TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 546/2018-RRC

Sucre, 16 de julio de 2018

 

Expediente                        Santa Cruz 52/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Renatto Cafferata Centeno

Delito                        Asesinato

Magistrado Relator        : Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 26 de febrero de 2018, de fs. 1748 a 1770 vta., Renatto Cafferata Centeno, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, de fs. 1721 a 1728 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Antonio Guaristy Álvarez representado por Luís Alfonso Castedo Daza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

I.1.  Antecedentes.

 

a)    Por Sentencia 14 de 1 de noviembre de 2012 (fs. 1146 a 1177), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Renatto Cafferata Centeno, autor de la comisión del delito de Asesinato en grado de autoría, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, siendo sancionado con el pago de costas procesales y daños y perjuicios a ser regulados en ejecución de Sentencia.

 

b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Renatto Cafferata Centeno interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1223 a 1231 vta.), resuelto por Auto de Vista 157 de 6 de septiembre de 2013 (fs. 1408 a 1413) y Auto Complementario 181 de 9 de octubre de 2013 (fs. 20 y vta.), que recurrido en casación fue declarado infundado mediante Auto Supremo 25/2014 de 17 de febrero (fs. 1499 a 1507 vta.), Resoluciones que fueron anuladas por la Sentencia Constitucional Plurinacional 099/2016-S2 de 15 de febrero (fs. 1558 a 1594); en cuyo efecto, fueron emitidos el Auto de Vista 44 de 26 de mayo de 2017 (fs. 1644 a 1650 vta.) y la Resolución 139 de 22 de julio de 2017 (fs. 1668 y vta.), siendo anulados mediante Auto Constitucional SCC II Nº 17/2017 de 6 de septiembre (fs. 1712 a 1715 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, que declaró admisible e improcedente la apelación planteada por el imputado; por ende, confirmó la Sentencia apelada. Siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del acusado, mediante Resolución 17 de 23 de enero de 2018 (fs. 1733 y vta.).

 

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 267/2018-RA de 27 de abril, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

 

1)         Denuncia actividad procesal defectuosa por “ilegal tramitación de excusa y convocatoria a Vocal Iquise” (sic) sin que en ninguna de las excusas formuladas previamente se haya notificado al recurrente, habiéndose generado con ello un defecto procesal en el orden del art. 169 inc. 2) del CPP, esto es la intervención del imputado en los actos del proceso y la transgresión de los arts. 5 y 8 también de esa norma adjetiva. Sobre este tema en específico, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 060/2016-RRC de 21 de enero.

 

2)          Defecto absoluto por violación del art. 115.I y II y el art. 117.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y por inobservancia del art. 218 del CPP, ante la negatoria de extensión de 19 oficios, cuyo fin era el procurar elementos de defensa en juicio oral.

 

3)         Vulneración a su derecho constitucional a la vida y la integridad física, en el orden de los arts. 15.I y 18.I de la CPE, generando defectos absolutos por la inobservancia de los arts. 84, 93, 335 del CPP, como de igual forma transgresión de los arts. 5 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los arts. 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con base a haberse convalidado una “coacción ilegal para prestar declaración en juicio oral” (sic), pese a haberse acreditado delicado estado de salud.

 

4)         Actividad procesal defectuosa por ilegal convalidación de restricción indebida del derecho a la defensa, al haber el Tribunal de Sentencia Quinto declarado abandono malicioso de la defensa y el nombramiento inmediato de un defensor de oficio, pese a la imposibilidad acreditada de los abogados para acudir al llamado de este Tribunal.

 

5)         Inobservancia del art. 146 del CPP y consecuente violación del derecho al debido proceso y a la defensa contenidos en el art. 115.II Constitucional configurándose defecto absoluto en el marco de los arts. 167 y 169 del CPP, por la negativa de producción de prueba extraordinaria a pesar de su pertinencia.

 

6)          Errónea aplicación de la Ley Sustantiva sobre los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, al no haberse establecido en ninguna fase del proceso que se haya actuado con ese desvalor como motivación principal en la comisión del hecho, como tampoco se demostró la existencia de las condiciones que esos incisos contienen. Invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio.

 

7)         Actividad procesal defectuosa, en la valoración de la prueba, dado que: i. La sentencia posee “hechos jamás ocurridos” (sic); ii. No se acreditó que el imputado utilizó el arma homicida, ni otro tipo de aspecto que los vincule; iii. No se valoró correctamente lo atestado por Indira Mercedes Velásquez Poso, que afirma que el imputado al momento de ocurrido el hecho se encontraba por inmediaciones del primer anillo, como tampoco de lo que “manifiestan los testigo Spinato y Vargas habrían sucedido las discusiones, no otorgándoles ningún valor” (sic); y, iv. La Sentencia no contiene valoración integral de la prueba, con particular carencia en lo que es la prueba de descargo producida. Invoca como precedente contradictorio al Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

 

II.1. Petitorio.

 

El recurrente solicitó, que previa admisión de su memorial de casación el Tribunal Supremo de Justicia, declare procedente el mismo y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que la sentencia  condenatoria sea anulada y se disponga su reenvío a otro Tribunal para nuevo juicio oral.

 

III. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO

 

III.1. De la Sentencia.

 

Por Sentencia 14 de 1 de noviembre de 2012, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Renatto Cafferata Centeno, autor de la comisión del delito de Asesinato en grado de autoría, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, siendo sancionado con el pago de costas procesales y daños y perjuicios a ser regulados en ejecución de Sentencia. Conforme la determinación del objeto del juicio, los debates de juicio oral giraron en torno al siguiente hecho:

 

“En fecha (15 de enero de 2011) en circunstancias que la víctima RCG habría retornado a su consultorio odontológico a su domicilio particular, al promediar las 13:30 p.m., recibe la visita de su enamorado Renato Cafferata centeno mismo que por motivos que desconoce la arremete violentamente con un arma blanca (cuchillo), el cual asesta en la región del tórax en nueve oportunidades con una profundidad de 12 cm. en la región del hemitorax izquierdo, una segunda de 5 cm. de profundidad en la región del hemitorax derecho, otro a nivel centra de 11 cm., de profundidad y múltiples heridas en la mano izquierda de 2 cm., aproximadamente y otra herida cortante en la región del cuello de 7 cm., de largo por 2 cm., de ancho en cola de ratón con sección parcial de la tráquea y lesión de pequeños vasos, según consta en el informe de autopsia, asimismo se percibe claramente que la víctima intentó defenderse forcejeando el cuchillo con su agresor, pero este por su contextura física la rebasó en fuerza logrando quedarse con el cuchillo, agrediendo a la víctima con el mismo provocándole hemorragia ocasionada por las heridas corto punzantes, por lo que la víctima se precipita al piso quedando la misma en posición en posición de cúbito ventral y al verla el agresor este intenta ocultar algunas evidencias (polera de color anaranjado) tratando de borrar todo rastro que lo incrimine.

 

Posteriormente, Danelio Ángel Vargas Franco, vecino de la fallecida quien se encontraba en su domicilio, manifiesta que al promediar las 14:00 pm. escuchó unos gritos que devenían del domicilio de la Sra. RCG y que su esposa al escuchar los gritos desesperados procede a llamar vía teléfono a su vecina, pero esta no le contestó, situación que le pareció muy sospechosa, por lo que se dirigieron a la casa de su vecina para ver qué era lo que sucedía, una vez en el domicilio empezaron a tocar el portón en reiteradas oportunidades pero nadie les contestaba ni le habría, por lo que  Danelio, procede a subir a la barda de su vecina logrando visualizar en el interior del domicilio al ahora acusado y al ver este que había sido descubierto en el interior le preguntaron qué era lo que sucedía y por qué de los gritos, este les manifiesta tratando de desviar la atención, que se encontraba matando ratones, situación que le hizo dudar al ver que el pantalón del ahora acusado se encontraba con manchas hemáticas de sangre y que el mismo presentaba excoriaciones en la región del cuello, brazos y en la región superior izquierda del rostro por lo que le preguntaron donde se encontraba (la fallecida) éste al no saber que responder intenta cerrar el portón situación que alerta a los vecinos y proceden a llamar a los familiares de la fallecida y a los demás vecinos, mismos que lograr frustrar la fuga del victimador procediendo a llamar a radio patrulla 110 para que se constituya en el lugar, razón por la cual al promediar las 15:00 pm efectivos policiales, proceden a constituirse en el lugar de los hechos, al levantamiento legal del cadáver trasladando el mismo hasta dependencias de la morgue, para su respectiva autopsia de ley.” (sic).

 

III.2. De la apelación restringida.

 

Por memorial visto, de fs. 1223 a 1231 vta., el imputado opuso recurso de apelación restringida, planteando como agravios:

 

  1. Defecto procesal por “denegación de oficios para materializar ofrecimiento de pruebas documentales” (sic), con base a la negatoria de solicitud de extensión de oficios anunciados en ofrecimiento de prueba de 26 de septiembre de 2011.


  1. “Coacción ilegal para prestar declaración en juicio oral” (sic), bajo el argumento de que el 15 de agosto de 2012, habiéndose señalado audiencia de cesación a la detención preventiva y prosecución de juicio oral, a pesar de la existencia de un certificado médico que acreditaba el decadente estado de salud del imputado, el presidente del Tribunal de Sentencia denegó la solicitud de suspensión de audiencia.


  1. Restricción indebida del derecho a la defensa, ante la imposición de multa contra los abogados de la defensa al no haberse hecho presentes en la audiencia de prosecución de juicio oral pese a que el Tribunal de Sentencia, tuvo noticia que ellos en ese momento de encontraban en audiencia de consideración de cesación de detención preventiva dentro de  este mismo caso y en la misma defensa del imputado.


  1. Denegación indebida de producción de pruebas extraordinarias, en la mención “de la declaración y producción de las pruebas testificales de  María Lorena Spinato de Vargas habló sobre la existencia de alias Tito,  Danelio Vargas se refería a esta persona como su esposo de Rosario, Luís Alfonso Castedo, también refirió que existía un supuesto esposo o padre de su hijo de la fallecida, asimismo el testigo Oliver Rosas refiere a que este sujeto de nacionalidad brasilero se encontraba recluido en la cárcel de Guarulhos, Brasil inclusive en las actas de recolección de pruebas, consta que entre las pertenencias que tenía la fallecida existiría una carta en portugués que se la habría mandado este sujeto José Ricardo Félix Flores.”  (sic).


  1. Errónea aplicación de la Ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP] de los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, sin que se haya demostrado de modo objetivo la existencia de las causales descritas.


f)         Valoración defectuosa de la prueba, al testimonio de María Lorena Spinato de Vargas, sobre la intención de la víctima de romper todo contacto con el imputado y que pese a ello habrían ambos mantenido comunicación telefónica frecuente, no se acreditó que el imputado haya utilizado el arma homicida no existiendo elemento alguno que los vincule; no se valoró la atestación de Indira Mercedes Velásquez Poso, afirmando que vio al imputado en otro punto de la ciudad el momento en que se habría sucedido el hecho.

 

III.3. Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017.

 

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conformada con el Vocal de la Sala Penal Primera convocado a conformar sala ante la excusa declarada legal del otro componente, emitió el fallo que hace título a este apartado, declaró: “en aplicación de art. 413 del Código de Procedimiento Penal y en cumplimiento del Auto Constitucional 17/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, declara admisible e improcedente la apelación restringida, interpuesta por el acusado.” (sic).

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA

 

IV.1.  Consideraciones Previas.

 

El recurso que motiva autos posee una constante expositiva, cual es el planteamiento de defectos absolutos por vulneración a derechos y garantías constitucionales, así como formas procesales, que dentro de la perspectiva de su petitorio harían pasible la declaración de una eventual anulación, postura que lleva a la Sala, para mejor comprensión de su decisorio, emitir criterio sobre varios aspectos que hacen a la pretensión del casacionista; en tal ámbito, previo al análisis de los motivos en específico, se estudiarán en esta resolución, la dimensión de la estructura procesal del sistema de recursos en el procedimiento penal, defectos procesales absolutos en el proceso penal y el derecho a la prueba en el procedimiento penal.

 

 IV.1.1. Estructura del sistema de recursos.

 

La naturaleza de la jurisdicción ordinaria vista como el ejercicio de la función judicial [art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 29 de la LOJ], posee su fundamento en la forma en que el Estado organiza y estructura su poder público; de ahí en más, las funciones especiales de la jurisdicción ordinaria como parte del Órgano Judicial deben ser comprendidas dentro de los lineamientos y límites postulados en el Texto Constitucional como sistema unitario, compuesto tanto por una parte dogmática, que comprende los valores, principios y derechos que orientan el proceso del Estado, como también por una parte orgánica en la que se instituyen; entre otras, las atribuciones y potestades básicas otorgadas a los órganos que componen el poder público, con el fin de viabilizar el cumplimiento de sus funciones; ambas partes no pueden ser comprendidas de manera aislada, sino de manera integral, pues las funciones del Estado, Órganos del poder público e instituciones que lo componen, únicamente cobran existencia y adquieren coherencia a partir de la parte dogmática, que sirve de orientación desde la dirección y rumbo que los valores, principios y derechos postulan como fin del Estado boliviano.   

 

En tal reflexión, abordar el concepto correcto de sometimiento de los jueces a la ley incumbe tomar en cuenta la autonomía que estos tienen para interpretar el ordenamiento jurídico, bajo la única premisa de que esa labor se legitima constitucionalmente; en tanto, sean tendientes a garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 Constitucional).  De hecho, de un sistema jurídico, cuya existencia se justifique en el fin de generar paz social, se espera procure y genere condiciones de equidad e igualdad entre los justiciables, previendo y dando observancia a los criterios dispuestos por la Norma Suprema, siempre desde una perspectiva integral a las partes en conflicto, que teniendo presente la singularidad y complejidad de situaciones, comprenda también que sus labores en la aplicación de la Ley y el Derecho, deben ser adecuadas a un indeterminado grupo que conforman también un todo único que importa el propio Estado, pues únicamente a través de la aplicación consistente y uniforme de la norma se podrá concretar la efectividad de los derechos a todas las personas.

 

El procedimiento penal boliviano, sin duda se halla impregnado de una fuerte tendencia al sistema acusatorio, sistema que a más de clarificar y delimitar las funciones de los encargados de la persecución penal y el juzgamiento, determina una amplia favorabilidad de respeto a los derechos humanos. El sistema procesal boliviano posee una separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; el ejercicio de la acción penal pública está a cargo del Ministerio Público, quien puede solicitar al juez de instrucción cautelar las medidas que fueran necesarias para asegurar la presencia del imputado en la investigación (esto es el régimen de medidas cautelares) y la conservación de la prueba; en cambio, las funciones judiciales asumen dos vertientes; por un lado, la del control de garantías; y por otro, la de conocimiento: el primero, para la protección y control de no vulneración de derechos y garantías reconocidos en la Constitución y las leyes en la etapa preparatoria; y el segundo, cuya responsabilidad recae en llevar adelante el juicio oral, público, continuo y contradictorio con todas las garantías propias del debido proceso.


En la estructura general del procedimiento penal, es posible identificar dos grandes esferas, la primera configurada como la investigación en etapa preparatoria; cuyo fin, se halla encaminado a la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado (art. 277 del CPP), en esta etapa se practican las diligencias de recolección de indicios y pruebas que hagan sostenible la acusación, como también que constituyan base de la defensa del imputado. La segunda esfera es constituida por la fase del juicio oral, caracterizado por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todos los derechos y garantías reconocidas en la Constitución y las Leyes.

 

Es distinguible un límite entre ambas etapas procesales, tanto en la funcionalidad de sus fines como en la posibilidad de control de los actos que en cada una emerja. Así, la etapa preparatoria es controlada por el llamado juez de garantías y concluye con la emisión de la acusación formal o la emisión de un requerimiento conclusivo, momento a partir del cual es abierta la competencia de la autoridad jurisdiccional que tendrá a cargo la realización del juicio oral cuyo resultado es la emisión de una Sentencia, hito que marca el inicio de la fase de recursos que llevan a casación.

 

Ciertamente, el recurso de casación opera dentro de una naturaleza definida por Ley, posee en esencia un fin nomofiláctico; esto es, unificador y uniformador de la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria. Casación tiene para sí la resolución de las acciones recursivas contra Autos de Vista emitidos por las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia; es decir, su lecho se encuentra sobre las cuestiones expresadas en un momento procesal distinto a la emisión de una Sentencia. Esta cadena procesal no admite por ejemplo, que en casación se censure cuestiones emergentes de una Sentencia, si es que antes no se ha agotado el estadio procesal de apelación restringida y claro, previo cumplimiento y adecuación de los requisitos contenidos en los arts. 416 y siguientes del CPP.

 

De tales consideraciones, es claro que el recurso de casación y por ende la competencia que la Ley delega a este Tribunal de manera específica no se hallan dejadas al libre criterio, sino obedecen a la configuración de un sistema procesal pre definido y cuya extensión de pronunciamiento se determina dentro de los alcances del art. 419 del CPP, que a la letra precisa que: “si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivo el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”. No pudiendo suponerse que el tribunal de casación se halla facultado para pronunciar un tipo de decisión que vaya más allá de las resoluciones que lo anteceden, esto es un Auto de Vista.  

 

En esa dirección, por la integración piramidal y jerárquica que el diseño constitucional y el desarrollo normativo confiere al Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación integra no solo limita el análisis de la actividad de los jueces y tribunales inferiores como administradores de justicia sobre el rigor del cumplimiento de la legalidad en cada sentencia o auto de vista emitido, pues no se trata de hacer escrutinio sobre la validez de los mismos; sino más bien, en la razonabilidad de sus argumentos y la observancia del cumplimiento de la Ley desde y conforme la Constitución.

  

IV.1.2.  Defecto procesal absoluto.

 

El Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley 1970, dentro de la corriente reformista en América Latina, generó el viraje de un sistema de tinte inquisitivo a uno acusatorio, que en el caso boliviano posee especial incidencia en la protección y tutela de los Derechos Humanos y postulando una cerrada protección del derecho a la defensa y el derecho de presunción de inocencia. El art. 1 del CPP, es en suma un manifiesto de intenciones sobre la dirección y lineamientos por los que el proceso penal debe ser encaminado, tanto por los entes de investigación como también por el órgano jurisdiccional, siendo taxativo en señalar: “(Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal)”. Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratado internacionales vigentes y este Código.

 

Anunciado como está el respeto y total observancia a las formas procesales contenidas en la Ley 1970. Su Libro Tercero, referido a la Actividad Procesal, dedica su Título VIII a la Actividad Procesal Defectuosa, detallando como principio de ella en el art. 167 que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado”, sobre esta norma, se reitera la taxatividad en la observancia de las formas procesales previstas tanto en el propio Código de Procedimiento Penal, como en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; asimismo, se prevé la salvedad sobre la consideración de un eventual defecto procesal, determinando que una eventual convalidación, pueda hacer valedero un acto a pesar de incurrir en quebrantamiento de la norma procesal. De igual forma la misma norma en su segundo párrafo, prevé una barrera de contención sobre posibles ejercicios procesales que las partes puedan ejercer y que puedan generar dilación en el proceso al precisar que: “En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”; siendo claro que las partes, bien pueden alegar actividad procesal defectuosa, empero otorgándoseles legitimidad procesal sobre la base de la existencia de un acto que les produzca agravio.

 

El art. 169 del CPP, intitulado “defectos absolutos”, distingue un catálogo de cuatro posibilidades en las que los defectos no podrán ser susceptibles de convalidación, a saber: 1. La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2. La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece; 3. Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4. Los que estén expresamente sancionados con nulidad”. El caso del numeral 1, obliga la presencia e intervención de los actos en los que el Ministerio Público como ente de investigación y el Juez como instancia de control y juzgamiento; el numeral 2, declara como nulos, aquellos actos en los que la intervención del imputado y su asistencia, ambos entendidos también dentro de la esfera del derecho a la defensa, ya sea material o técnica; el numeral 3, estima un especial resguardo sobre derechos y garantías constitucionales contenidos en norma nacional e internacional en los que Bolivia forme parte; y, el numeral cuatro, entendido desde la esfera de la teoría de las nulidades procesales, conduce a reprochar con nulidad los actos que específicamente se hallen inscritos en norma.

 

Dentro del contexto normativo; esto es, la consideración de la ubicación de los defectos procesales en el texto de la Ley 1970, emerge como lógico suponer que un defecto emana de los actos realizados o bien llevando a cabo el procedimiento o bien las decisiones que sean basadas en actos que transgredan las cuatro causales de defecto absoluto. La Sala dirá, que un defecto absoluto es una actuación procesal que se configura cuando no se aplique la norma procesal acorde con lo normado por Ley, siempre y cuando el acto no sea susceptible de convalidación y cuando el acto genere la vulneración de un derecho o garantía constitucional. En este punto, es necesario apuntar que aquellas vulneraciones, no son enunciativas; por cuanto, la cautela del procedimiento no procura la aplicación rigurosa de la forma procesal, sino recuerda que su estructuración al contrario busca preservar y proteger aquellos derechos, de modo que necesariamente a fines de determinar la existencia de un defecto absoluto, la presencia de una vulneración, negación o restricción a un derecho debe ser ostensiblemente cualificable.

 

En consideración de la Sala, la orientación de los defectos procesales absolutos dentro del Código de Procedimiento Penal, no solo protegen el derecho a la defensa como componente del debido proceso, sino comprendiendo que el Órgano Judicial es por naturaleza el tercero imparcial dentro de un conflicto polarizado, también precautelan la materialización del derecho a la tutela judicial efectiva tanto del imputado como de la víctima. Recuérdese que la aplicación del Derecho Penal tiene un cariz de alta sensibilidad, al afectar potencialmente derechos básicos, como el de la libertad y en el caso de la víctima de ver resarcido el daño emergente de la comisión de un delito.

 

En los casos en que el defecto procesal absoluto sea presente, ocurrirá que los procedimientos hubieran sido aplicados como un obstáculo para la eficacia del derecho causante de una denegación de justicia, causada ya sea por la aplicación de disposiciones procesales alejadas de la observancia de derechos fundamentales reconocidos en normas supraconstitucionales vigentes y en las que el Estado Boliviano sea signatario, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento la forma procesal o los requisitos que la conforman, bien por n trato a una situación jurídica con rigorismo procedimental en la apreciación de las circunstancias propias que la rodeasen. En estas situaciones se presenta una violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

 

La actividad procesal de los juzgados y Tribunales en la jurisdicción ordinaria tiene un orden preestablecido desde la Constitución Política del Estado. El art. 115.II Constitucional, manifiesta que el Estado garantiza “el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a lo que la propia Constitución en su art. 180.I postula que “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. El precepto constitucional anotado es desarrollado por el art. 30 de la LOJ y marca el punto de partida para la aplicación de la norma en la jurisdicción ordinaria; recuérdese que “Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal” (Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, 2ª ed., México, Harla, 1994, p. 187.).

 

En relación al derecho al debido proceso, su lesión emergente de un defecto procesal se manifiesta cuando el órgano jurisdiccional se aparta del proceso establecido en norma, al seguir un procedimiento o formulismo distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial de éste, ya sea por malas prácticas forenses o bien por una lectura de la norma descontextualizada del marco jurídico dispuesto por el art. 180 Constitucional. En lo que refiere una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva por causa de un defecto procesal, éste se produce cuando el cumplimiento y materialización del efectivo acceso a la justicia se ve trabado por la aplicación errónea (insustancial y formulista) o inobservancia (omisión) de un acto regido por una norma procesal.

 

Ciertamente la razón de ser del Órgano Judicial, no radica en el cumplimiento formal de la Ley, sino en hacer de su cumplimiento el medio idóneo para la materialización del derecho sustancial, tal situación conducirá a ponderar los derechos de las partes en el proceso desde una perspectiva integral, conducente a satisfacer la salvaguarda de los derechos de víctima e imputado. La jurisprudencia nacional ya en el 2002, tomó esta postura, así la Sentencia Constitucional 1036/2002-R de 28 de agosto, precisó: “un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que, la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado” (sic).

 

IV.1.3.  Prueba en el proceso penal.

 

Del derecho al debido proceso, garantizado desde el art. 115.II de la CPE, se desprende el derecho a la defensa y a  la presunción de inocencia, ambos íntimamente ligados al proceso penal. El Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, sobre el Derecho a la defensa en el proceso penal, expresó:

 

“El derecho a la defensa definido como el: "derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a las garantías judiciales expresa que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

 

De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

 

(…)

En el ordenamiento interno, el art. 5 del CPP, establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y ese Código le reconocen desde el primer acto del proceso hasta su finalización, entendiéndose como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en esa lógica, el ejercicio del derecho a la defensa se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, siendo la defensa expansiva y polivalente, habida cuenta que se encuentra reconocida en una fase del proceso como en otra, incluida la investigativa pues: "La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo el proceso, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa". (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 158)”

 

La jurisprudencia que antecede es enfática al precisar que el derecho a la defensa debe ser garantizado por el Estado y las autoridades intervinientes en el proceso penal; es también sentenciosa, al afirmar que la garantía de ejercicio de la defensa material y técnica debe ser resguardada por la autoridad jurisdiccional, incluso de oficio, al entender que dicha intervención precautela no solo el camino apegado a la norma que el procedimiento debe llevar, sino funcionalmente su presencia se explica  a partir de la estrategia que la defensa pueda asumir para soportar y extinguir la acción penal ejercida por el acusador. Sobre la intervención del imputado en las distintas fases del proceso, la norma es tanto explícita como potestativa, ya que obliga al Estado a procurar la libre y amplia participación del imputado con el consecuente ejercicio de su defensa a lo largo del proceso penal (sin distinguir ninguna fase procesal) como a la par tal intervención es regulada como una potestad elegible al imputado; aspecto que, resulta lógico por el hecho de que en el sistema acusatorio, el ejercicio de la acción penal procura destruir el estado de presunción de inocencia del imputado, por lo que éste no se halla obligado en lo mínimo a demostrar lo contrario, sin que ello signifique no se encuentre facultado por Ley a procurar las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos que pesan en su contra, en el orden de lo establecido por la propia norma, como lo estima el art. 306 del CPP.

 

IV.2. Análisis de los motivos planteados en casación.

 

IV.2.1.        Sobre la denuncia de “actividad procesal defectuosa, absoluta e inconvalidable por ilegal tramitación de excusa y convocatoria a Vocal Iquise.

 

Se plantea que la excusa de los Vocales de la Sala Penal Segunda, generó que la Sala Penal Tercera conformada por los Vocales Soleto Gualoa e Iquise Saca (convocado a conformar Sala) resuelva el recurso de apelación restringida formulado por el recurrente, a través del Auto de Vista 76/2017, en cuya parte dispositiva se declara probada la excusa presentada por el Vocal Rodríguez Zeballos (integrante de la Sala Penal Segunda) y participar de la convocatoria del Vocal Iquise Saca para emitir voto; ocurriendo que en ninguna de las excusas formuladas se habría notificado al recurrente, como tampoco la convocatoria al Vocal Iquise Sacalo que -en perspectiva del memorial del recurso- constituye vulneración al juez natural equivaliendo a  defecto en el orden del art. 169 inc. 2) del CPP, esto es la intervención del imputado en los actos del proceso, y la transgresión de los arts. 5 y 8 también de esa norma adjetiva. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 060/2016-RRC de 21 de enero.

 

IV.2.1.1. Doctrina  legal   aplicable   contenida   en    el    Auto   Supremo 060/2016-RCC de 21 de enero.

 

Emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia con motivo a una denuncia hecha casación sobre vulneración al debido proceso, por la ausencia de notificación de la convocatoria de voto dirimidor. Realizado el análisis y verificada la denuncia se determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, reiterando la comprensión del Auto Supremo 436/2012 de 23 de noviembre, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:

 

“El Tribunal de alzada no sólo omitió notificar a la recurrente con la providencia que dispuso la convocatoria del Vocal dirimidor, sino también omitió ordenar que dicha convocatoria, sea puesta a conocimiento de los sujetos procesales, vulnerando la publicidad de las actuaciones judiciales y restringiendo el ejercicio de los derechos que la ley adjetiva penal les reconoce, como el derecho de recusar en el momento procesal oportuno conforme lo dispuesto por el art. 319 del CPP, lo que implica desconocimiento de la garantía prevista por el art. 5 del CPP que dispone“. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización” y los arts. 115.II y 180.I de la CPE.

 

IV.2.1.2.        Referencias procesales a la conformación del Tribunal de apelación y emisión del Auto de Vista impugnado.

 

  1. Interpuesto el recurso de apelación restringida, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista 157 de 6 de septiembre de 2013, mismo que por efecto de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0099/2016-S2 de 15 de febrero, fue anulado disponiendo la emisión de un nuevo Auto de Vista.


  1. Por memorial presentado el 13 de febrero de 2017, el imputado solicitó a la Sala Penal Segunda emita nuevo fallo cumpliendo lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 00299/2016-S2 de 15 de febrero, acto ante el que los Vocales componentes, determinaron que el Tribunal de sentencia de origen remita actuados al fin pretendido.
  2. Por Auto 19 de 6 de marzo de 2017, los Vocales Morón Cuellar y Salguero Palma presentaron excusa del conocimiento de la causa alegando incurrir en la causal del art. 316 inc. 2) del CPP. Esta actuación motivó el pronunciamiento del Auto 26 de 21 de marzo de 2017, por el que los miembros de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declararon probadas las excusas, este  actuado fue notificado al imputado el 13 de abril de 2017, como se ve en diligencia de fs. 1636.


  1. El 25 de abril de 2017 por Auto 84 de la fecha, el Vocal Rodríguez Zeballos Presidente de la Sala Penal Tercera, presenta su excusa del conocimiento de la causa, anteponiendo la causal contenida en el art. 316 inc. 2) del CPP en relación al art. 27 inc. 8) de la LOJ. Sumado a ello, por memorial de 26 de abril de 2017, los acusadores particulares recusan al citado Vocal, por análogas causales.


  1. Por Providencia de 2 de mayo de 2017, a fs. 1640 vta., el Vocal Soleto Gualoa, dispuso correr a traslado a las partes, y, convocar al Vocal Iquise Saca “Semanero de la Sala Penal Primera para definir la situación del Vocal excusado” (sic), notificado al imputado en su domicilio procesal el  5 de julio de 2017, de fs. 1643.


  1. Emitido el Auto de Vista 44 de 26 de mayo de 2017 y firmado por los Vocales Soleto Gualoa e Iquise Saca, fue notificado al imputado el 19 de julio de 2017, como se está a diligencia, de fs. 1651. Luego, por memorial presentado el 21 de julio del mismo año, aquel solicitó explicación, complementación y enmienda, véase fs. 166 y vta. Luego en actuación, de fs. 1670 a 1691, opone recurso de casación.


  1. El 6 de septiembre de 2017, previa actuación de recurso de queja es emitido el Auto Constitucional SCC II Nº 17/2017, por el que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró fundada la denuncia de incumplimiento de la Sentencia Constitucional 0099/2016-S2, dejando sin efecto el Auto de Vista 44 de 26 de mayo de 2017, “debiendo las autoridades denunciadas emitir nueva resolución conforme a los fundamentos señalados en la Sentencia Constitucional Plurinacional” (sic).


  1. Esa última disposición fue cumplida por los Vocales Soleto Gualoa e Iquise Saca, a través del pronunciamiento del Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, corriente de fs. 1721 a 1728 vta.   

 

IV.2.1.3. Análisis del motivo en concreto.

 

El recurrente en esencia reclama que el Auto 26 de 21 de marzo de 2017, que declaró legales las excusas de los Vocales Salguero Palma y Morón Cuellar, no le fue notificado, a ello suma la obligación de conocimiento de la causa del Vocal Rodríguez Zeballos, hasta que no fuese apartado de manera legal y la repentina y súbita convocatoria al vocal Iquise Saca, quien termina pronunciando el Auto de Vista hoy impugnado. Tales cuestionamientos, delatasen una irregular tramitación del proceso, que afecta el juez natural y constituían un defecto de procedimiento conforme lo descrito en el art. 169 inc. 2) del CPP.

 

Bien es cierto que al actual estado del proceso le antecede una seguidilla de actuaciones y procedimientos que fueron retrotrayendo fases procesales; y por ende, generar en apariencia cierta sensación de desorden; sin embargo, es también cierto que las actuaciones en el trámite fueron llevadas siguiendo una plausible lógica procesal. Es así, que conforme se tiene anotado precedentemente, a efectos de la resolución del presente motivo, la primera actuación hito, se trata del Auto de Vista 157 de 6 de septiembre de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conformada por los Vocales Salguero Palma y Morón Cuellar, quienes ante la declaratoria de nulidad proveniente de la jurisdicción constitucional, platearon su excusa, misma que al ser declarada motivó el pronunciamiento del Auto 26 de 21 de marzo de 2017, por el que los miembros de la Sala Penal Tercera declararon probadas las excusas, este  actuado fue notificado al imputado el 13 de abril de 2017, como se ve en diligencia de fs. 1636.

 

A partir de ahí, surge la separación del proceso por excusa del Vocal Rodríguez Zeballos, Presidente de la Sala Penal Tercera (fs. 1638) y la convocatoria al Vocal Iquise Saca miembro de la Sala Penal Primera (fs. 1640 vta.), ambas actuaciones fueron notificadas al hoy recurrente el 5 de julio de 2017, en su domicilio procesal, como es visto en diligencia de fs. 1643.

 

De lo dicho hasta acá se desprenden dos extremos, por una parte no es evidente que el trámite de las excusas hayan sido realizadas en la forma que el recurrente refiere en su recurso, de hecho la participación de los Vocales Iquise Saca y Soleto Gualoa no es súbita, sino emergen del deber de escusa de sus colegas, quienes consideraron haber vertido opinión escrita sobre el fondo del proceso, lo que también ocurrió con el Vocal Rodríguez Zeballos que la sucesión de autoridades que determinaron estos alejamientos, fueron realizados conforme el orden de prelación establecido por Ley, no encontrándose vulneración alguna al juez natural.

 

El art. 120.I de la CPE que garantiza el derecho a un juez natural al manifestar: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”; entidad jurídica que en un primer paneo es entendida como la autoridad cuya competencia de juzgar no nace sino en la Ley, consustancial al Estado Democrático de Derecho; un juez independiente, visto tanto desde la garantía de independencia del modelo de pesos y contrapesos, como desde la relación de quien juzga con las partes; y finalmente un juez dotado de imparcialidad, elemento en el que la Sala hace eco en las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la referencia a lo considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha considerado a la imparcialidad del juez como el: “…carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso”.

 

En tal ámbito, la garantía de un Juez imparcial, no significa, necesariamente que quien juzga tenga un interés en un caso en concreto; sino que, su decisión eventualmente pueda ser estigmatizada ya sea por poseer en efecto aquel interés, o bien cualquier situación que de manera objetiva comprometa su imparcialidad o su condición de ser el tercero imparcial en un conflicto. La imparcialidad, en términos procesales es garantizada con un instrumento de doble vía, ya sea por la decisión personal de quien se inhibe del conocimiento de un caso, o por otro lado a partir de la activación de ese mismo fin por alguna de las partes. Estas son la excusa y recusación.

 

En el caso de autos, la separación de los Vocales que fueron pronunciando resoluciones anteriores, tienen base, justamente en el ánimo de  no comprometer su imparcialidad en la decisión del fondo, habida cuenta de haber considerado ya emitieron opinión; aspecto que, no puede ser entendido, como implícitamente propone el recurrente como que se tratase de un agravio o un defecto absoluto cuando en todo caso constituye la garantía de un derecho.

 

Por otro lado, en cuanto a los actuados de comunicación procesal desplegados en este trámite como se ha señalado, los mismos fueron objeto de notificación al hoy recurrente, quien luego efectuó actuaciones y solicitudes dentro de este proceso, pues la Sala pronunciante, conformada a efecto de las excusas, emitió el Auto de Vista 44 de 26 de mayo de 2017, mismo que mereció la petición de explicación, complementación y enmienda por el mismo recurrente, a través de memorial de fs. 1654, implicando entonces su conformidad a la composición de esa Sala y a los aspectos que le son inherentes, entre otros su calidad de juez natural. De modo paralelo la contradicción planteada con el Auto Supremo 060/2016-RCC de 21 de enero, no es evidente, tanto por la disimilitud en situaciones de hecho como también por la inexistencia de derechos vulnerados.

 

IV.2.2. Sobre la negatoria a emisión de oficios.

 

Indica el recurrente que el 26 de septiembre de 2011, propuso a la autoridad jurisdiccional le otorgue 19 oficios pertinentes a su defensa; luego, en el inicio del juicio oral, solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia materialice aquella pretensión apoyada en el art. 218 del CPP, solicitud que fue negada y sobre la que realizó la reserva de apelación el 26 de julio de 2012. Ese mismo requerimiento habría sido pedido en varias ocasiones más, siendo en todas denegadas, bajo el argumento que el Tribunal de Sentencia no genera prueba. Este aspecto, fue motivo de recurso de reposición y también motivo de agravio en el recurso de apelación restringida origen del Auto de Vista 76/2017, que a su turno denegó también esa solicitud en el entendido que la facultad de realizar actos de investigación o recolección de pruebas o indicios no le corresponde a la autoridad jurisdiccional.

 

Tal situación, lleva al recurrente a proponer que el derecho probatorio en materia procesal penal a pesar de ser caracterizado por la preclusión de etapas procesales debe ser entendido dentro del margen del principio de favorabilidad; vale decir, garantizando una defensa efectiva y el conocimiento de la verdad histórica. Las negativas de los Tribunales de Sentencia y Apelación son; a decir del recurente, ilegales y constitutivas de defecto absoluto; ya que, la solicitud fue realizada de forma oportuna y mal se podía suponer que el juez debió producir prueba de oficio, sino fue el acusado quien activó el art. 218 del CPP, en cuya glosa la palabra “Tribunal” pone en manifiesto que la eventualidad de solicitar información documental no se limita a la etapa preparatoria, sino abarca el mismo juicio oral e incluso la fase de recursos.

 

La negativa de las autoridades jurisdiccionales amparadas en aspectos sobre igualdad, fue limitativa; ya que, debió entenderse a la igualdad no desde un perfil distributivo sino en un sentido “aristotélico”, término que en perspectiva del recurrente equivale a la opinión jurídica inmersa en la Sentencia Constitucional 83/2000 de 24 de noviembre, cuya aplicación a su caso concreto resulta que solicitar a través de la autoridad jurisdiccional la “producción de prueba vía informes” (sic), no viola la igualdad, “sino que…en imposibilidad de hacerse de prueba por sí solo, al ser acusado sorpresivamente, no tiene otro remedio que acudir a este instituto” (sic) y su negación al contrario de lo resuelto condice al empeoramiento del desequilibrio existente entre quienes detentan la acción penal y quienes la contienen.

 

A criterio del recurrente, tal hecho limitó la posibilidad de un ejercicio defensivo que sobre la base de 19 elementos que en su “criterio -subjetivo- eran determinantes al esclarecimiento de los hechos” (sic), habiéndose provocado la conculcación de los principios procesales de verdad material y debido proceso postulados por el art. 180.I de la CPE. Añade que, por el “principio de obligación judicial de esclarecimiento” (sic) la autoridad jurisdiccional se hallaba vinculada a dar curso a su pretensión para así propiciar el conocimiento de la verdad histórica de los hechos como se denotaría del art. 171 del CPP y se apoya en el razonamiento jurisprudencial trazado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2233/2012 de 8 de noviembre.

 

El relato antes reseñado sirve de base para la denuncia de violación del art. 115.I y II y el art. 117.1 de la CPE y la consiguiente configuración de un defecto absoluto en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, pretendiendo con ello, la declaración de reenvío del juicio para la efectiva aplicación del art. 218 del CPP, defiriéndose la solicitud de los multicitados diecinueve oficios. 

 

IV.2.2.1. Referencias procesales vinculadas a la solicitud del recurrente.

 

  1. El 8 de marzo de 2012, fue llevada a cabo la audiencia conclusiva ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo del Juez Fernando Orellana Medina como sale del acta corriente, de fs. 52 a 61. En esa oportunidad el Ministerio Público expuso los fundamentos de su acusación, solicitando a la autoridad jurisdiccional tenga por saneada la misma a objeto de la remisión de los objetos procesales al Tribunal de sentencia para el desarrollo de juicio oral. A su turno la parte querellante, manifestó que existió “coherencia y concordancia con la acusación formal presentada por el Ministerio Público” (sic) solicitando dar por saneado el proceso para su remisión al Tribunal de sentencia llamado por Ley.


Por su parte, la defensa manifestó que en ese momento la acusación carecía de ciertos elementos contemplados en el art. 341 del CPP, como sería la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido, siguiendo el contenido de la acusación, la presencia del imputado en el lugar y en el momento del hecho, el establecimiento de los motivos fútiles o bajos constituidos en el tipo penal, la consideración sobre la alevosía y su aparente contradicción con la aseveración de actos de defensa de parte de la víctima; no se precisó cuáles fueron  evidencias que el imputado hubiera tratado de ocultar, en suma el planteamiento se basó en que “no hay un nexo causal o evidente, entre los elementos de convicción y dentro de la autoría” (sic). De igual forma, la defensa planteó incidente de exclusión probatoria sobre el numeral 16 de la prueba catalogada en la acusación, referida a la realización de un estudio “estereoscópico” de arma blanca realizado por el Sgto. Santo Ramírez, el dictamen dactiloscópico dictado el 25 de abril de 2011, manifestando que no había sido notificada a la parte imputada con el referido dictamen, restringiéndose su derecho a objeción sobre el mismo; también la defensa opuso exclusión probatoria sobre el numeral 17 del ofrecimiento probatorio de la acusación, consistente en notificación de designación de perito a efectos de realiza estudios de ADN en el cuchillo colectado, situación en la que de igual manera se cuestionó la falta de notificación con las diligencias de dicho actuado al imputado.


Tales cuestiones merecieron el pronunciamiento del Auto interlocutorio de 8 de marzo de 2012, en el cual la autoridad jurisdiccional declaró sin lugar a la petición de corrección del memorial de acusación presentado por el Ministerio Público; así como, declaró probado el incidente de exclusión probatoria de los numerales 16 y 17 del ofrecimiento de la acusación fiscal, disponiéndose finalmente el saneamiento procesal y la conclusión de la etapa preparatoria, ordenando la remisión del cuaderno procesal y evidencias presentadas por el Ministerio Público.


Más adelante el Juez de Instrucción en lo Penal Tercero, mediante oficio de fs. 62 remitió el ejemplar original de los antecedentes del caso, al Tribunal de Sentencia Quinto en lo Penal, más pruebas materiales consistentes en “cuchillo (prueba 1), una polera polo color naranja (prueba 2), un pantalón jean color azul (prueba 4)” (sic). Cursa cargo de recepción del mismo al 10 de abril de 2012, a fs. 62 vta.    


  1. El ahora recurrente, en la etapa conclusiva del proceso, en el memorial de ofrecimiento de prueba, en el punto c) ofrecimiento de prueba documental, solicitó al Juez Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz que, en observancia del art. 218 del CPP, ordene se emitan diecinueve oficios, a diferentes personas y entidades con domicilio en la ciudad de Santa Cruz.


  1. Durante el desarrollo del juicio oral celebrado ante el Tribunal de Sentencia Quinto en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz y al inicio del mismo, la defensa del acusado reiteró su pedido para que se ordene la emisión de oficios ofrecidos en la etapa conclusiva, solicitud que fue rechazada con el argumento que esa petición debió ser reclamada al Juez Cautelar en la audiencia conclusiva. La solicitud fue reiterada al Presidente del Tribunal de Sentencia Quinto, en el memorial de 4 de junio de 2012. Una nueva solicitud fue presentada el 6 de junio de 2012, vista a fs. 425-426, bajo la suma de “reitera solicitud de oficios mencionados en prueba de descargo” (sic), mereciendo la providencia de la fecha bajo el argumento que el Tribunal no realiza actos de investigación. Así como la reiteración de la misma en memorial presentado el 12 de junio de 2012, a fs. 456, reiterándose también la negativa y ordenando se esté a lo previsto por el art. 325 de la Ley 007.


  1. Sustanciado el juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia, pronunció la Sentencia  14 de 1 de noviembre de 2012, declarando a Renatto Cafferata Centeno, autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, condenando a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, cárcel de Palmasola, con costas y pago de daños y perjuicios en favor de la víctima a ser regulado en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la citada Sentencia, el imputado formuló apelación restringida, de fs. 1223 a 1231, resuelto por Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó en su integridad la Sentencia impugnada.


  1. Los argumentos del Auto de Vista impugnado en relación al presente motivo de casación se sostienen en: “se evidencia que el Tribunal Quinto de Sentencia se acomodó a lo que establece el procedimiento para esos casos, ya que en virtud a la competencia del Tribunal le otorga sustanciar y resolver dentro del juicio oral, pues su facultad no es la de realizar actos de investigación ni recolección de pruebas indiciarias, ya sea de cargo o descargo, pues de lo contrario importaría comprometer su imparcialidad, tal como lo determina el art. 279 del CPP; se debe tener en cuenta que la investigación está a cargo del Ministerio Público en las etapas preliminar y preparatoria, por ese entendido el acusado tuvo oportunidad de sanear el procedimiento en la audiencia conclusiva, interponiendo incidentes y excepciones que crea convenientes, y que al no hacerlo en su debida oportunidad, ha precluido su derecho a reclamar, por tanto se debe respetar el principio de preclusión; sin embargo, pese a ello se evidencia en el cuaderno procesal y de investigación que en ningún momento se le ha negado al imputado el derecho a generar sus pruebas en la etapa preliminar y preparatoria, así lo establece claramente la Sentencia Constitucional 0099/2016 cuando se refiere al juicio oral y el plazo para presentar pruebas; el ofrecimiento de pruebas y su admisión debe ser de tal manera que se demuestre de manera fundamentada que la prueba solicitada por el acusado sea pertinente, conducente y viable para contribuir al esclarecimiento de la verdad jurídica de los hechos, por lo que no le corresponde al Tribunal a quo demostrar si las pruebas ofrecidas son o no pertinentes, esa es una obligación del sujeto procesal que ofrece la prueba” (sic).

 

IV.2.2.2. Análisis del caso en concreto.

 

Bajo la premisa que quien afirma algo debe probarlo, el Ministerio Público tiene imperativamente la carga de probar los hechos que afirma en la acusación, por lo cual resulta lógico que en la acusación ofrezca producir los medios de prueba que sostengan su pretensión; en contrapartida, la defensa no está obligada a ofrecer medios de prueba por cuanto no tiene que probar nada, impera el principio de presunción de inocencia, no obstante de así considerarlo, la defensa tiene derecho a ofrecer prueba para controvertir los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público o la acusación particular; en consecuencia, debe precisarse la pertinencia de la prueba ofrecida.

 

El Código de Procedimiento Penal, enfatiza que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto a lo largo del curso del trámite, sin que se establezcan limitaciones sobre el particular, más allá claro de las propias reglas que la norma establece. En el caso de la actividad probatoria, si bien la misma se halla circunscrita expresamente a la fase de juicio oral, no es menos cierto que la potestad de promover las diligencias que se crean pertinentes le esté facultada a la defensa en etapa preparatoria, así el orden del art. 306 del CPP, que brinda la permisibilidad de tal extremo, con el único recaudo de establecer su licitud, pertinencia y utilidad. La actividad de recolección de elementos o medios probatorios para su sometimiento al debate contradictorio del juicio oral, si bien a primera vista, le está atribuido al Ministerio Público, casi de manera exclusiva (así el art. 277 del CPP), no existe prohibición expresa que reprima el impulso de producción de prueba motivada por las partes, salvando claro, el ejercicio de la autoridad jurisdiccional en considerarlas bajo el tamiz de los arts. 171 y 172 del CPP.

 

Hasta aquí resulta evidente que la configuración procesal, dota no solo al imputado, sino a todas las partes, amplias facultades para llevar ante la autoridad jurisdiccional los elementos que consideren pertinentes a objeto de sustentar su posición, ya sea acusando o bien, potestativamente, para el caso de la defensa, desestimando la tesis acusatoria; sin embargo, tal permisibilidad, se halla supeditada a los tiempos y estadios procesales que la norma prevé, así el art. 306 del CPP, abre la posibilidad de proponer diligencias investigativas en etapa preparatoria, el art. 171 de la misma norma brinda el alcance sobre la libertad probatoria y el art. 325 del CPP (en las previsiones de la Ley 007) otorga el límite para su proposición, no existiendo forma ni momento ulterior, para todas las partes, que permita impulso probatorio alguno, bajo pena de preclusión; por cuanto, si bien al imputado le es ampliamente posible recolectar material probatorio durante la etapa preparatoria; así como, controvertir pruebas en la etapa de juicio oral, es también cierto que esa actividad se orienta a partir del papel diligente y activo que se le otorga durante las diferentes etapas del proceso penal.

 

La falta de ofrecimiento oportuno de los medios de prueba para el juicio oral, genera como consecuencia que los mismos no podrán ser admitidos ni producidos en juicio oral. El diseño procesal emanado de la Ley 1970, hace que el proceso no sea un proceso de sorpresas, sino uno regido por reglas claras, con igualdad de oportunidades, transparente, en el que cada una de las partes conozca las pruebas que se producirán  en el juicio y prepararse para su contradicción. El momento procesal oportuno y pertinente para el ofrecimiento de los medios de prueba es para el Ministerio Público la acusación y para la defensa el tiempo posterior a su notificación con este actuado, cuya activación se materializa a tiempo de la realización de la audiencia conclusiva, salvo prueba extraordinaria sobreviniente. En este razonamiento, no es admisible la producción de prueba fuera de ese margen.

 

En el caso de autos el imputado, expresa queja aduciendo que la negativa a la emisión de 19 oficios para recabar información conducente a sostener su tesis defensiva, lesionó su derecho a la defensa y a producir prueba. Manifiesta que el argumento de la autoridad jurisdiccional de no poder producir prueba, no se encuadra a lo previsto por el art. 218 del CPP, cuyo texto es explícito en facultar al Juez o Tribunal la petición de información cursante en registros, además de proponer que en su caso, debió darse una aplicación de la norma bajo el prisma del principio de favorabilidad.

 

De inicio enfatizar que la Sala no se pronunciará sobre el mérito o fondo en el que la solicitud de los diecinueve oficios se hayan basado, no correspondiendo analizar su eventual pertinencia ni utilidad, tanto por no ser éste un Tribunal de mérito, como así tener presente que la forma recursiva optada por la defensa alude a la existencia de un defecto procesal que producto la lesión a un derecho, aspecto último que es el margen del presente análisis.

 

Establecido lo anterior, como muestran los antecedentes llegados a casación, el Ministerio Público, por memorial de 27 de junio de 2011, cursante de fs. 10 a 15 vta., requirió la acusación formal del imputado, documento en el que ofreció la prueba (documental, testifical y literal) para sostener la tesis acusatoria. Tal acto determinó la activación del art. 325 del CPP (regido en ese entonces bajo la Ley 007) habiéndose llevado a cabo audiencia conclusiva el 8 de marzo de 2012 y en la que se dispuso el saneamiento de la acusación, así como se defirió la exclusión probatoria propuesta por la defensa en ese momento, consistentes en: “16.- Requerimiento Fiscal, Notificación y Acta de Posesión de perito a efectos de realizar el estudio pericial dactiloscópico Sgto. Nazario Huanca Ramírez y Dictamen Pericial Dactiloscópico, de fecha 25 de abril de 2011 sobre el cuchillo colectado en el lugar de los hechos” (sic) y “17.- Requerimiento Fiscal, Notificación y Designación de Perito, a efectos de realizar el estudio pericial de ADN de las manchas hemáticas impregnadas en las prendas de vestir y en el arma blanca (cuchillo) realizado por el Perito Forense del IDIF y Dictamen Pericial” (sic).

 

Como se tiene dicho, el ejercicio del derecho a la defensa en su faz de proposición y producción de pruebas, es un elemento obligatorio para quien detente la acción penal, potestativo para quien sopesa la persecución y enjuiciamiento; mas se halla paralelamente reglado por tiempos y formas que la norma establece. En tal sentido, la presentación de la acusación y la notificación con ésta a las partes, anuncia por un lado el cierre formal de la etapa preparatoria, con ello el cierre de cualquier otro impulso que procure la producción de prueba o recolección de indicios, teniendo presente que el acto siguiente es justamente el sometimiento al contradictorio de lo colectado hasta ese momento. Dentro de la configuración que la Ley 007, dispuso para el art. 325 del CPP, se encuentra la realización de la audiencia conclusiva, acto que es conocido en la doctrina como “etapa intermedia”, posee utilidad en el saneamiento de defectos formales y otro tipo de situaciones que coyunturalmente no se relacionen con el tema de los debates, como por ejemplo, excepciones, incidentes, correcciones sobre la forma de exposición de la acusación, así como la oposición de exclusiones probatorias. Dicha norma expresaba al tenor:

 

“Artículo 325. (Audiencia Conclusiva). Presentado el requerimiento conclusivo en el caso de los numerales 1) y 2) del artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis (6) ni mayor de veinte (20) días, computables a partir de la notificación con la convocatoria.

 

Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco (5) días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios.

 

En la audiencia las partes podrán:

 

a) Observar la acusación fiscal o particular por defectos formales, requiriendo su corrección;

 

b) Deducir excepciones e incidentes, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;

 

c) Pedir la resolución de excepciones e incidentes pendientes;

 

d) Plantear incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación;

 

e) Proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el juez dará por acreditados, obviando la actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El juez de instrucción; sin embargo exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos.

 

La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su realización no se admitirá la presentación ni lectura de escritos. Instalada la audiencia, el Juez de instrucción otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida.

 

El fiscal en la misma audiencia, podrá aclarar o corregir la acusación. Si la corrección requiere mayor análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco (5) días para su nuevo requerimiento. Si no existen más observaciones, se tendrá por saneada”.

 

La glosa que precede en su segundo párrafo, brinda a las partes, se entiende imputado, querellante -inclusive la víctima- un espacio de cinco días para el análisis del contenido de la acusación, que bajo el orden del art. 341 del CPP, contiene el ofrecimiento de la prueba y de los medios de prueba a ser producidos en juicio oral, así como brinda en contrapartida oportunidad para el ofrecimiento de otros elementos que las partes consideren pertinentes, ya sea a desmontar la tesis acusatoria del Ministerio Público o bien a soliviantarla, en el caso del acusador particular, actos que deben necesariamente ser desplegados a momento de la realización de la audiencia conclusiva como última oportunidad para un ejercicio de tal naturaleza; por cuanto, el efecto final de esa audiencia es sanear la acusación y por ende aperturar de manera inmediata la competencia de quien llevará el enjuiciamiento.

 

En el caso de autos, si bien se aduce que la solicitud de extensión de oficios a distintas entidades fue realizada ante el Juez de instrucción en un primer momento, no es menos cierto que tal intención no fue expuesta, como la norma precisa al momento de la realización de audiencia conclusiva, es más al momento de tal actuado la defensa ejercitó de manera amplia su derecho a objeción del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público, logrando en su favor la exclusión de los numerales 16 y 17; empero, no se advierte otro ejercicio sobre el particular.

 

La citada audiencia conclusiva, en el marco del régimen normativo llevado en ese momento, constituía el momento cúspide para un ejercicio de tal naturaleza, tanto por estar expresamente señalado en el segundo párrafo del art. 325 del CPP, como también por constituir el cierre de una etapa procesal cuya finalidad es la preparación del juicio oral a través de la recolección de todos los elementos que permitan fundar, tanto la acusación como la defensa del imputado. En el caso de autos, la pasividad de la defensa en este aspecto es clara; y si bien, se realiza solicitudes inmediatamente posteriores, ante el Tribunal de sentencia que llevó el juicio oral, ellas fueron realizadas de forma procesalmente extemporánea y en un momento que sin duda comprometería la vulneración del principio rector de igualdad de las partes ante el Juez contenido en el art. 180.I Constitucional y desarrollado por el art. 30 inc. 13) de la LOJ, por el que se “Propicia que las partes en un proceso, gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio de una con relación a la otra”.

 

Así, en el presente caso la defensa del recurrente rindió en audiencia conclusiva su oposición a ciertas pruebas, y no ofreció ningún elemento probatorio; tal situación podría considerarse incluso como una táctica de la defensa, puesto que no es posible esperar hasta el último instante para pretender incorporar determinada prueba, cuando antecede la existencia de toda la etapa preparatoria atinente a ese fin y en la que el relato fáctico por el que el Ministerio Público requirió la imputación formal no tuvo modificación alguna . Finalmente, corresponde recalcar que el derecho a la prueba, como cualquier otro derecho fundamental, es limitado; encontrándose entre sus restrictores el juicio de pertinencia o admisibilidad y la oportunidad del momento procesal en el que se la proponga, siendo que en ninguna de esas limitantes fuera posible de parte de la autoridad jurisdiccional oponer a la pretensión trabas basadas en formalidades rigurosas o entendimientos imprecisos.

 

En autos, no es evidente lo expresado por el recurrente quien sostiene que la negativa a la extensión de 19 oficios, constituye un defecto absoluto que vulneró algún derecho relacionado al ejercicio de su defensa; por cuanto, no es visible que la autoridad jurisdiccional haya impedido el goce de tal derecho, no pudiendo interpretarse como tal la negativa de una autoridad, como lo fue el Tribunal  de Sentencia Quinto; por cuanto, como está expresado, el momento procesal límite y oportuno había sido superado sin que se haya ejercido el derecho a proponer las pruebas que la defensa haya considerado; más cuando de la revisión de antecedentes, esto es audiencia de 26 de julio de 2012, fs. 625 a 627, el abogado de la defensa, sostuvo que se había realizado ofrecimiento de prueba consistente en “testificales en número de 15 personas, pruebas periciales 3 y pruebas documentales 3, amparado en el art. 317 solicita se oficie a ciertas instituciones que muchas pruebas de ellas han sido ofrecidas por la comunidad de la prueba, pero también pedimos oficie a aeronáutica sobre antecedentes penales de dos ciudadanos, a INTERPOL, aeronáutica remita videos y esta solicitud habida cuenta fuera presentadas y ofrecidas y en reiteradas oportunidades la defensa habría solicitado, no se otorgó los oficio, en tal sentido al haber sido oportunamente ofrecidas las pruebas, que en realidad serían tres, el resto ha sido aportado por el Ministerio Público solicitamos se pronuncie” (sic).

 

La alegada lesión al derecho a la defensa, no debe ser vista de manera aislada en la sola afirmación del recurrente quien consideró que la negativa de los diecinueve oficios solicitados causaron agravio a su defensa, sino ella debe ser entendida también desde los propios actos desarrollados en el proceso, mismo que señalan que la actividad procesal ejercida como estrategia de la defensa tuvo un aparataje que incidió en varios flancos y de los cuales la autoridad jurisdiccional brindó amplias condiciones para su producción como lo fuera el caso de la testifical ofrecida, así como el hecho de que la defensa en todo tiempo de curso del debate ejerció el derecho fundamental al contradictorio, ello claro está por encontrarse en línea con las previsiones procesales de la Ley 1970.

 

IV.2.3.  Sobre la denuncia de coacción ilegal para prestar declaración en juicio oral.

 

Con el título de “reitera agravio de actividad procesal defectuosa por convalidación de coacción ilegal para prestar declaración en juicio oral” (sic), el recurrente alega que de manera previa al 15 de agosto de 2012, fecha en la que se había señalado audiencia de cesación y prosecución de juicio oral, existía un certificado médico datado al 10 de agosto de 2012, en el que se estableció que su persona a ese momento se encontraba delicada de salud ante un cuadro de colecistopatía crónica, cálculos en la vesícula y que debía ser internado en un centro médico por un periodo de cinco días. Tal argumento sirvió a la defensa para solicitar la suspensión de su declaración; sin embargo, el Tribunal hubiera admitido la necesidad de internamiento se concluyó que el certificado no estableció “problemas neurológicos”, que impidan la asistencia a ese acto, habiendo determinado la realización de la declaración. Reservada que fue la apelación, el Tribunal de apelación convalidó aquel acto sosteniendo que no se había demostrado ningún signo evidente de dolencia o enfermedad alguna.

 

Sobre aquel escenario el recurrente afirma que la celeridad procesal, no debía ser ponderada por encima de su derecho constitucional a la vida y la integridad física, como lo garantizan los arts. 15.I y 18.I de la CPE, denotando una muestra de “deshumanización y prejuicio del Tribunal de grado” (sic), cuya traspolación a la norma denota la existencia de defectos absolutos en el orden de los arts. 167 y 169 del CPP, por la inobservancia de los arts. 84, 93, 335 también de esa norma procesal, como de igual forma transgreden los arts. 5 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los arts. 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

En este motivo en específico el recurrente pretende la declaratoria de juicio de reenvío por parte de este Tribunal.

 

IV.2.3.1.        Referencias procesales vinculadas a la denuncia de supuesta coacción.

 

1)           En audiencia de 26 de julio de 2012, el Tribunal de Sentencia convoca a estrados al imputado, quien ante la pregunta sobre sus generales de ley, responde sopesar “un problema de la vesícula, toda esta semana en estado con el dolor, necesito un inyectable” (textual a fs. 627). El Tribunal de sentencia dispuso oficiar al médico forense de turno para que en el día proceda a la revisión del imputado, difiriendo el juicio para el siguiente 30 de julio de 2012 a horas 08:45 am., decisión cumplida por oficio 509/12 de 26 de julio, entregado a la defensa a las 17:00 de la fecha.

 

2)           Más adelante el propio Tribunal por medio de oficio 538/12 de 1 de agosto, dispuso la conformación de junta médica con la intervención de tres profesionales médicos con el fin de informar sobre el estado de salud del imputado, quien se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz.

 

3)    El 10 de agosto de 2012, los médicos designados presentaron ante el Tribunal de sentencia el informe forense requerido, informando la presencia de “colecistopatía crónica a determinarse por estudios gastroentereológicos” (sic) y sugiriendo que “para poder realizar estos estudios se requiere internación en un centro que cuente con los servicios de laboratorio, Rx y ecografías y así establecen un diagnóstico y realizar tratamiento clínico quirúrgico…deberá internarse durante cinco días” (sic).

 

4)   Por medio de memorial presentado el 14 de agosto de 2012, el imputado solicitó se ordene su internación en un centro médico adecuado a las recomendaciones del informe médico.

 

5)           El 15 de agosto de 2012, en audiencia pública el Tribunal de origen, a horas 15:20, instaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva impuesta al imputado; a cuya conclusión a horas 17:10, fue instalada audiencia de prosecución de juicio oral, momento en el cual la defensa solicitó la suspensión del acto a fin de conducir al imputado a un centro médico. Dicho ello se advierte la intervención del Juez Rueda, quien expresó que las condiciones del imputado en ese momento no ameritaban la suspensión de la audiencia; además de previamente haberse sobrellevado la audiencia de cesación a la detención preventiva, habiéndose dispuesto que la audiencia de 15 de agosto fuera llevada a cabo hasta que la hora permita y conjuntamente se disponga al día siguiente- el traslado  del imputado al Hospital San Juan de Dios, a fin de su atención médica. Esta audiencia prosiguió con la declaración del imputado, quien después de brindar generales de Ley indicó que no declararía. La audiencia prosiguió con la exposición de la defensa técnica, que también formuló sobre tal extremo reserva de apelación; aspecto que, fue materializado en memorial, de fs. 1223 a 1231 vta.

 

6)           El Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, concluyó: “…al respecto diremos que tal afirmación es incorrecta, ya que el Juez ha podido ver en persona que el acusado a tiempo de prestar su declaración no demostraba ningún signo evidente de dolencia o enfermedad alguna, situación muy diferente a la ocurrida en fecha 26 de julio de 2012 cuando la audiencia fue suspendida debido a que evidentemente el acusado demostraba signos y quejas de dolor por una supuesta dolencia en la vesícula, por tal razón el tribunal a quo resolvió suspender la audiencia a fin de precautelar la salud del acusado; sin embargo lo más resaltante de la declaración del acusado, es que en ese entonces no se demostró que exista malos tratos, torturas, violencia psicológica como subjetivamente lo afirma el recurrente; en vista de esa supuesta denegación el acusado planteó una acción de libertad que fue resuelta por el Juez 6° de Sentencia en lo Penal de la Capital, quien mediante resolución Nº 13/2012 denegó la tutela y que confirmado por el Tribunal Constitucional mediante SC N° 0125/2013 de fecha 1° de febrero de 32013; entonces no podemos hablar de coacción, malos tratos o violencia psicológica cuando en los hechos se ha demostrado que no existen tales hechos que pretende el acusado en su apelación restringida como supuesto defecto absoluto” (sic).

 

IV.2.3.2. Análisis del caso en concreto.  

 

Sobre aquel escenario el recurrente afirma que la celeridad procesal no debía ser ponderada por encima de su derecho constitucional a la vida y la integridad física, como lo garantizan los arts. 15.I y 18.I de la CPE, denotando una muestra de “deshumanización y prejuicio del Tribunal de grado” (sic), cuya traspolación a la norma denota la existencia de defectos absolutos en el orden de los arts. 167 y 169 del CPP, por la inobservancia de los arts. 84, 93, 335 también de esa norma procesal, como de igual forma transgreden los arts. 5 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los arts. 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

La exposición del hecho sobre el que el recurrente alega constituyó defecto absoluto, se halla en la audiencia de 15 de agosto de 2012, en la que según su planteamiento el Tribunal de origen no dio curso a su solicitud de suspensión de audiencia, basada en un malestar médico sopesado por él, a pesar de existir documentación idónea que acreditase no solo su dolencia, sino aconsejara se le brindara internación médica inmediata. Su posición enfrenta a lo decidido por esa instancia, que denegó la solicitud, manifestando que no presentaba signos que denoten un estado de salud deficiente, sino al contrario sus capacidades síquicas hubieran sido por demás aceptables. La interpretación sobre este hecho, es a voz del recurso, un acto que denotó coacción para su declaración violentando las reglas que para esa situación tienen dispuestos los arts. 84, 93 y 335 del CPP.

 

En tal ámbito anotar que el contenido del art. 84 del CPP, ubicado dentro del Título y Capítulo orientado a las consideraciones sobre el imputado, precisa:

 

Artículo 84. (Derechos del imputado). Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará de que el imputado conozca, los derechos que la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código le reconocen.

 

El imputado desde el inicio de su captura tendrá derecho a ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor.

 

Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor.

 

A su turno el art. 93 de la misma norma procesal, también ubicada en lo referido al imputado, con la precisión de tratarse de las reglas para su declaración, indica:

 

Artículo 93. (Métodos prohibidos para la declaración). En ningún caso se exigirá juramento al imputado, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad; ni se le harán cargos tendientes a obtener su confesión.

 

La declaración del imputado sin la presencia del fiscal y su abogado defensor que contenga una confesión del delito será nula y no podrá ser utilizada en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de quienes la reciban o utilicen.

 

Si por la duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

 

En todos los casos la declaración del imputado se llevará a cabo en un lugar adecuado.

 

Finalmente el art. 335 del CPP, que contiene las causales excepcionales de suspensión de la audiencia de juicio oral en su numeral 2, manifiesta:

 

Artículo 335. (Casos de suspensión). La audiencia del juicio se suspenderá únicamente cuando:

 

2) Algún juez u otro sujeto procesal tengan un impedimento físico debidamente comprobado que les impida continuar su actuación en el juicio, salvo que se trate del fiscal o el defensor y que ellos puedan ser sustituidos inmediatamente;

 

Para el caso del art. 84 del CPP, su inclusión dentro de la norma expone la obligación extensible a todo funcionario que intervenga en la persecución y el trámite penal, de informar al imputado sobre los derechos que lo acogen, con especial incidencia en la obligación de proporcionar y garantizar la presencia de un abogado en el curso del proceso y dar fluidez a las vías de comunicación entre éste y el imputado sin que se violente la reserva de la misma; así como, se precisa en los casos de privación de libertad, se entiende en el primer momento del proceso, además debe garantizarse a través de quien es responsable de esa detención no solo de ser el canal de comunicación sobre las peticiones u observaciones formuladas por aquel, sino además refuerza la obligación de procurar el deber de asistencia técnica.

 

Por las consideraciones de la norma en específico, traspoladas a los argumentos que el recurrente denuncia en este motivo, la Sala no halla vulneración a la norma por parte de los de Sentencia; por cuanto, la presencia de un abogado defensor y la comunicación con éste, no fueron objeto ni de denuncia ni mucho menos de transgresión; en igual sentido la obligatoriedad de transmitir la gama de derechos y garantías que acogiesen al imputado, no es vista como violentada, habida cuenta tanto del momento procesal de la denuncia, en plena sustanciación de juicio oral, superadas las fases iniciales; como así, advertirse la prerrogativa de conocimiento de derechos y garantías ya habría sido superada, justamente por el mismo momento en el que los hechos se hubieran sucedido.

 

En cuanto, a lo referente a las reglas contenidas en el art. 93 del CPP, sin duda adquieren en este momento tensión, por cuanto la alegación de coacción para deponer declaración informativa en la situación de hecho antes relatada debe ser analizada. De tal cuenta, a fines de contextualización la Sala se apoyará en el desarrollo jurisprudencial en la Sentencia Constitucional 0224/2012 de 24 de mayo, que sobre el particular razonó:

 

“III.4. El derecho - garantía de no declarar contra uno mismo: Prohibición de autoincriminación.

 

(…).

 

Este derecho-garantía jurisdiccional está relacionado con la condición jurídica del imputado en el proceso penal desde una perspectiva histórica, pues en el modelo inquisitivo -propio de todo régimen autoritario- el imputado era considerado como “objeto” del proceso, negando su calidad de persona y convirtiéndole en objeto de persecución, motivo por el que debía extraérsele la “verdad” a cualquier costo, consiguientemente obtener su confesión, valiéndose para ello de las más refinadas torturas y coacciones, negándole también su derecho a la defensa. En contrapartida, una concepción constitucional y democrática del proceso penal, concibe al imputado como una persona con derechos y deberes, estableciéndose su condición jurídica de sujeto procesal, razón por la que el imputado debe ser capaz de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa, constituyéndose su declaración en un medio de defensa y no un medio para obtener información de una fuente que es el propio imputado.

 

El derecho a declarar es la prerrogativa que posee el imputado de introducir al proceso la información que considere adecuada, si se parte de la premisa que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, por lo que el imputado no está obligado a brindar información sobre lo que conoce, pues como bien señala Binder: “(…) el imputado no tiene el deber de declarar la verdad.” (Binder, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal; pág. 181). En ese entendido, el imputado es quien determina qué información desea introducir en el proceso y puede declarar cuantas veces lo considere necesario, salvo que sea manifiestamente reiterativo o dilatorio. Cosa muy distinta es que el imputado libre y voluntariamente quiera confesar, sin embargo esta facultad es personalísima y no puede ser inducida por el Estado mediante argucias o diversas formas de coacción.

 

De lo anotado, se extraen la siguientes sub-reglas: a. El término “declaración” debe ser entendido como el ingreso de información a través de una manifestación oral o escrita del imputado; b. El imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar; su negativa o silencio no le generan perjuicio, razón por la que no pueden ser utilizados como fundamento de una resolución administrativa, fiscal o judicial en su contra (arts. 6 y 92 del CPP); c. El imputado tiene libertad de decisión sobre su declaración, que no puede ser coartada por ninguna forma de coacción física o psíquica, como ser tortura, amenaza, juramento, cansancio, pérdida de serenidad, preguntas capciosas, sugestivas o tendientes a obtener alguna confesión, respuestas inducidas, promesa ilegítima de alguna ventaja (arts. 114 CPE y 93 CPP); y, d. La voluntariedad de la declaración del imputado no puede ser eliminada o menoscabada por medios que la excluyan (psicofármacos o “sueros de la verdad”) o instrumentos que registran reacciones inconscientes o reflejos condicionados (polígrafos y similares).

 

La vulneración al derecho-garantía de no declarar contra uno mismo, en alguna de las subreglas señaladas, plasmada en la declaración del imputado u otro acto investigativo o procesal que lo incrimine y lo perjudique, es por mandato del art. 114.II de la CPE (concordante con los arts. 167 y 169 del CPP) nulo de pleno derecho. En consecuencia, al tratarse de un defecto procesal absoluto de la participación del imputado en el procedimiento, es insubsanable y no sujeto a convalidación, por lo que no puede fundar decisión alguna contraria al imputado por parte de la autoridad administrativa, fiscal o judicial, pues se está frente a un supuesto de indefensión material absoluta. Se trata en definitiva de un acto inválido, inexistente para el ordenamiento jurídico e inadmisible como indicio, elemento de convicción o prueba, dada su obtención ilegítima, que carece de toda eficacia y se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.       

 

En esencia el procedimiento penal, no es ajeno a otro tipo de procesos jurídicos; por cuanto a partir de la intervención de las partes por lo general en contienda- se espera la emisión de un decisiorio que ponga fin al conflicto a través de la aplicación de la Ley al caso concreto. En materia penal, esa mecánica tiene un matiz especial, centrado por el sistema acusatorio- en el respeto de los derechos y garantías constitucionales de la persona sobre quien se ejerce la acción penal, y sobre quien eventualmente se aplicará una pena, consagrando el principio de presunción de inocencia. El art. 6 del CPP, declara que: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio”, norma en total sintonía con lo previsto en el art. 121.I Constitucional.

 

De hecho en el proceso penal se cierne una pretensión principal, ejercida ya sea por el Ministerio Público o bien en el acusador particular y sobre la que corresponderá a la autoridad jurisdiccional en base al ejercicio probatorio fundar una decisión, en tal ámbito la presunción de inocencia es considerada como un derecho de doble flanco, pues por un lado garantiza que todo imputado sea considerado inocente hasta que no se declare su culpabilidad, así como establece, en el marco de las prohibiciones probatorias se halla la no autoincriminación; es decir, que el imputado no está obligado a declarar contra sí mismo e incluso aportar pruebas que lo incriminen. De este principio se desprende el derecho del imputado a guardar silencio, a no estar obligado a declarar, a la asistencia de un abogado desde el primer momento de su captura, como también que se le obligue de un modo directo, mediante coacción o indirecto, mediante engaño a declarar su culpabilidad o suministrar datos que faciliten la investigación. En la línea del razonamiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional 0224/2012 de 24 de mayo, constituyen defecto absoluto las decisiones que tengan como base o se funden en la lesión a esos derechos; vale decir, fallos cuya determinación de hechos y culpabilidad ronden la sola versión depuesta por el imputado a través de cualquier tipo de acción que violente su voluntad o la direccione por medio de engaños.

 

El art. 121.I de la CPE, establece la garantía específica del derecho del inculpado de no declarar en su contra, la cual supone la libertad de aquél para declarar o no, sin que de su pasividad pueda inferirse su culpabilidad; es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que se le imputan; de ahí que, el derecho de no autoincriminación deba entenderse como la garantía que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan, razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso la declaración ante cualquier autoridad distinta al Ministerio Público o el Juez y sin la presencia de su abogado defensor.

 

En tal entendido, revisados los antecedentes sobre los que el presente motivo de casación tiene base, no se advierte transgresión al art. 93 del CPP; por cuanto, la intervención del imputado a momento de la audiencia de prosecución de juicio oral de 15 de septiembre de 2012, luego de brindar sus generales de ley optó por no declarar, sin que después se evidencia o advierta existencia de medio alguno que violente su silencio o bien engañe su voluntad para prestar declaración; tal es así, que ocurrido ello, fue la defensa la encargada de ejercer alegatos, no habiéndose emitido ningún tipo de información que pudiera eventualmente ser tomada en contra del imputado para fundar una decisión condenatoria en su contra.

 

Recalcar que el sistema acusatorio no estima como forzosamente necesario el impulso procesal del imputado; por cuanto, por el principio de presunción de inocencia serán las demás partes quienes tengan a su cargo tal impulso, por lo que la finalidad de las normas que orientan las intervenciones del imputado en el proceso restringen imperativamente la generación de medios probatorios prohibidos como lo fuera el caso de inquirir información de la declaración del imputado tanto para fundar una decisión en su contra, como así para lograr de ella una suerte de “cooperación” en la investigación, siendo en todo caso un medio de potestativo de defensa.

 

De igual forma, el recurrente riñe con la decisión del Tribunal de origen de no dar curso a su solitud de suspensión de la audiencia de juicio oral, pese a haberse demostrado documentadamente decaimiento físico y atención médica inmediata. De hecho, constan en el expediente varias determinaciones tomadas por el Tribunal de Sentencia para la valoración y diagnóstico de la salud del imputado, al haber éste manifestado malestares físicos, mereciendo la emisión del certificado médico de 13 de agosto de 2012, labrado por Wilson Quintín Flores Montaño certificando que el imputado presentaba un cuadro de gastritis aguda, colecistopatía entre otras, así recomendar la hospitalización del mismo, para realizar estudios complementarios.


El Tribunal de origen en efecto denegó la solicitud de suspensión de la citada audiencia, manifestando que las condiciones exteriorizadas por el imputado no denotaban incapacidad para prestar declaración, y que el certificado médico presentado si bien contuvo recomendaciones para el tratamiento médico, no sostuvo otro tipo de opinión que comprometiese tanto su presencia en estrados como su capacidad para declarar. Si bien, los términos del acta, de fs. 763 denotan cierta rigidez, no debe perderse de vista que un Tribunal de alzada evalúa hechos y actos jurídicos, así como las consecuencias que éstos conlleven, por lo que entrar en consideraciones que conduzcan a un análisis de la retórica empleada, no dilucidará el derecho que se pretende restringido.

 

En torno a la denuncia de violación del art. 335.2 del CPP, la decisión del tribunal de origen debe ser vista en el contexto de lo acontecido la jornada del 15 de agosto de 2012, pues en la mentada acta esa instancia manifiesta también que el imputado estuvo presente a momento de la celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, ante el mismo Tribunal y en la misma fecha, incluso de haberse señalado que esa instancia no únicamente le estaba facultado el tratamiento de la cesación sino esencialmente la prosecución del juicio oral. Vale decir, que la presencia del imputado no se restringió únicamente al momento previo a su declaración en audiencia de juicio oral, sino se mantuvo durante todo el curso del acto de consideración de cesación de detención preventiva en audiencia iniciada  a horas 15:20 y a cuyo término se dio inicio a la multicitada audiencia de prosecución de juicio oral a horas 17:10, tal como informan actas, de fs. 705 y 762.

 

Teniendo aquel parámetro lo sostenido por los de sentencia adquiere racionalidad y proporcionalidad; por cuanto, los tiempos en los que ambas audiencias se sucedieron, no son extensos, no se hubo presentado ninguna solicitud de suspensión durante el curso del primer acto, la no suspensión de la audiencia no determinó un acto vertical que haya mermado la voluntad de declarar del imputado, o como ocurrió ejercer su derecho al silencio, como finalmente no interfirió con el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe médico, pues la internación sugerida fue efectivizada al día siguiente además de haberse establecido un tiempo prudente para su reanudación.    

 

IV.2.4.  Restricción del ejercicio del derecho a la defensa.

 

El recurrente denuncia actividad procesal defectuosa por ilegal convalidación de restricción indebida del derecho a la defensa, indicando que el 23 de octubre “del año en curso” la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  Santa Cruz, señaló audiencia de apelación a la cesación de la detención preventiva. Paralelamente en igualdad de fechas y tiempos el Tribunal Quinto de Sentencia; señaló también audiencia, en este caso de prosecución de juicio oral. Tal circunstancia motivó solicitar la suspensión de esta última audiencia, teniendo presente la eventual asistencia de los abogados defensores al llamado de la Sala Penal Primera, tanto por el bien jurídico en debate (la libertad del imputado), como por la anterioridad en el señalamiento y notificación de aquella.

 

El imputado relata, que su persona acudió a la audiencia de prosecución de juicio oral del 23 de octubre, que fue llevada a cabo y en la que también se expuso de manera documentada el paralelismo entre ambas audiencias justificando también las razones de la ausencia de sus abogados. La reacción del Tribunal de Sentencia fue declarar abandono malicioso de la defensa con la imposición de una multa de Bs. 9900.-, y el nombramiento inmediato de un defensor de oficio. Sobre este aspecto, el recurrente enfatiza que el hecho de encontrarse esas fechas en proximidades de la conclusión del juicio, apartar a los dos abogados defensores que conocieron todo el trámite y en tal circunstancia nombrar un defensor de oficio cuya tarea inmediata debía ser estudio de un caso de más de mil fojas, constituyó la vulneración de su derecho a la defensa contenido en el art. 115.II de la CPE. La queja sobre tal particular fue llevada a apelación restringida, ante lo cual el Tribunal de apelación, consideró que en ningún momento se había provocado indefensión; empero, sin mediar una carga argumentativa que haga tal afirmación razonable.

 

El recurrente considera que estos hechos conculcaron los arts. 104 y 105 del CPP, pues dichas normas operan en los supuestos de abandono malicioso y no facultan la designación de un defensor de oficio sin antes haberse superado la decisión del propio imputado, además de disponerse un plazo de diez días para la interiorización del eventual abogado defensor con los antecedentes del proceso. Actos que no fueron cumplidos tal cual se halla antes reseñado y que ameritasen la nulidad del juicio.

 

IV.2.4.1. Referencia procesales vinculadas al motivo de casación

 

a)    El 17 de octubre de 2012, se llevó a cabo audiencia de juicio oral, prosiguiendo el 19 de octubre a horas 08:45, al momento de este actuado se venía desarrollando producción de prueba testifical de descargo.

 

b)           El martes 23 de octubre de 2012 a horas 08:45 (fs. 1010), el tribunal de origen ante la inconcurrencia de los abogados de la defensa dispuso la aplicación del art. 105 del CPP, imponiendo la suma de 9.900Bs. a cada uno de los abogados como multa por su incomparecencia, “sin perjuicio que se acredite el motivo de su inasistencia” (sic). Señalando, acto seguido, la reanudación de audiencia para el 24 de octubre de 2012 a horas 08:45, además el Tribunal designó a la abogada Betsy Roca como defensora de oficio y ratificó a Alejandra Ávalos.

 

c)            En audiencia de juicio oral de 24 de octubre de 2012, conforme lo sentado en acta, de fs. 1011, los abogados defensores no concurrieron, únicamente el ejercicio de la defensa técnica estuvo a cargo de las abogadas Alejandra Avalo y Betsy Roca, el imputado informó que su abogado particular se hallaba en ese momento “en la sala penal esperando el certificado que acredite que estuvo ahí el día de ayer” (sic).

 

d)          Por secretaría se informó que hasta ese momento no se había presentado justificativo alguno sobre la inconcurrencia. El Juez técnico Rueda se pronunció en sentido “en el caso presente considero que al no haber concurrido los dos abogados el día de hoy eso implica abandono malicioso que afecta a la sana administración de justicia es verdad que se impuso una sanción a ambos abogados sujeta a que si era cierto los argumentos del memorial de suspensión, pero vemos ahora nuevamente ambos abogados no se han hecho presentes, además de ello si revisamos el cuaderno este tribunal señaló con el día de hoy la séptima audiencia para la recepción de la prueba de descargo, también que pese a que este tribunal ordenaba los comparendos la defensa del imputado no los recogió” (sic); por su parte la Juez ciudadana Morales, expresó que “hace días que estoy enferma y vengo uno tiene que presentar por lo menos una licencia. Toda responsabilidad se debe cumplir” (sic), los demás miembros del Tribunal dieron su asentimiento.

 

e)  La decisión se orientó por la prosecución de la audiencia, interviniendo en ese efecto la abogada Betsy Roca, quien solicitó la suspensión de la misma para interiorizarse “y dar la defensa que corresponde” (sic), moción apoyada por la también abogada de la defensa Alejandra Ávalos. El Tribunal atendiendo el pedido otorgó 24 horas para que “asuman defensa efectiva para que no se violente el debido proceso” (sic) suspendiendo la audiencia para el día 25 de octubre a horas 08:45, señalando además “estamos frente a la octava audiencia en caso que no hayan testigos de descargo entraremos a la otra fase del juicio oral” (sic).

 

  1. El imputado por medio de memorial presentado el 24 de octubre de 2012, planteó recurso de reposición contra la anterior determinación, aduciendo que en efecto el día 23 en horas de la mañana se llevó a cabo de manera coetánea- audiencia de apelación incidental a la cesación de detención preventiva ante la Sala Penal Primera de ese mismo Tribunal Departamental de Justicia. Lo solicitado fue diferido para su consideración en audiencia. El 25 de octubre de 2012, el Tribunal de Sentencia, instaló audiencia de prosecución de juicio oral, con el antecedente de la solicitud de rehabilitación en la defensa de uno de los abogados; dispuso que, la medida de alejamiento y no participación el proceso persista hasta que la sanción impuesta sea cancelada. Se consideró que el hecho de existir paralelamente otra audiencia no justificaba la razón de la incomparecencia a juicio; por cuanto, solo constaba la presencia de uno de los dos abogados ante la Sala Penal Primera, así como, no se había justificado la inconcurrencia de ambos en las audiencias de 23 y 24. Acto seguido se dio la intervención de la abogada Alejandra Ávalos para el interrogatorio de uno de los investigadores asignados al caso, interviniendo también el hoy recurrente.


h)            Este motivo fue desarrollado en el recurso de apelación restringida, y sobre el cual el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, sostuvo: “en cuanto a la supuesta restricción al derecho a la defensa que argumento el recurrente, diremos que el acusado, desde el inicio del proceso penal ha sido asistido por más de un abogado defensor como defensa técnica; entonces al referirnos a la audiencia de fecha 23 de octubre de 2012, la que se refiere el recurrente, se tiene claras evidencias que los dos abogados defensores, sin comunicar al tribunal de forma anticipada asistieron a otra audiencia de otro juzgado, es decir debieron comunicar o informar al Tribunal del impedimento con anticipación; sin embargo pese a ello se evidencia que en ningún momento se le ha provocado indefensión al acusado, por cuanto ante la ausencia del abogado defensor, el Tribunal tiene la obligación de nombrar a un abogado de la defensa pública para que asista al acusado en las subsiguientes actuaciones procesales” (sic).

 

IV.2.4.2. Análisis del caso en concreto.

 

Antes de emprender el análisis de este motivo, la Sala considera necesario reiterar la ubicación procesal y la naturaleza jurídica del mecanismo utilizado por el recurrente. Una denuncia de actividad procesal defectuosa con afectación de derechos y garantías, debe ser analizada no solo en el rigor de la norma; es decir, presuponer que el cumplimiento de la Ley escrita sea dotada de validez en la sola realización de la formalidad de un acto en específico; sino en todo caso, debe comprenderse que la finalidad de los actos procesales en general y en el procedimiento penal en especial- son englobados dentro de una perspectiva macrogarantista del debido proceso y la funcionalidad práctica y real del derecho a la defensa. Por este entendimiento, se dará por superado el fetichismo jurídico del cumplimiento de la forma por la forma misma, abriendo espacio al cumplimiento de la forma en pos de la protección del derecho. Hugo Alsina, citado por Yáñez Cortez, considera que “donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión, no hay nulidad” (Nulidades; Yáñez Cortez, Arturo; pág. 11). Por otro lado, en un cabal análisis de la problemática planteada, debe abordarse no sólo el supuesto fáctico propuesto, sino en la línea temporal de sucesos que en el propio trámite fueron acontecidos.

 

Ya en materia, el recurrente aduce que la imposición de una multa por inconcurrencia de los profesionales que ejercieron la defensa técnica del acusado en octubre de 2012, constituyó un acto restrictivo al derecho a la defensa, teniendo presente que tal situación si bien era evidente, evidente también fue que los motivos de esa ausencia eran justificados y acreditados, a más de considerase que por el momento en el que el juicio oral se encontraba (próximo al cierre de debates),  tal alejamiento tuvo una incidencia mayor a la que se sumaría el insuficiente tiempo otorgado por el Tribunal de Sentencia, para que la profesional designada como defensora de oficio asuma cabal destreza sobre los pormenores del proceso.

 

El Código de Procedimiento Penal, acorde con los presupuestos del sistema acusatorio inclina preponderantemente su atención al pleno ejercicio del derecho a la defensa y el ejercicio de la jurisdicción penal siempre en el marco de la presunción de inocencia del imputado, tal es así, que la presencia de un profesional entendido en leyes es obligatoria desde el inicio mismo del proceso, siendo nulos los actos en los que esa presencia no sea garantizada. El ejercicio del derecho a la defensa es identificado en dos esferas, la defensa material, que potestativamente es ejercida por el propio imputado en cualquier parte del proceso con casi nulas limitaciones y la defensa técnica, ejercida por un profesional en derecho o entendido en leyes. La defensa técnica, tiene especial tratamiento en el texto de la norma, por cuanto prevé como incompatible un desarrollo yuxtapuesto entre defensa material y técnica, (así el entendido del art. 101 del CPP, que no reconoce el ejercicio de la defensa técnica por el propio imputado), además de no restringir su desarrollo y labores en el número de personas que puedan ejercerla ni menos someter tal ejercicio a formalidades, como lo fuera el caso de los pases profesionales.

 

El art. 102 del CPP, intitulado, Número de defensores, taxativamente precisa que “El imputado podrá nombrar cuantos defensores estime necesarios. Cuando intervengan dos (2) o más defensores la notificación practicada a uno (1) de ellos valdrá para todos y la sustitución de alguno no alterará trámites ni plazos”; ciertamente la defensa técnica en la perspectiva del Código de Procedimiento Penal, ni es un instituto abstracto y amorfo, como tampoco ligado a formulismos sacramentales, sino es entendida como una suerte de bloque, en el que se descarta cualquier supuesto de aptitudes o destrezas que pudieran hacerse valer en el caso de la existencia de pluralidad de componentes.

 

Es también cierto el cumplimiento sobre la garantía de la defensa técnica no se ve satisfecho con el solo nombramiento de un profesional; pues además de garantizarse que exista un profesional ejerciendo la defensa técnica, también debe garantizarse condiciones que no obstaculicen su eficacia. La defensa técnica viabiliza que todos los derechos y garantías reconocidos al imputado sean no sólo resguardados, sino en los hechos ejercitados. La coexistencia de la defensa material y la técnica conforma la naturaleza compleja del derecho de defensa penal, por lo que la exigencia de intervención de abogado defensor se plasma como un requisito de validez del procedimiento, lo que implica, no solo un acto representativo o presencial, sino al contrario confiere rotación y progreso al trámite penal; ya que la defensa técnica, promueve el principio de contradicción bien sea por medio de la proposición de diligencias de investigación en etapa preparatoria o, confrontando y contradiciendo los argumentos y pruebas producidas en juicio oral.

 

Dada la configuración del proceso penal boliviano, estructurado por etapas, progresivas y no retrotraibles, la defensa técnica debe gozar de condiciones de (1) intangibilidad, debe ser (2) materialmente presente, y debe (3) garantizarse su presencia a lo largo de su duración desde la captura del imputado hasta incluso ejecución de sentencia, pasando en medio de la etapa preparatoria, juicio oral y fase de recursos. Si bien, la norma no expresa lineamientos sobre cómo y en qué forma debe asumirse la defensa técnica, teniendo presente que de ella se espera el planteamiento y desarrollo de una estrategia de índole jurídico al ser de naturaleza eminentemente técnica y letrada, resulta lógico que desde la perspectiva del Órgano Judicial, únicamente se deba ejercitar y dotar de las condiciones para que esa estrategia sea desarrollada, siempre y cuando su fin no se aleje de los marcos del proceso y sea practicada dentro los límites éticos del ejercicio de la profesión.

 

Considerando todo lo anterior, la Sala no encuentra  agravio en la denuncia de restricción al ejercicio de la defensa técnica propuesta por el recurrente, pues se constata que el mismo estuvo asistido desde el inicio del desarrollo del juicio oral al 25 de junio de 2012 por los abogados, Flores Maese y Cartagena, quienes paulatinamente ejercieron la defensa tanto en la vena central del proceso, como también en las cuestiones incidentales, incluso en la actual fase del proceso, lo que denota presencia tangible, material y señales claras de que su presencia fue garantizada en todo el curso del proceso. Nótese que la eventual imposición de una multa, de ninguna manera significa la desvinculación material de la relación imputado-abogado defensor; sino que, la participación de éste último en ciertos actos del proceso, sin que ello suponga que cualquier decisión anule el asesoramiento técnico y letrado requerido no necesariamente vinculado a una determinada intervención.

 

Asimismo, el acto que el imputado reclama como fuente de la vulneración de su derecho a la defensa, tiene origen en la imposición de una medida disciplinaria ejercida dentro de las facultades que la norma concede a la autoridad jurisdiccional para asegurar el normal desarrollo del proceso. En el expediente consta que el Tribunal de juicio señaló prosecución de audiencia de juicio oral para el día 23 de octubre de 2012, a la cual no concurrieron ambos abogados defensores, estando simplemente el imputado quien dio cuenta sobre la lugar donde se encontraban sus letrados; en esta fecha si bien el Tribunal en aplicación de los arts. 399 y 105 del CPP, impuso una sanción disciplinaria (fueron sancionados con la suma de Bs. 9.900.- ambos abogados), se dispuso también que tal ausencia pueda ser justificada, convocándose a la continuación de esa audiencia para el día siguiente 24, acto que de manera similar fue llevado a cabo en también ausencia de los componentes de la defensa. En medio de ello, consta en antecedentes que el 22 de octubre de 2012 (fs. 1107), previa a la primera suspensión en cuestión, la defensa hizo saber que el día 23 la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, había señalado audiencia de consideración sobre la apelación incidental propuesta por el imputado contra el Auto que negó el cese de su detención preventiva para el día martes 23 de octubre de 2012 a horas 08:30.

 

Comoquiera que tal cual se adelantó, no existe medio que norme la forma en la que la defensa técnica deba ser conformada y ejercitada, mal podría considerarse como argumento la existencia de una o más personas que la compongan y que ellas deban ejercer la defensa de manera interdependiente o en contrario de manera conjunta, salvo en los casos que el Juzgador para mejor orden disponga que en audiencia se concentre una sola intervención; sin embargo, una de las condiciones que dotan de validez a los actos procesales, es justamente la presencia de la defensa técnica; tanto así que, una de las causales de suspensión extraordinaria de la audiencia de juicio es precisamente la ausencia del abogado defensor con la salvedad de que éste pueda ser sustituido. En el presente caso, es claro que los de sentencia en la audiencia del día 23, activaron la sustitución de la persona que ejercía la defensa técnica con el fin de su no suspensión, convocando al efecto a dos abogadas defensoras de oficio y disponiendo la continuación para el día siguiente.

 

En la audiencia del día 24, tampoco fueron presentes los abogados Flores Maese y Cartagena, siendo instalada con la presencia de las abogadas de oficio designadas y abordando la situación de aquella incomparecencia, en la consideración que esa era la segunda ausencia consecutiva calificando esos hechos como abandono malicioso, manteniéndose en consecuencia la sanción impuesta y disponiendo la prosecución del juicio; que sin embargo, fue suspendido hasta el día 25 a pedido de las abogadas defensoras de oficio.

 

En tal virtud, la Sala no evidencia restricción al ejercicio de la defensa técnica dado que la sanción económica impuesta por el Tribunal no significó prohibición del asesoramiento que exige el planteamiento de la defensa técnica y no se basó en una ausencia aislada y tenida como injustificada a pesar de estar justificada, sino como está demostrado fueron dos incomparecencias consecutivas (de las que sólo se justificó una) al llamado del Tribunal lo que motivó no solo la sanción disciplinaria, sino lo que denotó una posición no acorde con el esperado recto comportamiento procesal de los letrados que ejercen la defensa técnica, ante lo que la prosecución el juicio con abogadas defensoras de oficio para que el acusado tenga derecho a la defensa técnica y éste en igualdad de condiciones con relación al Ministerio Público y el acusador particular; esto es, la posibilidad de ejercer durante el proceso todas las facultades y derechos que les asiste a los sujetos procesales, conduce a afirmar que en ningún momento el acusado estuvo desprotegido en el ejercicio de la defensa técnica, otra cosa es que sus abogados actuaron con negligencia al no concurrir a las audiencias programadas de juicio oral, la multa y el monto está acorde a los arts. 105 y 399 del CPP, consiguientemente, no existe vulneración al derecho a la defensa, tampoco constituye defecto absoluto previsto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, dado que el recurrente no acreditó agravio o perjuicio real alguno por este motivo.

 

 IV.2.5. Sobre la negatoria a producir prueba extraordinaria.

 

El recurrente impetra la nulidad del juicio para su reenvío, en el entendido de que la negatoria del Tribunal de sentencia y la confirmación de los de alzada sobre la solicitud de producción de prueba extraordinaria a pesar de su pertinencia, necesidad y haber sido desconocida con anterioridad lesiona su derecho a producir prueba extraordinaria mermando su derecho a la defensa.

 

El antecedente de esta solicitud rastra en la atestación de María Lorena Spinato de Vargas, que refirió la existencia de una persona con el alias de “Tito”, quien conforme el relato del recurso- a la fecha del juicio oral mantenía reclusión en la república del Brasil por supuestos relativos al narcotráfico y el crimen organizado y era identificado por otro testigo como esposo de la víctima o padre de su hijo y cuya conexión se enlazaría con la existencia de una carta en portugués colectada de entre las pertenencias de la víctima. Era necesario explica- “conocer si esta persona con antecedentes delictivos y violentos aun seguiría detenida por narcotráfico en la cárcel de Brasil y/o estaría en esta ciudad, era necesario producir prueba extraordinaria, a objeto de corroborar estos extremos ya que también él tendría los suficiente motivos para asesinar a su pareja que él estaría siendo infiel, sin embargo se vulneró este precepto legal” (sic).

 

Previa reserva de apelación, la queja fue llevada a consideración del Tribunal de apelación en el entendido de que los funcionarios policiales vieron innecesaria la presencia de aquella carta en el cuaderno de investigación. Decisión que es descalificada por no haberse considerado la existencia de una norma, que es el art. 146 del CPP, que prevé las declaraciones de testigos con residencia en el extranjero. Se aduce la violación del derecho al debido proceso y a la defensa contenidos en el art. 115.II Constitucional configurándose defecto absoluto en el marco de los arts. 167 y 169 del CPP.

 

IV.2.5.1.        Referencias procesales vinculadas a la restricción de producción de prueba extraordinaria.

 

a)   El 29 de octubre de 2012, en audiencia de juicio oral, la defensa del imputado solicitó la incorporación de siete literales como prueba de descargo, manifestando a continuación “dado que la relación a los testigos de cargo y de descargo que han hecho mención al referir que existiría un concubino…que estaría preso en el Brasil, RFS voy a solicitar como prueba extraordinaria que se oficie a la Interpol para que remitan al tribunal antecedentes del mismo suponemos que esta persona haya sido la que mando a una tercera persona a ingresar al domicilio de Rosario Castedo para matarlo, para demostrar que mi patrocinado no es autor del hecho” (sic).

 

b)         Ante la oposición del Ministerio Público por considerar que esa solicitud pretendía revertir el juicio y fuera contraproducente e impertinente, el Tribunal de sentencia se pronunció manifestando que: “en el presente caso la primera de ellas la solicitud con relación a la prueba extraordinaria, debe entenderse como prueba que surgió dentro del juicio oral que las partes no tengan conocimiento de esta prueba dentro de la etapa de investigación, preparatoria y desarrollo del juicio oral, la tesis de la defensa pretender hacer ver que en esta etapa preparatoria no tenían conocimiento de la existencia de una persona que nadie cito como conviviente de la víctima, no se puede hablar de prueba extraordinaria de algo que tenían conocimiento y podrán pedir en la etapa preparatoria hacer comparecer al testigo para que declare allá y sobre su declaración venir a juicio, por otra parte la prueba testifical es sabido para todos como abogados que las etapas van precluyen, cuando los convoco a producir las prueba es pata que propongan aquí todas las pruebas, tenemos audiencia en número más allá de las pruebas de descargo después pregunte su iban a producir más prueba testifical, la respuesta fue clara que no van a producir la solicitud es extemporánea por lo que se debe rechazar la solicitud de la defensa por no sujetarse a derecho” (sic).

 

La defensa aclaró que se “pidió certificación de la interpol no la declaración de la persona que estaría presa” (sic).

 

c)          En apelación restringida, el imputado alegó que las deposiciones de los testigos de cargo y el propio querellante coincidían en reconocer la existencia de una persona (supuesto esposo o padre del hijo de la víctima) con residencia en la República del Brasil y que a esa fecha se hallase recluido en la cárcel de Guarulhos, apoyando ese argumento añadiendo que: “inclusive en las actas de recolección de pruebas…consta que entre las pertenencias que tenía la fallecida existirá una carta en portugués que se la habría mandado este sujeto” (sic) y sentando que su pretensión era: “conocer si esta persona con antecedentes delictivos y violentos, con conexiones con organizaciones criminales como aun seguiría detenida por narcotráfico en la cárcel de Brasil y o estaría en esta ciudad, era necesario producir prueba extraordinaria, a objeto de corroborar estos extremos ya que también él tendría los suficientes motivos para asesinar a su pareja” (sic)

 

d)         Tal motivo llevado que fue en apelación restringida, mereció el siguiente tratamiento de parte del tribunal de apelación: “En otro acápite el recurrente argumenta que se le habría denegado la producción de pruebas extraordinarias respecto a la declaración del ciudadano JRFF, pero debemos tener en cuenta que la prueba extraordinaria es aquella prueba que ninguna de las partes sabía de su existencia y que al ser importante para una de las partes se anuncia como tal; sin embargo, en la etapa de a investigación preliminar y preparatoria ya se supo de la existencia de una carta en portugués, según acta del policía asignado al caso y que le habrían enviado a dicha persona, pero los funcionarios policiales al ver innecesaria dicha carta como indicio de prueba no la incluyeron al cuadernillo de investigación, no la propusieron como indicios de prueba en el momento oportuno, por tanto esa carta o el nombrado testigo ya no constituyen una prueba extraordinaria, además de que dicha persona no estuvo presente en la escena del crimen” (sic).

 

IV.2.5.2. Análisis del motivo en concreto.

 

La Sala advierte que el sostén fáctico que el recurrente mantiene en casación si bien apunta un acto acaecido en el desarrollo del juicio oral, en fase de recursos adquirió ramificaciones; por cuanto, el acto inicial se trasluce en la solicitud de producción de prueba extraordinaria sobre las deposiciones testificales de cargo, habiéndose solicitado expresamente: “certificación de la interpol y no la declaración de la persona que estaría presa” (textual a fs. 1127); luego, en apelación restringida se adicionó un argumento de soporte relativo a la existencia de una carta no incluida en la investigación como tampoco producida en juicio oral; y en casación, se añade un nuevo elemento cual es la transgresión del art. 146 del CPP, relativo a la declaración de testigos con residencia en el extranjero.  

 

La Sentencia en el proceso penal viene antecedida por la determinación o establecimiento de un hecho. El Juez o Tribunal reconstruye una situación ocurrida en la realidad en tiempo pasado; dicho de otro modo, en la Sentencia se escribe una verdad en la que se aconseja un aproximamiento lo más cercano posible a la verdad real, al coincidir ésta con lo acontecido verdaderamente y no con lo que, en ocasiones, las partes presentan como tal. Se espera de la administración de justicia la resolución de un litigio a conformidad con la Ley y en observancia de los derechos garantizados por la Constitución, no para impartir una solución a ultranza.

 

La reconstrucción de esa verdad contenida en las sentencias, primero debe obtenerse por medios y en forma lícitos. El proceso penal se estructura conforme a un planteamiento concatenado y lógico, no otra cosa se entiende de la relación de los arts. 329 y 277, que aluden a los fines de la etapa preparatoria para la preparación del juicio oral, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación y la defensa del imputado; y, el objeto del juicio oral, entendido coma la fase esencial del proceso realizado bajo los principios de oralidad, continuidad, inmediación, contradicción y en forma pública. Resulta lógico que en ese antecedente el juicio oral la actitud de las partes se polarice, mientras los acusadores producirán las pruebas de cargo, para obtener el convencimiento del juzgador sobre la vinculación del acusado con el hecho punible imputado, la defensa puede potestativamente producir pruebas de descargo e, incluso, adoptar una actitud de simple negativa, cuando no de absoluto silencio. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a ser oída “con las debidas garantías por un tribunal” (artículo 14. 1); entre dichas garantías, se encuentra la posibilidad de proponer y de practicar prueba en su defensa.

 

La distinción del manejo de la prueba en las etapas preparatoria y juicio oral radica en los distintos fines de cada una de ellas; en la etapa preparatoria las diligencias para la investigación del delito buscan el descubrimiento y conocimiento de las circunstancias del hecho, así como la individualización del autor; en cambio, La prueba producida en juicio oral es distinta pretende lograr la convicción en el juzgador sobre los hechos acusados. En el primer caso, se investiga, en el segundo se prueba.

 

La producción de prueba extraordinaria en juicio oral, es entendida como una causal de suspensión; es decir, un suceso no previsto surgido en el trámite; así, el art. 235 inc. 1) del CPP, precisa que: “La audiencia del juicio se suspenderá únicamente cuando: 1. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable; o cuando sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria”, expresando claramente que las causales de suspensión de la audiencia de juicio oral, principalmente son concurrentes a la actividad probatoria, precisando que la posibilidad de producción de prueba extraordinaria cuando su necesidad sea sobreviniente, emergente del curso del juicio oral y su necesidad se vincule de manera directa con el objeto del proceso; esto es, la base del juicio para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Por el art. 338 del CPP, corresponde a la autoridad jurisdiccional conducir el rumbo de la audiencia de juicio oral, lo que estima también que las eventualidades a presentarse ante la solicitud de producción de prueba extraordinaria deba ser atendida y evaluada por esa autoridad atendiendo el contexto, la naturaleza y los fines que ese acto procesal posee.

 

La defensa del imputado pretendió la producción de prueba extraordinaria sobre un elemento que en evidencia no condijo a las posibilidades que para este cometido brinda la norma, por cuanto la necesidad de información a la Interpol sobre los antecedentes de una tercera persona relacionado a la víctima y cuya referencia se haya desprendido de las atestaciones de cargo, no se ajusta a parámetros sobre pertinencia lógica con el hecho, no quedando claro cuál la pertinencia de esa información; de igual forma, es claro que la pretensión de prueba extraordinaria deba basarse en su necesidad a efectos de la probanza de un hecho o el sostén de una tesis, e irreparablemente deba ser sobreviniente; es decir, emergente de información o reciente suceso, ya en la realización del juicio oral, lo cual no ocurrió en el presente.

 

La existencia de una tercera persona relacionada con la víctima, por una parte no concurre a una forma probatoria determinada, no se pierda de vista que el apoyo de la petición de prueba extraordinaria no concurrió a la generación de una prueba propiamente dicha (entendida como objeto o medio de prueba), sino a la solidificación de su estrategia de defensa encausando la responsabilidad en un tercero, razón por la cual la pertinencia entre el objeto del proceso y el tipo información pretendida no encuentra una conexión razonable. Por otro lado, lo considerado por los de apelación sobre el conocimiento que la parte acusada tenía sobre esa tercera persona, es evidente por cuanto la existencia de esa persona o más personas dentro de la comisión del hecho fue conocido en etapa preparatoria, dentro de las actas de recolección de pruebas realizada por el investigador asignado al caso, justamente en una etapa anterior al juicio oral, aspectos todos que hacen que la denuncia efectuada por el imputado sobre indebida denegación de producción de prueba extraordinaria, carece de mérito al no acomodarse a los parámetros dispuestos por norma.

 

En lo demás la Sala considera que lo expuesto por el recurrente en torno a la aplicación o no del art. 146 del CPP, no se ajusta a los antecedentes del origen del motivo, por tanto no podría emitirse opinión sobre una norma que a la autoridad de origen no le fue ni puesta a consideración ni solicitada en su aplicación.

 

IV.2.6.        Actividad   procesal   defectuosa   por   convalidación   de   una sentencia  basada   en   errónea   aplicación   de   la   ley  penal sustantiva.

 

Dice el recurrente que la Sentencia afirmó que el hecho haya sido motivado a partir de la ruptura de la relación sentimental sostenida entre la víctima y el imputado, tema que es extrañado pues no fue expresado en juicio, no pudiendo ser tenido como elemento de subsunción al tipo penal; más cuando, tal versión contradice las conclusiones del Ministerio Público que atribuyó al hecho a un arranque de celos.

 

Extraña que en la Sentencia se calificó al hecho en las condiciones de los incs. 2) y 3) del 252 del CP, a partir de la sola afirmación, ya que no se demostró la existencia de las condiciones que esos incisos contienen. Conforme certificado médico forense, las puñaladas fueron asestadas de frente en la parte del tórax además de haberse identificado en la víctima cortaduras en las manos, haciendo suponer que desplegó defensa; empero, el recurrente no fue vinculado científicamente con el hecho. Sobre la calificación de ensañamiento, sostiene el recurrente que tampoco fue demostrada; ya que, el certificado forense concluye que la víctima murió casi de manera instantánea, no habiendo padecido sufrimientos prolongados que sean traducidos como esa figura.

 

En este motivo se invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, del cual transcribiendo una porción afirma “es innegable que igualmente en la referida causa, la exigencia de la adecuación típica al delito atribuido no es una cuestión que el Tribunal de alzada pueda salvar con el argumento de que si en el juicio surgiría prueba, sencillamente el tribunal de juicio tenga carta blanca para condenar sin pruebas, sin ejercicio de derecho a la defensa, sin defensa técnica y bajo especulaciones carentes de sustento objetivo en cuando a los elementos integradores del tipo penal del asesinato” (sic).

 

IV.2.6.1. Fundamentos del precedente contradictorio invocado.

 

El Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio de 2013, fue pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolviendo un recurso de apelación restringida en el trámite penal seguido por el Ministerio Público contra DLT por el delito de Asesinato y Lesiones Gravísimas. En esa oportunidad, el Tribunal de apelación declaró procedentes los motivos planteados, anuló la Sentencia y dispuso la reposición de juicio por otro Tribunal.

 

Los fundamentos sostenidos por el precedente contradictorio invocado, si bien atendieron seis motivos recursivos, todos son concurrentes en mostrar deficiencias en la subsunción del hecho al tipo penal realizado por la Sentencia sobre el grado de participación criminal en su relación con los hechos determinados, manifestando “la recurrente fue acusada de ayudar a RC en la muerte de GVM, la sentencia refiere que la imputada jalaba de los cabellos a JCVP y al occiso pretendiendo sustraer sus objetos personales del bolsillo de las víctimas, este hecho el de jalar de los cabellos puede resultar idóneo para ayudar en la perpetración del delito de asesinato, empero tomando en cuenta que la Sentencia no establece el grado de participación de la imputada-recurrente respecto a los delitos de Asesinato y Lesiones en el comportamiento de la recurrente, existe duda respecto de dicha participación criminal, por lo que ciertamente el hecho solo de jalar de los cabellos a una de las víctimas, se traduce en incongruente respecto a la condena, por los delitos de Asesinato y Lesiones” (sic).

 

IV.2.6.2. Verificación de la contradicción planteada.

 

La relación de los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.3 de la LOJ, establecen que el Tribunal Supremo de Justicia le está conferida la resolución de los recursos de casación y la labor de uniformar jurisprudencia, tarea que en materia penal es articulada por los arts. 416 y siguientes del CPP, diseño que se enmarca dentro de un sistema precedencial de jurisprudencia, cuyo soporte técnico jurídico es la de un precedente contradictorio que “constituye una decisión judicial previa que funciona como modelo para determinar un grado de contradicción con los Autos de Vista recurridos en casación. Viene a constituir un criterio interpretativo utilizado en la resolución de casos iguales a los que se procura casación. En sentido estricto, se trata de las razones de la decisión de un fallo, cuya aplicación se pretenda contraria al fallo que se recurre, razón por la que se exige entonces que el caso presente en el cual se lo invoca sea análogo al anterior precisamente en relación con los hechos relevantes a los que se aplicó un determinado tratamiento jurídico, de ahí la comprensión del art. 416 del CPP, en calificar a la contradicción partiendo desde la identificación de una situación de hecho similar”  (Auto Supremo 077/2018-RRC de 23 de febrero). En esa misma línea la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre los alcances del término situación de hecho similar, tiene sentado en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.

 

Como está visto, los fundamentos desarrollados por el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio, están orientados al tratamiento de una situación de hecho, que es la subsunción del grado de participación criminal decidido en Sentencia, cuestionándose si éste se relacionaba con los hechos determinados y la fundamentación, que en suma constituye la situación de hecho similar, a ser tenida en cuenta para la presente verificación de contradicción.

 

La contradicción expuesta por el recurrente propone su desarreglo con la Sentencia de grado y el Auto de Vista recurrido, sobre la base fáctica sobre la cual los juzgadores inferiores concluyeron y refrendaron, la existencia de las causales de los incisos 2) y 3) del art. 252 del CPP, que a juicio del recurso y en su perspectiva, no condicen con lo expresado en el precedente contradictorio invocado; aspecto que, resulta inexistente ya que las consideraciones, argumentos, abordaje y tratamiento jurídico son referidas al grado de participación criminal en un hecho específico y la consecuente construcción argumentativa que ello implique, lo que no resulta similar a lo aseverado por el recurrente, quien a partir de una interpretación propia, cuestiona una serie de hechos (celos, ruptura de relación sentimental, etc.), aduciendo que por tales razones no se habría probado la existencia de las causales contenidas en aquellos numerales, más no se cuestiona el grado de partición criminal.

 

IV.2.7.        Actividad procesal defectuosa por convalidación de la sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba.

 

El recurrente manifiesta que se incurrió en ella al convalidarse una Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba con el siguiente detalle:

 

a)         La sentencia posee “hechos jamás ocurridos” (sic), como la afirmación de la testigo María Lorena Spinato de Vargas sobre los planes de la víctima en terminar la relación sentimental mantenida con el imputado, cuando por el registro de llamadas entre ambos se denota que esa intención no era factible.

 

b)         No se acreditó que el imputado utilizó el arma homicida, ni otro tipo de aspecto que los vincule.

 

c)         No se valoró correctamente lo atestado por Indira Mercedes Velásquez Poso, que afirma que el imputado al momento de ocurrido el hecho se encontraba por inmediaciones del primer anillo, como tampoco de lo que “manifiestan los testigo Spinato y Vargas habrían sucedido las discusiones, no otorgándoles ningún valor” (sic).

 

d)         La Sentencia no contiene valoración integral de la prueba, con particular carencia en lo que es la prueba de descargo producida, descartándola a partir de una expresión lacónica sobre su insuficiencia.

        

El Tribunal de alzada consintió la existencia de las insuficiencias descritas y su correspondencia de nulidad, cuando en todo caso debió actuar conforme a lo delineado por el art. 169 inc. 4) del CPP, mas no convalidar el defecto contenido en la Sentencia; es decir, la inobservancia del art. 173 del CPP, ante la ausencia la citada ponderación integral de la prueba, que significa en los hechos “una elección de prueba condenatoria” (sic).

 

A partir del señalamiento de las pruebas 6, 7, 8, 9, y 10, el recurrente proyecta la posibilidad de una variación en el fallo final, por cuanto ellas demostraban la inexistencia de antecedentes; empero, -señala- “como el tribunal se hallaba ya reatado a una condena, jamás lo hizo esa valoración” (sic).

 

Invoca como precedente contradictorio al Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, transcribiendo a fines de exposición un fragmento, que sirve de base para expresar que el Auto de Vista impugnado asume un sentido contrario al precedente por cuanto valida una sentencia a partir de suposiciones y conjeturas sobre su participación en el hecho, sin ningún elemento probatorio, dando por acreditados cada uno de los elementos normativos del art. 252, en sus incs. 2) y 3) del CP; cuando para ello era indispensable una participación efectiva no una presencia circunstancial, basada en pruebas” (sic).

 

IV.2.7.1. Fundamentos del precedente contradictorio invocado.

 

El Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolviendo el recurso de apelación restringida promovida por el acusado contra una Sentencia dictada en su contra que lo declaró culpable de la comisión del delito de Asesinato previsto en el art. 252 incs. 2) y 3), imponiendo la pena de treinta años de privación de libertad. El precedente contradictorio en cuestión determinó declarar procedentes los motivos expuestos anulando totalmente la sentencia y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal. Los motivos que concurrieron a este determinativo son extractados a continuación:

 

“Las conclusiones arribadas por el Tribunal, carecen absolutamente de respaldo probatorio objetivo en base a elementos probatorios introducidos a juicio oral, no se advierte cuál es el respaldo probatorio en que se basó el Tribunal para concluir que el acusado asediado por dichas circunstancias propinó a la occisa golpes de puño y pie en el rostro, cabeza y en toda la humanidad, al respecto al Tribunal de sentencia incurre en omisión de explicar debidamente, en base a qué pruebas objetivas introducidas a juicio llegaron a esa conclusión, traduciéndose ciertamente en algo que pudo haber sucedido, el Tribunal de Sentencia, no explica en base a que prueba llegaron a la conclusión de que el acusado quitó la vida de la víctima, no se explica cómo estableció la existencia de la alevosía como o de qué forma el acusado actuó con ventaja y sobre seguro, para determinar la existencia del comportamiento alevoso, no se advierte apoyo probatorio alguno que determine que el imputado cometió el delito de asesinato, menos aún, respecto al ensañamiento, es decir la conducta por el cual el agente causa daño más de lo necesario a la víctima, es débil el argumento de que por celos existiría los motivos fútiles o bajos” (sic).

  

Trámite del motivo en el recurso de apelación restringida.

 

Dictada la Sentencia, el imputado opuso contra ella recurso de apelación restringida, exponiendo como agravio, un argumento cuya base fáctica es similar a la sostenida en casación, salvando el reclamo contenido en el acápite d) de este apartado y las alegaciones sobre la valoración de la prueba de descargo referidas a los antecedentes personales del imputado y que en perspectiva del recurso bien pudieron determinar un cambio en la forma en que la condena fue pronunciada. Sobre estas últimas situaciones, no habiendo sido puestas a consideración del Tribunal de Alzada, mal podría sobre ellas emitirse un criterio en esta fase procesal, más cuando se debe tener presente que la cadena procesal que une al recurso de casación en su faz nomofiláctica (arts. 416 y siguientes del CPP), obligan al contraste de un criterio jurídico en el precedente contradictorio invocado sobre el razonado en el Auto de Vista que se impugna.

 

En tales condiciones el Tribunal de apelación, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba se pronunció señalando:

   

“Al respecto diremos que no es evidente porque el Tribunal de la causa ha recibido la declaración o testimonio de las testigos María Lorena Spinatto de Vargas y la Sra. Indira Mercedes Velásquez Poso y en los hechos probados o valoración de la prueba,  el tribunal inferior les otorgó el valor probatorio y análisis pormenorizado conforme las facultades exigidas por los arts. 124, 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal; ahí claramente se observa que no existe una valoración defectuosa de la prueba con incidencia en la determinación que asume el tribunal, por lo que los actos del inferior no se adecuan a los motivos de nulidad que establece el art. 370 incs. 1), 2) y 3) y 365 del Código de Procedimiento Penal, dictando al efecto una resolución debidamente motivada y cumpliendo además con la exigencia del art. 124 del CPP; en ese entendido, en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia en lo penal de la capital, se llega a establecer que no existen vicios ni defectos de la sentencia; toda vez, que el tribunal hace mención de las pruebas tanto de cargo como de descargo otorgándoles un valor jurídico o en su caso otorgándoles cierto valor probatorio para todas las pruebas en su conjunto; es decir, ha especificado y asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con explicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga ese determinado valor, tal como lo exige el art. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal.

 

el Tribunal ha actuado correctamente al manifestar y fundamentar que existe en tiempo y espacio la acción de Renatto Cafferata cuando a horas 14:00 se encontraba en el interior del inmueble (de los hechos) indicando que tiene certeza sobre dicha presencia que se encuentra avalada por las prueba testificales de dos personas, habiendo llegado a la conclusión de que el causante de la muerte (de la víctima) fue sin lugar a dudas el acusado y que según el informe del policía Kent Ortiz, la causa del hecho se debió a la ruptura de la relación sentimental de la víctima con el acusado que no fue aceptada por este  y que fue motivo suficiente para que incurra en el delito de asesinato, al haber demostrado actitudes celosas y obsesivas” (sic).        

 

Verificación de la contradicción planteada.

 

Como se dijo atrás, la fórmula recursiva asumida por el Código de Procedimiento Penal, activa el recurso de casación a partir de la formulación o planteamiento de la contradicción sobre una situación de hecho similar entre una resolución precedentemente dictada y la que se recurre. En esencia la casación procura la unificación en las forma de aplicación y entendimiento de la Ley en aras del resguardo del principio de igualdad, que en materia jurisdiccional trasluce a los derechos de igualdad ante la Ley de protección o trato de parte del Órgano Judicial. En casación entonces se analizan las formas en las que la Ley en su generalidad es aplicada en los tribunales inferiores, restando de tal consideración espacios para análisis de hechos o bien proferir criterio sobre las alegaciones de las partes en etapas inferiores del proceso.

 

Corresponde entonces emprender el abordaje determinando el sentido jurídico tomado por el Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto. De hecho esa decisión guarda similitud superficial con el Auto de Vista impugnado, por cuanto ambos tienen como referencia un proceso penal tramitado por el delito de Asesinato como también la subsunción de los hechos sobre las causales contenidas en los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP; es decir, la existencia de un hecho originado en motivos fútiles y bajos, así como con alevosía y ensañamiento; resultaría claro hasta aquí, que el marco general del análisis tendría que ver con la aplicación sustantiva de la norma; vale decir, el entendimiento y alcance que hubo podido expresarse sobre el significado de esas causales y su relación con los hechos en el caso concreto; sin embargo, adentrando el estudio del precedente invocado, resalta el hecho que las consideraciones que éste tuvo para su decisión se apoyan, no en el sentido jurídico que haya brindado la sentencia a la materia sustantiva de la norma, sino en la ausencia de elementos que sostengan la existencia de alevosía, ensañamiento, así como el significado de motivos fútiles y bajos. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, comprendió que las conclusiones de la Sentencia, no expresaban con claridad la existencia de tales motivos; denotó que las conclusiones sobre un estado de ofuscación en el agente, no encontraban asidero probatorio; en suma, que la subsunción del hecho al tipo penal no se hallaba debidamente respaldada a partir del acervo probatorio, como así también una errónea valoración de la prueba en lo que fue la reconstrucción de los hechos determinada en el texto de la sentencia.

 

En tal antecedente, las situaciones en el caso de autos tienden a ser ostensiblemente distintas; por cuanto, el Auto de Vista 76 de 17 de noviembre de 2017, a más de brindar una respuesta en correspondencia al agravio sobre errónea valoración de la prueba que le fue puesta en consideración, tuvo como conclusión que en efecto los extremos contenidos en la Sentencia respondían a la prueba producida en juicio oral, como que de ella se desprendió la valoración que determinó la existencia del hecho y la subsunción a los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP (la ponderación de las deposiciones de cargo, las consideraciones sobre la comisión propia del hecho en parangón con los estudios forenses, la atestación de los investigadores asignados al caso, etc.), la determinación de los hechos, y otras consideraciones relativas, para llegar a la conclusión de la no transgresión de los arts. 124, 171 y 173 del CPP.

  

El recurso de casación, es un mecanismo netamente jurisdiccional que busca la protección y el control de legalidad de las decisiones tomadas en instancias inferiores, razón por la cual el debate llano y simple sobre los hechos y la determinación de los mismos debe darse en instancias inferiores. Bien es cierto, que las conclusiones de estas instancias, pueden no ser compartidas por las partes, como asume ahora en la defensa, pero no por ello devienen en arbitrarias. En cada una, la Sala halla razones independientes y suficientemente sustentadas en el marco procesal vigente que permitieron llegar al resultado arribado en las anteriores fases del proceso. Las divergencias interpretativas, como lo es el caso presente, respecto del material probatorio no constituyen fuente de violación al debido proceso, por cuanto, el llano desarreglo en la apreciación y valoración de la prueba o el descontento con el resultado del proceso, no incide en la materia de juicio en sede casacional.


Por las razones antes expresadas la Sala, no encuentra mérito con base jurídica ni argumento fáctico en las denuncias de actividad procesal defectuosa, declara carentes de fundamento a las denuncias de defectos absolutos inconvalidables no susceptibles de convalidación por violación o restricción de derechos y garantías constitucionales, así como establece que la contradicción pretendida no es ni cierta ni evidente, debiendo en consecuencia fallar en ese sentido.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Renatto Cafferata Centeno.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos