TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 532/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente        : La Paz 36/2018

Parte Acusadora        : Siria Lourdes Aguirre Vargas   

Parte Imputada          : Juana Gutiérrez Quispe y otro 

Delitos                        : Estafa y otro     


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de febrero de 2018, cursante de fs. 524 a 525, Juana Gutiérrez Quispe, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 001/2018 de 5 de enero, de fs. 519 a 522 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Siria Lourdes Aguirre Vargas contra la recurrente y Cleto Román Morales Vargas (Declarado Rebelde), por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 10/2016 de 27 de julio (fs. 486 a 491), la Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Juana Gutiérrez Morales, autora de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previsto y sancionado por los arts. 335 y 337 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, así como al pago de costas y la reparación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.        


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Juana Gutiérrez Quispe (fs. 497 a 498 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 001/2018 de 5 de enero, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 26 de enero de 2018 (fs. 523), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 6 de febrero del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. La recurrente señala que el contrato de anticrético fue suscrito el 11 de noviembre de 2005 y el problema se suscitó el 26 de octubre de 2009, momento en el que se desalojó a la impetrante, a su familia y a sus inquilinos situación que emergió de una mala negociación y falta de pago del bien inmueble por deudas; asimismo, señala que desde un principio la anticresista Sra. Liria Lourdes Aguirre Vargas a momento de suscribir el contrato de anticrético sabía y estaba informada de la hipoteca del bien inmueble tal como se menciona en el contrato de anticrético y a pesar de dicha información suscribió el contrato, viviendo por más de cuatro años en el inmueble, más de lo debido conforme al mismo contrato, aspecto que se puede corroborar con la declaración testifical; por otro lado refiere que de la prueba de descargo y cargo se establece claramente que no hubo la mala intención de engañarle y/o estafarle con dolo un monto de dinero; además refiere que la víctima no quiso rescindir el contrato y persistió en querer seguir viviendo en el bien inmueble a pesar de la hipoteca; por otro lado, la imputada señala que desde un principio quiso conciliar con la demandante pero ella no quiso, siempre exigió una suma excesiva, alta, fuera de la realidad; asimismo, acota que, la impetrante y su abogado en reiteradas oportunidades presentaron memoriales de conciliación.


  1. Refiere que la Sentencia incurrió en el defecto de la Sentencia comprendido en el art 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque en el transcurso del juicio oral público y contradictorio, la prueba aportada por la parte acusadora particular no guarda relación entre las declaraciones testificales siendo las mismas contradictorias. En el mismo sentido, señala que la Sentencia no aplicó de manera correcta el art. 173 del CPP, porque no observó que las testificales eran contradictorias con relación al delito de Estafa. Al respecto, señala que la doctrina legal y la jurisprudencia del derecho comparado en forma profusa señala la libre valoración de la prueba producida durante el juicio y encuentra su límite en la sana crítica, como una condición del debido proceso en el que se requiere que sea integral metódico, libre, razonado e imparcial. Esa valoración debe ser de lo vivido en el juicio oral; sin embargo, en el presente caso no guarda relación con la fundamentación de la Sentencia.


Al respecto invoca como precedentes contradictorios el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005 y la Sentencia Constitucional “12/2-R”.


  1. La jueza en aplicación del art. 363 inc. 2) del CPP, restringiendo lo infame y ampliando lo favorable debió dictar Sentencia absolutoria por advertirse prever contradicción por la prueba aportada en la acusación particular; al respecto, observando la fundamentación y contraste intelectivo de la comunidad de la prueba señala que existió mala valoración de la prueba, porque las de descargo no fueron adecuadamente valoradas; toda vez, que la testifical de Siria Lourdes Aguirre Vargas desde un principio estableció que se tenía el conocimiento que el bien inmueble estaba con gravamen de hipoteca y que a pesar de tal situación se hizo constar a momento de suscribir el contrato; es decir, siempre estuvo informada; de todo ello, se tiene establecido que no existió una valoración correcta, lo que vulneró el art. 370 inc. 6) del CPP, siendo que la Juez dio más credibilidad a las contradicciones de los testigos de cargo lo que es inaceptable porque infringe las reglas de la sana crítica; finalmente, señala que la doctrina legal emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció que ante la existencia de contradicción en las resoluciones de los Tribunales, relacionado esto con lo señalado precedentemente conlleva a la reposición del juicio.


Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 54/2010 de 9 de marzo, 31/2012 de 23 de marzo y 537/2006 de 17 de noviembre.

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la primera parte del art. 418 del CPP, debe examinar si se cumplieron con los requisitos de admisión previstos por los arts. 416 y 417 de la citada norma procesal, para con su resultado, declarar admisible o inadmisible el recurso, ésta labor tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal, abriendo su competencia pueda confrontar, sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.


Conforme se precisó en el acápite III inc. i) de esta Resolución, el plazo para interponer el recurso de casación es de cinco días, mismo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles; en autos, conforme se advierte de la diligencia a fs. 523, estableciendo que fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado el 26 de enero a horas 17:15; por otro lado, consta en el cargo a fs. 525 vta., que presentó su recurso de casación el 6 de febrero del mismo año a horas 18:10; es decir, a los siete días de practicada la diligencia; por lo tanto, fuera del plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del CPP; en consecuencia, habiéndose presentado el recurso de casación fuera del plazo de ley, el mismo deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal. Ante la inobservancia del primer requisito de admisión del recurso, resultando innecesario ingresar al análisis de los demás presupuestos de admisibilidad. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juana Gutiérrez Quispe, de fs. 524 a 525.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos