TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 495/2018-RA

Sucre, 10 de julio de 2018


Expediente                : La Paz 26/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Ana Andrea Flores Limachi y otro

Delitos                : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero del 2018, cursante de fs. 918 a 923, Ana Andrea Flores Limachi, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 71/2017 de 30 de octubre, de fs. 897 a 901 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Julia Ilasaca Mamani contra Cleofás Mario Quispe Leandro y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 02/2016 de 3 de febrero (fs. 856 a 862), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ana Andrea Flores Limachi y Cleofás Mario Quispe Leandro, autores de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más el pago de costas al Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ana Andrea Flores Limachi y Cleofás Mario Quispe Leandro (fs. 868 a 871 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 71/2017 de 30 de octubre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 8 de enero del 2018 (fs. 905), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 15 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente acusa que el Auto de Vista impugnado vulnera su derecho a la defensa, la seguridad jurídica y debido proceso en su elemento de la fundamentación y presunción de inocencia, por las siguientes razones: i) En cuanto al motivo de apelación restringida fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el que habría argumentado la parte apelante, que la Sentencia en la fundamentación jurídica del fallo se limitó a afirmar su culpabilidad en el delito de Estaba, sin individualizar el tiempo y lugar de su participación, sin explicar cómo indujo en error o fortaleció el mismo a fin de que la víctima realice una disposición patrimonial; y, en cuanto al tipo penal de Estelionato no se hubiese establecido si el inmueble dado en anticrético a la querellante, se encontraba gravado, resulta litigioso o esta embargado o no es de propiedad de la acusada: El Tribunal de apelación, habría referido que la apelante ocultó el contrato de compraventa a fin de hacer incurrir en error a la víctima. Aspecto que no habría sido motivo del juicio; es decir, que dicha alegación sería un nuevo hecho; por otro lado, habría afirmado que el delio de Estelionato, se configuró por el hecho de que la acusada transfirió su inmueble a los esposos Quispe Saldias, imposibilitando a la querellante a disponer y entrar en posesión del departamento y tienda dado en anticrético; cuando la referida transferencia mencionada por el Tribunal de apelación, nunca habría sido efectivizada hasta la fecha, por lo que el argumento expuesto por el Tribunal de alzada, sería subjetivo e infundado, sumado al hecho de que la querellante actualmente se encontraría en posesión del inmueble otorgado en anticresis, ii) Sobre la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma Adjetiva Penal, por el cual había acusado que la Sentencia condenatoria se limitó a conceptualizar el entendimiento del tipo penal de Estafa y citar el “AS Nº 200102 dictado por la Sala Penal 2-086” (sic), sin que en la fundamentación jurídica se hubiera hecho mención a que la querellante actualmente ocupa el bien inmueble dado en anticrético, tampoco existiría individualización de los acusados, concluyendo de manera subjetiva que el inmueble objeto de la Litis fue transferido a favor de los esposos Quispe Saldias; asimismo, no existiría mención respecto a que los supuestos compradores sean los nuevos dueños del inmueble. En el mismo agravio habría denunciado que no existe individualización de los hechos respecto a cada acusado a fin de aplicar la sanción conforme a su participación; denuncias sobre las cuales el Tribunal de alzada no hubiera realizado una efectiva valoración de sus fundamentos y omitiendo pronunciarse sobre la circunstancia planteada, limitándose a referir de manera subjetiva e insuficiente, que la impetrante invocó el art. 124 del CPP, que hace referencia a los institutos de explicación complementación y enmienda, y no al art. 124 de la norma Adjetiva Penal, referida a la fundamentación; sin considerar que si bien hubo dicho error de transcripción; empero, habría transcrito el contenido del art. 124 de la norma Adjetiva Penal, por lo que el fundamento del Auto de Vista impugnado sería defectuoso e injusto, iii) Respecto al defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, habría referido que la Sentencia se basaría en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que no se habría demostrado objetivamente que engañó a la querellante y se apropió de su capital, sin entregar el inmueble dado en anticresis; denuncia sobre la cual, el Tribunal de alzada no habría sido claro y no existiría en el Auto de Vista recurrido, una objetiva valoración de los fundamentos expuestos en apelación, incumpliendo lo dispuesto por el Auto Supremo 319/2012-RRC, que dispondría que el Tribunal de alzada tiene la obligación de atender los derechos reclamados en su recurso. Invoca como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 123/2001-R, 798/2007-R, 752/2002-R, 1369/2001, 0577/2004-R de 15 de abril, y los Autos Supremos 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero del 2007, 122 de 24 de abril del 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, que fueron transcritos parcialmente.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 8 de enero del 2018, fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 15 del mismo mes y año, interpuso su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el único motivo de casación, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver los agravios planteados en su recurso de alzada, fundados en la existencia de los defectos de sentencia previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, a cuyo fin remembrando los argumentos expuestos a fin de sustentar los referidos agravios de alzada, identificando el fundamento del Tribunal apelación que en su criterio son insuficientes. Motivo en el que si bien la impetrante cumplió con la carga procesal de invocar los Autos Supremos 319/2012-RRC sin fecha exacta-, 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero del 2007, 122 de 24 de abril del 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, en calidad de precedentes contradictorios, se limitó a transcribir los mismos, sin precisar la presunta contradicción entre los referidos fallos y el Auto de Vista impugnado, incumpliendo con el requisito de admisibilidad previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


Sin embargo, es evidente que este Tribunal ha previsto los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de su competencia, ante la denuncia de vulneración de derechos; es por ello, que acudiendo a los ya explicados en el acápite anterior de esta resolución, se establece que la parte recurrente precisa en su recurso el hecho generador que viola sus derechos fundamentales (falta de fundamentación a tiempo de resolver los agravios de alzada sustentados en la existencia de los defectos de sentencia previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP), alegando violación de sus derechos o garantías constitucionales (Derecho a la defensa, seguridad jurídica, debido proceso en su elemento de fundamentación y presunción de inocencia), causándole como resultado dañoso la falta de consideración y análisis de los argumentos expuestos en los tres agravios que no hubieran sido resueltos de forma fundamentada. Consiguientemente, ante el análisis de la problemática planteada y ante el cumplimiento de presupuestos de flexibilización, se apertura la posibilidad de la atención del motivo de casación planteado.


Con referencia a las Sentencias Constitucionales 123/2001-R, 798/2007-R, 752/2002-R, 1369/2001, 0577/2004-R de 15 de abril, invocadas en calidad de precedentes contradictorios; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no resulta atendible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ana Andrea Flores Limachi, de fs. 918 a 923. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos