TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 540/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                Cochabamba 17/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otros

Parte Imputada        Jorge Luís Castillo Valencia

Delito        Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de
  Tránsito


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 201 a 207, Jorge Luís Castillo Valencia, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 23 de enero de 2018, de fs. 190 a 194, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rolando Edgar Cors Castellón y Adima Fidelia Jaldín Coímbra contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 35/2010 de 18 de septiembre (fs. 144 a 150), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Jorge Luís Castillo Valencia, autor de la comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Jorge Luís Castillo Valencia formuló recurso de apelación restringida (fs. 153 a 155 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista de 23 de enero de 2018 (fs. 190 a 194), que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 12 de marzo de 2018 (fs. 196), fue notificado el recurrente, con el referido Auto de Vista e interpuso recurso de casación el 16 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer agravio el recurrente denuncia, que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva ante su motivo de apelación concerniente a que la Sentencia adolece de fundamentación de hecho y de derecho sobre los ilícitos que fue juzgado; toda vez, que no indicó cuáles las disposiciones legales infringidas del Código de Tránsito que hubiere cometido; que pese, a que fue identificado como fundamento de la apelación restringida en el Considerando III; el Tribunal de alzada omitió su consideración y pronunciamiento, aspecto que constituiría defecto absoluto que vulnera el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), resultando contradictorio a los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 060/2012 de 30 de marzo.


  1. Por otra parte denuncia, violación a derechos fundamentales y garantías constitucionales en su vertiente derecho a la defensa; toda vez, que remitido y puesto en conocimiento su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, recién fue sorteado para su consideración el 30 de junio de 2017, señalando como Vocal relator al Dr. Nelson Pereira Antezana; empero, por providencia de 4 de septiembre de 2017, se dejó sin efecto dicho sorteo por la renuncia del Vocal Dr. Meneses, disponiéndose nuevo sorteo previa convocatoria a autoridad competente; por lo que, por providencia de 11 de enero de 2018, se convocó a la Dra. María Anawella Torrez Poquechoque, Presidenta de la Sala Penal Segunda disponiendo que se notifique a la autoridad personalmente, constituyendo actividad procesal defectuosa; puesto que, no dispuso la notificación a las partes a fin de que haga uso del recurso de recusación correspondiente, aspecto que viola su derecho a la defensa; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 033/2007 de 26 de enero.


  1. Reclama que el Auto de Vista recurrido no se encuentra debidamente fundamentado; no obstante, convalidó la pena de lo establecido por el art. 261 primera parte del CP, en virtud de la defectuosa valoración de la prueba MP-6 referente al examen de alcoholemia practicada por SERVITOX, laboratorio inexistente que hace constar el grado alcohólico permisible, que no puede ser base o sustento para agravar su situación, que si bien existe un hecho de tránsito que tiene las características de culposo; toda vez, que prestó el auxilio correspondiente a la víctima y otros, dicho aspecto no fue valorado como atenuantes, evidenciándose que se vulneró los arts. 173, 339 y 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante el Tribunal de alzada no fundamentó debidamente, respecto a la existencia de defectos absolutos previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, así como las violaciones al debido proceso y las observaciones a las reglas de la sana crítica; en suma, no concretizó sobre la defectuosa valoración de la prueba. Al respecto invoca el Auto Supremo 337 de 7 de junio de 2004.


  1. Finalmente reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación que viola derechos y garantías constitucionales; puesto que, afirma haber impugnado la Sentencia respecto a que incidió en defectuosa valoración de la prueba, falta de motivación y fundamentación; sin embargo, no fueron debidamente absueltos, dejándole en una situación de incertidumbre por no conocer cuáles las razones para que la Sentencia haya sido confirmada, resultando contrario al Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de marzo de 2018, interponiendo su recurso de casación el 16 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al primer motivo, donde le recurrente reclama que el Auto de Vista impugnado incurrió en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre su motivo de apelación concerniente a que la Sentencia adolece de fundamentación de hecho y de derecho sobre los ilícitos que fue juzgado, puesto que, no indicaría cuáles las disposiciones legales infringidas del Código de Tránsito que hubiere cometido; que pese a que fue identificado como fundamento de apelación restringida, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse al respecto, constituyendo defecto absoluto.


Al respecto invocó los Autos Supremos 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 060/2012 de 30 de marzo, que establecerían que se incurre en incongruencia omisiva al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las diferentes pretensiones planteadas; explicando el recurrente que el Auto de Vista recurrido incurrió en dicho defecto al omitir pronunciarse ante su reclamo referido a que la Sentencia adolece de fundamentación de hecho y de derecho sobre los ilícitos que fue juzgado, puesto que, no indicaría cuáles las disposiciones legales que hubiere infringido del Código de Tránsito; en la argumentación de este motivo, se evidencia que el impetrante explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.


Con relación al segundo motivo, en el que denuncia, violación a derechos fundamentales y garantías constitucionales en su vertiente derecho a la defensa; toda vez, que remitido y sorteado su recurso de apelación restringida para su consideración el 30 de junio de 2017, se señaló Vocal relator al Dr. Nelson Pereira Antezana, que por providencia de 4 de septiembre de 2017, fue dejado sin efecto dicho sorteo, ante la renuncia del Vocal Dr. Meneses, disponiéndose nuevo sorteo, por lo tanto, mediante providencia de 11 de enero de 2018, se convocó a la Dra. María Anawella Torrez Poquechoque Presidenta de la Sala Penal Segunda disponiéndose que se notifique a la autoridad personalmente, sin disponer la notificación a las partes a fin de que haga uso del recurso de recusación correspondiente, aspecto que constituye actividad procesal defectuosa, que viola su derecho a la defensa.


Sobre este agravio, invocó el Auto Supremo 033/2007 de 26 de enero; que establecería que con la convocatoria a otra autoridad competente, se debe disponer la notificación a las partes para que hagan uso del recurso de recusación correspondiente; señalando el recurrente que dicho entendimiento no fue cumplido por el Tribunal de alzada, constituyendo actividad procesal defectuosa, ya que, no se dispuso la notificación a las partes con la convocatoria a otra autoridad lo que violaría su derecho a la defensa; conforme se tiene de la fundamentación de este motivo, se evidencia que el impetrante explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia, en admisible.


Respecto al tercer motivo, donde reclama que el Auto de Vista recurrido no se encuentra bebidamente fundamentado, convalidando la pena de lo establecido por el art. 261 primera parte del CP, en virtud de la defectuosa valoración de la prueba MP-6 referente al examen de alcoholemia practicada por SERVITOX, que no puede ser base o sustento para agravar su situación, pues si bien existe un hecho de tránsito que tiene las características de culposo; toda vez, que prestó el auxilio correspondiente a la víctima y otros, dicho aspecto no fue valorado cómo atenuantes, evidenciándose que se vulneró los arts. 173, 339 y 370 inc. 6) del CPP; no obstante, el Tribunal de alzada no fundamentó respecto a la existencia de defectos absolutos previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, las violaciones al debido proceso y a las reglas de la sana crítica; en suma, no concretizó sobre la defectuosa valoración de la prueba.


Al respecto invocó, el Auto Supremo 337 de 7 de junio de 2004; empero, corresponde a una causa en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por tanto, no puede considerarse precedente oponible al presente caso, por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio.


Consecuentemente, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se tiene que el recurrente no cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, menos con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; toda vez, que el recurrente, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados por el Auto de Vista recurrido, tampoco detalló en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos o garantías, a tal efecto, el motivo sujeto a análisis deviene en inadmisible.


Finalmente, respecto al cuarto motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación que viola derechos y garantías constitucionales; puesto que, impugnó que la Sentencia incidió en defectuosa valoración de la prueba y falta de motivación y fundamentación; sin embargo, no fueron debidamente absueltos por el Tribunal de alzada, dejándole en una situación de incertidumbre por no conocer cuáles las razones para que la Sentencia haya sido confirmada, resultando contrario al Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, que establecería el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, explicando el impetrante que el Tribunal de alzada no absolvió debidamente sus reclamos, dejándole en incertidumbre; toda vez, que no conoce las razones por los que la Sentencia fue confirmada; conforme se tiene de la fundamentación de este motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jorge Luís Castillo Valencia, de fs. 201 a 207, únicamente para el análisis de los motivos primero, segundo y cuarto identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos