TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 544/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 55/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Gustavo Adolfo Villarroel Barrios

Delito                : Lesiones Graves y Leves


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de marzo de 2018, cursante de fs. 370 a 379 vta., Gustavo Adolfo Villarroel Barrios, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 08 de 20 de febrero de 2018, de fs. 354 a 357 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Gladys René Zenteno Zarate contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves  y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 05/2017 de 21 de marzo (fs. 306 a 312 vta.), el Juez Séptimo de Sentencia y Partido en lo Penal Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Gustavo Adolfo Villarroel Barrios, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, imponiendo la pena de trabajo en defensa pública por un año, más la reparación de daños civiles a calificarse en ejecución de sentencia. Debiendo el director de Defensa Pública asignar al sentenciado los casos que viere por conveniente e informar mensualmente al juzgado durante el año que dure la condena.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Gladys René Zenteno Zárate (fs. 317 y vta.), y el imputado Gustavo Adolfo Villarroel Barrios (fs. 319 a 330), respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 08 de 20 de febrero de 2018, declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 28 de febrero de 2018 (fs. 358), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 7 de marzo del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Manifiesta el recurrente, que el Auto de Vista recurrido incurrió en error de hecho y derecho al declarar probada una inexistente ampliación de la demanda “que según el Auto de Vista cursa en el Expediente de fs. Xxxx 01-103 y vlta, por los siguientes antecedentes procesales que arroja el expediente: La NEGLIGENCIA del Denunciante, Policía, Fiscales y Algunos Jueces: No dieron cumplimiento al debido proceso, han cometido Delitos y Infracciones” (sic), afirma que la denuncia presentada por el supuesto delito de Lesiones Graves y Leves fue planteada por Federic Cafferata no por su esposa Gladys Rene Zenteno Zarate de 15 de septiembre de 2011, al respecto transcribiendo la declaración de Gladys Rene Zenteno Zárate en la policía y ante el Fiscal, afirmando, que presentaría contradicciones con la declaración prestada por la prenombrada en el juzgado; asimismo, transcribiendo la declaración policial y fiscal de Federic Cafferata Calderón, asevera que tendría contradicción con la declaración prestada en el juzgado; así también transcribe las declaraciones policial, fiscal y en el juzgado de los testigos Oliver Rosas Leigue y Valeria Salvatierra Becerra; respectivamente, afirmando que existen muchas contradicciones en ellas, que las agresiones fueron entre mujeres, que su persona efectivamente agredió al Sr. Cafferata; empero, no a la esposa, lo que evidenciaría que el Auto de Vista recurrido faltó a la verdad. Al respecto cita la Sentencia Constitucional 582/2004-R.


  1. Por otra parte refiere, que el Auto de Vista recurrido, no se pronunció respecto a la extinción de la acción penal; toda vez, que la denuncia fue el 15 de septiembre de 2011, que hasta marzo de 2018, transcurrieron más de 6 años y 6 meses, retardación de justicia atribuible a la negligencia del denunciante, policía, fiscales y algunos Jueces, que no dieron cumplimiento a los plazos procesales, pues después de la acusación fiscal del 16 de junio de 2015, el denunciante fue notificado con la acusación particular el 15 de octubre de 2015, presentando su acusación particular el 28 de octubre de 2015, dejando pasar tres días, por lo que el 10 de noviembre de 2015, solicitó extinción de la acción penal ante el Juzgado Séptimo de Sentencia y Partido Liquidador alegando que en el juicio oral lo resolvería en Sentencia; sin embargo, fijado el juicio oral para el 9 y 10 de marzo de 2016, fue suspendida porque no se presentó el Fiscal, fijándose juicio oral para el 16 de junio de 2016, al que no asistió; toda vez, que tuvo que viajar a otro país a ver a su hija que se encontraba mal de salud, por lo que no se inició el juicio oral, habiéndoselo declarado rebelde; sin embargo, el Juez de instancia no se pronunció sobre la extinción de la acción penal; respecto al cual, no se emitió el Auto de Vista recurrido, sin tomar en cuenta, los memoriales de rechazo de denuncia, declaraciones policiales de la supuesta víctima, declaraciones de los testigos tomadas en el juzgado ni las contradicciones que existen entre las declaraciones policiales y en el juzgado ni su solicitud de la extinción de la acción por el tiempo transcurrido, constituyendo defecto absoluto que vulnera el debido proceso y la igualdad jurídica, ya que, desde el 15 de septiembre de 2011, hasta la fecha transcurrieron 5 años y 10 meses de violación a sus derechos a la defensa y debido proceso y los arts. 27 incs. 10) y 11), 72, 133, 134, 135, 169, 171, 173, 179, 289, 292, 293, 297, 298, 300, 302, 304, 305, 308, 314.III, 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Al respecto cita las Sentencias Constitucionales 0582/2004-R y 600/2003-R de 6 de mayo y el Auto Supremo 181/2016-RRC de 8 de marzo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 28 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 7 de marzo del mismo año, cumpliendo de esta manera, con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al primer motivo, donde el recurrente alega que el Auto de Vista recurrido incurrió en error de hecho y derecho al declarar probada una inexistente ampliación de la demanda, resultándole contradictorias las declaraciones prestadas por Gladys Rene Zenteno Zárate y Federic Cafferata Calderón ante la policía, fiscalía y juzgado, también afirma, que le resulta contradictoria la declaración policial, fiscal y en el juzgado de los testigos Oliver Rosas Leigue y Valeria Salvatierra Becerra; evidenciándose, que las agresiones fueron entre mujeres, que efectivamente su persona agredió al Sr. Cafferata; empero, no a la esposa, faltando a la verdad el Auto de Vista impugnado; al respecto cita la Sentencia Constitucional 582/2004-R; empero, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, la misma no constituye precedente contradictorio, constituyendo tales únicamente los Autos de Vista pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que establezcan o ratifiquen doctrina legal aplicable, no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita y explicación de contradicción que exige la ley.


Por los fundamentos expuestos, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente motivo no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, menos con los presupuestos de flexibilización que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situación por el que deviene en inadmisible.


Respecto, al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido, no se pronunció respecto a su reclamo concerniente a que el Tribunal de mérito no se pronunció ante su solicitud de extinción de la acción penal, situación que constituye defecto absoluto, que vulnera el debido proceso y la igualdad jurídica ya que desde el 15 de septiembre de 2011, hasta la fecha transcurrieron 5 años y 10 meses de violación a sus derechos a la defensa y debido proceso y los arts. 27 incs. 10) y 11), 72, 133, 134, 135, 169, 171, 173, 179, 289, 292, 293, 297, 298, 300, 302, 304, 305, 308, 314.III, 315 del CPP.


Al respecto, invocó el Auto Supremo 181/2016-RRC de 8 de marzo; empero, se limitó a citarlo y realizar la transcripción de cierta parte del precedente; no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir parte del Auto Supremo; sino, que corresponde a quien recurre explicar, por qué considera que el Auto de Vista impugnado contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso.


En cuanto, a la cita de las Sentencias Constitucionales 0582/2004-R y 600/2003-R de 6 de mayo; en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las mismas no constituyen precedentes contradictorios, constituyendo tales únicamente los Autos de Vista pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que establezcan o ratifiquen doctrina legal aplicable, no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita y explicación de contradicción que exige la ley.


No obstante a lo anterior, en la fundamentación de este motivo, el recurrente denuncia la concurrencia de defectos absolutos, teniendo como antecedente generador del hecho (que el Auto de Vista recurrido, no se pronunció respecto a su reclamo concerniente a que el Tribunal de mérito no se pronunció ante su solicitud de extinción de la acción penal), aspecto que vulneraría sus derechos (al debido proceso y a la igualdad jurídica), teniendo como resultado dañoso la confirmación de la Sentencia. De la fundamentación expuesta, se observa que el impetrante cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; en consecuencia, el recurso en examen deviene en admisible únicamente a los fines de evidenciar si el Auto de Vista no se pronunció respecto a su reclamo concerniente a que el Tribunal de mérito no respondió ante su solicitud de extinción de la acción penal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gustavo Adolfo Villarroel Barrios, de fs. 370 a 379 vta.; únicamente para el análisis del segundo motivo identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos