TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 517/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : Chuquisaca 19/2018

Parte acusadora        : Carlos Pomacusi Daza y otra

Parte imputada        : José Loayza Durán y otros

Delito                : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de marzo del 2018, cursante de fs. 1160 a 1168, José Loayza Durán, Donata Tamayo de Loayza, Ibert Loayza Tamayo y Juan Carlos Loayza Tamayo, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 50/2018 de 16 de febrero, de fs. 1142 a 1155 vta. y el Auto Complementario 69/2018 de 1 de marzo (fs. 1158 y vta.), pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Carlos Pomacusi Daza (apoderado) y Gregoria Sandoval de Pomacusi (+) contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 06/2015 de 27 de abril (fs. 1031 a 1049), el Juez Segundo de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Ibert Loayza Tamayo, Juan Carlos Loayza Tamayo, José Loayza Durán y Donata Tamayo de Loayza, autores de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo pena privativa de libertad a los dos primeros dos años y ocho meses de reclusión y a los siguientes dos años de presido. Más costas y responsabilidad civil a favor de la víctima, concediendo a los sentenciados los beneficios de suspensión condicional de la pena y perdón judicial respectivamente, siendo rechazadas las solicitudes de enmienda de los imputados, mediante Resoluciones de 20 de abril y 2 de mayo de 2017 (fs. 1058 y vta.; y, 1065 y vta.).


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Donata Tamayo de Loayza, José Loayza Durán, Juan Caros Loayza Tamayo e Ibert Loayza Tamayo (fs. 1076 a 1101 vta.), interponen recurso de apelación restringida, que fue resuelto por el Auto de Vista 50/2018 de 16 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso planteado; en su mérito, mantiene incólume la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda de los imputados mediante Resolución 69/2018 de 1 de marzo (fs. 1158 y vta.).


  1. Por diligencia de 9 de marzo del 2018 (fs. 1159), los recurrentes fueron notificados con el Auto Complementario 69/2018; y, el 16 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación, incurrió en incongruencia omisiva al no haber resuelto de manera puntual los tres sub motivos, inherentes al motivo de apelación restringida fundado en la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), resumiendo el mismo en una sola circunstancia de manera cómoda e ilegal, sin expresar argumentos técnicos ni jurídicos y señalando que el Juez de forma privativa aplicó las reglas de valoración, pues aunque de forma breve habría argumentado con la facultad exclusiva y privativa como manda la ley, labor que no podría ser suplida y reemplazada por el Tribunal de alzada, cómo pretenderían los apelantes. Argumento del Tribunal de alzada que refutan los impetrantes, señalando: a) Que conocen los fines del recurso de apelación restringida y que en dicho entendido en el primer sub motivo del agravio planteado, no pretendieron la revaloración de la prueba, sino el control de legalidad en la aplicación del art. 173 con relación al art. 124 del CPP; por lo que, consideran erróneo el argumento del Tribunal de apelación, que consideró que el Juez de Sentencia, sería soberano en la apreciación de la prueba, cuando en el sistema procesal penal vigente rige la libertad probatoria; empero, no la discrecionalidad o arbitrariedad, cómo habría acontecido en el caso de autos, en el que el Juez de origen después de asignarle crédito a la prueba testifical a tiempo de apreciar individualmente la misma, de manera contradictoria posteriormente le restaría valor con el argumento de que éstos serían hermanos, vecinos o tener algún interés en el proceso, sin aplicar esa misma lógica a tiempo de valorar la testifical de la propia parte acusadora que a decir de los impugnantes, seguramente también tienen interés en el proceso. Al respecto transcribe la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 410/2014-RRC, 297/2012-RRC de 20 de noviembre, 438/2014-RRC de 11 de septiembre, que habrían establecido la obligación de los Tribunales de apelación de sujetar sus resoluciones a los puntos impugnados; que en el caso de autos la incongruencia omisiva en la que habría incurrido el Tribunal de alzada sería un defecto absoluto inconvalidable al ser contrario a lo dispuesto por el art. 124 del CPP, el Auto Supremo 607/2015-RRC de 11 de septiembre y 297/2012-RRC de 20 de noviembre, siendo transcritos parcialmente, solicitando se admita la invocación de los referidos precedentes en consideración a que el defecto denunciado surge de la emisión del Auto de Vista impugnado, b) Manifiestan que en el segundo sub motivo del agravio de apelación referido, cuestiona la inobservancia de la lógica como regla de la sana crítica, pues el Juez de Sentencia después de considerar creíble la declaración de Dora Gonzales Loayza de Xavier, posteriormente habría descartado dicho testimonio, por ser irrelevante e impreciso; asimismo, habría desestimado el testimonio de José Luís Mamani Cruz, por ser amigo íntimo de los acusados. Argumentos que a decir de los apelantes atenta contra el sistema de valoración probatoria que rige actualmente y que corresponde al sistema inquisitivo en la que existía la tacha de testigos; empero, en el actual sistema probatorio regiría la libertad probatoria y en la cual, la víctima que tiene interés en el proceso se halla facultada para declarar; agregan, que para desestimar una declaración debe referirse si en su deposición se advirtió que faltaba a la verdad, si existían contradicciones, etc. Empero, no por la relación que tenga con la parte que lo ofrece como testigo, c) El último sub motivo planteado en el agravio de apelación referido, sería que el Juez de Sentencia no tomó en cuenta la prueba documental referida a procesos penales y civiles, ésta última vía en la cual la parte acusadora particular habría solicitado a los ahora recurrentes, la entrega del inmueble del cual supuestamente habrían sido despojados, acción que se habría interpuesto el año 1999; es decir, ocho años antes de  los hechos objeto del presente caso, prueba a la que el Juez de origen le hubiera otorgado valor probatorio y que demostraría que el querellado estaba en posesión física del inmueble; es decir, que en el caso de autos no hubiese el primer elemento de la posesión, aspecto que no fue valorado de manera integral en el proceso. Circunstancia sobre la cual el Tribunal de alzada no se hubiera pronunciado; al respecto, refiere que de manera oficiosa el Juez de mérito, manifestó que el título propietario del inmueble objeto de la Litis, fue anulado para Carlos Pomacusi Daza; empero, no para su esposa; argumento del Juez de Sentencia, que le reconoce derechos que la justicia ordinaria declaró nulos, demostrando favoritismo a favor de los acusadores; denuncia sobre la cual el Tribunal de apelación habría guardado absoluto silencio. Bajo dichos argumentos refieren que en su recurso de alzada denunciaron la violación de las reglas de la sana crítica en sus elementos de lógica y experiencia, señalando que no es posible ni razonable entender que uno tiene posesión de una cosa cuando los vecinos del lugar no lo conocen, como ocurre con la parte acusadora quien reconoció de manera positiva habría reconocido que el inmueble no estaba en posesión suya, al haber solicitado vía judicial la posesión del mismo y posteriormente intentado una demanda de usucapión, acciones que fueron declaradas improbadas, debiendo tenerse en cuenta que para la usucapión se necesita demostrar posesión pública, pacífica, continuada; empero, dicha pretensión habría sido desestimada. Aspectos que no fueron resueltos, y cuya Resolución de alzada sería contraria a la doctrina legal aplicable señalada por el Auto Supremo 308 de 25 de agosto del 2006, 724 de 26 de noviembre de 2004, señalando que según el Tribunal de alzada el Juez de mérito cumplió con el deber de asignar valor probatorio individual y posteriormente integral de la prueba, lo cual sería falso, pues un primer sub motivo habría denunciado que después de referir que el testimonio de Dora Gonzales Loayza de Xavier sería cedible, posteriormente manifestaría que es irrelevante por contradictoria; atentando contra las reglas de la sana crítica en sus vertientes de la lógica y experiencia; asimismo, otorgaría valor probatorio a un testigo que no conoce de los hechos y que no sabía si los acusadores habitaban el bien inmueble; razones por las cuales refieren que en Sentencia no existió valoración individual con base a criterios de verdad.


Alegan, que el Tribunal de alzada violó la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y debido proceso, tutelados por los arts. 115.I y II; 117.I, ambos de la Constitución Política del Estado (CPE), por falta de pronunciamiento; toda vez, que en el primer sub motivo planteado en la denuncia de errónea valoración de la prueba, porque el Juez de mérito violó las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia cómo componentes a tiempo de valorar la prueba testifical de cargo de Dora Gonzales Loayza, Eugenio Córdova Mendoza, Marcial Xavier Pérez, Héctor Gerónimo Llave Poquechoque, Román Mancilla Cruz, Claudio Pomacusi Daza y Eusebio Ampuero Loayza; vulnerando el derecho y garantía del debido proceso, transcribiendo al respecto la doctrina legal establecida por los Autos Supremos 411 de 20 de octubre de 2006.

 

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 9 de marzo del 2018, fueron notificados los recurrentes con el Auto Complementario 69/2018; y, el 16 del mismo mes y año, interpusieron su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el único motivo de casación planteado por los recurrentes, donde denuncian que el Tribunal de apelación a tiempo de resolver el agravio fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, resumió el mismo como una sola circunstancia, sin considerar que contenía tres sub motivos con sus propias particularidades y que demostraban la defectuosa valoración de la prueba y la vulneración de las reglas de la sana crítica -que son individualizadas en su recurso de casación-; argumentando de manera errónea que el Juez de mérito sería soberano, con facultades para valorar la prueba de forma exclusiva y privativa, sin exponer argumentos técnicos ni jurídicos. Argumentos del Tribunal de alzada que al no considerar los fundamentos expuestos en el planteamiento del agravio de apelación referido, constituirían defecto absoluto inconvalidable por vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva.


Agravio en el que los recurrentes cumplieron con el deber de invocar los Autos Supremos 410/2014-RRC, 297/2012-RRC de 20 de noviembre, 438/2014-RRC de 11 de septiembre, 308 de 25 de agosto del 2006, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 411 de 20 de octubre de 2006, cómo precedentes, refiriendo que los mismos, imponen al Tribunal de apelación a circunscribir su resolución a circunstancias cuestionadas respecto a la Sentencia. Por lo que, el agravio traído en casación y analizado precedentemente deviene en admisible por cumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por, José Loayza Durán, Donata Tamayo de Loayza, Ibert Loayza Tamayo y Juan Carlos Loayza Tamayo, de fs. 1160 a 1168. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos