TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 513/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                Cochabamba 14/2018 

Parte Acusadora        Ministerio Público

Parte Imputada        Rubén Guarachi Choque y otro

Delito                      : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 773 a 778, el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 030/2017 de 23 de octubre, de fs. 761 a 770, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Rubén Guarachi Choque y Ariel Arturo Orozco Angulo, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, Concusión Propia e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 48 en relación al 33 inc. m) y 68 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008); y, la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 13/2016 de 19 de mayo (fs. 682 a 704), el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Rubén Guaracho Choque, autor y culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más el pago de cuatrocientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas a favor del Estado, averiguables en ejecución de sentencia. Por otra parte, Ariel Arturo Orozco Angulo fue absuelto de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Concusión Propia e Incumplimiento de Deberes, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción en el Tribunal sobre su responsabilidad penal. siendo de voto disidente el Juez técnico David Clavijo Zurita.


  1. Contra la mencionada Sentencia el Ministerio Público (fs. 709 a 712 vta.), y el imputado Rubén Guarachi Choque (fs. 734 a 742), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 030/2017 de 23 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 26 de febrero de 2018 (fs. 771), la entidad recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 5 de marzo del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Previa catalogación de los argumentos sostenidos por el Auto de Vista impugnado, es menester precisar la denuncia de defectos absolutos en el orden del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), hace posible acudir en casación obviando la invocación de precedentes contradictorios, manifestar como normas vulneradas los arts. 403 inc. 1) y 396 inc. 1) del CPP; y citar los Autos Supremos 401 de 18 de noviembre de 2003, 101 de 1 de abril de 2005 y 102 de 1 de abril de 2001, donde se precisaría que los defectos absolutos denunciados deben ser corregidos de oficio por el Tribunal Supremo de Justicia, la entidad recurrente plantea como motivos de su recurso los siguientes:


  1. Denuncia violación al art. 394 del CPP, citando a ese fin las Sentencias Constitucionales 0636/2010-R de 19 de julio y 0421/2017-R de 22 de mayo, referidas a la tramitación de excepciones e incidentes en etapa de juicio oral.


  1. Haciendo referencia al segundo motivo del recurso de apelación restringida inherente al defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, la entidad recurrente manifiesta que el Tribunal de origen, declaró la absolución de Ariel Arturo Orozco Angulo, por insuficiencia probatoria, afirmando que las atestaciones no tenían respaldo documental, que la información de radio base no tenía requerimiento fiscal para su obtención, así como haberse excluido una pericia por carecer de diligencia de notificación, aspectos que en en perspectiva del recurso- generan un defecto absoluto por no existir valoración ponderada de todas las pruebas. Con ello, manifiesta que el Tribunal de apelación obró, con parcialidad en desmedro del Ministerio Público, ingresando a revalorizar prueba, sin considerar los agravios planteados en apelación restringida, además de no expresarse las razones por las que tomó convicción de su decisorio. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 2006 y 131 de 31 de enero de 2007, transcribiendo en ambos casos una porción de su contenido.


  1. Con alusión al motivo tercero y cuarto de su recurso de apelación restringida, donde planteó los defectos contenidos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, la entidad recurrente cuestiona la confección del Auto de Vista impugnado, señalando que en su extensión (36 páginas) carecería de fundamentación fáctica y jurídica, al tratarse de una transcripción de la Sentencia y los recursos interpuestos. Las conclusiones arribadas por el Tribunal de apelación, en los referidos aspectos, son basados en apreciaciones subjetivas y sin sustento legal, cuando debió realizarse una fundamentación “óntica y jurídica”, acto que viola los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) e infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Enuncia la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 26 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de marzo del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En lo que toca al primer motivo, la entidad recurrente alude de manera vaga totalmente- actos impugnaticios sobre cuestiones incidentales, situación no atendible en casación, pues este Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre temas incidentales que fueron resueltos por el Tribunal de origen y que merecieron un pronunciamiento de alzada; por cuanto, las resoluciones que resuelven las cuestiones inherentes al art. 403 del CPP, siendo solamente susceptibles de apelación incidental, sin que se les reconozca ulterior recurso; máxime si se tiene presente que el art. 394 de la Ley Adjetiva Penal, dispone que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo en los casos expresamente establecidos por este Código"; por lo que, al haberse planteado recurso de casación contra una resolución no apelable en casación.


De acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción". En esa lógica, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial emitida por los Tribunales Departamentales en el ámbito de su competencia y de manera específica respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental conforme las previsiones del art. 403 del CPP, sin que éste criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la Ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del CPP.


En lo que marca el segundo motivo del recurso, en el que se plantea errónea aplicación de la Ley sustantiva relacionada con una cuestionada labor de valoración de la prueba, si bien se enuncia y transcribe porciones de los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 206 y 131 de 31 de enero de 2007, la Sala Penal considera que los requisitos procesales que habilitan la apertura de competencia en casación no fueron cumplidos; pues correspondía que la entidad recurrente efectué la descripción del agravio refutado en el Auto de Vista recurrido de manera clara y precisa, explicando la comparación de hechos similares y las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos contenidos en los precedentes invocados y las cuestionadas al citado Auto de Vista; empero los precedentes contradictorios invocados, fueron solamente citados, sin desarrollar ninguna explicación respecto a las razones por las cuales considera que fueron contrariados con los fundamentos de la Resolución impugnada, sin que el simple desacuerdo o la llana afirmación puedan suplir dicha carga procesal y argumentativa, aspectos que al no estar presentes denotan el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP.


En lo demás, como se tiene advertido en el párrafo que precede, la lógica de control de jurisprudencia en casación, tiene un orden determinado por los fines mismos del recurso, que siendo el mismo la unificación y uniformización de jurisprudencia, debe engranarse al conocimiento de divergencias o contradicciones en la aplicación de la norma sobre situaciones de hecho determinadas, de ahí surge tanto la exigencia de la invocación de un precedente contradictorio, cómo a la vez que dicha eventual contradicción deba ser explicada en términos claros y precisos (art. 416 y ss. del CPP), así como exigirse de manera expresa que el precedente sea invocado a tiempo de la presentación del recurso de apelación restringida (lo que es coherente a la exigencia que pide que en casación como única prueba admisible copia del recurso en el que se invocó el precedente, segundo párrafo del art. 417 del CPP), que en el presente caso tampoco fue cumplido.


En cuanto al tercer motivo, la entidad recurrente acusa al Tribunal de alzada de emitir el Auto de Vista impugnado falto de fundamentación, aduce una construcción basada en la reproducción de textos y sin análisis sobre los agravios planteados, que en la óptica del presente recurso condujeron a un decisorio de apreciaciones subjetivas conducente a la afirmación de falta de procedibilidad, circunstancia que conculcó las garantías procesales contenidas en los arts. 115 y 119 de la CPE. En este particular, se advierte por una parte la denuncia de garantías constitucionales relativas al debido proceso cuyo origen nace en la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista 030/2017 de 30 de octubre, y por otro, una argumentación suficiente para la apertura de competencia de parte de este Tribunal, flexibilizando los requisitos procesales contenidos en los arts. 416 y ss. del CPP, en el orden del razonamiento expresado en los dos párrafos finales del apartado anterior de la presente Resolución.

POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, de fs. 773 a 778, únicamente para el análisis de fondo del tercer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos