolera, ya que no se le permitió durante ese lapso de tiempo, el ingreso de los trabajadores de la empresa y que tampoco, se pudo realizar una actividad laboral normal en los tres pozos de extracción de gas natural que existen en la planchada construida en el interior del predio San Jorge.


  1. Se tiene evidencia cierta de una anegación que habría sufrido el predio San Jorge, constatado a través de fotografías presentadas en calidad de prueba por parte de la imputada de las que no se tiene acreditada la fecha de manera idónea, de la misma forma se tiene acreditada la inundación de esas tierras, más no se tiene acreditado cuál el motivo de esa inundación, si se debió a lo que la alega la imputada, una afectación ilegal de la cortina de árboles que tenía la propiedad, si se debió a la reducción de la altura de la barranca que rodeaba el río, si se debió al estrechamiento o ensanchamiento del río, o si esos motivos se debieron a actos propios de la empresa querellante cuando estaba ejerciendo la actividad de explotación petrolera.


  1. Que, si bien los terrenos de propiedad de la imputada habrían presumiblemente sufrido un daño significativo, ello de ninguna manera justifica o autoriza a que nadie se encuentre facultado a ejercer medidas de hecho en contra de nadie, ni aun cuando la autoridad competente el Ministerio de Energía e Hidrocarburos o en su caso la autoridad medio ambiental hayan o no hayan constatado un daño al medio ambiente.


  1. Se tiene demostrado en derecho, el hecho de que la imputada dispuso el bloqueo indebido del predio de su propiedad, a sabiendas de que ese bloqueo causaría una medida de presión, una afectación que tal vez le permitiría a su persona, negociar en una mejor posición con la empresa petrolera querellante, pues supuso que con esa medida de hecho, la medida de presión que ejercitaba tal vez por ser correcta su demanda de una mejor comprensión económica, estuviere recorriendo un camino de legalidad cuando en realidad se encontraba afectando serios derechos del Estado Boliviano, porque se debe tomar en cuenta dos aspectos, el primero que cuando CHACO S.A., suscribió el documento de servidumbre a perpetuidad con la imputada y le canceló lo que en ese momento se consideraba era lo correcto, lo hizo en todo momento en calidad de Sociedad Anónima es decir que representaba capitales privados; pero en segundo término, se debe considerar que toda afectación a esa empresa ahora afecta capitales e intereses del Estado Boliviano, que dispuso la nacionalización de los Hidrocarburos mediante Decreto.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de la imputada.


       Ruth Zambrana Mojica interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:

       

  1. Errónea aplicación de la Ley adjetiva penal; precisa, la errónea aplicación de los arts. 172, 314 y 315 del CPP, incidiendo en falta de fundamentación; manifiesta, que el 15 de septiembre de 2015 planteó incidente de exclusión probatoria; que fue rechazado por el Tribunal de mérito alegando que dicho incidente debió plantearse dentro de la etapa de incidentes y excepciones conforme prevé el art. 345 del CPP, argumento que no se encontraría sujeto a derecho ya que planteó su incidente en el momento idóneo que es la judicialización de la prueba, inobservando el Tribunal de sentencia el art. 172 del CPP. Añade, que el 4 de mayo de 2016 su defensa invocó incidente de actividad procesal defectuosa; ya que, el Tribunal de mérito produjo prueba que jamás fue ofrecida por el Ministerio Público, alegando al respecto el Tribunal de mérito que no es un incidente por causal sobreviniente por lo que rechazó el incidente sin permitirle a su defensa terminar la intervención. Que la Sentencia, indica que se hubiere procedido a plantear incidente de actividad procesal defectuosa por defectos en la acusación fiscal, aspecto falso; ya que, de acuerdo al acta de audiencia de juicio oral se encuentra de manera sesgada que su defensa planteó incidente de actividad procesal defectuosa por la producción ilegal de prueba, no resultando la Sentencia acorde a lo actuado en la audiencia de juicio oral; ya que, resolvió un incidente que jamás fue planteado por su defensa además que en ninguna parte de la Resolución señaló qué pruebas fueron utilizados para llegar a la conclusión de que el incidente de actividad procesal defectuosa por la producción ilegal de prueba no era una causal sobreviniente sin haber dejado concluir la intervención de su abogado, siendo que lo único que resolvió la Sentencia fue un incidente de actividad procesal defectuosa por defectos de la acusación fiscal, que no fue planteado en ningún momento incurriendo en falta de motivación.


  1. Como primer motivo de apelación restringida reclama: Sentencia basada en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas defecto del art. 370 inc. 4) del CPP, realizando una transcripción de la Sentencia de su parte denominada elementos probatorios producidos durante el juicio oral, testificales de cargo Ministerio Público, prueba documental de cargo; manifiesta que el Ministerio Público dentro de su acusación formal no ofreció ningún medio probatorio, menos los elementos de prueba descritos en la Sentencia; sin embargo, el Tribunal de mérito de manera extraña recibe como prueba testifical de cargo del Ministerio Público la atestación de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca y como prueba documental del Ministerio Público da lectura de 28 pruebas según codificada por el Ministerio Público como 64, pese a que en la acusación fiscal no fueron ofrecidas, menos por el acusador particular, inobservando el art. 341.I inc. 5) del CPP, por lo que planteo incidente de exclusión probatoria; sin embargo, fue negado manifestando el Tribunal de mérito que dicha etapa ya fue superada; que por otro lado, no cumplió el procedimiento en el tratamiento de las pruebas; puesto que, las pruebas documentales no habían sido exhibidas, ni corridas en traslado a efectos de que su persona pueda pronunciarse sobre dichos elementos probatorios, conforme establece el art. 355 del CPP, además que no siguió las reglas previstas por el art. 333 de la citada norma penal.


  1. Sentencia basada en hechos inexistentes y no acreditados, errónea aplicación de la Ley sustantiva, falta de fundamentación y contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones fiscal y particular, defecto del art. 370 inc. 1), 5), 6) y 11) del CPP, transcribiendo el acápite hechos probados y valoración de la prueba como de las conclusiones jurídicas del proceso de la Sentencia; refiere, que en la Sentencia no existe una exposición clara de los aspectos fácticos; ya que, las acusaciones resultaron distintas y contradictorias, además que no se encuentra debidamente motivada; puesto que, no explican cómo su proceder se adecuó a los ilícitos acusados, existiendo una mención de pruebas  que son ilegales y que no fueron individualizados ni descritas no conociendo su persona en qué consistirían, aspecto que vulnera lo previsto por el art. 173 del CPP y el debido proceso en su vertiente de la legalidad y motivación; puesto que, no determinó que su conducta sea dolosa resultando los hechos atípicos, inobservando además el Tribunal de mérito el art. 20 del CP; toda vez, que no determinó si es autora directa o indirecta o qué grado de participación hubiere subsumido su supuesto actuar, si como autora material o intelectual.


  1. Inobservancia y errónea aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP en la consideración y fijación de la pena, basándose la condena en la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia [art. 370 inc. 10) del CPP]; afirma, que la Sentencia no fundamentó el quantum de la imposición de la pena, traducido en la  inobservancia de los arts. 37, 38 y 40 del CP; puesto que, le aplicó la máxima pena de 3 años, sin mencionar, la base legal para la imposición y cuáles serían los razonamientos basados en elementos para que su persona merezca dicha pena, donde no mencionó ni vierte criterio sobre su edad siendo que su persona cuenta con 55 años de edad; educación, ya que tiene la ocupación de agrícola, tampoco consideró sobre su vida anterior y posterior, costumbres, su situación económica y social, antecedentes personales, vínculos de parentesco, si existió premeditación, alevosía o ensañamiento; además, el Tribunal de sentencia había inobservado el art. 365 del CPP; por cuanto, no le indicó de qué instituto procesal se benefició.


II.3.  De la contestación al recurso de apelación restringida.


El acusador particular Richard Gonzales Peredo en representación legal de la empresa YPFB CHACO S.A., absolvió el traslado, bajo los siguientes fundamentos:


  1. En cuanto a la supuesta errónea aplicación de la ley adjetiva penal; refiere, que para la apelante existiría dos errores: i) incidente de exclusión probatoria de 15 de septiembre de 2015, en el que la apelante hace referencia al Auto Supremo 407/2015-RRC-L de 30 de septiembre; sin embargo, la apelante no toma en consideración que el Auto Supremo enunciado es de fecha posterior al planteamiento del incidente de exclusión probatoria, no pudiendo pretender aplicar de forma retroactiva un Auto Supremo que en el momento legal reclamado no existía, por lo que no existiría errónea aplicación del art. 172 del CPP; ii) incidente de actividad procesal defectuosa de 4 de mayo de 2016; la apelante trata de confundir haciendo creer que el Tribunal A quo, se habría equivocado al rechazar el citado incidente debido a que si se basaba en una causal sobreviniente pues se referiría a una supuesta prueba producida por el Ministerio Público, cuando en realidad el incidente estaba basado en supuestos defectos de la acusación fiscal, que debió ser presentado en la etapa de excepciones e incidentes y no en la etapa conclusiva, fundamento que considera fue bien utilizado por el Tribunal de mérito a momento de rechazar el incidente; ya que, al no tratarse de una causa sobreviniente se encontraba imposibilitado de resolverlo, toda vez, que el incidente versaba sobre la acusación fiscal habiendo fenecido la oportunidad de reclamación, no existiendo errónea aplicación de los arts. 314 y 315 del CPP; y, iii) Supuesta falta de fundamentación en la resolución de los incidentes citados; afirma, que los incidentes de exclusión probatoria y de actividad procesal defectuosa fueron resueltos en el mismo momento con una fundamentación clara; ya que, el Tribunal de mérito decidió rechazar ambos incidentes por no ser causales sobrevinientes, razón por la que la fundamentación no tenía que ser ampulosa; sino, concisa no vulnerándose el principio del debido proceso en su elemento motivación.


  1. En cuanto a los motivos de la apelación restringida, respecto a la supuesta fundamentación sobre la base de elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio oral; con relación a: I. Que, las pruebas producidas en juicio oral no fueron ofrecidas en la acusación fiscal ni particular, dicho extremo le resulta totalmente falso, pues de la acusación fiscal presentada el 21 de marzo de 2014, que cursa de fs. 2231 a 2240, en el punto 3.1 pone en conocimiento sobre la totalidad de testigos de cargo que posteriormente declararon en audiencia de juicio oral que son: Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luís Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanesa Soruco Vaca; asimismo, en el punto 3.2 de la acusación fiscal se tiene el ofrecimiento de todas las pruebas documentales que fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de mérito a tiempo de tomar su decisión. Por su parte YPFB CHACO S.A. como acusador particular no ofreció pruebas diferentes a las del Ministerio Público pues realizó el detalle de las mismas pruebas del Ministerio Público haciendo referencia la Sentencia a la adherencia a las pruebas; y, II. “Las pruebas enlistadas como 4, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23 y 24, no podían ser introducidas a juicio oral por su lectura”; asevera que las referidas pruebas, son documentales encontrándose reguladas por el art. 333 inc. 3) del CPP, es decir que la única forma en las que pudieron haber sido introducidas eran por su lectura; aclara, que por el principio de libertad probatoria prevista por el art. 171 del CPP, YPFB CHACO S.A., gozaba de plenas facultades para ofrecer todas las pruebas que considere necesarias para demostrar la querella, pruebas que fueron admitidas por el Ministerio Público y en otros casos recolectados por YPFB CHACO S.A., encontrándose el Tribunal de mérito plenamente facultado para valorar todas las pruebas que considere necesarias para emitir su decisión conforme fue reconocido a través del Auto Supremo 181/2016-RRC de 8 de marzo.


  1. En cuanto, al supuesto basamento de la Sentencia en hechos inexistentes y no acreditados, errónea aplicación de la Ley sustantiva, falta de fundamentación y contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones fiscal y particular, la apelante hace su argumentación en base a los siguientes puntos: i) No hubo motivación en la Sentencia; al respecto, acudiendo a la Sentencia Constitucional 1414/2013 de 16 de agosto afirma, que la Sentencia se encuentra estructurada de la siguiente manera: hechos atribuidos, donde hace mención de todos los hechos tanto por la acusación fiscal y particular contenido por doce puntos; conclusiones jurídicas, la Sentencia menciona los hechos que fueron demostrados realizando una minuciosa verificación de si dichos hechos demostrados se ajustan a los tipos penales acusados; conclusiones de hecho, en base al análisis realizado en el anterior punto; conclusiones de derecho, donde concluye el Tribunal de mérito que los hechos demostrados solo subsumen dos de los cinco delitos acusados y la parte resolutiva, en la que el Tribunal emite su fallo bajo el principio de congruencia encontrándose la sentencia debidamente motivada cumpliendo con todos los requisitos de forma y de fondo; ii) Respecto a que no existe exposición clara de los aspectos fácticos ni supuestos de hecho en la Sentencia, también le resulta falsa; ya que, en la estructura de la Sentencia evidencia la existencia de una clara exposición de los hechos acusados efectivamente demostrados que fue plasmada en la parte resolutiva; iii) En cuanto, a que el delito de Atentado contra la seguridad de los servicios públicos no reúne todos sus elementos; la imputada olvida que YPFB Corporación tiene como objeto operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportación y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos, siendo YPFB la única empresa encargada de la explotación de hidrocarburos en Bolivia y el gas natural pertenece a la familia de los hidrocarburos y a su vez YPFB CHACO S.A., como subsidiaria del YPFB Corporación, es una empresa comprometida con el desarrollo energético de Bolivia teniendo como actividades la exploración, explotación y producción de hidrocarburos actividades que sí constituyen un servicio público conforme lo determinó el art. 14 de la Ley 3058, promoviendo la apelante la interrupción de las actividades de la empresa YPFB CHACO, bloqueando el ingreso a la planchada ubicada en el predio San Jorge, quedando su accionar subsumido en los tipos penales condenados, máxime cuando los recursos naturales hidrocarburíferos fueron nacionalizados mediante Decreto Supremo 28701 de 1 de mayo de 2006; y, iv) Respecto a que el sujeto pasivo del delito de atentado contra la libertad del trabajo tiene que ser una persona natural, la apelante olvida que el art. 333 del CP, en ningún lugar de su redacción señala que el tipo penal deba ejercerse necesariamente sobre una persona natural.


  1. En cuanto, a la supuesta inobservancia y errónea aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP en la consideración y fijación de la pena; el Tribunal de mérito sí tomo en cuenta las circunstancias que rodearon la comisión y ejecución del hecho delictivo, tales como la personalidad de la imputada, las agravantes y atenuantes y en merito a ello no impusieron la pena máxima correspondiente a los 6 años de privación de libertad, conforme establece el art. 214 del CP, optando por el contrario el Tribunal a imponer una sanción correspondiente a la mitad, no resultando evidente que no exista la motivación a momento de imponer la pena.


  1. “EN CUANTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA”; toda vez, que la apelante no demuestra nada, resultando sus argumentaciones falsas omitiendo aspectos que se encuentran en la sentencia, además que no evidencia cómo es que la Ley habría sido erróneamente aplicada o inobservada, incumpliendo el requisito establecido en el art. 407 del “Código Penal”.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia mixta apelada, disponiendo el reenvío ante otro Tribunal de sentencia, bajo los siguientes argumentos:


  1. Que, si bien es cierto que el Tribunal inferior hizo un análisis sobre los tipos penales acusados en el Código Penal; sin embargo, en cuanto a los alcances y la aplicación al caso concreto de la Ley sustantiva no los ha desarrollado, ya que, no explica de qué manera se incurre en esos delitos que se condena a la imputada, no dice cuáles pruebas son las que provocaron convicción para disponer la condena o la absolución de la imputada de acuerdo a uno de los casos señalados en el art. 365 o 363 inc. 1), 2), 3) y 4) del CPP; pues la Sentencia no hace la valoración completa de las pruebas ofrecidas, presentadas y judicializadas al juicio oral, incurriendo en una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación jurídica y de hecho, lo que impidió que se haga una correcta valoración integral de las pruebas tanto de cargo como de descargo, el Tribunal no expone los razonamientos en que funda su Sentencia, no valoró las pruebas de forma individual, para cada uno de los tipos penales acusados, no estableció el grado de participación de la imputada en el hecho acusado, limitándose a transcribir en forma íntegra las declaraciones testificales, sin tomar en cuenta que dichas declaraciones ya se encuentran insertas en el acta de juicio oral; asimismo, las pruebas simplemente las enumera, sin otorgarles ningún valor probatorio, no los vincula con los hechos acusados de forma positiva o negativa, el acápite de la Fundamentación de derecho resulta excesivamente resumida y limitante en cuanto al acápite de la determinación judicial de la pena, no realizando un análisis detallado de la personalidad de la imputada que fue condenada, de lo que concluye, que el Tribunal inferior incurrió en los defectos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP.


  1. En cuanto a la inserción de las pruebas, también se incurre en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; toda vez, que es evidente que el Ministerio Público a tiempo de presentar su acusación formal no ofreció ni presentó ningún medio de prueba; sin embargo, la Sentencia hace mención a las pruebas testificales de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca, asimismo hace referencia a otras 28 pruebas que se dio lectura en el juicio oral, pero que en la acusación formal de ninguna manera se los ofrece como prueba de cargo, ni por el acusador particular en contravención al art. 341.I inc. 5) del CPP con relación al art. 370 inc. 4 de la citada Ley y en ese sentido la acusada planteo exclusión probatoria, el cual tiene la plena razón jurídica que el Tribunal resolvió rechazar, sin fundamento válido, que no cumple con las formalidades previstas por el art. 124 del CPP.


  1. Respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; es evidente; ya que, la Sentencia mixta no cumple con lo normado por el art. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, puesto que no contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones ni el valor otorgado a los medios de prueba, ni contiene una relación amplia del hecho histórico, es decir, no se ha fijado clara, precisa y circunstancialmente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica; además del análisis de la sentencia extrae, que se sustenta en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y descargo no desarrolló una actividad intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de la libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia.


  1. En cuanto, al principio de congruencia ambas acusaciones tanto fiscal como particular, contienen una exposición de los aspectos facticos no muy claros y congruentes; ya que, ambas son distintas y contradictorias; asimismo se evidencia que el Tribunal a tiempo de la imposición de la pena no ha tenido en cuenta las circunstancias previstas en los arts. 37, 38 y 40 del CP; toda vez, que no explica la personalidad de la imputada, la conducta antes de la comisión de los delitos y de dónde obtiene la pena de 3 años; es decir, la fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, dicha fundamentación debe satisfacer en el proceso de individualización de la pena, observando los parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del Juez o Tribunal se pueda evidenciar que su resolución o sentencia se ha fundado en parámetros legales y no puede ser objeto de apreciaciones subjetivas o personales, en este caso el Tribunal no fundamenta porque impone la pena de tres años a la imputada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido incurrió en: i) Carencia de fundamentación; puesto que no se había referido al memorial de contestación al recurso de apelación restringida, ni explicaría las razones que lo condujeron a concluir que no existe fundamentación en la Sentencia o que la Sentencia se basaría en elementos incorporados ilegalmente a juicio, que existiere errónea aplicación de la Ley sustantiva, que existiere contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones o que no se hubiere presentado pruebas de cargo; ii) Incongruencia omisiva por no haberse pronunciado sobre los argumentos del memorial de contestación al recurso de apelación restringida; iii)Violación al principio de igualdad; puesto que, no consideró el memorial de contestación al recurso de apelación restringida, adoptando una actitud preferente hacia la acusada; iv) Violación al principio de verdad material por sobre la verdad formal, pues no sería evidente que no se hubiere ofrecido prueba por parte de las acusaciones fiscal y particular; y, v) Vulneración al principio de trascendencia; toda vez, que no explicó qué derechos fundamentales se habría violado y de qué manera hubiere ocasionado perjuicio irreparable dentro del juicio, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste con los precedentes invocados.


III.1. En cuanto a la carencia de fundamentación.


Denuncia la parte recurrente, que el Auto de Vista recurrido incurrió en carencia de fundamentación; puesto que, no se refirió a su memorial de contestación al recurso de apelación restringida, tomando en cuenta sólo los erróneos argumentos de la apelación de la acusada, al señalar que no se habría explicado cuales fueron las pruebas que generaron convicción para disponer la condena, que la Sentencia habría incurrido en una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación, que no habría realizado la valoración individual de la prueba para cada uno de los tipos penales acusados, que no habría realizado un análisis detallado de la personalidad de la imputada, haciendo referencia de manera errada al Tribunal de Sentencia de Buena Vista, concluyendo que el Tribunal de origen incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; empero, sin explicar las razones que lo condujo a concluir por qué, no existiría fundamentación en la Sentencia, o que la Sentencia se basaría en elementos incorporados ilegalmente al juicio oral, o que existiere errónea aplicación de la ley sustantiva, o que existiere contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones, que no se hubiera presentado prueba de cargo; cuando, la Sentencia cumpliría con todos los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP.


Al respecto, invocó el Auto Supremo 335/2011 de 10 de junio, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Despojo, Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión y Daño Simple donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida incidió en insuficiente fundamentación; incumpliendo con los parámetros de ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica, aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, que es necesario que el Tribunal de Apelación, cumpla con los parámetros mencionados precedentemente: especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; y emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el Recurso de Apelación Restringida que corresponda, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados.


La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la Resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa.


En el caso sub lite, se evidencia que el Auto de Vista impugnado, no se encuentra debidamente fundamentado, puesto que no es completo, exhaustivo, ni lógico, al omitir la exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados sobre los justificativos y análisis de su conclusión de la existencia de defectos absolutos previstos en el art. 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, así como violaciones al debido proceso, y por consecuencia su determinación de anular totalmente la Sentencia y disponer el reenvío del juicio; demuestra que el Tribunal de Apelación no ha efectuado una valoración de las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento lógico, coherente y consecuente que exprese la elaboración de hechos fácticos concretos, claros y específicos, que lo lleven a derivar conclusiones jurídico-legales coherentes con tales hechos. Verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.


Por todo lo expuesto, siendo evidentes las denuncias formuladas en los Recursos de Casación que se analizan, corresponde al Tribunal de Casación dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer se dicte nuevo Auto de Vista de acuerdo a la doctrina legal aplicable, en sujeción al segundo párrafo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal referido.(Las negrillas nos corresponden).


También invocó el Auto Supremo 14/2007 de 26 de enero, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Estelionato, donde constató que Auto de Vista incurrió en una falta de fundamentación intelectiva; toda vez, que se había limitado a realizar una relación de normas legales que no suplen la debida fundamentación; situación, por el que fue dejado sin efecto; estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Si una sentencia cumple con la garantía de la debida motivación, una sentencia sustentada en argumentos claros cumple además con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia en este caso mediante los recursos -si los hay-, y la de garantizar el derecho a la información, pues una sentencia obscura a disposición del público permite el acceso a la información, pero una sentencia que es clara lo garantiza, lo hace realmente efectivo, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador sentenció de una determinada manera un juicio.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales”. (El resaltado nos corresponde).


Al respecto, las doctrinas legales establecidas en los precedentes refieren, que las resoluciones del Tribunal de alzada deben ser debidamente fundamentadas; cuestión procesal que resulta similar a la denuncia planteada por la parte recurrente; consiguientemente, serán consideradas a efectos de conocer el análisis de fondo del presente motivo, que para una mejor comprensión estarán divididas en dos puntos:


Carencia de fundamentación; por cuanto, no se habría referido al memorial de contestación al recurso de apelación restringida.


Ingresando al análisis del presente punto del motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria por los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, la imputada interpuso recurso de apelación mixta, que fue corrida en traslado a la parte acusadora particular YPFB Chaco S.A., en cuyo mérito, conforme se tiene de lo extractado en el apartado II.3 de esta Resolución respondió negativamente al recurso planteado por la imputada, consiguientemente, fueron remitidos los antecedentes del proceso, al Tribunal de alzada que emitió el Auto de Vista recurrido que en su primer Considerando señaló que la apelación interpuesta se encontraba dentro de los alcances del art. 407 del CPP y dentro del término previsto por el art. 408 de la citada norma procesal penal; en su segundo considerando, expuso que el Tribunal de alzada no puede revisar cuestiones de hecho; en el tercer considerando transcribió la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, exponiendo en el cuarto considerando aspectos doctrinarios respecto al tipo penal previsto por el art. 303 del CP, resolviendo los agravios denunciados a partir del quinto considerando, en los términos extractados en el acápite II.4 de esta Resolución.


De esa relación necesaria de antecedentes, ciertamente el Tribunal de alzada no consideró los argumentos expuestos en el memorial de contestación al recurso de apelación planteado por la imputada en el Auto de Vista recurrido; no obstante, es preciso tener en cuenta, que el Tribunal de alzada conforme prevé el art. 398 del CPP, debe pronunciarse sobre los motivos impugnados en el recurso de apelación restringida, así lo estableció el Auto Supremo 164/2016-RRC de 21 de abril, que señaló: “El art. 180.I de la CPE, entre sus principios rectores en los que fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece la legalidad, en virtud de la cual los actos de toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, se hallan sometidos a la Constitución, Leyes y Tratados Internacionales.


En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales del alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por el art. 398 del CPP y el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que, el Ad quem, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia, y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación, aun cuando se trate de defectos absolutos, pues en caso de existir éstos, necesariamente deben ser motivo de apelación por parte del impugnante y en caso de no serlo, los mismos se tendrían por consentidos.


El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida; se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación” (Las negrillas y el subrayado son propios).


De lo expuesto, se entiende que una resolución no cumple con los parámetros de una debida fundamentación, cuando no se refiere a todos los cuestionamientos puestos a su competencia o resolviendo aspectos no alegados por la parte apelante, lo que vulnera el art. 398 del CPP; toda vez, que el límite de la competencia del Tribunal de alzada, está fijado por los motivos de apelación alegados por la apelante y no por los fundamentos  expuestos por la parte contraria en el memorial de contestación al recurso de apelación restringida; ya que, no tiene una pretensión propia, separada o diferente del memorial de apelación restringida; es decir, que los argumentos expuestos en el memorial de contestación al recurso de apelación restringida están dirigidos a anular las pretensiones de la parte apelante; que si bien el Tribunal de alzada está en la obligación de considerar dichos argumentos; empero, no significa que deba otorgar respuesta y fundamentada a los argumentos expuestos en dicho memorial; por cuanto, no constituye en sí un agravio independiente que amerite una respuesta debidamente fundamentada; entonces la carencia de fundamentación únicamente se da a algún agravio alegado en un recurso de apelación restringida y no al memorial de contestación al recurso de apelación restringida, pues como su propia denominación refiere, se trata de una respuesta y no de una pretensión, por lo que este punto del reclamo no resulta contradictorio a los precedentes invocados; consecuentemente, deviene en infundado.


En cuanto, a la carencia de fundamentación del Auto de Vista recurrido; puesto que, concluyó que el Tribunal de origen incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; sin explicar por qué no existiría fundamentación en la Sentencia, o que la Sentencia se basaría en elementos incorporados ilegalmente al juicio oral, o que existiere errónea aplicación de la ley sustantiva, o que existiere contradicción e incongruencia entre la Sentencia y las acusaciones, o que no se hubiera presentado prueba de cargo; cuando la Sentencia cumpliría con todos los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria por los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, la imputada conforme se extrajo en el acápite II.2 de esta Resolución, formuló recurso de apelación mixta; reclamando, como primer punto, la negación de parte del Tribunal de mérito ante los incidentes planteados en el desarrollo del juicio y su carencia de fundamentación; y, como segundo punto acusó tres motivos referentes a la Sentencia, concernientes a: i) Sentencia basada en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, defecto del art. 370 inc. 4) del CPP; ii) Sentencia basada en hechos inexistentes y no acreditados, errónea aplicación de la Ley sustantiva, falta de fundamentación y contradicción e incongruencia entre la sentencia y las acusaciones fiscal y particular, defecto del art. 370 incs. 1), 5), 6) y 11) del CPP; y, iii) Inobservancia y errónea aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP, en la consideración y fijación de la pena, basándose la condena en la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia [art. 370 inc. 10) del CPP]; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia, alegando a partir de su quinto Considerando: que el Tribunal inferior en cuanto a los alcances y la aplicación al caso concreto de la Ley sustantiva no los había desarrollado, ya que, no explica de qué manera se incurriría en los delitos que se condenó a la imputada, no dice cuáles pruebas son las que provocaron convicción para disponer la condena o la absolución de la imputada de acuerdo a uno de los casos señalados en el art. 365 o 363 incs. 1), 2), 3) y 4) del CPP; que la Sentencia no haría la valoración completa de las pruebas ofrecidas, presentadas y judicializadas al juicio oral, incurriendo en una ausencia de fundamentación jurídica y de hecho, no exponiendo los razonamientos en que se funda, no valoró las pruebas de forma individual, para cada uno de los tipos penales acusados, que no estableció el grado de participación de la imputada en el hecho acusado, limitándose a transcribir en forma íntegra las declaraciones testificales, sin tomar en cuenta que dichas declaraciones, se encuentran insertas en el acta de juicio oral; asimismo, que las pruebas simplemente las enumera, no otorgándoles ningún valor probatorio, que el acápite de la Fundamentación de derecho le resulta excesivamente resumida y limitante; que en cuanto, al acápite de la determinación judicial de la pena, no hace un análisis detallado de la personalidad de la imputada, concluyendo que el Tribunal inferior incurrió en los defectos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista, en cuanto, a la inserción de las pruebas, concluyó que el Tribunal de mérito incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP; toda vez, que le resultó evidente que el Ministerio Público a tiempo de presentar su acusación formal no ofreció ni presentó ningún medio de prueba; sin embargo, la Sentencia haría mención a las pruebas testificales de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca, y a otras 28 pruebas, que no fueron ofrecidas ni por el acusador particular en contravención al art. 341.I inc. 5) del CPP con relación al art. 370 inc. 4) de la citada Ley; que, en ese sentido la acusada planteo exclusión probatoria, que fue rechazado por el Tribunal de mérito sin ningún fundamento, incumpliendo con las formalidades previstas por el art. 124 del CPP.


Respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, señaló el Tribunal de alzada, que era evidente, que la Sentencia no cumplía con lo normado por el art. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, no contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones ni el valor otorgado a los medios de prueba, ni contiene una relación amplia del hecho histórico, es decir, no se ha fijado clara, precisa y circunstancialmente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica; además, que se sustenta en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que al valorar las pruebas de cargo y descargo no desarrolló una actividad intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena sobre la pretensión punitiva del proceso.


En cuanto al principio de congruencia señaló, que las acusaciones fiscal como particular, contenían una exposición de los aspectos facticos no muy claros y congruentes, que ambas eran distintas y contradictorias; asimismo, el Tribunal de mérito a tiempo de la imposición de la pena no tomo en cuenta las circunstancias previstas en los arts. 37, 38 y 40 del CP; ya que, no explica la personalidad de la imputada, la conducta antes de la comisión de los delitos y de dónde obtiene la pena de 3 años.

De los argumentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, resulta evidente que incurrió en carencia de fundamentación como reclama la parte recurrente; puesto que, con argumentos genéricos concluyó que la Sentencia incurrió en los defectos del art. 370 incs. 4), 5), 6) y 11) del CPP; sin explicar qué argumentos o qué partes de la Sentencia incurriría en una ausencia de fundamentación, ni qué medios de prueba no fueron valorados, o cómo la Sentencia se hubiere sustentado en hechos inexistentes o qué aspectos no habrían sido debidamente acreditados, tampoco señaló qué partes de las acusaciones serían contradictorias y porqué resultarían incongruentes con la Sentencia; y, menos explicó por qué considera, que en la fijación de la pena no se habría tomado en cuenta las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP; limitándose a confirmar las pretensiones de la imputada apelante, sin efectuar una revisión ni análisis alguno a los datos del proceso, así se refleja al señalar el Tribunal de alzada, que el Ministerio Público a tiempo de presentar su acusación formal no ofreció ni presentó ningún medio de prueba; sin embargo, la Sentencia haría mención a las pruebas testificales de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca, y a otras 28 pruebas, que no fueron ofrecidas ni por el acusador particular; que en ese sentido la acusada había planteado exclusión probatoria, que fue rechazado por el Tribunal sin ningún fundamento incumpliendo con las formalidades previstas por el art. 124 del CPP; conclusiones, que no reflejan los datos ciertos del proceso, ello se advierte del contenido de las acusaciones fiscal (fs. 2231 a 2240), que en su acápite 3 denominado fundamentación de la acusación refiere “La presente acusación se base en elementos idóneos y con validez legal necesaria, pruebas que serán oralmente fundamentadas después de instalado el juicio oral y contradictorio. Es así que me permito detallar aquellos elementos probatorios recolectados:”, donde bajo el acápite 3.1. Denominado declaraciones testificales, ofrece: las declaraciones testificales de Nelson Luís Zeballos, Jorge Morales, Erika Vanessa Soruco, Roque Cuellar, Pedro Torquemada y ofrece otras pruebas en los puntos 3.2 y 3.3; así también, de fs. 2289 a 2298 consta la acusación particular en la que en su punto 4 presenta pruebas referidas a: pruebas testificales de Nelson Zeballos, Jorge Morales, Erika Vanessa Soruco, Roque Cuellar y Pedro Torquemada; pruebas documentales y pruebas materiales; sin embargo, no fueron observados por el Tribunal de alzada.

De lo anterior, se evidencia, que la Resolución recurrida no cumplió con su deber de una debida fundamentación, la que si bien, no necesariamente debe ser extensa o ampulosa; sin embargo, su redacción debe guardar claridad explicativa basada en los datos verdaderos del proceso; lo que no ocurre en el presente caso, puesto que, el Tribunal de alzada alegó aspectos que no resultan acordes a los datos del proceso, menos explica cómo, en qué partes y por qué la Sentencia habría incurrido en los defectos reclamados por la parte apelante, lo que evidencia que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con los precedentes invocados; toda vez, que no cumple con los parámetros de ser expresa, clara, legítima ni lógica, correspondiendo al Tribunal de alzada emitir nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado, en base a los datos del proceso, explicando por qué considera que la Sentencia incurrió en los defectos del art. 370 incs. 4), 5), 6) y 11) del CPP y cómo hubiere inobservado la aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP; consecuentemente, este punto del motivo en análisis deviene en fundado.


III.2. Respecto a la incongruencia omisiva


La parte recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva, puesto que, no se pronunció sobre los argumentos de su memorial de contestación al recurso de apelación restringida, a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 8 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Injuria y Calumnia donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre ciertos reclamos de la apelación restringida interpuesta, aspecto por el que fue dejado sin efecto, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por la procesada, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


(…)

Cuando se evidencian violaciones flagrantes al procedimiento y defectos absolutos insubsanables en el Auto recurrido, el Tribunal de Casación, está en el deber de enmendar dichos actos para reencaminar el debido proceso, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”. (Las negrillas son propias).

También invocó el Auto Supremo 15 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Amenazas, donde evidenció que Auto de Vista omitió pronunciarse respecto a varios motivos de apelación restringida, lo que vulnera el debido proceso; situación, por el que fue dejado sin efecto; estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “(…)


Por otra parte se considera "defecto absoluto insubsanable", cuando en el Auto de Vista no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten su resolución en base a todo y cada uno de los puntos apelados, traduciéndose la resolución en "infrapetita" que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a la parte procesada, este defecto, además, se inscribe en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal por afectar el derecho de defensa de la imputada y el debido proceso, que se encuentran garantizados por el artículo 16 II y IV de la Constitución Política del Estado”. (El resaltado nos corresponde).


Al respecto, las doctrinas legales establecidas en los precedentes invocados, resultan cuestiones procesales similares a la denuncia planteada; consiguientemente, serán consideradas a efectos de conocer el análisis de fondo del presente motivo.


Conforme ya se expuso en el análisis del primer punto del motivo, se tiene que ante la emisión de la Sentencia condenatoria por los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, la imputada interpuso recurso de apelación mixta, que fue corrida en traslado a la parte acusadora particular YPFB Chaco S.A., que conforme se tiene de lo extractado en el apartado II.3 de esta Resolución, respondió negativamente al recurso planteado por la imputada, remitido los antecedentes al Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista recurrido que en ninguno de sus considerandos hace referencia al memorial de contestación de la parte acusadora particular al recurso de apelación planteado por la imputada; sin embargo, conforme ya se precisó, un memorial de contestación no tiene una pretensión propia, separada o diferente del memorial de apelación restringida; es decir, que los argumentos expuestos en el memorial de contestación al recurso de apelación restringida están dirigidos a anular las pretensiones de la parte apelante; que si bien el Tribunal de alzada está en la obligación de considerar dichos argumentos; empero, no significa que deba otorgar respuesta a los argumentos expuestos en dicho memorial; toda vez, que no constituye en sí un agravio independiente que amerite una respuesta; pues el Tribunal de alzada conforme prevé el art. 398 del CPP, debe circunscribir su Resolución a todos los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida; consiguientemente, no se advierte que el Auto de Vista hubiere incurrido en contradicción con los precedentes invocados; toda vez, que la competencia del Tribunal de alzada, está fijado a responder y resolver los motivos de apelación reclamados por la parte apelante y no para los fundamentos expuestos por la parte contraria en el memorial de contestación; entonces bajo dicho entendimiento, el defecto de incongruencia omisiva únicamente se daría a algún agravio alegado en el recurso de apelación restringida y no al memorial de contestación al recurso de apelación restringida, pues como su propia denominación refiere, se trata de una respuesta y no de una pretensión; por lo que el presente motivo deviene en infundado.


III.3. Sobre la vulneración al principio de igualdad.


La parte recurrente reclama violación al principio de igualdad, debido a que, el Auto de Vista recurrido, tenía la obligación de tomar en cuenta los argumentos vertidos en el recurso de apelación restringida y los fundamentos de su memorial de contestación a la apelación; no obstante, habría adoptado una actitud preferente hacia la acusada, al no considerar su memorial de contestación.


Al respecto invocó el Auto Supremo 29 de 26 de enero de 2007, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Hurto y Abuso de Confianza, donde constató que Auto de Vista vulneró el principio de igualdad de las partes, al no haber dispuesto que se notifique a la parte acusadora con la subsanación al recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado; aspecto, por el que fue dejado sin efecto; sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Los Tribunales de Sentencia y de apelación en todos los actos procesales deben aplicar los principios constitucionales y legales de "igualdad" y de "contradicción" a efectos del conocimiento de las partes procesales de todos y cada uno los "actos procesales" que se producen en el proceso penal. En el caso de Autos se evidencia violación de los derechos fundamentales a la defensa, igualdad y seguridad jurídica en perjuicio de la Institución recurrente, al no habérsele hecho conocer el nuevo memorial corregido por el imputado evidenciándose violación al principio de "contradicción" que rige el sistema de enjuiciamiento”. (Las negrillas nos corresponden).


El precedente invocado, resulta una cuestión procesal similar a la denuncia referida a la vulneración al principio de igualdad; consiguientemente, será considerada a efectos de conocer el análisis de fondo, del presente motivo.


Es así, que ante la emisión de la Sentencia condenatoria por los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, la imputada interpuso recurso de apelación, que fue corrida en traslado al acusador particular, para que conteste, así conforme lo extractado en el apartado II.3 de esta Resolución, respondió negativamente al recurso planteado por la imputada, remitido los antecedentes al Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista recurrido que declaró admisible y procedente la apelación interpuesta, consiguientemente anuló totalmente la sentencia disponiendo el reenvío ante otro Tribunal de sentencia.


Al respecto, resulta pertinente acudir a lo previsto por el art. 409 del CPP, que en su párrafo primero, prevé que: “Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten de manera fundamentada”; lo que implica, que en el memorial de contestación, no existe una pretensión separada o diferente del memorial de apelación restringida, sino que los argumentos están dirigidos a anular las pretensiones de la parte apelante; entonces, no se advierte vulneración al principio de igualdad como arguye la parte recurrente; toda vez, que formulado el recurso de apelación restringida en resguardo del referido principio, se corrió en traslado a la parte acusadora particular para que responda a dicho recurso; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada si bien está obligado a considerar los argumentos expuestos en el memorial de contestación; sin embargo, no significa que se encuentre obligado a emitir respuesta a los argumentos expuestos en dicho memorial; puesto que, no constituye ni contiene en sí mismo, agravios independientes que ameriten una respuesta y debidamente fundamentada, por lo que respecto a este motivo no se advierte que el Auto de Vista recurrido hubiere incurrido en contradicción con el precedente invocado; puesto que, limitó su competencia a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación conforme prevé el art. 398 del CPP; consecuentemente, este motivo deviene en infundado.


III.4. En cuanto a la vulneración del principio de verdad material.


Previamente corresponde señalar, que este motivo fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización; toda vez, que la parte recurrente reclamó que el Auto de Vista incurrió en violación del principio de verdad material por sobre la verdad formal, ya que, no sería evidente el argumento de que no se hubiera ofrecido prueba por parte de la acusación fiscal o particular, que si bien no se utilizó la palabra “ofrecer” en las acusaciones, el Fiscal utilizó la frase “la presente acusación se basa en documentos idóneos y con la validez legal necesaria, pruebas que serán oralmente fundamentadas después de instalado el juicio oral y contradictorio. Es así que me permito detallar las pruebas recolectadas”; empero, se sobrepuso la verdad formal sobre la verdad material.


Antes de ingresar al análisis del presente motivo, es preciso referir que respecto al principio de verdad material el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, que estableció: “El principio de la verdad material o real, se encuentra reconocido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio de la verdad material, que se expresa en la obligación que tiene todo juzgador al momento de emitir una Resolución judicial, anteponer la verdad de los hechos antes que cualquier situación, sin dejar de lado las formas procesales determinadas por la ley; es decir, que al efectuar la decisión el Tribunal de Justicia, prevalecerá la verificación y el conocimiento de los hechos materiales, sobre el conocimiento de las formas, siempre y cuando no signifique vulneración de derechos y garantías constitucionales.

En esa línea la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio, sobre este principio, señaló: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal… ”

Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se tiene de antecedentes procesales, ante la emisión de la Sentencia condenatoria contra la imputada, formuló recurso de apelación donde acusó como primer motivo de su recurso de apelación restringida que la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas defecto del art. 370 inc. 4) del CPP; toda vez, que el Ministerio Público dentro de su acusación formal no había ofrecido ningún medio probatorio; sin embargo, el Tribunal de mérito de manera extraña había recibido como prueba testifical de cargo del Ministerio Público la atestación de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca y como prueba documental del Ministerio Público da lectura de 28 pruebas según codificada por el Ministerio Público como 64, pese a que en la acusación fiscal no fueron ofrecidas ni por el acusador particular en franca inobservancia del art. 341.I núm. 5) del CPP; respecto a lo cual, el Auto de Vista señaló: que la Sentencia incurrió en el defecto; toda vez, que era evidente que el Ministerio Público a tiempo de presentar su acusación formal no ofreció ni presentó ningún medio de prueba; sin embargo, la Sentencia hacía mención a las pruebas testificales de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca, asimismo haría referencia a otras 28 pruebas que se dio lectura en el juicio oral, pero que en la acusación formal de ninguna manera se los ofrece como prueba de cargo, ni por el acusador particular en contravención al art. 341.I inc. 5) del CPP.

Ahora bien, a los fines de evidenciar si lo aseverado por el Tribunal de alzada resulta evidente corresponde remitirnos a los datos del proceso, en el que constan las acusaciones fiscal (fs. 2231 a 2240), que en su acápite 3 denominado fundamentación de la acusación refiere “La presente acusación se base en elementos idóneos y con validez legal necesaria, pruebas que serán oralmente fundamentadas después de instalado el juicio oral y contradictorio. Es así que me permito detallar aquellos elementos probatorios recolectados:”, donde bajo el acápite 3.1. Denominado declaraciones testificales, ofrece: las declaraciones testificales de Nelson Luís Zeballos, Jorge Morales, Erika Vanessa Soruco, Roque Cuellar, Pedro Torquemada y ofrece otras pruebas en los puntos 3.2 y 3.3; así también, de fs. 2289 a 2298 consta la acusación particular en la que en su punto 4 presenta pruebas referidas a: pruebas testificales de Nelson Zeballos, Jorge Morales, Erika Vanessa Soruco, Roque Cuellar y Pedro Torquemada; además de pruebas documentales y pruebas materiales.

De esa relación necesaria de antecedentes, se observa que las conclusiones asumidas por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, no resultan acordes a los datos del proceso; toda vez, que sus afirmaciones no son evidentes, puesto que, del contenido de las acusaciones fiscal y particular, se advierte que ofrecieron pruebas testificales como las declaraciones de Pedro Claudio Torquemada León, Nelson Luis Zeballos Añez, Juan Roque Cuellar Moreno y Erika Vanessa Soruco Vaca, además de pruebas documentales y materiales; respecto a los que si bien la parte imputada formuló incidentes; sin embargo, conforme señaló la propia imputada en el recurso de apelación, fueron rechazados por el Tribunal de mérito; entonces, lógicamente tenían que ser consideradas y valoradas en la Sentencia, lo que no fue revisado por el Tribunal de alzada, resultando evidente, que vulneró el principio de verdad formal y verdad material; puesto que, emitió conclusiones erróneas no basadas en los datos del proceso; además no observó que antes de cualquier situación, le correspondía a tiempo de resolver la denuncia concerniente al defecto del art. 370 inc. 4) del CPP, efectuar un análisis haciendo prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos materiales, por lo que el Tribunal de apelación al haber dispuesto juicio de reenvío sin la debida revisión integral de los datos del proceso; es decir, las acusaciones y la Sentencia, incurrió en un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP, que vulnera derechos de acceso a la justicia y el debido proceso; toda vez, que tiene el deber de cuidar que los actos procesales y los actuados jurisdiccionales se encuentren dentro del marco del imperio de la legalidad, además de precautelar que dichos actos no afecten los derechos y garantías constitucionales, realizando un control riguroso exento de contradicciones, cuidando que no se afecte los principios procesales, sustanciales o constitucionales y ponderando el acto que ocasiona el defecto.

En ese entendido, el Tribunal de alzada, debe tener presente, que a tiempo de resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, debe primero revisar si la denuncia resulta evidente en base a los datos del proceso, si encuentra que se incumplió las formalidades, bajo el principio de verdad material, debe ponderar si la prueba observada o cuestionada tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia; pues, para disponer la anulación de la sentencia, no basta con la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por la ley; sino también, debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico, de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la sentencia y consecuente reenvío, porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin delaciones.

Por los fundamentos expuestos, al constatarse que el Auto de Vista recurrido no efectuó una revisión de los datos del proceso, que arrojan aspectos contrarios a las conclusiones asumidas conforme ya se detalló, se tiene que vulneró el principio de verdad formal y verdad material, por lo que el presente motivo deviene en fundado.

III.5. Respecto a la vulneración del principio de trascendencia.

Finalmente la parte recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido vulnera el principio de trascendencia; toda vez, que defiende formas procesales sin explicar qué derechos fundamentales se habrían violado y de qué manera se hubiera ocasionado perjuicio irreparables dentro del juicio, no señala concretamente el argumento de la apelante que daría lugar a la anulación de la Sentencia, menos se señala la trascendencia de esas supuestas nulidades que darían lugar a un nuevo juicio.


Al respecto, invocaron el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, que fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, donde constató que Auto de Vista recurrido no observó que la prueba signada como “PE-1”, era prueba ilícita, por infringir principios acusatorio, oficialidad y legalidad; puesto que, no correspondía su producción; toda vez, que fue introducida de oficio por el Tribunal de juicio; aspecto, que vulnera el debido proceso, por el que fue dejado sin efecto, estableciéndose que el Tribunal de alzada emita nueva Sentencia, sobre los hechos probados en base a las pruebas incorporadas legalmente, en observancia de los principios de verdad material y trascendencia, así respecto a ésta última en su acápite III.1.4., desarrolló el siguiente entendimiento jurídico: “El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento”. 


La doctrina establecida, refiere que los Tribunales de alzada a tiempo de constatar el defecto del art. 370 inc. 4) del CPP, antes de disponer la anulación de la Sentencia, deben ponderar si corresponde la aplicación de los principios de verdad material y trascendencia, aspecto último que reclama la parte recurrente que no hubiere sido observado por el Auto de Vista recurrido; consiguientemente, corresponde considerar el precedente invocado a efectos de conocer el análisis de fondo del presente motivo.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria por los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, la imputada conforme se extrajo en el acápite II.2 de esta Resolución, formuló recurso de apelación mixta; reclamando, como primer punto la negación de parte del Tribunal de mérito ante los incidentes planteados en el desarrollo del juicio y su carencia de fundamentación; y, como segundo punto acusó tres motivos referentes a la Sentencia, concernientes a: i) Sentencia basada en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, defecto del art. 370 inc. 4) del CPP; ii) Sentencia basada en hechos inexistentes y no acreditados, errónea aplicación de la Ley sustantiva, falta de fundamentación y contradicción e incongruencia entre la sentencia y las acusaciones fiscal y particular, defecto del art. 370 incs. 1), 5), 6) y 11) del CPP; y, iii) Inobservancia y errónea aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP, en la consideración y fijación de la pena, basándose la condena en la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia [art. 370 inc. 10) del CPP]; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada conforme se extrajo en el apartado II.4 de esta Resolución, abrió su competencia, concluyendo de forma genérica que la Sentencia incurrió en los defectos del art. 370 incs. 4), 5), 6) y 11) del CPP; empero, aparte de no explicar qué argumentos o qué partes de la Sentencia incurriría en una ausencia de fundamentación, qué medios de prueba no hubieren sido valorados, o cómo la Sentencia se hubiere sustentado en hechos inexistentes o qué aspectos no habrían sido debidamente acreditados, qué partes de las acusaciones serían contradictorias y porqué resultarían incongruentes con la Sentencia; o, por qué razonó, que en la fijación de la pena no se habría tomado en cuenta las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, considerando que si resultare evidente esta última, el Tribunal de alzada en observancia del art. 414 del CPP, directamente puede realizar la fundamentación complementaria; se tiene, que menos señaló qué derechos fundamentales se habrían violado en contra de la parte apelante y de qué manera se hubiera ocasionado perjuicio irreparable, que no pueda ser subsanado, sino únicamente con el desarrollo de un nuevo juicio; aspectos que, evidencian que el Tribunal de alzada además de no efectuar una revisión y análisis a los datos del proceso, no observó el principio de trascendencia.


Por los fundamentos expuestos, ciertamente el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que inobservó la aplicación del principio de trascendencia; por cuanto, no explicó qué derechos de la imputada se habrían violado y de qué manera se hubiera ocasionado perjuicio irreparable que amerite el desarrollo de un nuevo juicio, por lo que corresponde a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita nuevo fallo observando que ante las denuncias puestas a su conocimiento, tiene la obligación de analizar si de constatarse evidentes, merecen se aplique o no la sanción de nulidad contra la Sentencia, dado que no existe nulidad por nulidad; sino que debe regirse conforme los principios que las regulan y previa comprobación de algún perjuicio cierto en contra de la impugnante, lo contrario significaría provocar una innecesaria repetición de actuaciones procesales que de todas formas tendría el mismo resultado, por lo que el presente motivo deviene en fundado.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por YPFB CHACO S.A., representado legalmente por Martha Criales Zahaba, Gonzalo Prudencio Gonzales y Luis Vásquez Paredes, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN  EFECTO el Auto de Vista 1 de 12 de enero de 2017, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Juan Carlos Berrios Albizu

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos