TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 542/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018

 

Expediente                Cochabamba 18/2018 

Parte Acusadora        Ministerio Público

Parte Imputada        Guzmán Romualdo Gutiérrez y otros

Delito                : Legitimación de Ganancias Ilícitas

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 21 de marzo de 2018, cursante de fs. 1370 a 1373, el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2017, de fs. 1354 a 1358, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Guzmán Romualdo Gutiérrez, Edwin Romualdo Delgado y Lidia Delgado Choquevillca por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y la Ley 262 de 30 de julio de 2012.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

 

  1. Por Sentencia 3/2017 de 18 de enero (fs. 1295 a 1314 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Tunari del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Guzmán Romualdo Gutiérrez, Edwin Romualdo Delgado y Lidia Delgado Choquevillca absueltos de la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del CP, modificado por las Leyes 004 y 262, ya que la prueba aportada por el Ministerio Público no fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad en el delito endilgado.

 

  1. Contra la mencionada Sentencia, la representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1322 a 1330), que fue resuelto por Auto de Vista de 29 de noviembre de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

 

  1. Por diligencia de 14 de marzo de 2018 (fs. 1360), la parte recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

 

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Luego de una sucinta reseña sobre los argumentos sostenidos por el Auto de Vista impugnado, la parte recurrente realiza un bagaje sobre normas nacionales y supranacionales- que garantizan el derecho de impugnación, apoyado en un fragmento del Auto Supremo 389/2015-RA de 15 de junio, atinente a los supuestos de flexibilización de requisitos que habilitan el recurso de casación, trayendo como motivos de su recurso los siguientes:

 

  1. Sobre la denuncia de inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva expuesta en apelación restringida: la absolución pronunciada por el Tribunal de juicio se basa en apreciaciones subjetivas, pues al momento de la valoración de las atestaciones del Cap. Nelson Choque, la Sbte. Lizeth Gonzáles y la Tte. Ninoska Mendoza Bazoalto no se asignó el valor probatorio de relevante o irrelevante, realizando sólo una transcripción de lo declarado; la misma situación estaría presente en lo que es la prueba documental, habiéndose limitado a su mera enumeración y que se agravase con la exclusión del informe realizado por la Unidad de Investigaciones Financieras, a pesar de haber sido legalmente obtenida, aspecto último que en perspectiva del recurso transgrede el principio de verdad material contenido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

Agrega que no existe pronunciamiento sobre los antecedentes penales de Guzmán Romualdo Gutiérrez, más cuando ellos arrojasen la existencia de sentencia condenatoria por delitos contenidos en la Ley 1008, y cuyo proceso fue el origen del presente. El Tribunal de Sentencia no emitió criterio sobre éste hecho a pesar de que la prueba inherente no fue excluida. En suma tales aspectos hacen presente la existencia del defecto incurso en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicando de manera incorrecta el “art. 185 bis de la Ley 1008” (sic).

 

  1. El Auto de Vista impugnado obvió ejercer control sobre la Sentencia obviando que ésta se limitó a realizar una relación de hechos y descripción de la prueba de manera parcializada, olvidando la insuficiente fundamentación del elenco probatorio pese al deber legal de una adecuada labor de subsunción, lo que degenera un defecto procesal absoluto en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, al no haberse emitido criterio sobre la totalidad del acervo probatorio. Sobre este particular afirma la entidad recurrente que “el auto de vista…se ha soslayado su consideración en su contexto intrínseco, limitándose a puntualizar que la sentencia…no adolece de este defecto porque los fundamentos de hecho y derecho…son suficientes…empero…este…proceder…se halla en contraposición con los antecedentes” (sic).

 

  1. En torno a los agravios de existencia de los defectos inmersos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, la resolución otorgada por el Auto de Vista en cuestión carecería de fundamento ya que sólo se expone un resumen de los antecedentes suscitados desde la presentación de la acusación, para después transcribir pasajes de la Sentencia, concluyendo en apreciaciones subjetivas y sin sustento legal, sin que se exprese las razones legales en que basaron su decisión.

 

Prosigue alegando que en el reverso de la página 4, el Auto de Vista realiza una revalorización de la prueba refiriendo que el Tribunal de origen realizó un análisis descriptivo e intelectivo de la prueba sin haber tenido presente la fundamentación de agravios efectuada por el Ministerio Público, lesionando de ésa manera el debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Todo ello se hallaría en contraposición con la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, del cual se transcribe una porción.

 

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 14 de marzo de 2018, interponiendo su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo la parte recurrente plantea una supuesta errónea aplicación del art. 185 bis del CP, en correspondencia con el defecto de la Sentencia hallado en el art. 370 inc. 1) del CPP, manifiesta que los argumentos de la Sentencia poseyeran varias falencias, y sobre ellas brinda también varios adjetivos. En esencia cuestiona la falta de asignación expresa a cada una de las pruebas como también la exclusión de un informe emitido por la UIF y los antecedentes que por delitos de la Ley 1008 haya tenido uno de los imputados. En perspectiva del recurso estas inobservancias constituyesen una errónea aplicación del art. 185 bis del CP y no fueron objeto de revisión menos de análisis de parte del Tribunal de apelación, quien se habría limitado a hacer una paráfrasis e incluso reproducción de la Sentencia constituyendo un defecto procesal absoluto en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP.

 

Sobre este particular, la Sala Penal considera que los requisitos procesales necesarios para la admisión no fueron cumplidos, habida cuenta que no son citados menos invocados los precedentes contradictorios que sirvan como soporte para un eventual juicio de contraste, incumpliendo la exigencia del art. 416 y ss. del CPP; asimismo, los parámetros para una eventual apertura extraordinaria de competencia no son presentes, pues la lesión identificada y cuya repercusión cause un daño ostensible sobre un derecho o garantía no es vista dentro del recurso. Si bien son expuestas consideraciones de hecho referidas a varias pruebas en específico en las que se riñe su valoración, no se distingue, más allá con el descontento con el resultado del proceso, argumento suficiente que promueva un análisis de fondo.

 

En lo que toca al segundo motivo, donde se denuncia la existencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación apoyado en el art. 169 inc. 3) del CPP, cuestionando cierta omisión sobre el ejercicio de control sobre la Sentencia por parte del Auto de Vista, de igual manera el Ministerio Público incumple la forma procesal habilitante en casación, no habiéndose previsto la invocación de un precedente contradictorio que reporte discordancia en el tratamiento de una situación de hecho similar, así como la carga argumentativa que pretenda flexibilización de requisitos procesales, es en amplitud insuficiente. 

 

Finalmente en el tercer motivo del recurso, en el que se denuncia contradicción al Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, que brindaría en el enfoque del recurso- parámetros para la labor de valoración probatoria y control sobre ésta de parte del Tribunal de apelación, ante los que el Auto de Vista impugnado hubiera tomado una dirección contraria al ingresar a la revaloración de la prueba, sin que se haya tomado en cuenta las alegaciones efectuadas por el Ministerio Público, transcribiendo fragmentos de la misma sin ninguna señal de control jurídico sobre los mismos y carente de fundamento, generando vulneración al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.

 

En este particular, la parte recurrente expone una situación de hecho cuya similitud alcanzaría al contenido del Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, alegando contradicción entre ambas resoluciones, cumpliendo de tal forma lo previsto en los arts. 416 y ss. del CPP, restando en tal consideración declarar la admisibilidad del presente motivo.

 

POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, de fs. 1370 a 1373, únicamente para el análisis de contraste planteado en el tercer motivo. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos