TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 512/2018-RA

Sucre, 13 de julio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 45/2018

Parte Acusadora       : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Rubén Barrios Paniagua

Delito           Desobediencia a Resoluciones en Proceso de Habeas   
  Corpus y Amparo Constitucional


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 10 de enero y 20 de febrero de 2018, cursantes de fs. 769 a 771 y 788 a 790, Rubén Barrios Paniagua y Adhemar Alpire Pérez en representación legal de Leodegario Ferrufino Mendoza, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 86 de 29 de noviembre de 2017, de fs. 747 a 750 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el representante del Ministerio Público y Leodegario Ferrufino Mendoza en contra de Rubén Barrios Paniagua, por la presunta comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Proceso de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, previsto y sancionado por el art. 179 Bis del Código Penal.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 25/2017 de 21 de marzo (fs. 696 a 706), el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Rubén Barrios Paniagua, autor de la comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Proceso de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, previsto y sancionado por el art. 179 Bis del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de Bs. 2.500.- (dos mil  quinientos bolivianos) correspondientes a quinientos días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos)  por día, con costas y gastos ocasionados al Estado que se califican en la suma de Bs. 5000.- (cinco mil bolivianos).


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Leodegario Ferrufino Mendoza (fs. 711 a 714), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 86 de 29 de noviembre de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente en forma parcial el recurso planteado; y, deliberando en el fondo confirmó parcialmente la Sentencia, modificando la pena a tres años de reclusión contra el imputado, manteniendo vigente en todo lo demás de la Sentencia.


  1. Por diligencia de 4 de enero y 9 de febrero ambos de 2018 (fs. 751 y 775), fueron notificados los recurrentes, con el Auto de Vista recurrido e interpusieron recursos de casación el 10 de enero y 20 de febrero de 2018, que son objetos de los presentes análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso del imputado Rubén Barrios Paniagua.


  1. Reclama, que el Auto de Vista recurrido le causa agravios, perjuicios y lesiona sus intereses personales; puesto que, en su primer considerando señaló que no era evidente lo argumentado por el Tribunal a quo, que en obrados se había demostrado que su persona fue denunciado por otro delito, por el que estaba cumpliendo condena ejecutoriada, no habiendo demostrado arrepentimiento; sin embargo, no consideró su situación, puesto que de la certificación de REJAP que cursa en obrados, evidenciaría que su persona no registra antecedentes penales referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, tampoco cuenta con otros casos relacionados a este tipo de delitos, no siendo su persona reincidente, ni nocivo a la sociedad; no obstante, el Tribunal de alzada sin fundamento alguno lo calificó como una persona reincidente y dañina, vulnerando la garantía del debido proceso y contradictorio al Auto Supremo 349/2006 de 28 de agosto; puesto que, el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que las sentencias y Autos serán fundamentados y no limitarse como en su caso a asumir conclusiones escuetas para modificar su condena.


  1. Por otra parte, denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en una apreciación errónea del art. 370 inc. 8) del CPP respecto a la Sentencia; toda vez, que señaló que el Tribunal a quo, admitió que el imputado incurrió en el delito previsto por el art. 179 Bis del CP; sin embargo, le impondría una pena mínima que no condice con lo previsto por los arts. 37, 38 y 40 del CP; no considerando que la Sentencia actuó con ecuanimidad y sana crítica, tomando en cuenta todos los antecedentes, estando enlazada la parte considerativa con la resolutiva, contando con una motivación expresa, clara, completa y legítima. Añade, que dentro del desarrollo del proceso su persona se encontraba presente en todos los actuados, participando de manera activa en la investigación y desarrollo del proceso, que si bien desobedeció una Resolución constitucional, fue por desconocimiento del plazo en el que debía de cumplir; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006.


II.2.Del recurso del representante del acusador particular.


  1. Denuncia que el Auto de Vista recurrido, al igual que la Sentencia incurrió en contradicción entre la parte considerativa con la dispositiva; puesto que, en su primer considerando manifestó que los fundamentos de la Sentencia no eran concordantes con los antecedentes del proceso; ya que, se había demostrado que el imputado fue denunciado por otros delitos relacionados al incumplimiento de fallos constitucionales; que había sido condenado por otro delito por el que estaba cumpliendo una condena ejecutoriada, que no había demostrado arrepentimiento, que el hecho de que el imputado sea una persona de la tercera edad no le eximía de una pena mayor y que el delito por el cual fue sometido a juzgamiento era de carácter doloso, concluyendo que era evidente la existencia de contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia, al haber aplicado una pena mínima; no obstante, modificó la pena sólo a tres años, lo que le resulta contrario a la parte resolutiva de los Autos Supremos “401/2003, 234/2006, 301/2005”, que habían sancionado en delitos similares con penas superiores a 4 años; no obstante, el Tribunal de alzada sancionó al imputado solo con el 50% del quantum de la pena, no considerando que no acontece ninguna atenuante que mejore la situación jurídica del imputado; es decir, no asumió defensa, no desvirtuó el delito, no negó tener conocimiento de la acción de amparo constitucional, no se sometió al proceso, siendo declarado varias veces rebelde, demostrando resistencia de cumplir el fallo de amparo; por lo que correspondía se aplique la pena máxima de seis años. Además, el Tribunal de alzada no especificó qué atenuantes valederas originaron que solo se sancione al imputado con la mitad de la pena del delito acusado; de dónde se originó la graduación de la pena, qué atenuante originó que el quantum de la pena impuesta sea tan solo la mitad.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista recurrido alegó, que su persona no precisó claramente qué parte de la Sentencia sería contradictoria y sin fundamento; no considerando, que claramente señaló que la Sentencia le resultó incongruente; ya que, por un lado señaló que la conducta del imputado fue dolosa; y por otro lado, se consideró extremos no probados deviniendo de apreciaciones subjetivas que supone fueron los fundamentos del quantum de la pena.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado: el imputado Rubén Barrios Paniagua el 4 de enero de 2018 (fs. 751), presentando su recurso de casación el 10 del mismo mes y año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 769; el acusador particular, el 9 de febrero de 2018 (fs. 775), presentando su recurso de casación el 20 del mismo mes y año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 788; cumpliendo de esta manera, ambos recurrentes con el primer párrafo del art. 417 del CPP; ello, en consideración de que el 12 y 13 de febrero de 2018 fueron declarados feriados nacionales por carnavales.


IV.1. De la casación del imputado Rubén Barrios Paniagua.


En cuanto al primer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido sin fundamento alguno en su primer considerando lo calificó como una persona reincidente y dañina a fin de modificar su condena; no considerando, su situación, puesto que, su persona no registra antecedentes penales referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, no cuenta con otros casos relacionados a este tipo de delitos, no siendo su persona reincidente, ni nocivo a la sociedad; causándole el fundamento de la modificación de la condena, agravios, perjuicios que lesionan sus intereses personales que vulnera la garantía del debido proceso.


Sobre este reclamo, el recurrente invocó el Auto Supremo 349/2006 de 28 de agosto, que establecería que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación, alegando el recurrente, que el art. 124 del CPP, establece que las sentencia y Autos serán fundamentados; no obstante, el Auto de Vista recurrido se había limitado a asumir conclusiones escuetas para modificar su condena, lo que vulneraría la garantía constitucional del debido proceso; en la argumentación de este motivo, el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado; en tal sentido, cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.


En cuanto, al segundo motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en una apreciación errónea del art. 370 inc. 8) del CPP, respecto a la Sentencia; toda vez, que señaló que le impondría una pena mínima que no condice con lo previsto por los arts. 37, 38 y 40 del CP; no considerando, que la Sentencia actuó con ecuanimidad y sana crítica tomando en cuenta todos los antecedentes, estando enlazada la parte considerativa con la resolutiva, contando con una motivación expresa, clara, completa y legítima; ya que, dentro del desarrollo del proceso su persona participó de manera activa en la investigación y desarrollo del proceso, que si bien desobedeció una Resolución constitucional, fue por desconocimiento del plazo en el que debía de cumplir.


Sobre este reclamo, el recurrente invocó el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006; sin embargo, se limitó a citarlo y realizar la transcripción de una parte, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; puesto que, para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir parte de los Autos Supremos como se advierte en este caso; sino que corresponde al recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente que invoca, para que con dichos fundamentos, este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción; aspecto que, no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente motivo no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, situación por el que deviene en inadmisible.


IV.2. De la casación del representante del acusador particular.


Respecto al primer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido al igual que la Sentencia incurrió en contradicción entre la parte considerativa con la dispositiva; puesto que, si bien constató que los fundamentos de la Sentencia no eran concordantes con los antecedentes del proceso, concluyendo que era evidente la existencia de contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia, al haber aplicado una pena mínima; modificó la pena sólo a tres años, no considerando que el imputado no presentó ninguna atenuante que mejore su situación jurídica, habiendo sido declarado varias veces rebelde, demostrando resistencia de cumplir el fallo de amparo, por lo que afirma que correspondía se aplique la pena máxima de seis años; además, que el Tribunal de alzada no había especificado qué atenuantes valederas originaron que solo se sancione al imputado con la mitad de la pena del delito acusado.


Al respecto el recurrente invocó el Auto Supremo “401/2003”, que sancionaría en delitos similares con penas superiores a cuatro años; explicando el recurrente, que el Tribunal de alzada sancionó al imputado tan solo con el 50% del quantum de la pena, pese a que no presentó ninguna atenuante que mejore su situación jurídica, por lo que a su criterio correspondía se aplique la pena máxima de seis años; toda vez, que no especificó qué atenuantes valederas originó que solo se sancione con la mitad de la pena del delito acusado; en la fundamentación de este motivo, se observa que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en cuyo mérito, se tiene que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; consecuentemente, deviene en admisible.


Respecto a la invocación de los Autos Supremos “234/2006 y 301/2005”, no serán considerados en el análisis de fondo; toda vez, que respecto al primero se encontraron dos resoluciones, ello en consideración a que en dicha gestión existían dos Salas Penales; sin prejuicio de ello, ninguna contiene doctrina legal aplicable; puesto que, la emitida por la Sala Penal Primera (Auto Supremo 234 de 12 de junio de 2006) resolvió una extinción de la acción penal y la emitida por la Sala Penal Segunda (Auto Supremo 234 de 4 de julio de 2006), resolvió un recurso de casación que en el fondo fue declarado infundado; lo propio ocurre respecto a la invocación del Auto Supremo 301/2005, pues existen dos resoluciones con la misma numeración, ello en consideración a que en la gestión 2005 existían dos Salas Penales; no obstante, la emitida por la Sala Penal Primera resolvió un recurso de casación que en el fondo fue declarado infundado y la dictada por la Sala Penal Segunda resolvió una Compulsa; consecuentemente, ninguna contiene doctrina legal aplicable.


En cuanto, al segundo motivo, en el que manifiesta que el Auto de Vista recurrido alegó que su persona no precisó claramente qué parte de la Sentencia sería contradictoria y sin fundamento; no considerando, que claramente señaló que la Sentencia le resultó incongruente; ya que, por un lado señaló que la conducta del imputado fue dolosa y por otro lado, consideró extremos no probados, deviniendo de apreciaciones subjetivas que supone fueron los fundamentos del quantum de la pena.


Sobre el referido motivo, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; consecuentemente, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; aspecto que, impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.


Consecuentemente, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se tiene que el recurrente no cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 segundo párrafo del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, situación por el que el presente motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por: Rubén Barrios Paniagua, cursante de fs. 769 a 771, únicamente para el análisis del primer motivo identificado; y, Adhemar Alpire Pérez en representación legal de Leodegario Ferrufino Mendoza, de fs. 788 a 770, únicamente para el análisis del primer motivo identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos