TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 530/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : La Paz 34/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Claudia Antonieta Contreras Larico

Delitos                : Lesiones Graves y Leves y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 950 a 954, Claudia Antonieta Contreras Larico, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2017 de 26 de octubre, de fs. 933 a 940, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Verónica Patricia Campos Rodríguez contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 03/2016 de 17 de febrero (fs. 789 a 795), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Claudia Antonieta Contreras Larico, autora de la comisión del delito Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de daños civiles y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia, concediendo el beneficio de suspensión condicional de la pena previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Respecto al delito de Amenazas fue absuelta ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción.


  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Claudia Antonieta Contreras Larico formuló recurso de apelación restringida (fs. 902 a 910 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 17/2017 de 26 de octubre, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 30 de enero de 2018 (fs. 956), fue notificada la recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 5 de febrero del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Previa relación de antecedentes procesales, la recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido no cumplió con su obligación de controlar la valoración de la prueba realizada por el inferior si se encuentra conforme a las reglas de la sana crítica; toda vez, que las acusaciones fiscal y particular señalan, que el hecho ocurrió el 4 de agosto a horas 20:30 donde su persona habría empujado a la víctima y producto de ello hubiere sufrido lesiones, hecho que le resulta contradictorio a las pruebas presentadas, incumpliéndose lo previsto por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que, la madre de la víctima declaró que esa noche, después del hecho se fueron a su casa y a horas 23:00, llevó a su hija a un consultorio particular, donde le sacaron radiografía, teniendo fractura en el codo del brazo derecho, alegando al respecto, el encargado del servicio de rayos X, que la acusadora no fue atendida, ya que, por las tardes sólo atienden de horas 14:30 a 21:00; que el testigo de cargo Dr. Carmelo Cuellar Navarro que dio informes sobre la atención médica de Verónica Patricia, dio un diagnóstico de fractura de apófisis estiloide radial de muñeca derecha alegando, que la paciente en el codo no presentaba nada; no obstante, según el historial clínico que su persona obtuvo con requerimiento fiscal, evidencia que Verónica Patricia Campos Rodríguez ingresó al hospital el 4 de agosto a horas 20:30 siendo la hora de egreso la “01” del 5 de agosto de 2010, por lo que, presentó como prueba extraordinaria; sin embargo, fue rechazado por el Tribunal de mérito en violación de los arts. 171 y 173 del CPP, ya que, no aplicó correctamente las reglas de la sana crítica; toda vez, que la acusadora no podía estar en dos lugares diferentes a la misma hora, evidenciándose que su persona es inocente, resultando la prueba de cargo insuficiente para demostrar la verdad de los hechos; a cuyo efecto cita, el Auto Supremo 97/2005 de 1 de abril y la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 2 de noviembre, que establecería que ante la prueba insuficiente debe aplicarse el principio in dubio pro reo; sin embargo, emitió Sentencia condenatoria; aspecto que, no fue controlado por el Tribunal de alzada, como tampoco controló, que se cumplan a cabalidad los arts. 14, 15, 25, 27, 37, 38 y 40 del CP, pues su inconcurrencia, conllevaría a la reposición del juicio, no obstante, el Auto de Vista no aplicó correctamente el art. 413 del CPP.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 30 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de febrero del mismo año, cumpliendo de esta manera, con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al único motivo, donde la recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido no cumplió con su obligación de controlar la valoración de la prueba realizada por el inferior; toda vez, que las acusaciones fiscal y particular señalaron, que el hecho ocurrió el 4 de agosto a horas 20:30; empero, resulta contradictorio a la declaración de la madre de la víctima quien señaló que esa noche, después del hecho se fueron a su casa y a horas 23:00, llevó a la víctima a un consultorio particular, alegando el encargado del servicio de rayos X, que la acusadora no fue atendida, ya que, sólo atienden de horas 14:30 a 21:00; que el testigo de cargo Dr. Carmelo Cuellar Navarro, dio diagnóstico de fractura de apófisis estiloide radial de muñeca derecha alegando que la paciente en el codo no presentaba nada; argumentos contradictorios al historial clínico, que su persona obtuvo con requerimiento fiscal, que evidencia que Verónica Patricia Campos Rodríguez ingresó al hospital el 4 de agosto a horas 20:30 siendo la hora de egreso la “01” del 5 de agosto de 2010, por lo que lo presentó como prueba extraordinaria; sin embargo, fue rechazado por el Tribunal de mérito en violación de los arts. 171 y 173 del CPP; aspecto no controlado por el Tribunal de alzada, como tampoco controló que se cumplan a cabalidad los arts. 14, 15, 25, 27, 37, 38 y 40 del CP, pues su inconcurrencia, conllevaría a la reposición del juicio, no obstante, sin aplicar correctamente el art. 413 del CPP.


Al respecto, la recurrente invocó el Auto Supremo 97/2005 de 1 de abril; sin embargo, se limitó a citarlo, sin observar el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar el Auto Supremo; sino, que correspondía a la impetrante, explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, lo que no ocurrió, en el presente caso.


También se tiene que citó la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 2 de noviembre, que establecería que ante la prueba insuficiente debe aplicarse el principio in dubio pro reo; empero, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Por otra parte si bien la recurrente en su memorial de casación hace referencia doctrinaria concerniente a los presupuestos de flexibilización que permiten abrir excepcionalmente la competencia del Tribunal Supremo; sin embargo, se observa que el presente recurso, no cumple con dichos presupuestos, que fueron establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; toda vez, que la impetrante, no precisó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados con la emisión del Auto de Vista recurrido que es la resolución que se recurre de casación, tampoco detalló con precisión en qué consistiría la restricción o disminución y de qué derechos, menos explicó el resultado dañoso emergente del defecto, situación por la cual el presente recurso de casación deviene en inadmisible.





POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Claudia Antonieta Contreras Larico, de fs. 950 a 954.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos