TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 534/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : La Paz 37/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Mario Choque Ramírez

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de enero de 2018, cursante de fs. 605 a 613, Mario Choque Ramírez interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 39/2017 de 16 de agosto, de fs. 577 a 587 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Universidad Mayor de San Andrés representada por Elizabeth Lourdes Alba Balboa y el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz representado por Raúl Jiménez Sanjinéz contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 1/2014 de 29 de enero (fs. 477 a 481 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Mario Choque Ramírez, autor de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más daños civiles y costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, Elizabeth Lourdes Alba Balboa en representación legal de la Universidad Mayor de San Andrés (fs. 495 a 496) y el imputado Mario Choque Ramírez (fs. 498 a 507), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 82/2014 de 9 de octubre (fs. 533 a 537), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 492/2015-RRC de 17 de junio (fs. 565 a 569 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 39/2017 de 16 de agosto, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación del imputado y revocó en parte la Sentencia apelada, disponiendo la autoría y culpabilidad del acusado de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, sancionado por el art. 203 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más daños civiles y costas al Estado.


  1. Por diligencia de 30 de noviembre 2017 (fs. 604), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 4 de enero de 2018, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


El recurrente refiere que ante la emisión de una decisión jurídica se debe entender que el deber inicial de las autoridades, es el de cumplir, al margen del principio de legalidad, el deber de realizar las mismas de forma fundamentada, de otra manera, la resolución adolece de un defecto de forma que la torna ilegal, en estricta aplicación del mandato constitucional de los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y las Sentencias Constitucionales 1602/2003-R de 10 de noviembre, 0361/2003-R de 25 de marzo y 0829/2003-R de 17 de junio. Expresando a su vez lo siguiente: i) Alega violación al debido proceso en la vertiente de fundamentación de la Resolución y la valoración integral de la prueba, refiriendo que la Sentencia no contempla y/o contiene un análisis jurídico detallado y adecuado en cuanto al alcance tan gravoso que contiene, pues simplemente se limita a exponer un criterio general sobre el particular, realizando una descripción de algunas piezas probatorias literales y utilizadas de forma abstracta como se puede apreciar en la EXPOSICION DE MOTIVOS DE HECHO PROBATORIOS de la Sentencia (cita texto), donde el recurrente cuestiona la logicidad de las declaraciones testificales producidas en juicio; además que sólo se habría hecho una descripción genérica de las pruebas literales, sin indicar qué pieza de éstas ayudó a entender los hechos investigados, mucho menos utilizan la sana crítica, siendo que los documentos supuestamente falsos, no llevan ni firma. La obligación de los juzgadores a momento de redactar la Sentencia es la de elaborarla señalando cuál es el valor y preponderancia que adquirió cada uno de los elementos utilizados, para que adopten la determinación de condenar por el hecho acusado, lo que demuestra la falta de fundamentación de la Sentencia. No existe una relación documental de la prueba documental en cuanto a las testificales, no se indica qué testigo da esa certeza objetiva o en qué hecho se basa el Tribunal la convicción de la participación en los ilícitos perseguidos (cita la Sentencia Constitucional 1369/2001 de 19 de diciembre), quebrantando el derecho al debido proceso en su vertiente de la motivación de la decisión asumida en Sentencia (cita la Sentencia Constitucional 757/2003-R de 4 de junio); ii) Señala que la resolución apelada quebranta además el principio de congruencia en cuanto a su contenido, ello en mérito a que al no tener una motivación concreta y específica, como se demostró, el alcance de la misma no puede ser congruente; sin embargo, como hecho probado el Tribunal señala que se habría Falsificado Ideológica y materialmente toda la prueba literal signada como MP-3, sobre la que no existe una relación siquiera nominal sobre los documentos que se hicieron o los documentos que supuestamente falsificó, sólo se dice que existe autoría por haber ido al Colegio de Abogados a tramitar la credencial, donde no se habría llegado a señalar qué hecho o acto dañoso se hubiera causado a cada una de las instituciones. Estas circunstancias provocan defectos evidentes al debido proceso, afectando el derecho a la defensa, lo que ocasionó indefensión material y técnica quebrantando lo señalado en los arts. 360 incs. 2) y 3), 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 115 y 119 de la CPE; iii) Señala que los anteriores fundamentos reclamados en el recurso de apelación restringida no fueron absueltos por la resolución ahora impugnada, ya que simplemente se hace una mención para la consideración del Auto de Vista, considerando que el Tribunal de Sentencia habría hecho uso de la sana crítica, pero se olvidan de precisar que éste principio no implica que la decisión se quede en la psiquis de los jueces, sino que por mandato legal debe estar reflejada en el contenido de la de resolución (cita extracto del Auto de Vista), donde se puede observar las incongruencias señaladas como legales, siendo que en la valoración de la prueba se hace referencia a que sí se habría hecho mención en Sentencia, en líneas simples, lo que no implica que se esté utilizando la sana crítica para realizar una fundamentación sobre su importancia. Por ello el recurrente argumenta que la resolución debe estar debidamente fundamentada, que demuestre cuáles fueron los elementos observados y valorados según la sana crítica, donde el Tribunal de alzada sólo hizo una conclusión; sin embargo tampoco señalan, cuáles son las pruebas valoradas. Cómo puede pretenderse dar validez a una resolución lacónica, incompleta y con defectos; siendo que mas bien se debería emitir un Auto de Vista que debiera ser fundamentado en su interior.


Asimismo aduce, que ante la ausencia de la comisión de los delitos por los que inicialmente se acusó, para luego imponer la pena de tres años y medio, entonces porqué establecer la misma cantidad de la pena, más aún si se determinó la procedencia en parte, siendo que sólo se condena por Uso de Instrumento Falsificado, pero no se indica qué pasó con los demás delitos, si se condenó o se absolvió, citando las Sentencias Constitucionales 1578/2004-R de 30 de septiembre y 1466/2005-R, alegando en el mismo sentido la existencia de precedente contradictorio del Auto Supremo 26/2014 de 17 de febrero; ya que en el presente caso, ni el Tribunal de Sentencia menos el Tribunal de alzada realizaron la fundamentación y explicación de atenuantes y agravantes, eliminando y haciendo desaparecer dos delitos que estaban dentro de la acusación y hacen al principio de congruencia, siendo que se mantuvo la condena impuesta respecto a los tres delitos acusados, siendo contrario al Auto Supremo 212/2013 de 11 de junio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.



IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado en dos oportunidades, el 6 de octubre y 30 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 4 de enero de 2018; y evidenciándose este aspecto permitido por el Tribunal de alzada, precautelando la aplicación del principio pro homine que rige los actos procesales, considerando la suspensión de los plazos procesales durante la vacación judicial de la gestión 2017 del 5 al 29 de diciembre y el feriado de 1 de enero de 2018, se considera que el recurso fue planteado dentro del plazo de los cinco días hábiles que otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente en su único motivo haciendo una remembranza de los agravios planteados en el recurso de apelación restringida sobre la Sentencia que considera habría incurrido en violación al debido proceso en la vertiente de fundamentación de la Resolución y la valoración integral de la prueba y además de quebrantar el principio de congruencia en cuanto a su contenido; aduce que el Auto de Vista, sobre estos agravios no fueron absueltos por la resolución recurrida, citando extractos de la resolución de alzada, aduce que se puede observar las incongruencias señaladas como legales, siendo que en la valoración de la prueba se hace referencia a que sí se habría hecho mención en Sentencia, en líneas simples, lo que no implica que se esté utilizando la sana crítica para realizar una fundamentación sobre su importancia; siendo que más bien se debería emitir un Auto de Vista que debiera ser fundamentado en su interior. Asimismo aduce que ante la ausencia de la comisión de los delitos por los que inicialmente se acusó, para luego imponer la pena de 3 años y medio, más aún si se determinó la procedencia en parte de la apelación, no se indica qué pasó con los demás delitos, si se condenó o se absolvió, alegando en el mismo sentido la existencia de precedente contradictorio del Auto Supremo 26/2014 de 17 de febrero; ya que en el presente caso, ni el Tribunal de Sentencia menos el Tribunal de apelación realizaron la fundamentación y explicación de atenuantes y agravantes para la pena, eliminando y haciendo desaparecer dos delitos que estaban dentro de la acusación y hacen al principio de congruencia, siendo que se ha mantenido la condena impuesta respecto a los tres delitos anteriormente acusados, siendo contrario al Auto Supremo 212/2013 de 11 de junio.


El recurrente dentro de su recurso, ha plasmado dos denuncias sobre las que engloba su petición, la primera respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista en relación a los puntos apelados; y la segunda respecto a la fundamentación al momento de imponerse la pena, modificándose la responsabilidad penal por un solo delito (art. 203 CP) de acuerdo a la resolución impugnada en casación.


Considerando estos aspectos, primeramente es preciso señalar que si bien el recurrente refiere que el Auto de Vista no habría dado respuesta a sus dos denuncias sobre la falta de valoración probatoria y la existencia de vicios de congruencia, en la lectura íntegra al recurso no se observa cuál sería la contradicción del Auto de Vista sobre dichos agravios con referencia a alguno de los precedentes invocados al término del recurso de casación por parte del impetrante, tomando en cuenta que los arts. 416 y 417 del CPP, son claros al establecer que al momento de plantearse el recurso de casación, independientemente de invocarse el precedente, debe señalarse la contradicción de éste con el Auto de Vista de manera clara, precisa y concreta; tal como lo ha establecido también el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto; lo que se extraña en la fundamentación del recurrente, por lo que al no haber dado correcto y cabal cumplimiento al requisito formal, no es posible ingresar a considerar el fondo del asunto sobre la denuncia respecto al no pronunciamiento del Auto de Vista a los aspectos señalados precedentemente.


Por otra parte como segundo aspecto, denuncia que el Auto de Vista impugnado, al momento de modificar la Sentencia en parte, habría incurrido en el mismo error que la Sentencia en cuanto a la falta de fundamentación de la sanción a imponerse, considerando que se condenó únicamente por el tipo penal inserto en el art. 203 del CP, para cuyo efecto y así sustentar su petición, el recurrente invoca el Auto Supremo 26/2014 de 17 de febrero; observándose al respecto que se establece una mínima motivación al indicar la contradicción del precedente deducido, pero que para este Tribunal es suficiente a los fines de poder considerar en el fondo la cuestión planteada, por lo que en atención a ello, estando mínimamente cumplidos los presupuestos formales de los arts. 416 y 417 del CPP, resulta procedente la admisión del recurso y aperturar la competencia de esta Sala Penal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Mario Choque Ramírez, de fs. 605 a 613, únicamente para considerar lo precedentemente identificado, tomando en cuenta los alcances establecidos. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos