TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 531/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : La Paz 35/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Ana Ligia Castro Silva Vda. de Arana

Delitos                : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de febrero de 2018, cursante de fs. 246 a 249 vta., Bárbara Mery Trujillo López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 21/2017 de 10 de noviembre, de fs. 237 a 243 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Ana Ligia Castro Silva Vda. de Arana, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 12/2017 de 20 de marzo (fs. 186 a 196 vta.), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ana Ligia Castro Silva Vda. de Arana, absuelta de la comisión de los delitos Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad, sin costas por ser excusables, disponiendo la cesación de las medidas cautelares de carácter personal y real asumidas en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Bárbara Mery Trujillo López formuló recurso de apelación restringida (fs. 209 a 221 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 21/2017 de 10 de noviembre, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 21 de febrero de 2018 (fs. 244), fue notificada la recurrente, con el referido Auto de Vista e interpuso recurso de casación el 28 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extrae el siguiente motivo:


Previa relación de antecedentes procesales, la recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo 530/2014 de 7 de octubre, puesto que, amparó su recurso de apelación en los arts. 407 y 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la Sentencia se basó en defectuosa valoración de la prueba, aplicando de manera errónea la Ley sustantiva, no tomando en cuenta lo previsto por el art. 173 del CPP, al no considerar las pruebas aportadas, limitándose a señalar que se trató de un cumplimiento de contrato, que no había existido dolo ni engaño al suscribir el mencionado documento; sin embargo, el Tribunal de alzada no efectúo una correcta valoración de los antecedentes procesales, puesto que, creó una imaginaria imputada como es Emma Modesta Pinto Plata, que en ningún momento fue parte del proceso, evidenciándose que utilizó plantillas, emitiendo respuesta sin fundamentación legal, no considerando que la imputada actuó de forma dolosa, ya que, dio datos falsos como alegar que se llamaba Ana Ligia Castro Vda. de Arana, siendo su verdadero nombre Ana Ligia Castro Silva Vda. de Arana, lo mismo ocurrió respecto al número de su cédula de identidad; empero, confirmó la Sentencia, cuando mediante las pruebas aportadas demostró los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales acusados.


Añade, que el Auto de Vista alegó que los Tribunales de apelación están impedidos de revalorizar prueba, tratando de coartarle su derecho al recurso de casación, puesto que, considera que directamente debía pronunciarse sobre la Sentencia; empero, basándose sobre una plantilla en el punto 1 inc. b) refirió que la Sentencia había considerado las pruebas, no observando que el fallo de primera instancia no consideró la prueba AP.2, además de las maniobras fraudulentas realizadas por la imputada, pues en el documento suscrito entre ambas partes en litigio, no consideró que la cláusula quinta, refiere que el contrato se computaría a partir de la inauguración del local, demostrando en juicio, que el mismo recién empezó a funcionar el 9 de noviembre de 2005, fecha en la que comenzó a correr el contrato por el lapso de 4 años forzoso y 1 voluntario, feneciendo recién el 9 de noviembre de 2010, cuando la imputada ya había suscrito un documento privado de reserva de arrendamiento del inmueble con Carmen Rey con un canon de arrendamiento de $us. 1.200, que comenzó a correr desde el 4 de mayo de 2010, hasta el 4 de mayo de 2012; y, el 30 de julio de 2010 la imputada dio el mismo inmueble en calidad de contrato de arrendamiento con garantía real de inmueble a favor de Franklin Iván Mendoza Doria Medina, con una duración de dos años a partir del 2 de agosto de 2010, lo que evidencia que en la conducta de la imputada existió el ardid, el artificio para engañar, constituyéndose los elementos subjetivos y objetivos creando un fraude perjudicial para su patrimonio, perfeccionándose el delito de Estelionato; sin embargo, dichas pruebas no fueron valoradas de manera integral incumpliendo el art. 124 del CPP.


Al respecto, cita el Auto Supremo 200/2012 que sería concordante con los Autos Supremos 332/2012 y 304/2012.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.




IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 21 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 28 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al único motivo, donde la recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo 530/2014 de 7 de octubre, puesto que, amparó su recurso en los arts. 407 y 370 inc. 6) del CPP, ya que la Sentencia se basó en defectuosa valoración de la prueba, aplicando de manera errónea la Ley sustantiva, no tomando en cuenta lo previsto por el art. 173 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada no efectúo una correcta valoración de los antecedentes procesales, pues utilizando plantillas creó una imaginaria imputada, emitiendo respuesta sin fundamentación legal, no considerando que la acusada actuó de forma dolosa, ya que, dio datos falsos sobre su nombre y número de cédula de identidad; no obstante, confirmó la Sentencia, limitándose a señalar que está impedido de revalorizar prueba, coartándole su derecho al recurso de casación, puesto que, considera que directamente debía pronunciarse sobre la Sentencia; empero, no observó las maniobras fraudulentas realizadas por la imputada, pues en el documento suscrito con su persona, la cláusula quinta refiere que el contrato se computaría a partir de la inauguración del local, que recién empezó a funcionar el 9 de noviembre de 2005, feneciendo el 9 de noviembre de 2010, cuando la acusada había suscrito un documento privado de reserva de arrendamiento del inmueble con Carmen Rey; y, el 30 de julio de 2010, dio el mismo inmueble en calidad de contrato de arrendamiento con garantía real de inmueble a favor de Franklin Iván Mendoza Doria Medina, perfeccionándose el delito de Estelionato.


Sobre este reclamo invocó los Autos Supremos 530/2014 de 7 de octubre y 200/2012, que sería concordante con los Autos Supremos 332/2012 y 304/2012; empero, se limitó a citarlos, sin observar el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar los Autos Supremos; sino, que corresponde a quién recurre, explicar por qué considera que los fundamentos asumidos en el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos asumidos en los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, lo que no ocurrió, en el presente recurso.


Por otra parte, si bien en el recurso de casación al final de la exposición de su agravio, se observa que la recurrente transcribió tres doctrinas legales; empero, no refiere a qué Autos Supremos corresponderían y cómo dichos entendimientos resultarían contradictorios a los fundamentos asumidos en el Auto de Vista recurrido, negligencia en la que incurrió la impetrante que no puede ser suplido de oficio.


Finalmente, la recurrente alega que “tratan de coartar” el derecho al recurso de casación, entendiéndose que no se coartó, observándose entonces, que el presente recurso, no cumple con los presupuestos de flexibilización, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; toda vez, que la impetrante, no precisó qué derechos o garantías constitucionales hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista recurrido, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos o garantías, situación por el que deviene en inadmisible el presente recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Bárbara Mery Trujillo López, de fs. 246 a 249 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos