TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 515/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                        : Cochabamba 15/2018

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro  

Parte Imputada                : Ysidro Saavedra Campos  

Delitos                                : Uso Indebido de Influencias    


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 458 a 464 vta., Ysidro Saavedra Campos interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27/2017 de 17 de octubre, de fs. 420 a 249, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 6/2013 de 8 de abril (fs. 355 a 367 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Ysidro Saavedra Campos, autor de la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas y resarcimiento de daños civiles a favor del Estado.   


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ysidro Saavedra Campos (fs. 383 a 389), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 27/2017 de 17 de octubre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia.


  1. Por diligencia de 23 de febrero de 2018 (fs. 430), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 26 del mismo mes y año interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.


De la revisión del recurso de casación, se extrae los siguientes motivos:


  1. Invoca que el Auto Supremo 467/2017-RRC de 27, del cual señala que hace referencia a que el Tribunal de alzada incurre en error cuando el Auto de Vista impugnado no hace una correcta ponderación de los argumentos expuestos por el recurrente de su recurso de apelación restringida sobre valoración defectuosa de la prueba testifical y documental; de la misma manera invoca el Auto Supremo 605/2017 de 23 de agosto, que hace referencia a que el Tribunal Departamental incurre en generalizaciones, al señalar que en la Sentencia no se efectuó una valoración integral de la prueba judicializada; ya que, resulta imprescindible identificar cual es la prueba judicializada que no fue valorada íntegramente y las razones por las que se consideró que hubiera incurrido en dicha deficiencia. Asimismo, señala el Auto Supremo 474 de 8 de diciembre de 2004, que hace referencia a que al no existir plena prueba lo que deberá aplicarse es el in dubio pro reo, cosa que acontece en el presente debido a que la Sentencia condenatoria, se basa en una prueba mal valorada y que no demuestra su autoría en el delito tipificado al no adecuarse su conducta a este tipo penal, sin generar suficiente convicción como para sustentar el quebrantamiento del delito atribuido, este Auto Supremo señalaría de igual manera que en materia penal la absolución o condena del acusado no se declara en base a las afirmaciones o negación de los hechos que realizan las partes que intervienen en el proceso, por el contrario el establecimiento de la plena prueba que conlleve la sanción a un individuo debe resultar del acúmulo de prueba suficiente que otorgue certidumbre sobre la responsabilidad criminal del acusado respecto a los hechos incriminados.


  1. Refiere que el Auto Supremo 635 de 20 de octubre de 2004, se relaciona con el caso presente debido a que en el Auto de Vista motivo del presente recurso; señala que al dictar Sentencia el Tribunal valoró no solo la prueba testifical con nombre erróneo, sino varios elementos de prueba literales no introducidas legalmente al juicio por lo que corresponde al ser un defecto absoluto conforme reconoce el mismo Auto en una de sus partes; correspondiendo en consecuencia, al Tribunal de Sentencia percatarse y velar por el debido proceso y no así permitir el ingreso de la prueba sin que cumpla las formalidades previstas por Ley dejando al imputado en un estado de indefensión ameritando; en consecuencia, conforme señala el Auto de Vista cuando refiere que al Tribunal de alzada no le está permitido revisar cuestiones de hecho ya valoradas por los jueces inferiores, sino garantizar el debido proceso. Razón por la cual, en aplicación de lo previsto por el 413 del CPP, si se percibe que en la fase del juicio hubo errónea valoración de las pruebas, no corresponde una nueva valoración de las mismas, sino anular la Sentencia y disponer que se proceda a la sustanciación de otro juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia.


  1. Invoca los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 350 de 17 de septiembre de 2003, 16 de 12 de enero de 2002 y 179 de 14 de septiembre de 1994, referentes a la falta de responsabilidad penal y la falta o ausencia de fundamento en la Sentencia para demostrar, primero su responsabilidad penal y segundo, que no existe una fundamentación necesaria para dictar en su contra sentencia condenatoria. Así también, refirió que la apelación restringida establece claramente los derechos y garantías constitucionales vulneradas como es la presunción de inocencia (art. 6 del CPP) y el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), desde el inicio de la investigación se infringió; ya que, no se le permitió hacer pericias y ofrecer testigos, violándose su derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y el derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE).


  1. Hace referencia al Auto Supremo 432 de 11 de octubre de 2006, del cual señala que el Código de Procedimiento Penal busca garantizar en forma efectiva el debido proceso y el derecho de recurrir que permite la revisión de un fallo adverso por un Tribunal superior, garantía fundamental que se halla consagrada por la Constitución Política del Estado, así como el art. 8 numeral 2) inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, el art. 14 inc. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en consecuencia, señala que no se le permitió que asuma defensa en igualdad de partes, al respecto hace mención al art. 117 de la CPE, la cual establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso y nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en Sentencia ejecutoriada.


  1. Invoca el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, que hubiera establecido que las normas procesales que afecten derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva los que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; en el presente caso, refiere que se encontraba en completo estado de indefensión y lo más grave es que habiéndose acompañado certificaciones de que no tiene antecedente alguno, se le impuso una condena gravosa porque no tenía contacto visual con el Tribunal y que esto daría lugar a una agravante más en su contra, por lo que se vulneró también los arts. 37 y 38 del CP.


  1. Señala el Auto Supremo 432 de 11 de octubre de 2006, el cual hubiera establecido en uno de sus considerandos que el Código de Procedimiento Penal, busca garantizar en forma efectiva el debido proceso dentro del derecho recurrir que permite a la revisión de un fallo adverso por un tribunal superior, garantía fundamental que se halla consagrada por la Constitución Política del Estado, así como por el art. 8 inc. 2) inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica y por el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.


  1. Refiere el Auto Supremo 261 de 8 de agosto de 2006, en el cual se hubiera establecido que al incurrir en errónea aplicación, interpretación de la Ley penal procesal, cuando se advierte falta de fundamentación, porque la misma que se reduce a una simple relación de documentos o a mención de requerimientos de las partes, situación que sería contradictoria al Auto Supremo 562/2004 incurriendo en defecto absoluto insubsanable, en la Sentencia de primera instancia se hace un relato de las pruebas aportadas por la partes, sin que esta especifique qué pruebas dan lugar a la plena prueba para ser condenado a una pena privativa de libertad; asimismo, se realiza una relación de las pruebas literales introducidas; por lo que se incurre en lo señalado cuando el Tribunal de apelación no corrige los defectos que no pueden ser susceptibles de convalidación. Es así, que no basta sostener la conducta al tipo penal, sino que se debe demostrar los vínculos con las actividades propias del supuesto delito  que se acusa. Se tiene que, cuando en la sustanciación de un determinado proceso, se lesiona los derechos y garantías constitucionales del procesado como la presunción de inocencia, el debido proceso, igualdad procesal y otros que hacen al debido proceso; consecuentemente, el procesamiento indebido e ilegal incide en la restricción y supresión material, arbitraria de derechos y garantías constitucionales.


  1. Refiere que los Autos Supremos 646 de 21 de octubre de 2004 y 726 de 26 de noviembre de 2004, de los cuales transcribe la parte que creyó pertinente que correspondería a la doctrina legal emitida sobre el entendimiento de los defectos absolutos comprendidos en el art 169 inc. 3) del CPP. Al respecto, también invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 524 de 20 de septiembre de 2004, 473 de 23 de septiembre de 2003, 25 de 21 de octubre de 2003, 285 del 29 de julio de 2002, 522 de 23 de octubre de 2001, 272 de 19 de mayo de 2001, 414 de 3 de agosto de 2004, 316 de 13 de junio 2003, 437 de 7 de noviembre de 2002, 236 de 30 de abril de 2003, 431 de 7 de noviembre de 2002, 279 de 29 de julio de 2002, 455 de 17 de septiembre de 2001 y 420 de 17 de agosto de 2000. De los cuales, señala que evidencian que existe contradicción entre los hechos probados y la parte resolutiva de la Sentencia y entre la culpabilidad; ya que, debe existir correlación entre los hechos fácticos con lo analítico en la fijación de la pena, afectando la estructura de la Sentencia, caso contrario constituye un vicio absoluto que atenta al derecho a la defensa y al debido proceso, estableciéndose que cuando se evidencian violaciones flagrantes al procedimiento y defectos absolutos insubsanables en el Auto recurrido, por lo que señala que el Tribunal de casación está en el deber de enmendar dichos actos para reencaminar el debido proceso correspondiendo dejar sin efecto el fallo recurrido.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 23 de febrero de 2018, planteando su recurso de casación el 26 del mismo mes y año, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal; por lo tanto, corresponde verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos. 


Con relación al primer motivo, en el que la doctrina legal establecida en los precedentes que invoca, señala el Tribunal de alzada incurre en error cuando el Auto de Vista impugnado no hace una correcta ponderación de los argumentos expuestos por el recurrente de su recurso de apelación restringida sobre valoración defectuosa de la prueba testifical y documental, que el Auto de Vista no puede incurrir en generalizaciones, al no existir plena prueba lo que deberá aplicarse es el in dubio pro reo, la sanción a un individuo debe resultar del acúmulo de prueba suficiente que otorgue certidumbre sobre la responsabilidad criminal del acusado respecto a los hechos incriminados.


Con relación al temática plateada invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 467/2017-RRC de 27, 605/2017 de 23 de agosto y 474 de 8 de diciembre de 2004, de los cuales no precisa cual la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con relación a los precedentes invocados, siendo que solamente realiza un resumen sobre el contenido de la doctrina de dichos precedentes, lo que hace ver que no cumplió con los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 417 del CPP; por tanto, el motivo resulta inadmisible.  


Con relación al segundo motivo, en el que hace referencia a la doctrina legal del precedente contradictorio que invocó, del cual señala que si se percibe que en la fase del juicio hubo errónea valoración de las pruebas, no corresponde una nueva valoración de las mismas sino anular la Sentencia y disponer que se proceda a la sustanciación de otro juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia.


Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 635 de 20 de octubre de 2004, del cual solo realiza un resumen del contenido de la doctrina legal mismo; empero, no se advierte la precisión sobre la supuesta contradicción que existiría entre el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado, por lo que no cumple formales para su admisión; deviniendo en consecuencia, este motivo en inadmisible.        


Respecto del tercer motivo, en el que señala que los precedentes que invocó tiene como doctrina legal aplicable, el hecho de que la Sentencia debe encontrarse debidamente fundamentada respecto de la responsabilidad penal y que en su recurso de apelación hubiera señalado que existió la vulneración a la garantía de la presunción de inocencia; ya que, no se permitió hacer pericias y ofrecer testigos, actuando en infracción del debido proceso y su derecho al defensa.

 

Respecto del presente motivo invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 350 de 17 de septiembre de 2003, 16 de 12 de enero de 2002 y 179 de 14 de septiembre de 1994, de los cuales solamente realiza una relación del contenido de los mismos sin precisar la contradicción que supuestamente hubiera incurrido con relación al Auto de Vista; toda vez, que los supuestos agravios emergen del contenido de la Sentencia y no así del Auto de Vista; por otro lado, si bien hace alusión a la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales se debe tener en cuenta que dichas infracciones no emergen de la resolución del Tribunal de alzada; sino de la Sentencia olvidando que la resolución que se recurre es justamente el Auto de Vista, haciendo ver que no cumplió con los requisitos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el motivo resulta inadmisible.


Con relación cuarto motivo, en el que hace referencia al Auto Supremo 432 de 11 de octubre de 2006, del cual señala que sería contradictorio con el Auto de Vista.


Con relación al precedente invocado se advierte que del mismo solamente transcribió un fragmento de la parte que creyó pertinente de la doctrina legal del mismo refiriendo que se debe resguardar el derecho al debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado, así como el art. 8 numeral 2) inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, el art. 14 inc. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en consecuencia, señala que no se le permitió que asuma defensa en igualdad de partes, al respecto hace mención al art. 117 de la CPE; empero, no precisó la contradicción en la que hubiera incurrido el Auto de Vista respecto del mencionado precedente, siendo que los supuestos agravios emergen de la realización del juicio y la Sentencia mas no así del Auto de Vista; de donde se advierte que el recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que este motivo también resulta inadmisible.


Con relación quinto motivo, el que señala que en el presente caso se encontraba en completo estado de indefensión y lo más grave es que habiéndose acompañado certificaciones de que no tiene antecedente alguno, se le impuso una condena gravosa, porque no tenía contacto visual con el Tribunal y que esto daría lugar a una agravante más en su contra, por lo que se vulneró también los arts. 37 y 38 del CP. Con relación a la temática plateada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, que hubiera establecido que las normas procesales que afecten derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva los que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; sin embargo, se advierte del mismo que existe precisión alguna sobre la contradicción que existiría con relación al Auto de Vista, porque de mismo no se dice nada, siendo el supuesto motivo agraviante emergente de la emisión de la Sentencia; lo que nos hace ver con claridad el incumplimiento del art. 416 del CPP, el mismo que señala que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, situación que no se advierte en el presente motivo, por lo que además del incumplimiento de la norma ya señalada también se advierte la omisión de los requisitos establecidos en el art 417 del CPP; en consecuencia, este motivo resulta inadmisible. 


Respecto del quinto motivo, en el que señala el Auto Supremo 432 de 11 de octubre de 2006, el cual hubiera establecido en uno de sus considerandos que el Código de Procedimiento Penal, busca garantizar en forma efectiva el debido proceso dentro del derecho recurrir que permite a la revisión de un fallo adverso por un Tribunal superior, garantía fundamental que se halla consagrada por la Constitución Política del Estado, así como por el art. 8 inc. 2) inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica y por el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; se advierte que solamente hace referencia a la parte que creyó pertinente del precedente que invoca; sin embargo, omite por completo precisar la contradicción en la que pudiera haber incurrido el Auto de Vista con relación al precedente, situación que hace ver que el recurrente en este motivo no cumplió con los requisitos de forma para su admisión, por lo que este motivo también resulta inadmisible.


Con relación al sexto motivo, en el que invoca como precedentes contradictorios  los Autos Supremo 261 de 8 de agosto de 2006 y  562/2004, de los cuales explica a que se refieren los mismos y el séptimo motivo en el que invoca los Autos Supremos 646 de 21 de octubre de 2004 y 726 de 26 de noviembre de 2004, de los cuales transcribe la parte que creyó pertinente que correspondería a la doctrina legal emitida sobre el entendimiento de los defectos absolutos; por otro lado, también mencionada los Autos Supremos 524 de 20 de septiembre de 2004, 473 de 23 de septiembre de 2003, 25 de 21 de octubre de 2003, 285 del 29 de julio de 2002, 522 de 23 de octubre de 2001, 272 de 19 de mayo de 2001, 414 de 3 de agosto de 2004, 316 de 13 de junio 2003, 437 de 7 de noviembre de 2002, 236 de 30 de abril de 2003, 431 de 7 de noviembre de 2002, 279 de 29 de julio de 2002, 455 de 17 de septiembre de 2001 y 420 de 17 de agosto de 2000, de los cuales, señala que evidencian que existe contradicción entre los hechos probados y la parte resolutiva de la Sentencia y entre la culpabilidad; ya que, debe existir correlación entre los hechos fácticos con lo analítico en la fijación de la pena, afectando la estructura de la Sentencia, caso contrario constituye un vicio absoluto que atenta al derecho a la defensa y al debido proceso, estableciéndose que cuando se evidencian violaciones flagrantes al procedimiento y defectos absolutos insubsanables.


Al respecto, se debe tener en cuenta que el impetrante en estos dos motivos invocó varios precedentes contradictorios; empero, no realizó la labor de precisar la contradicción en la que hubiera incurrido el Auto de Vista con relación alguno de ellos, lo que hace ver que no cumplió con los requisitos previstos en el art. 417 del CPP; además, se debe tener en cuenta que todos los argumentos del recurrente emergen de la Sentencia y el juicio oral, más no así sobre el Auto de Vista, siendo que únicamente hace referencia a que el Auto de Vista fuera contradictorio a los precedentes; empero, todo su argumento es referido a la labor del Tribunal de Sentencia, sin explicar cómo el Auto de Vista le genera algún agravio. En definitiva, al evidenciarse que todos los argumentos del presente motivo versan sobre el juicio oral y la emisión de la Sentencia, sin señalar algún agravio que le haya generado la emisión del Auto de Vista, corresponde manifestar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; en los que se dispone que este medio de impugnación procede para refutar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, antes Cortes Superiores y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal. En virtud a lo cual, corresponde a quien recurre de casación, motivar en términos claros y precisos la supuesta contradicción entre los argumentos del Auto de Vista y los contenidos en el precedente contradictorio que invocó. Por los aspectos señalados, se advierte que el recurrente pretendería que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la Sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello; puesto que, la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso, corresponde al recurrente cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así la Sentencia de mérito; en consecuencia; puesto que no es posible legalmente, retozar etapas y menos utilizar un instituto jurídico desnaturalizando su verdadero alcance y objetivo; no resulta coherente, el planteamiento del recurso de casación mediante la reiteración de los mismos puntos reclamados a tiempo de la formulación de la apelación restringida, en atención a su diferente finalidad. En virtud a lo señalado, el motivo referido debe ser declarado inadmisible por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ysidro Saavedra Campos, cursante de fs. 458 a 464 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos