TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 486/2018

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                : Potosí 33/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Freddy Gilberto Romay Gonzáles y otros

Delitos        : Prevaricato y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 23 de marzo de 2018, Freddy Gilberto Romay Gonzáles, de fs. 2660 a 2664 vta., y Pastor Ismael Molina Quintana, de fs. 2755 a 2761 vta., oponen Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, acusación particular de Luisa Choque Rosas, Aldo Iván Condori Choque, apoderados de Felipe Cupara Avila, Constancia Mamani Santos de Luna, Gregorio Yebara Callahuara, el Consejo de la Magistratura, la Alcaldía Municipal de Potosí y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí contra Wilfredo Ramos Quispe y los excepcionistas, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Leyes, y Prevaricato, previstos y sancionados por los arts. 153 y 173 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ARGUMENTOS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS


Los procesados Freddy Gilberto Romay Gonzáles y Pastor Ismael Molina Quintana, formulan Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, bajo los siguientes argumentos:


I.1.        De la Excepción de Freddy Gilberto Romay Gonzáles.


Luego de realizar una breve reseña del proceso penal instaurado, el excepcionista refiere que durante la tramitación del proceso penal seguido en su contra y de Wilfredo Ramos y Pastor Molina, no se ha sufrido variación o ampliación por ningún otro tipo penal; por ello se acusó por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las Leyes y Prevaricato. Aduce que en ningún momento fue declarado rebelde, no habría realizado acto alguno que haya ocasionado una dilación indebida del proceso que hasta la fecha ha durado más de tres años desde la notificación con el primer acto investigativo, por lo que opera jurídicamente el instituto penal de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ya que de la compulsa del cuaderno procesal se acredita sin lugar a dudas, que desde la notificación con la imputación formal, el 19 de junio de 2013, hasta el día 12 de marzo de 2018, han transcurrido cuatro años, ocho meses y veintiún días, por lo que se advierte el paso de más de tres años, tal cual lo determina el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Invocando las Sentencias Constitucionales 0101/2004 de 14 de septiembre, 1494/2003-R, 1662/2003-R y 69/2004, refirió que tanto el titular de la acción del Ministerio Público como del órgano jurisdiccional, que a su turno han intervenido en el presente proceso penal, incurrieron en actos dilatorios indebidos, tal cual se evidencia del dosier de los actuados.


Señala que en aplicación de los arts. 308 inc. 4), 27, 28, 133, 31 y 32 del CPP (cita textual), si bien existe discusión sobre desde cuándo debe computarse exactamente el inicio de la prescripción por duración máxima del proceso, unos señalan que desde el inicio de la investigación y otros desde la notificación con la imputación; la jurisprudencia ha determinado de forma exacta desde cuándo debe computarse la prescripción y es precisamente la SC 003/2006-R (desglosa texto), que  estableció que el cómputo en el caso particular es desde el primer acto del procedimiento, que consistió en el inicio de investigación al 19 de junio de 2013, fecha a partir de la cual debe empezar a computarse el transcurso del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal por duración máxima del proceso.


En cuanto a las causales de suspensión, refiere que éstas detienen el plazo de duración del procedimiento y cuando desaparecen el plazo comienza a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Citando el art. 32 del CPP, aduce que en el caso de autos, en ninguna etapa procesal se ha resuelto la suspensión de la persecución penal y por ello no estuvo vigente el periodo de prueba, tampoco ha estado pendiente la presentación de fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales, tramitado ninguna forma de antejuicio ni la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso, ni se está ante delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, de lo que se colige que durante la tramitación del presente caso no concurrieron las previsiones o causales de suspensión del término de la prescripción conforme a la revisión íntegra del cuaderno procesal.


Al momento de sostener los actos dilatorios atribuibles al Ministerio Público y a los funcionarios judiciales, el excepcionista refiere que de la revisión del cuaderno de investigación Fiscal se establece que la investigación, excedió el límite legal, por aspectos no atribuibles a su persona y que de la revisión del cuaderno jurisdiccional, se verifica que lamentablemente el proceso ya en juicio demoró de forma excesiva y no precisamente, por causas que le sean atribuibles.


Respecto a la complejidad del proceso, señala que para nada el caso ha sido complejo, no ha revestido dificultad que haya ameritado que el proceso tenga que durar más de tres años, independientemente que sean tres los procesados. Por otra parte, los hechos denunciados son hechos que supuestamente fueron realizados en ejercicio de sus funciones como Vocal de la Sala Civil del Tribunal de Justicia, y por ello, no requería mayores o abundantes actos de investigación, por estar todo debidamente documentado a objeto de establecer objetivamente cuáles fueron los actos que desarrolló, así como los elementos de convicción que estuvieron desde el inicio de la investigación al alcance de los funcionarios del Ministerio Público, por lo que no fue necesario realizar mayores actos de investigación a objeto de obtener elementos para la prosecución oportuna del proceso penal; por lo tanto, no mereció durar más de 3 años desde su inicio hasta su conclusión.


I.2.        De la Excepción de Pastor Ismael Molina Quintana.


Refiere que desde la denuncia penal interpuesta en su contra, que data de 4 de junio de 2013, han transcurrido cuatro años, nueve meses y diez días; considerando también que la denuncia interpuesta por el Consejo de la Magistratura es de 15 de junio de 2013, con imputación formal por el delito de Prevaricato de 17 de febrero de 2014; transcurriendo cuatro años y más, sin resolverse el conflicto penal, al estar procesado en sede del Tribunal Supremo de Justicia en casación.


Aduciendo actos dilatorios, refiere que tal como se puede establecer en el proceso y de la prueba que se adjunta, el Ministerio Público por disposición del Código Procesal Penal, tenía el plazo de solo 6 meses para sobreseer o acusar a la finalización de la fase preparatoria, pero incumplió ese plazo dando lugar a que recién el 17 de febrero de 2014 se emita resolución de imputación formal, habiendo dispuesto recién sobreseimiento el 15 de octubre de 2014, tardando en resolver con dilación 54 días.


Habiéndose emitido resolución que revocó el sobreseimiento el 9 de diciembre de 2014, el Fiscal de Distrito de Potosí tardó 54 días para resolver la impugnación y que una vez reasumida la competencia, se tardó 90 días de dilación para emitir resolución conclusiva de acusación; en consecuencia, computando el tiempo desde la notificación con la imputación hasta la resolución de acusación, han transcurrido 10 meses atribuibles a la dilación del Ministerio Público, ya que el plazo máximo de duración del proceso era de seis meses en esa etapa, los cuales deber ser tomados en cuenta a efectos de la resolución judicial de extinción.


Asimismo, alega que deben descontarse 100 días por vacaciones judiciales, que desde el inicio del proceso a partir del 4 de junio de 2013, al presente han transcurrido más de 4 años y 9 meses; sin embargo, descontando 100 días de vacaciones, a 25 días por gestión, da por resultado que al presente han transcurrido al menos cuatro años y nueve meses sin que el proceso tenga una Sentencia firme.


Al momento de fundamentar la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, invoca la Sentencia Constitucional 0255/2014 de 12 de febrero, que establece el cómputo de la prescripción por duración máxima del proceso, que se computa desde la recepción de la denuncia en sede policial. Por otra parte, como requisito para la extinción de la acción penal, indica que la dilación sea atribuible a los operadores de justicia. Debe tomarse en cuenta que el art. 133 del CPP, establece el plazo máximo de sólo tres años, que fue reglado por la jurisprudencia a partir de situaciones ajenas al Órgano Judicial, denominada mora estructural. En el proceso se analiza que no existió ninguna de estas situaciones, que no existe posibilidad de que el excepcionista haya dilatado el proceso, ya que el derecho de impugnación es un derecho fundamental consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia mal podría declararse como dilatorio un acto impugnaticio (arts. 115 y 117 CPE).

Debe tomarse en cuenta lo establecido por el art. 27 incs. 8) y 10) del CPP, así como el art. 115 de la CPE, con relación a los principios de los arts. 178.1 y 180.I de la CPE; entre los cuales destaca el principio de celeridad; que dichos postulados constitucionales encuentran sustento en el art. 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


La naturaleza particular de la prescripción como causal de extinción de la acción penal, emerge ante la necesidad de reforzar la confianza de la población en el sistema judicial y garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, que busca proteger y resguardar el orden y la paz social, busca generar reacción ante una posible pérdida de interés de la sociedad en la sanción oportuna y la falta de diligencia para recaudar pruebas que determinen la comisión de un ilícito y de identidad de los posibles autores; a cuyo efecto se establece un plazo prudencial, de lo que se afirma que la extinción de la acción penal por duración excedente de lo legal, se traduce en una sanción imponible al Estado por su falta de diligencia.


La extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ha sido analizada por la justicia constitucional, citando para el efecto las Sentencias Constitucionales 1983/2004-R de 17 de diciembre, 1542/2005-R, 1607/2005-R, 0625/2005-R de 7 de junio, 0071/2011-R y 0395/2011-R de 7 de abril; ampliando el criterio de jurisprudencia respecto a la vía constitucional idónea para reclamar respecto a la extinción de la acción penal, a partir del razonamiento expresado a través de la SCP 0193/2013 de 27 de febrero, que discernió dos situaciones distintas; que la extinción de la acción penal no se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad, al no constituirse en causal de restricción, misma que en todo caso, podría deberse a la decisión asumida por autoridad competente. Por otra parte invoca la Sentencia Constitucional 0023/2007-R (desglosa texto).


Invoca la Sentencia Constitucional 1617/2010, respecto al cómputo y el término de duración del proceso, así como el planteamiento de la extinción vía excepción, refiriendo que en ese marco, es posible concluir que en definitiva la solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, no encuentra límite en el juicio oral, tal como lo comprendió la SC 1529/2011-R; expresa que el art. 133 del CPP se refiere a todo el proceso penal, por lo que no es posible excluir la etapa de apelación o casación de su activación, habida cuenta que el proceso penal se origina desde el momento procesal fijado por el art. 5 del CPP, y concluye cuando la Sentencia adquiere ejecutoria, lo que implica que tanto en la etapa de apelación como casación, es perfectamente posible su presentación. Dicho de otro modo, la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso es un beneficio otorgado a las partes que puede declararse durante la tramitación de todo el proceso penal; que una vez de agotadas las vías idóneas, puede darse de oficio o a petición de parte, cuando la dilación del proceso va más allá del plazo establecido; y al tratarse de una excepción de previo y especial pronunciamiento, corresponde paralizar el proceso y efectivizar su resolución dentro los plazos establecidos en el art. 315 del CPP; criterios que constituyen una reconducción de las Sentencias Constitucionales 1529/2011 y 1716/2010-R.

Concluye alegando que Lucía Choque Rosas y otros, denuncian por la comisión del delito de Prevaricato el 4 de junio de 2013, como inicio del cómputo del proceso penal, primer acto del proceso, por haber suscrito el Auto de Vista de 17 de febrero de 2012. Que, desde la denuncia han transcurrido a la fecha 4 años, 9 meses y 10 días. La imputación formal por el delito de Prevaricato data de 17 de febrero de 2014. Que, como actos dilatorios de la actuación Fiscal, se tiene que el Ministerio Público tenía el plazo de 6 meses para sobreseer o acusar, e incumplió ese plazo dando lugar a que se presente la acusación recién el 30 de diciembre de 2014, con una dilación de 120 días.


Por otra parte, el Fiscal Departamental de Potosí, tuvo una dilación 54 días en resolver la impugnación al sobreseimiento; es decir extemporáneamente, cuyos actos dilatorios considera no atribuibles a su persona. Que, los recursos impugnaticios utilizados no pueden ser considerados como actos dilatorios, ya que la constitución otorga el derecho a la doble instancia (art. 180 CPE), salvo que se haya declarado su temeridad o malicia. El Ministerio Público, una vez que se emitió la revocación de la resolución del sobreseimiento tardó 90 días para emitir la resolución conclusiva de acusación el 30 de diciembre de 2014.


En consecuencia, el tiempo transcurrido desde el tiempo de la notificación con la imputación (17 de febrero de 2014) hasta la resolución de acusación de 30 de diciembre de 2014, transcurrieron más de 10 meses atribuibles al Ministerio Público en cuatro meses ya que el plazo de duración era de seis meses, por lo que considera que estos actos dilatorios deben ser tomados en cuenta a efectos de emitir resolución. Asimismo, aduce que debe descontarse 100 días por vacaciones judiciales, que a pesar de ello habría pasado el plazo procesal transcurriendo más de 4 años, 9 meses y 10 días.


II. RESPUESTAS A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Por decreto de 26 de marzo de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales con ambas excepciones opuestas, mereciendo las respuestas de acuerdo al siguiente detalle.


II.1.        Respuesta del Fiscal Superior José Manuel Gutiérrez Velásquez.


Respecto a la excepción de la acción penal por duración máxima del proceso, se evidencia que la fundamentación y motivación de la solicitud por parte del excepcionista no es suficiente, ya que omite explicar de qué manera ha ocurrido la dilación atribuible al Ministerio Público u Órgano judicial como pretende soslayar en su memorial, pues se limita a hacer referencias escuetas de las ampliaciones, más por el contrario no efectúa una relación cronológica de fechas y/o circunstancias atribuibles a éstos órganos y Ministerio Público, circunscribiéndose a realizar un simple cálculo y/o cómputo aritmético, haciendo una relación desde la presentación de la denuncia, imputación formal, acusación Fiscal, acusación particular, sin efectuar una relación explícita de las suspensiones de audiencia, mencionando Autos Supremos y Sentencias Constitucionales sin hacer fundamentación y especificar de manera clara y concreta sobre la existencia de las dilaciones que cada sujeto procesal incurrió en el presente proceso.

Por lo mencionado, invoca la Sentencia Constitucional 0275/2016-S2 de 23 de marzo y el Auto Constitucional Complementario 0079/2004-ECA de 28 de septiembre; así como el Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo, para luego invocar nuevamente la Sentencia Constitucional 0451/2010 de 12 de julio, los Autos Supremos 289/2016-RRC de 21 de abril, 167/2016-RRC de 7 de marzo, 628/2015-RRC-L de 18 de septiembre y 794/2015-RRC-L de 6 de noviembre; que entre muchos otros, sobre el principio de continuidad del juicio, señalaron que la parte que se sintiere afectada debe hacer constar que se estaría vulnerando tal principio exponiendo las razones por las cuales considera que la infracción incidiría en el fallo, además de incoar los remedios procesales que correspondan, lo contrario implica la convalidación de actos.


No es menos cierto que el impetrante al afirmar la existencia de dilaciones tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial, debió justificarlas plenamente, no realizar una simple relación cronológica de audiencias que no fueron llevadas por distintas razones que han sido justificadas de manera coherente y lógica, siendo que la parte solicitante tiene el deber de fundamentar, como se estableció en la Sentencia Constitucional Nº 1306/2011 (cita extracto) y en la SCP 0299/2015-S3 de 25 de marzo. De la misma manera el Tribunal de mérito debe pronunciarse sobre los aspectos claros, concretos y lógicos, sometidos a su consideración sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos por lo que la parte deberá identificar correctamente el objeto de la infracción, el acto que se le ocasionó con especificación en términos claros y precisos de la forma en que ocurrió la transgresión, cuál el resultado dañoso que se ocasionó, debiendo estar en los argumentos fundamentos de la normativa legal y motivado en razonamientos objetivos y lógicos, lo contrario constituye una mera declaración sin sustento alguno; toda vez, que el principio de congruencia establecido en el art. 398 del CPP, refiere que el pronunciamiento del recurso está en proporción a su motivación.


Enfatiza haber presentado una excepción con evidente incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial respecto al deber que tiene el excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente; además de justificar debidamente la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción de acuerdo al Auto Supremo 750/2016-RRC de 28 de septiembre, incumpliendo la carga establecida en el Auto Supremo 554/2016-R de 10 de diciembre.


Por otro lado, deben aplicarse las reglas de la mora estructural de acuerdo a lo determinado por las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio y 284/2010-R de 10 de diciembre, respecto también al cómputo previsto por el art. 130 del CPP, en relación a la Sentencia Constitucional 0949/2012 de 22 de agosto, por lo que se suspenden los plazos procesales por vacaciones judiciales, que desde la gestión 2009, fecha de inicio de la investigación hasta el año 2017, suman 25 días por año, que en 8 años son doscientos días, periodo que debe ser sustraído para el cómputo de la prescripción y la duración máxima del proceso, además de días inhábiles y feriados. Por ello refiere- que la excepción es meramente dilatoria, al incumplir la carga establecida desde el Auto Supremo Nº 554/2016 de 15 de julio y lo previsto por el art. 314 del CPP.


II.2.        Respuesta del Fiscal Superior Gilberto Muñoz Ortíz.


Para resolver una petición de extinción de la acción penal, se debe considerar las Sentencias Constitucionales 0551/2010-R de 12 de julio, 0428/2016-S3 de 6 de abril, 0275/2016-S2 de 23 de marzo, de la misma manera cita el Auto Complementario 0079/2004-R de 29 de septiembre. Por otra parte el Auto Supremo 289/2016-RRC de 21 de abril, ha establecido que ante cualquier omisión, afectación o violación de derechos y garantías, a la parte le corresponde, ya sea en juicio o en apelación, cuestionar o recurrir contra tal afectación, que de no hacerlo se incurre en preclusión del reclamo; así también los Autos Supremos 167/2016-RRC de 7 de marzo, 628/2015-RRC-L de 18 de septiembre y 794/2015-RRC-L de 6 de noviembre, señalaron sobre el principio de continuidad del juicio que la parte afectada debe hacer constar que se estaría vulnerando tal principio exponiendo las razones que incidirían en la infracción en el fallo.


Respecto a la presunta o supuesta dilación del proceso, de la revisión del expediente que cursa en el Tribunal Supremo de Justicia, no cursa memorial alguno de parte del incidentista que haya solicitado señalamiento de audiencia oral o algún tipo de reclamo respecto a las supuestas suspensiones de las audiencias durante el desarrollo de las audiencias del juicio oral; es decir, que al no haber reclamado en su oportunidad nada con respecto a tal supuesta demora, debe entenderse que el tiempo transcurrido en esa etapa, no afectó a sus intereses o derechos, en particular a ser juzgado en un plazo razonable, consiguientemente tales aspectos han convalidado cualquier posible defecto, conforme a las reglas del art. 170 incs. 1) y 2) del CPP, en concordancia con el art. 16 de la Ley 025, lo que conlleva a aplicar en caso de posibles dilaciones el principio de convalidación de acuerdo al Auto Supremo Nº 415/2016-RRC de 13 de junio (cita texto).


A decir del Dr. Ciro Añez, el bien jurídico protegido por los delitos cometidos por los excepcionistas, es la correcta y normal administración de justicia, con sujeción al sistema de valores instaurados en la Constitución Política del Estado, debiéndose remitir al art. 36 de la Ley Nº 004 que modifica el art. 29 del CPP, con relación al art. 112 de la CPE, por lo que los delitos cometidos por el recurrente deben ser considerados como imprescriptibles.


Que, revisado el expediente se puede advertir que durante todo el desarrollo del proceso hasta la interposición de la excepción, el sentenciado Pastor Ismael Molina Quintana, no planteó ningún otro incidente respecto a la extinción de la acción penal, que conlleva a predecir la inexistencia de dilaciones indebidas en el proceso penal, resoluciones judiciales que han adquirido cosa juzgada, aspectos que no se menciona en el memorial.


Solicita se apliquen las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio, 284/2010-R de 10 de diciembre y 0949/2012 de 22 de agosto de acuerdo a los arts. 130 y 315 del CPP, y se declare infundada la excepción.


II.3.        Respuesta del Consejo de la Magistratura.


  1. Luego de realizar una compulsa de antecedentes, el acusado no observó la dilación que argumenta en la presente excepción planteada, aceptando de forma tácita la referida dilación que argumenta, ya que durante el proceso penal se ha respetado el principio de inocencia de los acusados, ejerciendo su derecho a la defensa. Se advierte de la revisión del expediente, dilaciones considerables de los acusados en el desarrollo del proceso, como se tiene en el Auto de 15 de mayo de 2015 emitido por parte del Tribunal de Sentencia Segundo de Potosí, que resolvió declarar infundados sin entrar en mayores consideraciones los incidentes planteados, declarándose improcedentes por carecer de fundamentos, resolución que fue apelada y confirmada el 25 de agosto de 2015.


Posterior a la Sentencia, haciendo referencia al art. 180.II de la CPE, con relación a la prescripción, el recurrente debe demostrar su pedido mencionando con precisión y de manera puntual qué actos procesales generaron demora, y que en la tramitación del proceso no fueron observadas en su momento por Freddy Gilberto Romay Gonzáles; siendo que el proceso se llevó adelante contemplando los principios procesales, además de señalar que uno de los acusados tuvo la finalidad de dilatar y extender el proceso de forma maliciosa, pudiéndose advertir que Freddy Gilberto Romay, planteó recurso de apelación restringida, que resolvió declarar improcedentes los recursos planteados.


Cita el Auto Supremo 127 de 5 de marzo de 2009, para referir que el proceso se realizó con una investigación objetiva con base a la resolución que se les atribuye como prevaricadora a los tres acusados respecto al Auto de Vista 34/2012. Sobre ello los coacusados hacen un uso indiscriminado de recursos, interposición de excepciones e incidentes que tienen como finalidad la dilación del proceso. Ahora el imputado Freddy Gilberto Romay Gonzáles, interpone la excepción, sin observar las dilaciones que hoy argumenta en el momento oportuno y con el desarrollo del proceso conforme a derecho, pero los coacusados presentan recursos, excepciones e incidentes de manera indiscriminada.


Aduce que es claro que la crisis institucional del órgano judicial obedece a razones estructurales, es decir, que sus secuelas alcanzan a todo el sistema de justicia. No se puede olvidar que la infracción del plazo razonable en el caso, pone de relieve una situación que afecta no solamente al litigio que hubiere motivado la acción, sino a todo o a una parte importante del sistema judicial; por lo que si existiera una dilación, no sería atribuible a las partes, sino al sistema del órgano judicial y el Ministerio Público que por la excesiva carga procesal existente en sus despachos no pueden cumplir con los plazos establecidos o por alguna acefalía que se presente en sus dependencias.

Refiere que las partes buscan justicia y se sancione los actos típicos al ordenamiento jurídico vigente. En el presente caso, se tiene que una Sentencia condenatoria que no puede ser declarada nula ni archivarse por una excepción presentada por Freddy Gilberto Romay Gonzáles y Pastor Ismael Molina Quintana, correspondiendo se declare improcedente la excepción planteada por Freddy Gilberto Romay Gonzáles.


  1. En la segunda contestación, el Consejo de la Magistratura refiere, luego de hacer una breve relación procesal, que hasta la presentación de la acusación formal, Pastor Ismael Molina Quintana no observó la dilación que argumenta ahora. En el caso, durante el desarrollo del juicio hasta la Sentencia, y en sí en todo el desarrollo del proceso se ha respetado el principio de inocencia de los acusados; toda vez, que ejercieron su derecho a la defensa. Se observa de la revisión del expediente dilaciones indebidas considerables en el desarrollo del proceso como en el Auto de 15 de mayo de 2015, que resolvió declarar infundados los incidentes planteados por falta de seguridad y certeza y carecer de fundamentos; además de haber apelado tales resoluciones.


Que, la Sentencia emitida realiza una valoración de todos los elementos probatorios, adecuándose al hecho que se les atribuye a los imputados, sobre la resolución prevaricadora del Auto de Vista 034/2012. Si bien Pastor Ismael Molina manifiesta que no dilató el proceso bajo el argumento que se acoge a su derecho de impugnación consagrada en el art. 180.II de la CPE; siendo ésta una afirmación genérica porque si bien el derecho a impugnar es válido y consagrado como derecho fundamental, en el presente caso se llevó adelante contemplando los principios procesales. Se puede advertir que las impugnaciones, excepciones e incidentes planteados, tuvieron la finalidad de dilatar y extender el proceso de forma maliciosa, mismos que fueron rechazados.


Habiendo hecho una descripción de los antecedentes amparados en el Auto Supremo 127 de 5 de marzo de 2009 (cita texto), el presente proceso se realizó con una investigación objetiva, concluyendo que la resolución que dictaron los acusados resultó ser prevaricadora; que durante todo el proceso, Pastor Ismael Molina, no observó las dilaciones que ahora argumenta en el momento oportuno y con el desarrollo del proceso. Se encargó de presentar excepciones e incidentes dilatorios, con la finalidad de extender y dilatar el proceso como se puede advertir que todas son declaradas improcedentes.


En el presente caso se debe considerar la crisis institucional por la que atraviesa el Estado, como hechos notorios, conflictos que han dejado acéfalos muchos juzgados, que conjuntamente la transición institucional, el cambio de sistema normativo, la situación política y social, ha influido de gran forma en el funcionamiento del sistema de justicia; en ese escenario no se puede obviar a los demás afectados, en la infracción del plazo razonable. Por lo que si existiera una dilación, no sería atribuible a las partes, sino al sistema del Órgano Judicial y el Ministerio Público, por la excesiva carga procesal, solicitando se declare improcedente la excepción planteada por Pastor Ismael Molina Quintana.



II.4.        Respuesta del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.


Destaca el 4 de junio de 2013, donde se presentó denuncia formal, el 17 de febrero de 2014, se emitió imputación formal, el 15 de octubre de 2014, se pronunció resolución conclusiva de sobreseimiento; que el 27 de octubre de 2014 se impugnó dicha resolución, siendo revocada el 9 de diciembre de 2014; y el 30 de diciembre se presentó acusación, emitiéndose la Sentencia el 14 de julio de 2016, presentándose el 9 de agosto de 2016, apelación restringida, y el 24 y 25 de agosto de 2016, apelación por parte del Ministerio Público y las víctimas.


Antes esto refiere que si bien la denuncia data de 4 de junio de 2013; empero, no es menos cierto que a partir de la fecha haciendo un cómputo de plazos procesales, se habrían cumplido a cabalidad, que a la interpretación del incidentista se estaría pretendiendo hacer entrever que la dilación no le fuera atribuible. Que del lapso del inicio hasta la imputación formal se puede establecer que sólo han transcurrido 4 meses; toda vez, que luego de pasados los 20 días de investigación preliminar, se amplió la fase preliminar a 90 días, tal cual consta en la prueba presentada por la parte acusada, y que sobre esa ampliación ninguna de las partes ha realizado observación alguna. Una vez emitida la imputación, la etapa preparatoria tendría una duración de seis meses; empero, únicamente ha habido un retraso de dos meses; toda vez, que ha dictado resolución de sobreseimiento para que luego de su impugnación sea revocada y se emita acusación, existiendo un retraso de 35 días; que de evidenciar como refiere el incidentista un retraso considerable debió hacer uso del art. 134 del CPP, advirtiéndose la manifiesta intención de dilatar el proceso. Por consiguiente, hasta la acusación Fiscal sólo se hubiera sobrepasado los plazos aproximadamente 7 meses de los legalmente establecidos como dilaciones indebidas.


A partir de estos plazos, la parte no hace mención a la forma y circunstancias por las que se hubiera dilatado el proceso de manera indebida por el tiempo que supuestamente sobrepasarían los 4 años; empero, si existe dilación es precisamente por la interposición de los recursos por parte de los encausados que no son atribuibles al Órgano Judicial o al Ministerio Público. Por otra, parte de las excepciones se hace saber en vía incidental la extinción de la acción por duración máxima del proceso; empero, contrariamente en su petitorio hace entender que se esta planteando extinción de la acción por prescripción, que es otro instituto, por lo que se advierte la falta de congruencia en la solicitud planteada, debiéndose observar el Auto Supremo 222/2007 y la Sentencia Constitucional 0026/2015-S3 de 16 de enero.


II.5.        Respuesta de las Víctimas Luisa Choque Rosas Vda. de Condori y Aldo Iván Condori Choque.


Refieren que de los memoriales de excepción de extinción, se evidencia la inexistencia y la falta de legalidad en su planteamiento, ya que las excepciones sobrevinientes se deben plantear en un momento procesal que es el juicio oral, siendo que el art. 345 del CPP, fue sustentado por la Ley 586 que modifica el planteamiento de las excepciones e incidentes, que de los hechos, la parte excepcionista no ha cumplido conforme al art. 314 y siguientes el CPP; es decir, que deba cumplirse la misma planteándose con prueba idónea y de manera fundamentada enunciando con claridad los defectos de cumplimiento de plazos, el cómputo de los mismos con la normativa legal aplicable.


De acuerdo a la documentación que cursa en el proceso, se acredita la existencia de dilaciones por parte de los ahora recurrentes de manera maliciosa con la intencionalidad de obtener impunidad en los actos y hechos constituidos en delito y sentenciados, citando los Autos de Vista de 29 de marzo y de 24 de mayo de 2017, y a la acción de amparo constitucional planteado por Freddy Romay Gonzáles, debiéndose considerar a su vez las vacaciones judiciales. En el presente caso, cuando se refieren a la negligencia en el accionar, deben demostrar de manera clara y precisa el cómputo legal del plazo del art. 133 del CPP, así como enunciar la retardación injustificada de parte del Ministerio Público y del Órgano Judicial, y en especial que la parte no gestionó supuestas acciones de defensa maliciosas que generaron dilación del proceso; lo que sí sucedió en la especie ya que a la presentación de varios incidentes y excepciones fuera de lugar, así como de acciones extraordinarias, los acusados lo hicieron simplemente con la necesidad de retardar el proceso. Invocan el Auto Supremo 901/2016 de 16 de noviembre, refiriendo que para poder resolver la acción planteada, es evidente que se deben cumplir ciertos requisitos que no fueron observados de acuerdo a los arts. 133, 314 y 315 del CPP a efectos de acreditar fundadamente el cómputo del término vencido, solicitando se proceda a rechazar de manera in límine las excepciones planteadas por Pastor Ismael Molina y Freddy Gilberto Romay.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por los excepcionistas y respuestas del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y de las víctimas, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. Del Trámite de las Excepciones e Incidentes.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


III.3.        De la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso.


La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, como los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.

Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código Adjetivo Penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.

Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) El establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser Simples o complejos; b) El análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) La prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) La pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.


La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.


La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) La insuficiencia o escasez de los tribunales; b) La complejidad del régimen procesal; y, c) Si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.

En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


Asimismo, debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.


III.4. Análisis de las excepciones opuestas.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y        normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de        extinción de la acción penal planteada por los procesados Pastor Ismael Molina Quintana y Freddy Gilberto Romay Gonzáles, quienes oponen dos excepciones sujetas al transcurso del tiempo.


III.4.1. En cuanto a la excepción de Extinción de la Acción por Duración Máxima del Proceso planteada por Freddy Gilberto Romay Gonzáles.

El excepcionista refiere que durante la tramitación del proceso penal seguido en su contra y de Wilfredo Ramos y Pastor Molina, no se ha sufrido variación o ampliación por ningún otro tipo penal; por ello se acusó por Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las Leyes y Prevaricato. Aduce que en ningún momento fue declarado rebelde, refiere la aplicación de los arts. 308 inc. 4), 27, 28, 133, 31 y 32 del CPP, haciendo hincapié en el inicio de la prescripción y de las causas de suspensión de la prescripción, que el proceso no revistió complejidad como se acredita de la revisión del cuaderno de investigación Fiscal y del dosier jurisdiccional, y no habría realizado acto alguno que haya ocasionado una dilación indebida, ya que de la compulsa del caso procesal se acredita que del 19 de junio de 2013, hasta el 12 de marzo de 2018, habrían transcurrido cuatro años y ocho meses y veintiún días. Invoca las Sentencias Constitucionales 0101/2004 de 14 de septiembre, 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004 y 003/2006-R.


El excepcionista, para sustentar su petición, adjunta 4 cuerpos de prueba documental, que según alega, demostraría el transcurso del tiempo y las actuaciones procesales, así como las actuaciones Fiscales dentro del proceso penal, refiriendo que no habría generado por su parte dilación alguna, y tampoco concurrirían las causales de suspensión de los términos al no haber sido declarado rebelde; empero, no precisa cuál es el legajo al que hace referencia el excepcionista respecto del cuaderno de investigación y cuál es el legajo del cuaderno procesal que adjunta, siendo que en su memorial tampoco indica de qué foja a qué foja se encontraría una u otra documental; así también no fundamenta cuáles vendrían a ser las dilaciones indebidas en las que se habrían incurrido, más allá de aducir los actuados principales como: inicio de la investigación, imputación formal, acusaciones Fiscal y particular, Sentencia, apelación y casación. Tampoco motiva adecuadamente su planteamiento para poder demostrar plenamente que no concurre ninguna causal de suspensión de la extinción de la acción penal; extrañándose -además- documental pertinente que indique efectivamente que no haya sido declarado rebelde y que éste no haya incurrido en dilación alguna; limitándose a simplemente realizar afirmaciones respecto a que no fue declarado rebelde y que no ha dilatado el proceso, cuando al contrario, debe exponer de manera fundamentada y probatoria tales extremos, debiendo establecer una correcta relación procesal de los actuados del proceso para que con base en ello demostrar acertadamente que hubiera existido dilación procesal no imputable al excepcionista, señalando fojas, documentos, actos procesales y en definitiva toda la actividad procesal desarrollada.


En su memorial, no hace alusión ni fundamenta, cómo los estos actuados que presenta en 4 cuerpos serían dilatorios, considerando que como bien ha expuesto, el excepcionista en su memorial, al invocar las Sentencias Constitucionales 0101/2004 de 14 de septiembre, 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004 y 003/2006-R; se ha establecido que la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) La complejidad del asunto; b) La conducta de las partes; y, c) La conducta y accionar de las autoridades competentes; estableciéndose como bien se conoce la teoría del “no plazo”, la que ha determinado que el plazo de extinción del proceso no opera de manera automática con el solo transcurso del término fijado por la disposición procesal, sino que cada caso deberá ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación del proceso penal en cuestión. Estos parámetros son los que debió atender el excepcionista en su memorial de extinción, en base a los cuáles debió fundamentar su petición, demostrando cada punto en concreto para establecer si es evidente que la dilación no es atribuible a su persona, motivación que se extraña de dicha excepción, que más allá de realizar meras afirmaciones,  no demostrando la concurrencia de cada indicador para determinar fundadamente la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


Aducir que, en Bolivia, bajo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme se ha establecido en el Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia de 29 de enero de 1997, rige la “teoría del no plazo”; bajo cuyo parámetro, no basta con demostrar el transcurso del tiempo, tal como lo hace de manera simple la parte en su exposición de motivos y fundamentos, demostrando únicamente el tiempo transcurrido, realizando una vaga aproximación al tiempo transcurrido, que sería más de cuatro años, ocho meses y veintiún días desde el inicio de la causa penal que data de 19 de junio de 2013, sin señalar todos los actuados de manera individual y concisa que establece la trama de la relación procesal que fue llevada a cabo durante la tramitación de la causa penal. Bajo este primer aspecto que reiteradamente alega la parte, a los fines de resolver si evidentemente el proceso penal se ha desenvuelto en los márgenes de normalidad dentro del transcurso de los 4 años, 8 meses y 21 días que alega el excepcionista, es imperioso establecer que el sólo transcurso del tiempo no es condición sine qua non para declarar la extinción de la acción penal ipso jure, siendo preciso y crucial, una vez establecida la relación procesal, analizar si el proceso se ha tramitado con normalidad, sin existir incidencias que afecten el cumplimiento de los plazos, más allá de la actividad de las partes procesales, que independientemente de considerar aquello se funda en tres criterios: 1) La complejidad del asunto, 2) La actividad procesal de las partes; y, 3) La conducta de las autoridades judiciales; complementando que la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso, tal como lo ha señalado el Auto Supremo Nº 479/2010 del 6 de Octubre y la Sentencia Constitucional Nº 0551/2010-R  de 12 de julio, que indicó en su ratio: “…..En consecuencia, el transcurso del tiempo no es suficiente para viabilizar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, porque como se mencionó precedentemente, no es el único elemento a analizarse para viabilizar esta petición, más al contrario, deberá verificarse que el proceso se hubiese desarrollado en condiciones normales y que la actuación negligente de las autoridades competentes sea atribuible únicamente a éstas, y no así al aparato judicial, por no dotar de condiciones mínimas para la prosecución de los procesos como es la excesiva carga procesal y las constantes acefalías que se presentan en el órgano judicial, aspectos que impiden a las autoridades jurisdiccionales concluir con la tramitación de las causas dentro de los plazos establecidos….”. Entonces, para que surja la posibilidad de extinción de la acción penal es menester deducir y demostrar objetivamente que la causa se ha tramitado en condiciones normales, para lo cual se debe analizar cada caso particular y así establecer coherentemente si la duración del proceso más allá de lo previsto por la norma procesal ha sido injustificado.


Entonces, la parte debe demostrar necesariamente conforme a la carga procesal impuesta por el art. 314 y ss. del CPP, que el proceso en su tramitación, no sólo sobrepasó el tiempo establecido por Ley para que opere la extinción de la acción, sino demostrar que durante el periodo que alega de más de 4 años, el proceso se ha ventilado en términos regulares, sin dilaciones indebidas, que la actividad jurisdiccional fue normal, considerando las circunstancias propias como vacaciones, incidentes, suspensiones, independientemente de la actividad de las partes, y posteriormente, a quién o quienes se atribuiría la demora que denuncia como indebida, para que precisamente en ese afán se pueda obtener una radiografía cabal que demuestre la pretensión del excepcionista y opere de esa manera razonable la extinción de la acción penal, bajo los parámetros de logicidad, tal como lo estable la Sentencia Constitucional 1484/2010-R de 4 de octubre de 2010 que determinó: “….Teniendo en cuenta además que esa apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requiere en grado de certeza que la retardación de justicia se debió sólo a las autoridades que sustanciaron la causa y que además esa dilación no tenga causal alguna que la justifique, correspondiendo además la calificación y determinación de las demoras judiciales atribuibles a una u otra parte procesal, al juez que conoce la causa y sustancia la excepción de extinción…”.


Una vez establecido que durante la tramitación de la causa penal, por la valoración, ponderación y análisis integral de los antecedentes, no ha existido de alguna manera una dilación indebida e injustificada atribuible al excepcionista, sino al Órgano Judicial y/o al Ministerio Público, es factible considerar una extinción de la acción conforme los criterios asumidos por la Sentencia Constitucional 0636/2010-R de 19 de julio de 2010: “…..La valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo. Ese criterio ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en el SC 1042/2005-R de 5 de septiembre (…). Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 0101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y, c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada". Del razonamiento referido, se infiere por una parte que la extinción de la acción penal no puede determinarse únicamente por el transcurso del tiempo, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada. Por otra parte esa apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requiere en grado de certeza que la retardación de justicia se debió sólo a las autoridades que sustanciaron la causa y que además esa dilación no tenga causal alguna que la justifique, correspondiendo además la calificación y determinación de las demoras judiciales atribuibles a una u otra parte procesal, al juez que conoce al causa y sustancia la excepción de extinción…”. En base a todo lo glosado, sobre los fundamentos expuestos por la parte, se debe indicar y motivar lo siguiente:


  1. Sobre la complejidad del asunto; para determinar la complejidad no es necesario que el delito a juzgar sea de lesa humanidad para establecer si un caso es complejo o no, sino que la complejidad, también responda a la concurrencia de pluralidad de imputados, a la cuestión jurídica, a la cuestión fáctica y a la ofensa de los bienes jurídicos tutelados.


Que de la revisión de los antecedentes que ofrece como prueba el excepcionista, es evidente que el proceso fue complejo considerando en primer término la pluralidad y calidad de imputados, siendo que se procesó e investigó a tres sujetos que fueron sometidos también- a juicio oral; debiéndose tomar en cuenta su calidad de Vocales del Tribunal Departamental de Potosí; no siendo personas comunes, tratándose de autoridades judiciales, lo cuál evidentemente demuestra aspectos que hacen a la complejidad del asunto. Asimismo, los delitos procesados (sobre la cuestión jurídica), no es solo uno, sino dos tipos penales procesados, sobre los cuales se estableció el tipo de responsabilidad a cada uno de los imputados para determinar su forma de participación, la calidad de la autoría, y el resultado lesivo. De igual manera debe considerarse la pluralidad de víctimas dentro del proceso, que de la revisión de la Sentencia (fs. 1542 a 1600), las víctimas en el caso son múltiples, sumando 12 ciudadanos y 3 instituciones públicas, estableciéndose por tales aspectos, la evidente complejidad del asunto penal.


Al contrario de lo mencionado, el excepcionista simple y llanamente aduce que el proceso es simple y no complejo por la actividad investigativa que se llevó a cabo, sin indicar probatoriamente tales extremos para poder juzgar sobre esa base si concurre éste indicador objetivo, que forma parte de los criterios para disponer la extinción de la acción penal, pero como se ha expuesto, dicho parámetro no es suficiente para poder justificar o no el transcurso del tiempo por más de los 4 años que afirma haberse tramitado la causa; sino que la misma responde a cuestiones de hecho y cuestiones jurídicas; evidenciándose, al contrario de lo manifestado por el excepcionista, que el proceso penal ha revestido características de complejidad.


  1. La Conducta de las partes que intervienen en el proceso; sobre el particular el excepcionista señala limitadamente que su persona no habría influido en la demora judicial, sin respaldar de manera motivada dicha afirmación, siendo que ante ello, debió establecer en base a la compulsa procesal si es evidente tal extremo para demostrar que la parte no incurrió en dilaciones indebidas; debiendo establecer a su vez, si las dilaciones son atribuibles a las propias víctimas, considerando que son 15 las mismas dentro del proceso, que también pudieron incurrir o no en dilación procesal.


De lo anotado, se observa una falta de fundamentación y motivación, con prueba idónea que demuestre las afirmaciones hechas por el excepcionista, no estableciendo en base a una compulsa, de qué manera la parte no ha incurrido en mora procesal o de qué forma ha contribuido en el correcto impulso procesal de la causa; lo que evidentemente se extraña de los argumentos extraídos de la excepción para que este Tribunal pueda realizar una compulsa con base a los 4 cuerpos de documentos adjuntos a la pretensión; respecto de los cuáles la parte no hizo ninguna referencia para demostrar conforme al art. 314 y siguientes del CPP, la concurrencia de dilación indebida no atribuible a su persona, por lo que, ante tal falencia argumentativa, este Tribunal no puede ingresar al análisis de estos aspectos, más allá de lo fundamentado por el excepcionista.


Cabe señalar que el art. 133 del CPP, establece el plazo de tres años para concluir las causas; empero, este plazo está sujeto a la actividad de las partes; que de lo manifestado, si bien se afirma de manera genérica que el Ministerio Público ha excedido los plazos procesales y que el Órgano Judicial ha dilatado la tramitación del Juicio Oral, la parte debe advertir dicha demora, entendiendo los fundamentos del Ministerio Público en su contestación al presente caso de autos, ejerciendo su facultad activa dentro del proceso penal, conforme lo señalan los arts. 84, 277 y 279 del CPP, solicitando el impulso procesal, y no aguardar el transcurso del tiempo para sostener su petición, cuando su propia inactividad en el ejercicio de su derecho a la defensa, demuestra que su conducta ha consentido esas demoras en el cumplimiento de los plazos procesales durante la fase de investigación y las suspensiones en juicio oral, no pudiéndole atribuir por efecto únicamente la responsabilidad al Ministerio Público y al Órgano Judicial; por ello, no es posible deducir objetivamente que la conducta del excepcionista no haya influido en la dilación de la causa, y que ésta se deba solamente a las autoridades judiciales y Fiscales. Además, de no demostrar si ha existido o no una dilación que sea imputable a las víctimas, quienes forman parte del proceso, considerando su multiplicidad.


  1. Sobre la conducta y accionar de las autoridades competentes; respecto a esta condición de extinción, el excepcionista refiere dos aspectos: “1.- De la revisión del cuaderno de investigación Fiscal se establece que durante la investigación la misma a excedido el límite legal, por aspectos no atribuibles a mi persona. 2.- De la revisión de dossier jurisdiccional se establece que lamentablemente el proceso ya en juicio demoró de forma excesiva y no precisamente por causas atribuibles a mi persona”. (sic)


En el presente aspecto, conforme se ha manifestado precedentemente, el excepcionista no cita en folios las actuaciones procesales del Ministerio Público y del Órgano Judicial para establecer porqué se han excedido los plazos procesales y las razones y circunstancias de las suspensiones que dilataron el juicio oral. No manifiesta ni demuestra las razones por las cuáles arriba a esas conclusiones para poder justificar una demora innecesaria evidente que se encuentre fuera de los parámetros de razonabilidad; no ha podido establecer fehacientemente que en la tramitación de estos actuados que refiere como antecedentes, se haya demostrado un incumplimiento de plazos injustificadamente, considerando que también se ha cuestionado la propia actividad procesal del ahora excepcionista por parte del Ministerio Público en sus contestes.

Por cuanto, a pesar de extrañarse una adecuada argumentación con prueba plena de la parte en su excepción, deben considerarse los siguientes aspectos para establecer un adecuado cómputo del plazo procesal sobre la conducta y accionar de las autoridades competentes, la que está referida precisamente al análisis de la actividad procesal como tal, conforme a lo siguiente: 1) Es de considerar que para establecer el término de la demora judicial, es concurrente no solo compulsar los antecedentes con la actividad de las partes y la conducta de las autoridades intervinientes en el proceso, sino también debe hacerse alusión a la actividad procesal en la que se toma en cuenta los días que el Órgano Judicial no ejerció funciones jurisdiccionales, más propiamente cuando concurren los recesos judiciales, feriados y otros días inhábiles; desde el inicio de la investigación, que data de la gestión 2013 hasta la gestión 2017 -inclusive- debe determinarse la totalidad de los recesos judiciales, donde los plazos por efecto del art. 130 in fine del CPP, se suspenden automáticamente, bajo los parámetros establecidos en el art. 9 de la Ley 586 que modifica el art. 126 de la Ley 025, lo que tampoco ha compulsado el excepcionista en su pretensión. 2) Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia fundadora de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, ya habría señalado que para determinar la razonabilidad de los plazos señaló que: “…Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama análisis global del procedimiento…”. Entonces el excepcionista debió demostrar precisamente en base a la compulsa global del procedimiento la concurrencia de los factores que dan curso a la extinción de la acción penal para poder determinar una correcta apreciación de la existencia de dichas causales de extinción y no solo a limitarse en aducir el transcurso del tiempo, conforme lo hizo en su pretensión.


Por último, se debe hacer notar que el excepcionista en su fundamentación confunde la naturaleza de la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo y por prescripción, aduciendo la aplicación de los arts. 30, 31 y 32 del CPP, los cuáles no son aplicables al instituto de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, implicando una falta de precisión y técnica argumentativa al momento de plantear su excepción.


Por todos estos argumentos y los fundamentos expuestos, al no haber acreditado correctamente el excepcionista la concurrencia de la complejidad del asunto, de la conducta de las partes (su propia conducta y la de las víctimas) y del actuar de las autoridades (Juez o Tribunal y Ministerio Público); menos realizado una adecuada compulsa global del procedimiento realizado en la tramitación del proceso penal de autos para determinar el correcto cómputo del plazo procesal (aduce 4 años, 8 meses y 21 días), es menester declarar por infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


III.4.2. En cuanto a la excepción de Extinción de la Acción por Duración Máxima del Proceso planteada por Pastor Ismael Molina Quintana.

El excepcionista aduce que desde la denuncia penal interpuesta en su contra, que data del 4 de junio de 2013, han transcurrido cuatro años, nueve meses y diez días; considerando también que la denuncia interpuesta por el Consejo de la Magistratura es de 15 de junio de 2013. Alega actos dilatorios, refiriendo que tal como se puede establecer en el proceso y de la prueba que se adjunta, el Ministerio Público por disposición del Código Procesal Penal, tenía el plazo de sólo 6 meses para sobreseer o acusar a la finalización de la fase preparatoria, pero incumple ese plazo dando lugar a que recién el 17 de febrero de 2014, se emita resolución de imputación formal, disponiendo recién sobreseimiento el 15 de octubre de 2014, con una dilación de 54 días, que una vez se revoca el sobreseimiento el 9 de diciembre de 2014, se tardó 54 días para resolver la impugnación, que luego se retrasó 90 días la dilación para emitir resolución conclusiva de acusación transcurriendo 10 meses atribuibles a la dilación del Ministerio Público. Alega que deben descontarse 100 días por vacaciones judiciales, que corresponde a la mora estructural. En el proceso se analiza que no existió ninguna de estas situaciones, que no existe posibilidad de que el excepcionista haya dilatado el proceso, ya que el derecho de impugnación es un derecho fundamental consagrado por el art. 180.II de la CPE. Por lo establecido en los arts. 27 incs. 8) y 10) y 133 del CPP, así como el art. 115 de la CPE, sometida a los principios de los arts. 178.1 y 180.I de la CPE; entre los cuales destaca el principio de celeridad; que dichos postulados constitucionales encuentran sustento en el art. 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, el lapso transcurrido desde el tiempo de la notificación con la imputación (17 de febrero de 2014) hasta la resolución de acusación de 30 de diciembre de 2014, transcurrieron más de 10 meses atribuibles al Ministerio Público ya que el plazo de duración era de seis meses, por lo que considera que estos actos dilatorios deben ser tomados en cuenta a efectos de emitir resolución, existiendo una dilación de 120 días. Invoca las Sentencias Constitucionales 0255/2014 de 12 de febrero, 1983/2004-R de 17 de diciembre, 1542/2005-R, 1607/2005-R, 0625/2005-R de 7 de junio, 0071/2011-R, 0395/2011-R de 7 de abril, 0193/2013 de 27 de febrero, 0023/2007-R, 1617/2010, 1529/2011-R, 1529/2011 y 1716/2010-R. Asimismo fundamenta sobre la naturaleza de la prescripción.


El fundamento central de la excepción planteada radica en el NUMERAL 2 del memorial, donde hace alusión a los actos dilatorios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como a las vacaciones judiciales, tomando en cuenta el cómputo de duración de la causa que alega habría transcurrido 4 años, 9 meses y 10 días.


Analizada la excepción de extinción de la acción opuesta, se advierte que su planteamiento incumple con el citado deber o carga procesal establecida en el Auto Supremo 213/2018 de 28 de marzo con relación al art. 314 par. I del CPP; pues se limita a señalar actuados procesales desde la imputación formal hasta la emisión de la acusación formal, señalando que a la fecha transcurrieron 4 años, 9 meses y 10 días, y que de su parte no hubiere ocasionado algún acto dilatorio; lo que implica, que el excepcionista no tomó en cuenta que, quién interpone la excepción debe fundamentar la mora procesal, más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad en el caso concreto, del Órgano Judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué partes del cuaderno procesal y/o investigativo se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada, tal como lo ha señalado el Auto Supremo 101/2017 de 30 de enero; que en relación a la excepción pretendida, no se ha dado cumplimiento a esta carga argumentativa y probatoria, lo que hace inviable su pretensión de extinción de la acción penal, siendo que no se hizo una correcta compulsa de los antecedentes procesales para establecer con precisión que el acusado no contribuyó con la mora procesal y como refiere, tal mora sería atribuible al Órgano Judicial y al Ministerio Público.


No obstante a ello, considerando que el excepcionista refiere en términos categóricos que no ocasionó dilación alguna, haciendo referencia a supuestos actos dilatorios por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial, este Tribunal no puede soslayar que de la revisión de antecedentes, se establece que: primero, durante la fase preliminar, se tiene memorial de Denuncia formal de 4 de junio de 2013, Inicio de Investigación de 5 de junio de 2013, solicitud de Ampliación de Investigación de 90 días de 28 de junio de 2013, memorial de Denuncia de 15 de julio de 2013, Comunicación de Ampliación de Denuncia de 18 de julio de 2013, Adhesión a Denuncia de 26 de julio de 2013, Ampliación de Denuncia de 20 de agosto de 2013, ampliación de Denuncia de 1 de agosto de 2013, Comunicación de nueva Ampliación de Investigación de 25 de septiembre de 2013, para luego presentar Imputación Formal de 17 de febrero de 2014. Segundo, cursa Solicitud de Conminatoria interpuesta por la víctima de 4 de febrero de 2014, sobre conclusión de etapa preliminar. Memorial de celeridad procesal de 31 de marzo de 2015, presentado por el Ministerio Público (fs. 2584) con relación a la instalación del Juicio Oral. Decreto de 24 de noviembre de 2016, donde el Tribunal Segundo de Sentencia dispone priorización y sorteo de causa. Tercero, se tiene Resolución de Sobreseimiento de 15 de octubre de 2014, y Resolución FDP/WALBI 067/2014 de 9 de diciembre, que revoca el sobreseimiento, para posteriormente emitirse Acusación Formal de fecha 30 de diciembre de 2014, ante conminatoria del Juzgado de Instrucción. Cuarto, consta Actas de Suspensión de Juicio Oral de 12 de agosto de 2015, por inasistencia de los abogados defensores, Suspensión de Juicio Oral de 16 de septiembre de 2015 por inasistencia de las partes, Suspensión de Juicio Oral de 25 de noviembre de 2015 por inasistencia de la defensa de los acusados, memorial de Suspensión de Juicio Oral de 12 de enero de 2016, por falta de defensa técnica, Suspensión de audiencia de juicio oral de 18 de marzo de 2016, por inasistencia de los abogados defensores y acusadores particulares. Sentencia de 14 de julio de 2016. Quinto, cursa Suspensión de actividades de 6 y 7 de julio de 2015 (fs. 2388 y 2389) por paro cívico.


Como se fundamentó y motivó, al momento de resolver la excepción opuesta por Freddy Gilberto Romay Gonzáles, se ha establecido que en la economía procesal nacional se adoptó la “teoría del no plazo”, consistente en que el transcurso del tiempo, no está sujeto únicamente a la temporalidad, sino también a otros factores que hace necesario considerar, probar y establecer al momento de incoarse la extinción de la acción por duración máxima, como por ejemplo la actividad procesal de las partes, de las autoridades jurisdiccionales y la complejidad, así como la prosecución del proceso en condiciones de normalidad, tal como establecieron, el Auto Supremo 479/2010 de 6 de Octubre y la Sentencia Constitucional 0551/2010-R  de 12 de julio.


Al respecto es menester citar nuevamente, lo aplicable al caso concreto, la Sentencia Constitucional 1484/2010-R de 4 de octubre de 2010 que determinó: “….Teniendo en cuenta además que esa apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requiere en grado de certeza que la retardación de justicia se debió sólo a las autoridades que sustanciaron la causa y que además esa dilación no tenga causal alguna que la justifique, correspondiendo además la calificación y determinación de las demoras judiciales atribuibles a una u otra parte procesal, al juez que conoce la causa y sustancia la excepción de extinción…”. Por lo que se establece además de las circunstancias antes citadas, deba considerarse precisamente si la dilación denunciada ha devenido de actos u omisiones procesales injustificadas que no puedan establecer que el transcurso del tiempo tiene una justificación debida más allá que el tiempo de duración de la causa, conforme también lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia fundadora de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua.


En consecuencia, como se observó anteriormente la extinción de la acción penal por duración máximo del proceso no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad; sino, a aspectos ajenos al propio órgano, como los aspectos señalados anteriormente, así como otras circunstancias que incidan negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia, debiendo considerarse por consecuencia, los siguientes aspectos o indicadores, de cuyo análisis se determinará o no la procedencia de la extinción, de acuerdo al planteamiento abordado por el excepcionista:



Consiguientemente, sobre la conducta del excepcionista se establece de la actividad procesal cursante en obrados, que ha tenido una conducta pasiva durante la tramitación de la fase preliminar y preparatoria del proceso penal, pues en ninguna parte de los actuados existentes cursa solicitud alguna de impulso procesal o memorial que aduzca el incumplimiento de plazos procesales, más al contrario dicha iniciativa fue evidente de la parte afectada o querellante particular, quién conforme se tiene por memorial de Solicitud de Conminatoria interpuesta por la víctima de 4 de febrero de 2014, aduciendo respecto a la conclusión de la etapa preliminar. Asimismo, a la conclusión de la etapa preparatoria el propio Juzgado de Instrucción emitió de oficio conminatoria (fs. 2506), para la emisión de Resolución conclusiva de investigación, presentándose de esa manera Acusación Formal el 30 de diciembre de 2014. De lo que se puede deducir que el excepcionista no activó medio alguno para poder hacer valer su pretensión, que en caso de haber considerado la demora procesal en la tramitación de la causa penal en su fase de investigación (preliminar-preparatoria), debió solicitar impulso procesal, el cual, al contrario de lo que afirma el excepcionista fue ejercido por parte del propio juzgador así como por las víctimas.


En fase de juicio oral, debido a las constantes suspensiones de Juicio Oral, cursa Memorial de celeridad procesal de 31 de marzo de 2015, presentado por el Ministerio Público (fs. 2584), con relación a la instalación del Juicio Oral, solicitando impulso procesal, sin que curse ninguna otra solicitud del excepcionista en hacer prevalecer la celeridad del caso, más sí cursa Decreto de 24 de noviembre de 2016, donde el Tribunal Segundo de Sentencia dispuso la priorización y sorteo de la causa (fs. 1727), lo cual evidencia la conducta asumida por el excepcionista, quien en ningún momento solicitó el ejercicio del art. 279 del CPP, a los fines de garantizar su derecho a una justicia pronta y oportuna, a pesar de ostentar las facultades previstas por los arts. 84, 277 y 279 del CPP y no así ejerciendo una actividad omisiva e indiferente en la tramitación de la causa.


Asimismo, cursa en antecedentes, actas de Suspensión de Juicio Oral de 12 de agosto de 2015, de 16 de septiembre de 2015, de 25 de noviembre de 2015, de 18 de marzo de 2016; como también memorial de Suspensión de Juicio Oral de 12 de enero de 2016, por la falta de defensa técnica; demostrándose que las referidas suspensiones de audiencia de juicio oral, se debieron a la inasistencia de los abogados defensores de los acusados, lo que en definitiva afectó el normal desenvolvimiento del proceso penal hasta la emisión de la Sentencia de 14 de julio de 2016, comprobándose por una parte, la conducta negligente de los acusados en sobrellevar el juicio oral y contribuyendo a la mora procesal.


Entonces, al contrario de lo que afirma el excepcionista, si bien no se evidencia probatoriamente mayores dilaciones que las emergentes de la propia actividad procesal, se tiene probada la conducta evasiva del excepcionista al ser causante de las suspensiones del juicio oral; además de constatarse que no cursa prueba de haber ejercido el correcto impulso procesal, considerando que denuncia el incumplimiento de los plazos procesales en sus diferentes fases; empero, dicha actividad se pudo establecer de la ejercida por el Ministerio Público, la parte querellante y la propia autoridad jurisdiccional, quienes activaron el impulso procesal correspondiente, lo que también debe considerarse en cuanto a la conducta demostrada por las partes en el proceso penal, que desvirtúa lo manifestado por la parte.



Durante la tramitación del juicio oral, la autoridad jurisdiccional, impulsó el proceso en el marco de sus posibilidades, considerando la carga procesal existente, tal como se observa del Informe emitido por secretaría del Tribunal de Sentencia de 15 de noviembre de 2016, que evidencia una de las falencias de la administración de justicia, que no es atribuible a ninguna de las partes, pero que afecta el normal desarrollo en la tramitación de las causas dentro del Órgano Judicial. Además, cabe hacer notar que el excepcionista en su memorial de excepción no ha motivado, ni fundamentado que haya existido dilación indebida alguna por parte de la autoridad judicial, únicamente menciona los actuados procesales, cuyo trámite fue desarrollado en cuestiones de normalidad, de acuerdo al movimiento de causas del mismo despacho judicial; que por lo antes referido, no puede ser imputable como causal de extinción de la acción penal.


Respecto a la actividad del Ministerio Público, tal como se ha anotado precedentemente, la autoridad Fiscal dio aviso de Inicio de Investigación el 5 de junio de 2013, solicitando Ampliación de Investigación de 90 días el 28 de junio de 2013, por lo que a partir de esa fecha tendría que haber finalizado la etapa preliminar el 5 de noviembre de 2013, considerando que de acuerdo al art. 130 del CPP, los plazos computables en días, son considerados únicamente en días hábiles, descontando los feriados, sábados y domingos que se consideran días inhábiles. Entonces del 5 de noviembre a la fecha de presentación de la Imputación Formal de 17 de febrero de 2014, habrían transcurrido, sin considerar la vacación judicial de diciembre, una mora de 2 meses y 12 días, sobre cuyo plazo, debe considerarse que desde la presentación de la Denuncia formal de 4 de junio de 2013 y el Inicio de Investigación de 5 de junio de 2013, han existido circunstancias que han incidido en el cumplimiento del plazo procesal, estando cursante la solicitud de Ampliación de Investigación de 90 días de 28 de junio de 2013, memorial de Denuncia de 15 de julio de 2013, Comunicación de Ampliación de Denuncia de 18 de julio de 2013, Adhesión a Denuncia de 26 de julio de 2013, Ampliación de Denuncia de 20 de agosto de 2013, Ampliación de Denuncia de 1 de agosto de 2013, Comunicación de nueva ampliación de Investigación de 25 de septiembre de 2013, lo cual evidentemente ha recargado la actividad investigativa del Ministerio Público en su fase preliminar.


Durante la etapa preparatoria, desde la presentación de la imputación formal de febrero de 2014, el término de los 6 meses fenecía el 14 de agosto de 2014; empero, como consta en obrados, se emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento el 15 de octubre de 2014, existiendo una demora de 2 meses y un día; que posteriormente no se puede atribuir ninguna demora a la tramitación de la causa penal, como emergencia de la actividad de impugnación de las partes, tal como lo manifiesta el mismo excepcionista, de la misma manera también no es posible atribuir demora procesal por darse cumplimiento a lo que establece el art. 325 del CPP, al interior del cual se concluyó con la emisión de la Resolución FDP/WALBI 067/2014 de 9 de diciembre, que revocó el sobreseimiento, para posteriormente emitirse Acusación Formal de 30 de diciembre de 2014; no siendo cierta la afirmación de la parte al afirmar una dilación de 10 meses por parte del Ministerio Público.


Estas actividades compulsadas correctamente, demuestran que si bien ha existido una dilación, ésta no puede considerarse como indebida o injustificada, más aún si la parte no ha demostrado tales extremos como señala en su argumentación, por lo que de aquello se tiene una mora razonable de 4 meses y 13 días.


Asimismo, pese a no haber sido otro aspecto fundamentado por la parte; corresponde mencionar que desde el momento de la emisión de la Sentencia, al haberse presentado el primer recurso de apelación restringida el 9 de agosto de 2016, hasta la presentación del recurso de casación de 8 de junio de 2017, habría transcurrido alrededor de 1 año, los cuales no pueden ser atribuibles como mora procesal injustificada, siendo que al existir pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas e impugnaciones por parte de ambas partes e inclusive, del Ministerio Público, las diligencias de notificación con cada actuado procesal evidentemente han ocasionado una demora en su tramitación, por lo que es justificada la demora establecida hasta la fase de casación.



Por cuanto, se establece que de acuerdo al cómputo desarrollado por la parte, habrían transcurrido alrededor de 4 años, 9 meses y 10 días, por ello debe considerarse de acuerdo a lo compulsado que 1 año es atribuible a la actividad normal desarrollada por el Órgano Judicial en fase de impugnaciones, lo que no constituye de ninguna manera a una dilación indebida o una mora dilatoria injustificada; debiéndose descontar de manera adicional 10 meses y 4 días correspondientes a vacaciones judiciales.


Por tanto, haciendo un análisis integral de todos estos elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la tramitación de la causa, el transcurso del tiempo establecido se enmarca en las previsiones contenidas en la normativa y jurisprudencia señalada de la presente Resolución; a pesar de que el planteamiento de la excepción no cumple con los presupuestos para demostrar objetivamente la dilación indebida o mora injustificada del proceso atribuible el accionar del Órgano Judicial o del Ministerio Público, correspondiendo que la excepción sujeta al presente análisis sea declarada infundada de acuerdo al parágrafo I del art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso opuestas por Freddy Gilberto Romay Gonzáles, de fs. 2660 a 2664 vta., y Pastor Ismael Molina Quintana, de fs. 2755 a 2761 vta.

En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, que estableció que al interponerse una excepción de extinción de la acción penal ante esta Sala, no existiendo Tribunal competente que de acuerdo a norma legal, tenga atribución para sustanciar y resolver algún recurso ulterior respecto a la presente Resolución, no admite recurso ordinario alguno contra la misma.


Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos