TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 528/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente        : Chuquisaca 21/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Juan Flores Estrada

Delitos                : Incumplimiento de Deberes y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de marzo del 2018, cursante de fs. 1562 a 1583 vta., Juan Flores Estrada, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 51/2018 de 5 de febrero, de fs. 1549 a 1557 y Auto Complementario 79/2018 de 1 de marzo, de fs. 1560 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 018/2016 de 8 de septiembre (fs. 1017 a 1032 vta.), el Tribunal de Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Juan Flores Estrada, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absuelto de los delitos de Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado; por otra parte, fue rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 102/2016 de 25 de octubre (fs. 1039).


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Flores Estrada (fs. 1132 a 1162 y 1453 a 1455 vta.), Cristian Barrón en su calidad de Asesor Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy (fs. 1168 a 1173 vta., memoriales de subsanación, de fs. 1466 a 1467 vta. y 1476 a 1479), y el Ministerio Público (fs. 1328 a 1332), interpusieron recursos de apelación restringida y adhesión, que fueron resueltos por Auto de Vista 51/2018 de 15 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso del acusado, y rechazó por inadmisibles la apelación del Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy, así como la adhesión del Ministerio Público, manteniendo incólume la Sentencia apelada. Siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 79/2018 de 1 de marzo (fs. 1560 y vta.).


  1. Por diligencia de 14 de marzo de 2018 (fs. 1561), fue notificado con el Auto Complementario 79/2018 de 1 de marzo; y, el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. Denunciando vulneración al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y principio de seguridad jurídica, el recurrente refiere que, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 171/2017 de 1 de agosto (fs. 1495 a 1497), resolviendo la apelación incidental interpuesta por el acusado contra el Auto Interlocutorio 78/2016 de 2 de agosto, que declaró infundada su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, afirmando que hizo reserva de recurrir en apelación restringida; sin embargo, rechazó el mencionado recurso con el criterio de que debió haberse interpuesto dentro de los tres días de haber sido notificado. Asimismo aduce, que el Tribunal de apelación emitió el Auto de Vista recurrido declarando improcedente la apelación restringida intentada por el acusado, cuando por el contrario es “sobreentendido” y “manejado de esta forma” que, la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia debe estar sujeta a la reserva de apelación, a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida, cuyos agravios deberán ser fundamentados junto con los de la propia Sentencia, siendo la interpretación y aplicación del art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por parte del Tribunal de apelación, contraria al principio pro homine, haciendo referencia al derecho a recurrir, y al principio pro actione, máxime si el propio Auto interlocutorio impugnado en su parte in fine expresaría que es susceptible de apelación, conforme establece el art. 407 del CPP.


Al respecto y haciendo hincapié en el “derecho al recurso”, cita las Comunicaciones dentro de los casos Reid c. Jamaica de 1992, Gómez c. España de 2000, y Domukowsky y otros c. Georgia, emitidas por el Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de igual manera, haciendo referencia al derecho a ser oído en segunda instancia, cita la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando los casos Castillo Petruzzi vs. Perú de 1999, Carranza c. Argentina de 1997, Mohamed vs. Argentina de 2012, respaldadas por la Sentencia Constitucional 0110/2010-R de 10 de mayo y la SCP 0014/2013-L de 20 de febrero, estas últimas estableciendo que las Sentencias de la CIDH “integran el bloque de constitucionalidad”; asimismo, refiere que dentro del caso “caso 24 de mayo”, los mismos Vocales que emitieron el Auto de Vista 171/2017, habrían dado un trámite diverso a los recursos de apelación restringida de los recurrentes, resolviendo los incidentes y excepciones en una sola resolución.


Afirma que, el Tribunal de apelación vulneró el Principio de Seguridad Jurídica al aplicar un procedimiento diferente en la resolución de la apelación incidental planteada, existiendo dos Autos de Vista en los que se trataría de manera separada en el primero, el tema referido a la apelación con reserva y en el segundo referido a temas de fondo, cuando en realidad en todos los procesos en general ambas cuestiones debían ser resueltas a través de un sólo Auto de Vista; asegurando por ello, que el Tribunal de alzada carecería de imparcialidad al convalidar una condena que habría sido impuesta de manera irregular respecto a su tramitación y en base a hechos que ya habrían sobrepasado el término de prescripción.


Por lo que, el recurrente denuncia incongruencia omisiva señalando que si bien los Autos que resuelven apelaciones incidentales no pueden ser revisados en casación, no sería menos cierta la violación a un derecho fundamental producto de los actos desplegados por el Tribunal de apelación, por lo que, en atención a los criterios de flexibilización en la admisión de los recursos de casación establecidos mediante Auto Supremo 037/2016-RRC de 21 de enero, le estaría facultado a este Alto Tribunal de Justicia ingresar a analizar de forma excepcional la incongruencia omisiva en el caso de las apelaciones incidentales.


Al respecto afirma que, el Tribunal de alzada no respondió al motivo de apelación vinculado a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, por ser declarado inadmisible con el argumento de no haber sido planteado dentro de los tres días hábiles siguientes desde su notificación, y que debió ser formulado contra el Auto que rechazó la excepción de extinción por prescripción y no conjuntamente con el recurso de apelación restringida, denunciando por ello el impetrante que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática, sosteniendo que los presupuestos de la incongruencia omisiva estarían cumplidos, citando al respecto el Auto Supremo 070/2015-RRC de 29 de enero.        


Sostiene que, el Tribunal de apelación utilizó el Auto de Vista 171/2017 de 1 de agosto, para desechar los motivos de su apelación restringida, los cuales, según los Vocales serían cuestiones incidentales que les habría impedido ingresar en el fondo, afirmando también que, todos los motivos considerados incidentales fueron resueltos en el Auto de Vista impugnado, salvo la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. 


  1. El recurrente denuncia incongruencia omisiva; esta vez, que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado sobre los siguientes motivos reclamados en el recurso de apelación.






  1. Refiere haber apelado y fundamentado la vulneración del derecho a la defensa en su elemento “facultad de producir y obtener la valoración razonada de la prueba”, afirmando que el Tribunal de Sentencia de Padilla no permitió la realización del careo como prueba de descargo, con el argumento de que el “el careo es prueba testifical” contrario al art. 220 del CPP-, además de impertinente, lo cual según el recurrente sería arbitrario y limitativo de su derecho a la defensa, aspecto que en su momento fue “incidentado” y reservado para ésta instancia, más allá de que al tratarse de un derecho fundamental, la reserva era innecesaria; sin embargo, el Auto de Vista recurrido lo hubiera declarado improcedente refiriendo “…debió ser reclamada a través del recurso de apelación incidental en las condiciones, plazo y forma exigidos por los arts. 394, 396-3) y 404 y siguientes del Código de Procedimiento Penal…”; afirma que, al tratarse de un defecto absoluto por vulneración del derecho fundamental y garantía constitucional de la defensa, no correspondía la aplicación del trámite para la apelación incidental, citando el art. 407 del CPP. Asimismo, establece que al no existir en nuestro sistema procesal penal la prueba tasada, el Tribunal de Sentencia de Padilla y el Tribunal de alzada no podían alegar “solamente mediante prueba documental” se podía acreditar que el Viceministerio de inversión Pública y Financiamiento Externo aprobó el trámite del convenio suscrito, cuando el careo solicitado tenía por finalidad confrontar las afirmaciones de dos testigos uno de cargo y otro de descargo al respecto, lo cual podía tener relevancia en el resultado del fallo.   


  1. Denuncia la vulneración del debido proceso en su elemento debida motivación o fundamentación, citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 073/2013-RRC de 19 de marzo y 261/2014-RRC de 24 de junio, el recurrente afirmando realizar la contrastación con el Auto de Vista impugnado refiere que, éste último, trastocando el art. 398 del CPP, a partir de su página 13 y siguientes, no contendría fundamentación alguna sobre el motivo “1.2.5.1. Quinto motivo: errónea aplicación de la ley sustantiva, provocando defecto absoluto de sentencia”, existiendo la misma carencia con relación al punto I.2.6; en consecuencia, se habría incurrido en un vicio de falta de motivación.


Con relación al punto “I.3. Defectos de la Sentencia y sus Autos Complementarios”, “I.3.1. Primer motivo: errónea aplicación de la ley sustantiva penal, art. 154 del Cód. Pen., en vulneración del principio de legalidad”, refiere que este motivo hace referencia a una “Ley Penal en Blanco” Incumplimiento de Deberes, previsto por el art. 154 del CP-, con una norma o disposición de inferior jerarquía como es el Decreto Supremo 29190, aplicado para complementar la disposición penal citada y fundar una condena, vulnerando el principio de legalidad penal, además de distorsionar el contenido del motivo de apelación, desviándose del tema principal y normativo sin absolver lo cuestionado en el motivo de la apelación; es decir, si el elemento normativo “acto propio de sus funciones” podía ser complementado por un Decreto Supremo o por el contrario con lo establecido en la Ley 2028, siendo que el procesado lo fue en su calidad de Alcalde Municipal, constituyendo en falta de motivación.


Con relación al punto “I.4. Inobservancia y/o errónea aplicación de la Ley sustantiva o adjetiva penal”, “I.4.1. Primer motivo, inobservancia de la ley penal sustantiva (art. 11-I) núm. 2) del Cód. Pen. Referente a causal de justificación”, manifiesta que se expusieron las razones del actuar del acusado al concurrir una causal de justificación basada en el ejercicio del cargo y el cumplimiento de un deber; sin embargo, las mismas no habrían sido consideradas por el Tribunal de Sentencia y éste acto fue convalidado por el Tribunal de apelación, sin existir motivación referente a lo expuesto.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el 14 de marzo de 2018, el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 79/2018 de 1 de marzo, interponiendo su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo, donde el recurrente denuncia vulneración a su derecho al acceso a la justicia, derecho a recurrir y al principio de seguridad jurídica, refiriendo que, el Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 171/2017 de 1 de agosto, rechazó por inadmisible su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 78/2016 de 2 de agosto, que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, decisión a la que arribó el Tribunal de alzada, con el fundamento de que el referido motivo debió ser apelado dentro de los tres días de haber sido notificado el Auto de Vista 171/2017, cuando a criterio del recurrente, al haber hecho reserva de apelación debió resolverse juntamente con la apelación restringida, considerando ésta interpretación y aplicación del art. 407 del CPP, contraria a los principios pro homine y pro actione, refiriendo por ello la existencia de incongruencia omisiva al no haber emitido el Tribunal de apelación un pronunciamiento de fondo respecto a su excepción de extinción de la acción penal por prescripción declarada infundada por el Tribunal de origen.    


Al respecto, este Alto Tribunal de Justicia en sus reiterados fallos ha establecido que, por cómo se encuentra diseñada nuestra ingeniería recursiva, las resoluciones cómo en el caso concreto Auto de Vista 171/2017 de 1 de agosto- no son recurribles vía casación, recurso que conforme establece el art. 416 del CPP, sólo procede para impugnar Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra Sentencias y no apelaciones incidentales, ello en estricta aplicación de las competencias que nacen exclusivamente de la ley, deviniendo el presente motivo en inadmisible.


En el segundo motivo, refiere incongruencia omisiva, denunciando que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado sobre los siguientes motivos reclamados en su recurso de apelación restringida: El primer motivo, referido a la denuncia de defecto absoluto en la emisión del Auto de apertura y la tramitación de la solicitud de corrección procesal; el segundo motivo, referido a la denuncia de ilegalidad en la declaratoria de rebeldía y su tramitación; el tercer motivo referido al defecto absoluto por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa “en la potestad de poder producir prueba de descargo”; el cuarto motivo vinculado a la apelación incidental respecto al rechazo a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


Al respecto, si bien el recurrente no cumple con su obligación de invocar el precedente contradictorio, y tampoco especifica en qué consiste la contradicción entre éste y el Auto de Vista impugnado, al haberse establecido de forma clara cuáles son los motivos respecto a los cuales el Tribunal de alzada no se habría pronunciado, denunciando incongruencia omisiva, el presente motivo resulta admisible por cumplir con los criterios de flexibilización establecidos en el acápite anterior de la presente Resolución, debiendo verificarse en la resolución de fondo si los extremos denunciados son evidentes o no.   


Con relación al tercer motivo, el recurrente refiere vulneración al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, denunciando que el Tribunal de origen no le permitió la producción de prueba de descargo careo- con el argumento de que, “solamente mediante prueba documental” se podía acreditar que el Viceministerio de inversión Pública y Financiamiento Externo aprobó el trámite del convenio suscrito, y que el careo en los hechos constituía prueba testifical, circunstancia que una vez apelada fue declarada improcedente por el Tribunal de alzada, con el argumento de que éste motivo debió haber sido reclamado a través del recurso de apelación incidental conforme los arts. 394, 396 inc. 3), 404 y ss. del CPP.


De la revisión de antecedentes se tiene que, el ahora recurrente en su apelación restringida con relación a éste motivo, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 139/2015-RRC de 27 de febrero, 41/2012-RRC de 16 de marzo, 454/2014-RA de 11 de septiembre, y 272 de 4 de mayo de 2009; sin embargo, el recurrente no ha corrido con la carga argumentativa de fundamentar en su recurso de casación en que consiste la contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, imposibilitando a este Alto Tribunal de Justicia realizar la labor de contraste encomendad por la ley y prevista en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo este motivo en inadmisible. 


Con relación al cuarto motivo, en el que se reclama la vulneración del debido proceso en su elemento debida motivación o fundamentación, citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 073/2013-RRC de 19 de marzo y 261/2014-RRC de 24 de junio, el recurrente afirmando realizar la contrastación con el Auto de Vista impugnado refiere que, éste último, trastocando el art. 398 del CPP, a partir de su página 13 y siguientes, no contendría fundamentación alguna sobre el motivo “1.2.5.1. Quinto motivo: errónea aplicación de la ley sustantiva, provocando defecto absoluto de sentencia”, el punto I.2.6, “I.3. Defectos de la Sentencia y sus Autos Complementarios”, “I.3.1. Primer motivo: errónea aplicación de la ley sustantiva penal, art. 154 del Cód. Pen., en vulneración del principio de legalidad”, “I.4. Inobservancia y/o errónea aplicación de la Ley sustantiva o adjetiva penal”, “I.4.1. Primer motivo, inobservancia de la ley penal sustantiva (art. 11-I) núm. 2) del Cód. Pen. Referente a causal de justificación”.


Habiéndose cumplido con la individualización de la posible contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado de forma clara y precisa, se tienen por cumplidos los presupuestos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo el presente motivo, en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Flores Estrada, de fs. 1562 a 1583 vta., únicamente para el análisis de los motivos segundo y cuarto; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos