TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 483/2018- RRC

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Potosí 21/2017        

Parte Acusadora                  : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                  : Primo Vargas Mamani y otro

Delito                         : Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa                    e Inconstitucional

Magistrado Relator                : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de marzo de 2017, cursante de fs. 716 a 724 vta., Alberto Quintanilla Méndez y Primo Vargas Mamani, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 51/2016 de 12 de diciembre, de fs. 684 a 692, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, además de Marcos Lugo Huanaco, Isidoro Montes Mamani, Daniel Fuertes Benavides, Esteban Orcko Arando, Modesto Flores Zenteno, Gregorio Marca Choque, Ruddy Vargas Menacho y Fermín Osorio Ruiz contra Pascual Villanueva Gutiérrez, Miguel Nilo Villanueva Mamani y los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa e Inconstitucionalidad, previsto y sancionado en el art. 179 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 8/2016 de 9 de marzo (fs. 159 a 182), el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a: Primo Vargas Mamani y Alberto Quintanilla Méndez, autores del delito de  Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa e Inconstitucionalidad, previsto y sancionado en el art. 179 bis del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, siendo concedida la suspensión condicional de la pena; asimismo, absolvió de pena y culpa a Pascual Villanueva Gutiérrez y Miguel Nilo Villanueva Mamani por el delito señalado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Marcos Lugo Huanaco, Isidoro Montes Mamani, Daniel Fuertes Benavides, Esteban  Arando  Quispe, Modesto  Flores Zenteno, Gregorio Marca Choque, Ruddy Vargas Menacho (fs. 202 a 205 vta.), Miguel Nilo Villanueva Mamani y Pascual Villanueva Gutiérrez (fs. 211 a 212 vta.); y, los imputados Primo Vargas Mamani y Alberto Quintanilla Méndez (fs. 215 a 224), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 51/2016 de 12 de diciembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que dispuso: Primero, con relación al recurso de apelación restringida de Marcos Lugo Huanaco y otros, declaró procedente en parte el recurso; y en consecuencia, revocó parcialmente la Sentencia incrementando la pena de reclusión a tres años y seis meses de privación de libertad de los imputados Primo Vargas Mamani y Alberto Quintanilla Méndez; Segundo, respecto al recurso de apelación de los acusados Miguel Nilo Villanueva y otro, declaró procedente en parte el recurso; y en consecuencia, revocó parcialmente la Sentencia dejando sin efecto toda medida cautelar de carácter personal impuesta en su contra; y, Tercero, declaró improcedente la apelación de Primo Vargas Mamani y otro, confirmando parcialmente la Sentencia con las modificaciones introducidas, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 512/2017-RA de 12 de julio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Los recurrentes bajo el acápite: “Defecto Absoluto por falta de fundamentación en la Sentencia y Auto de Vista que no refleja la producción y valoración de la prueba testifical de descargo”, denuncia que el Tribunal de alzada no ejerció un control de la actuación del Tribunal de Sentencia que incurrió en un defecto absoluto [art. 169 inc. 3) del CPP, con relación al art. 370 incs. 1) y 5) del CPP], al omitir la atestación de Iván Leandro Villanueva, constituyendo una falta de valoración descriptiva e intelectiva de la prueba testifical y que consideran desvirtuaría las declaraciones testificales de cargo y pudo incidir en el fallo, lo cual vulnera el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, omisión que advierten no debió consentirse aludiendo a la verdad material, por lo que la Sentencia carecería de fundamentación de acuerdo al art. 124 del CPP, en infracción del derecho de defensa, igualdad y tutela judicial, ya que ni la Sentencia y el Auto de Vista reflejarían lo acontecido en el juicio y de haberse ejercido el respectivo control, el Tribunal de alzada habría anulado la Sentencia.


Hacen referencia al ejercicio del derecho a la defensa con la cita del art. 8.2 inc. f) del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14.3 inc. e) del Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos, para concluir que el Tribunal de alzada incurrió en un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, al no haber corregido el defecto anulando la Sentencia, cuando la omisión en la fundamentación y valoración de las pruebas, constituiría defectos absolutos que no pueden ser convalidados,  ya que debería procederse a su reposición, más aun si se trata de las causales 1) y 5) del art. 370 del CPP.

   

  1. Bajo el epígrafe: “Defecto absoluto de la Sentencia y Auto de Vista basado en declaraciones informativas policiales, que vulneran el derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa y autoincriminación”, los recurrentes alegan que tanto la Sentencia como el Auto de Vista incurrieron en defecto absoluto, al haberse basado en declaraciones informativas policiales y en particular el Auto de Vista, por no haber ejercido su facultad de controlar que el procedimiento de la actividad probatoria, tenga lugar en el debate que se  desarrolla ante el Tribunal de Sentencia, bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción según el art. 329 del CPP, que a su  vez guarda relación con la oralidad, celeridad, continuidad, publicidad y contradicción, afirmando que el Auto de Vista al pronunciarse sobre el tercer agravio de su alzada, no reparó la vulneración al debido proceso, ya que la Sentencia valoró la prueba testifical no producida en juicio; en consecuencia, el Auto de Vista también incurrió en un defecto absoluto, ya que le correspondía anular el proceso en resguardo de los derechos y garantías; sin embargo, resolvió de forma lacónica incumpliendo su labor de control jurisdiccional de legalidad, por mandato del art. 114.II de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo nulo de pleno derecho además de haberse causado una indefensión material absoluta, por lo que el Auto de Vista contendría un defecto absoluto no susceptible de convalidación según el art. 169  incs. 1), 2) y 3) del CPP, afirmando que pese a que las declaraciones testificales de Víctor Villanueva Garabito, Felipe Cuellar Orcko e Iván Leandro, fueron realizadas ante el funcionario policial asignado a la investigación, el Tribunal de Sentencia las consideró como elemento de juicio para dictar Sentencia condenatoria, sin tener presente que Víctor Villanueva y Felipa Cuellar Orcko, no fueron ofrecidos como testigos y no prestaron declaración testifical ante el Juzgado de origen y el testigo Iván Leandro Villanueva, ofrecido como testigo de descargo, develó ciertos hechos fácticos; sin embargo, su declaración no se encontraría descrita en Sentencia, defecto absoluto que también se encuentra en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP.


Arguyen que la fundamentación jurídica de la Sentencia en su Considerando II de la fundamentación probatoria intelectiva numeral 7, no contempla el contenido de la declaración prestada en sede policial de Alberto Quintanilla; empero, en la fundamentación jurídica respecto a la declaración prestada en sede policial sirvió de base para que se condene a Alberto Quintanilla, incurriendo la Sentencia en el defecto absoluto al violarse el derecho y garantía  de no autoincriminación, ya que no se pudo tomar en cuenta esa declaración porque iría en contra de los principios de oralidad, contradicción e inmediación, ni pudo servir como elemento de prueba para determinar que no acató la resolución de amparo constitucional, pues si bien se abstuvo de declarar esto no le genera perjuicios; no obstante, al haberse procedido a su valoración se vulneró las garantías jurisdiccionales de prohibición de autoincriminación, presunción de inocencia y el derecho a la defensa como elementos del debido proceso, según los arts. 121.I, 116.I, 115.I y II, 117.I y 119.II de la CPE.

  1. En el acápite referido a: “Defecto absoluto por falta de fundamentación conforme a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba”, los recurrentes arguyen que de existir violación a las reglas de la sana crítica, el Tribunal de alzada está en la obligación de corregir el defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP y anular la Sentencia disponiendo su reenvío en caso de advertir una defectuosa valoración de la prueba e infracción de los arts. 173 y 359 del CPP; empero, en el caso de autos acusan que el Tribunal de alzada no advirtió que las declaraciones testificales de cargo fueron defectuosamente valoradas en Sentencia, vulnerando las reglas de la sana crítica, además de omitir la contrastación de las declaraciones de cargo y descargo, habiéndose limitado el Auto de Vista a transcribir resumidamente y sin fundamento las declaraciones de cargo sin efectuar control; a cuyo efecto, los recurrentes citan las contradicciones en las atestaciones de Esteban Arando Quispe, Rudy Vargas Menacho, Gregorio Marca Choque, Marcos Lugo Huanaco, Daniel Fuertes Benavidez, Isidoro Montes Mamani, María Sandra Mamani Fernández y refiriéndose a hechos fácticos contradictorios el día de la verificación de la acción de amparo constitucional, afirmando que también se vulneró el principio de identidad en cuanto al sujeto que ejecutó el hecho. Asimismo, denuncian que no se contrastaron las declaraciones contradictorias e incoherentes de los testigos de cargo, con las declaraciones de testigos de descargo y hacen referencia a las declaraciones de los testigos de descargo Roberto Mamani Terrazas, Juan  Astorga Gutiérrez, Reynaldo Chambi Mamani, Eduardo Condori Vargas, Jhonny Peña Arando y Julián Fuertes Quispe; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de forma imprecisa y carente de fundamento habría referido que la declaración de Freddy Castro Pérez, contradice a las declaraciones de los otros testigos de descargo, afirmando que la prueba testifical de cargo contiene contradicciones en tiempo lugares y sujetos, por lo que no se efectuó una valoración integral  y armónica de toda la prueba testifical producida, omitiendo la aplicación de las reglas de la sana crítica y los principios, ya que inclusive de conformidad al art. 124 del CPP, tenía la obligación ineludible de fundamentar expresando los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba asignando el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica justificando y fundamentando las razones por las cuales les otorgó determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida en aplicación de los arts. 173 y 359 del CPP, ya que la defectuosa y falta de fundamentación valorativa de la prueba incide en la errónea calificación jurídica del hecho, de ahí denuncian que se afectó la presunción de inocencia y el debido proceso.


Añaden que el Auto de Vista impugnado al pronunciarse sobre el primer agravio de su alzada, respecto a la defectuosa valoración de la prueba testifical y falta de fundamentación, lacónicamente y sin fundamento alguno afirma que no existiría contradicciones, sin ejercer control jurisdiccional de acuerdo a los arts. 413 y 414 del CPP, al no haber efectuado una revisión exhaustiva de la defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo en los cuales recae el vicio in judicando; toda vez, que no fundamenta de qué manera no se vulneraron las reglas de la sana crítica, limitándose a transcribir resumidamente las declaraciones de los testigos de cargo; aspecto que, los recurrentes observan que el Tribunal de alzada no podía repetir, advirtiendo la inexistencia de la expresión de razonamiento requerido por el art. 124 del CPP; por consiguiente, carece de fundamentación en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en sus elementos del derecho a la fundamentación y defensa; consiguientemente, el Tribunal de apelación incurrió en un defecto absoluto, al ingresar en las mismas omisiones del Tribunal de Sentencia de conformidad a los arts. 169 inc. 3), 124 y 370 incs. 1) y 6) del CPP.


  1. Bajo el acápite: “Defecto absoluto en la calificación jurídica del hecho que vulnera el derecho a la verdad material y el principio de legalidad”, los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación debió controlar y advertir que el Tribunal de origen no calificó adecuadamente la antijuricidad, ya que la calificación de la conducta sería errónea, constituyendo un defecto absoluto  que vulnera la garantía del debido proceso, el principio de legalidad y desconoce el elemento de la tipicidad por errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, señalan que se les acusó y condenó en base a una defectuosa valoración de prueba y carente de fundamento por el delito de Incumplimiento a resoluciones dictadas en acciones de defensa y de inconstitucionalidad; no obstante, que los accionantes se comprometieron voluntariamente a construir un aula para la escuela de la comunidad de Miraflores, compromiso que habría sido incumplido en perjuicio de la comunidad y citan la Sentencia Constitucional 0136/2013 de 1 de febrero, afirmando que existiendo compromisos recíprocos no se pudo configurar ese delito en su perjuicio, por lo que la Sentencia incurriría en infracción de la ley sustantiva y errónea calificación de los hechos, además de la errónea concreción del marco penal, ya que consideran que debió haberse fundamentado en los elementos del delito como una conjunción de una conducta típica, antijurídica y culpable; empero, en el proceso de calificación del hecho a un tipo penal, afirman que se infringió el principio de legalidad y el Auto de Vista al pronunciarse sobre el quinto agravio se limitó a transcribir una parte de la fundamentación jurídica, cuando resultan evidentes las contradicciones e incoherencias de los testigos de cargo que no precisan que los acusados hubieren estado presentes ni que participaron en el incidente protagonizado entre Daniel Vargas e Iván Leandro, observan que no se contrastó las declaraciones de los testigos de cargo con los de descargo, careciendo de fundamento el concluir que los acusados fueron identificados; puesto que, la prueba no sería suficiente para generar convicción plena que los acusados son autores o participes del delito, en razón a que la presunción de inocencia solo será desvirtuada cuando en el debido proceso existe prueba válida sometida a contradictorio, respecto a la verdad material de los hechos  en tiempos, personas y hechos, generándose duda suficiente sobre su participación, imprecisión que constituye un vicio de la sentencia que vulnera el principio de legalidad, extrañando el análisis  jurídico  individual respecto a la responsabilidad penal de los acusados, más aun por los hechos fácticos  que refiere, defecto absoluto que afirma el Tribunal de alzada pudo corregir, disponiendo la anulación de la Sentencia; empero, incurrió en el defecto  absoluto que trastoca el principio de  legalidad.


  1. Por último en el acápite: “defecto absoluto por falta de fundamentación en la modificación de la pena”, señalan que el Tribunal de alzada sin efectuar una fundamentación de hecho y de derecho, sin otorgar el valor a los medios de prueba, con ausencia de fundamento y pese a estar demostrada la defectuosa valoración de las pruebas testificales, documentales (MP8 y MP9), que ameritaba la anulación del proceso o en su defecto su absolución, sin fundamento incrementó la pena de tres años a tres años y seis meses, agravando la situación jurídica de los acusados, extrañando la mención de las atenuantes generales y especiales previstos en los arts. 39 y 40 del CP y su incidencia en el quantum de la pena, basándose únicamente en la circunstancia prevista en el art. 38 inc. 2) del CP; en consecuencia, advierten que el Auto de Vista incurre en defecto absoluto por falta de fundamentación previsto en el art. 196 inc. 3) del CPP, al no establecer las razones o fundamentos para modificar e incrementar el quantum de la pena establecida por la Sentencia de primer grado, en infracción de la garantía del debido proceso y de los arts. 124 y 370 inc. 1) del CPP, incrementando de manera arbitraria y discrecional sin fundamento la pena, al no haber individualizado el Auto de Vista la responsabilidad penal de cada uno de los acusados considerando las atenuantes y agravantes de acuerdo a los arts. 36, 38, 39 y 40 del CP, omisión que constituiría un defecto absoluto insubsanable según el art. 370 inc. 1) del CPP y una vulneración a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales, según determina el art. 169 inc. 3) del CPP; por consiguiente, el Auto de Vista impugnado solo haría mención al requerimiento de la parte acusadora intentando suplir el fundamento que exige el art. 124 del CPP.

I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado a fin de que el Tribunal de alzada emita nueva resolución conforme la doctrina legal que emita este Tribunal.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 512/2017-RA de 12 de julio, cursante de fs. 745 a 749 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 8/2016 de 9 de marzo, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Primo Vargas Mamani y Alberto Quintanilla Méndez, autores del delito de Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa e Inconstitucionalidad, previsto y sancionado en el art. 179 bis del CP, absolviendo de pena y culpa a Pascual Villanueva Gutiérrez y Miguel Nilo Villanueva Mamani por el citado delito, al concluir de la prueba producida en el acto de juicio, en la participación de los imputados en el delito atribuido, pues el 18 de septiembre de 2012, se llevó a cabo una acción de amparo constitucional planteada por Daniel Fuentes Benavides y otros, en contra de los recurrentes, Pascual Villanueva Gutiérrez y Manuel Nilo Villanuena Mamani, pues los primeros a la cabeza de los comunarios de Miraflores, obstaculizaron el libre trabajo que había determinado el Tribunal de amparo y a consecuencia de ello dejaron de trabajar y muchos no pudieron retornar a ese trabajo por las agresiones físicas que sufrieron y las amenazas de atentar contra sus vidas y vehículos, siendo identificados plenamente por los testigos tanto de cargo como de descargo, en desconocimiento pleno de la resolución de amparo, que ordenó se restituya el trabajo habitual a los choferes del Sindicato de Transporte Alonso de Ibáñez.


Con esos argumentos, impuso la sanción de tres años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 0,20 siendo concedido el beneficio de suspensión condicional de la pena, en aplicación del art. 366 del CPP.  


II.2.        Del recurso de apelación restringida de los acusadores. 


       Notificados con la Sentencia, los acusadores Marcos Lugo Huanaco y otros, respecto a la situación  de los recurrentes,  formularon recurso de apelación  restringida cuestionando la mala dosimetría de la pena por la falta de valoración de agravantes y de los perjuicios ocasionados, sin haberse dictado una sentencia ejemplarizadora, solicitando la aplicación de la sanción máxima de seis años prevista en el art. 179 bis. del CP.


II.3.        Del recurso de apelación restringida de los recurrentes.  


       Los imputados Primo Vargas Mamani y Alberto Quintanilla Méndez, formularon recurso de apelación con base a los siguientes argumentos:

  1. Defecto absoluto de la sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba testifical y falta de fundamentación, conforme el art. 370 incs. 6) y 5) del CPP, argumentando que en la fundamentación descriptiva de la sentencia, existen evidentes contradicciones en tiempo, lugares y personas respecto a las declaraciones testificales de cargo al no coincidir las declaraciones de Ramiro Mamani con la de Daniel Fuertes, Ruddy Vargas Marcos Lugo Huanaco, Gregoria Marca Choque, Natalio Quispe Gómez, Flora Callapino de Arando y María Sandra Mamani Fernández, sin que el Tribunal de Sentencia haya tomado en cuenta esas circunstancias en contravención al principio de coherencia y certeza.


       En el mismo ámbito, denuncian la omisión deliberada de la declaración testifical de descargo de Iván Leandro, incurriéndose en defectos e incompleta valoración, cuando esa declaración desvirtúa totalmente las declaraciones testificales de cargo, además de destacar aspectos relativos a las declaraciones del resto de los testigos de descargo.


  1. La Sentencia carece valoración descriptiva e intelectiva de la prueba testifical de descargo; en este punto, manifiestan que se omitió describir la declaración de Iván Leandro, afectando el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que en la fundamentación jurídica se realiza otra descripción de la declaración del referido testigo contenida en la prueba MP-8, añadiendo que el Tribunal de Sentencia no efectuó una valoración armónica y conjunta de la prueba, sino que dividió las declaraciones de cargo con las de descargo, sin exponer de manera razonada los motivos por los cuales les otorga determinado valor y credibilidad, más cuando los acusadores prestaron sus declaraciones con la permisión legal del art. 82 del CPP, demostrando interés en el proceso así como la declaración de sus esposas, siendo aislado el hecho de 23 de septiembre de 2012 y que después de la acción de amparo no hubo amenazas ni obstaculización. También cuestionan la afirmación de Ruddy Vargas  de haber sido golpeado, cuando ese hecho fue desvirtuado por los testigos Daniel Fuertes e Isidoro Montes, por lo que no podía concluirse que sean responsables del delito atribuido. Además, que el Tribunal de Sentencia no efectuó fundamentación analítica o intelectiva, menos la jurídica al no haber contrastado los elementos de prueba de cargo y descargo.


  1. Sentencia basada en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a la norma, conforme el art. 370 inc. 4) del CPP; al respecto, denuncian que en la fundamentación jurídica vulnerando los principios de contradicción e inmediación, se refiere a la prueba documental MP-8 referida al informe del investigador de las declaraciones de los denunciantes y MP9 relativa a las declaraciones prestadas por Alberto Quintanilla, Víctor Villanueva Garabito, Felipa Cuellar Orcko e Iván Leandro, para inferir de esas declaraciones que en forma posterior al amparo, se había tomado la decisión de no dejar ingresar y mucho menos trabajar a los acusadores particulares, incluso si bien es cierto que Alberto Quintanilla que fue condenado, se abstuvo a prestar declaración ante el Tribunal de Sentencia; empero, la prueba MP-9 hace referencia a la declaración de los acusados en la etapa investigativa, de modo que la sentencia no podía basarse en declaraciones prestadas en la fase investigativa; resaltando que si bien el informe fue introducido por su lectura, el funcionario policial no fue ofrecido como testigo.


       En el mismo ámbito de defecto, sostiene que la prueba MP-10 consistente en una certificación de 1 de octubre de 2014, no fue ofrecida por los acusadores; sin embargo, en la fundamentación descriptiva es mencionada al igual que en la fundamentación jurídica.

  1. Incongruencia entre la Sentencia y la acusación, art. 370 inc. 11) del CPP, señalando que los hechos expuestos en la acusación fiscal y particular se refieren a hechos acaecidos antes de haberse interpuesto la acción de amparo constitucional, como a la determinación de suspensión del sindicato Alonzo de Ibáñez y al cobro de la suma de Bs. 4 y 2 para la construcción de un aula para la escuela de Miraflores, en ambas acusaciones se establecen los hechos de manera circunstanciada, pero durante el debate y en la sentencia se introdujo un hecho específico y aislado ocurrido el 23 de septiembre de 2012 entre Daniel Fuertes e Iván Leandro, así como supuestas amenazas, agresiones físicas y obstaculización, hechos no contenidos en ninguna de las acusaciones, generando indefensión.

  1. Errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP; al respecto, expresan que si bien en la fundamentación jurídica se transcribe el delito de Desobediencia a Resoluciones de Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, no cumple con la explicación jurídica e individualizada de la conducta de ambos acusados, más aun cuando de la prueba testifical se tiene que el 23 de septiembre de 2012, no fueron quienes pincharon la llanta y rompieron el retrovisor de Daniel Fuertes sino otras personas; sin tomar en cuenta además que la Sentencia Constitucional estableció el cumplimiento de compromisos recíprocos y bilaterales, entre el Sindicato Alonzo de Ibáñez y la comunidad de Miraflores, sin que el primero haya cumplido su compromiso de construir un aula de la escuela, por lo que no puede configurarse el delito en su perjuicio.   


II.4.        Del Auto de Vista impugnado.


       La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante el Auto de Vista recurrido de casación, declaró procedente en parte el recurso de apelación formulado por los acusadores y en consecuencia revocó parcialmente la sentencia impugnada incrementando la sanción a tres años y seis meses de privación de libertad para los imputados; además, declaró improcedente el recurso planteado por los recurrentes y confirmó parcialmente la sentencia emitida en la presente causa, con base a los siguientes argumentos:


  1. En cuanto a la dosimetría de la pena, asumió que los acusados no solo incumplieron la resolución emitida por el Tribunal de garantías, sino que el daño ocasionado fue más allá, por cuanto una vez emitida la resolución de amparo, no dejaron trabajar a ninguno de los denunciantes, excepto a Marcos Lugo Huanaco, quien refirió que la obstaculización al trabajo fue después de la acción de amparo y que a él le dejaron trabajar porque era dirigente y a sus demás compañeros no les dejaron trabajar, siendo corroborada esta declaración porque cuanto concedida la tutela, no volvieron a trabajar con sus vehículos en el trayecto Potosí-Miraflores y viceversa por temor a su integridad física y las amenazas incluso de muerte, por lo que el inferior no observó el art. 38 inc. 2) del CP, al haberse demostrado la gravedad del hecho, por la extensión del daño causado a las víctimas obstaculizando su trabajo por más de tres años y el peligro corrido.


  1. Al primer agravio de apelación de los imputados, fundado en el art. 370 incs. 6) y 5) del CPP, asume que los apelantes no señalan ni especifican  la incidencia que tendrá en la sentencia el hecho de que Ramiro  Mamani no sea parte del sindicato Alonso de Ibáñez, ya que se trata de determinar si se dio o no cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de garantías, que dispuso el cese de las acciones de obstaculización al trabajo realizado por los accionantes; no estando demostrada además la contradicción de las declaraciones con relación a los pinchazos de las llantas y la rotura del retrovisor del vehículo de Daniel Fuentes y que si bien la declaración de Iván Leandro no se encuentra descrita, el Tribunal de sentencia prescindió de esa declaración al haber formado convicción a partir de las declaraciones prestadas por los testigos de cargo. Previa referencia a las declaraciones de Rudy Vargas Menacho, Marcos Lugo Huanaco, Gregorio Marca Choque, Natalio Quispe Gómez, Flora Callapino de Arando y María Sandra Mamani Fernández, concluye que las declaraciones testificales tanto de cargo como de descargo fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica siendo fundamentadas conforme los arts. 124 y 173 del CPP.


  1. La sentencia impugnada contiene valoración descriptiva e intelectiva de la prueba testifical de descargo y con relación a la omisión de descripción y valoración de la declaración del testigo de descargo Iván Leandro, no se explica el agravio sufrido con dicha omisión y de qué manera se afectó el derecho a la defensa y porqué debe anularse la Sentencia; no siendo evidente que la MP-8 haga mención a la declaración de Iván Leandro; estando además la sentencia debidamente fundamentada conforme el art. 124 del CPP, señalando el valor otorgado a las pruebas.


  1. Las literales signadas como MP-8 y MP-9, son informes del investigador asignado al caso, siendo incorporadas al juicio oral por su lectura en aplicación del art. 333.2) del CPP, sin que los apelantes hayan ejercido oportunamente la facultad de pedir la comparecencia en juicio del investigador; y, sobre la prueba MP-10 se tiene que fue ofrecida como prueba literal en ambas acusaciones sin ser objeto de exclusión probatoria.


  1. En relación a la alegada incongruencia entre la sentencia y la acusación, el Tribunal de alzada refiere que las acusaciones hacen mención a hechos acecidos antes de la acción de amparo constitucional como la suspensión de diez miembros del Sindicato Alonso de Ibáñez y el cobro de 2 y 4 bs. para la construcción de un aula de la escuela de Miraflores y también a hechos posteriores a la emisión de la resolución de amparo constitucional que dispuso el cese inmediato o prohibición de ingreso a la localidad de Miraflores que contrariamente las autoridades de Miraflores no cumplieron, pues continuaron impidiendo el ingreso a la parada de la localidad de Miraflores, así como el trabajo de los denunciantes observando actos de violencia, agresiones físicas y amenazas, obligando a los querellantes que se retiren de la citada localidad; determinando la sentencia que el 18 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la audiencia de acción de amparo constitucional que dispuso el cese inmediato o prohibición de ingreso a Miraflores y en consecuencia la restitución del derecho de trabajo a los accionantes, pero esa determinación no fue cumplida, sin que exista la incongruencia alegada.


  1. Sobre la alegada errónea aplicación de la ley sustantiva, los apelantes no señalan en forma clara los agravios, pues no explican de qué forma se produjo el defecto, resultando además que la sentencia determinó la acción desplegada por los acusados, realizó el juicio de tipicidad, el análisis de antijuricidad y estableció la culpabilidad de los acusados, al concluir que el 18 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la acción de amparo cuya resolución no fue cumplida.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


El presente recurso fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, en mérito al planteamiento de las siguientes denuncias: a) La omisión de control del Tribunal de alzada respecto a la falta de fundamentación en la sentencia en la valoración probatoria, que el fallo se basó en declaraciones informativas policiales y que se procedió a una errónea calificación del hecho; y, b) La falta de fundamentación en la modificación e incremento de la pena, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1.        Sobre la denuncia de omisión de control de parte del Tribunal de alzada.


A los fines de resolver el primer planteamiento formulado por los imputados en su recurso de casación, es menester señalar que respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


En ese ámbito, la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica),  que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva).


En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP,  el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica).


De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación  fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba); y, c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el Juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado.


En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable; toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.


Sobre la temática, el Auto Supremo 74 de 10 de marzo de 2010, señala: la sentencia debe contener una fundamentación probatoria descriptiva que permita al Juez o Tribunal analizar uno a uno los medios probatorios incorporados en juicio, para que en alzada, se pueda controlar la valoración de la prueba efectuada con las reglas de la sana crítica, de tal manera que en la sentencia se describa el contenido del medio probatorio, sin una inmediata valoración, existiendo una cita de los documentos incorporados al juicio (la prueba es parte de los antecedentes, la testifical se encuentra limitada por la ausencia de inmediación que es propia del juez que conoce la causa, por ello el tribunal de mérito debe informa mediante el fallo la apreciación del testigo, para que de esta manera, el tribunal de alzada aprecie si se valoró o no correctamente esa prueba). Por ello, aquella fundamentación del juez recibe el nombre de descriptiva, porque es una descripción de los medios de prueba practicados e incorporados en el debate.


Posteriormente a la fundamentación descriptiva, tendrá que existir en la sentencia la fundamentación probatoria intelectiva, consistente en la apreciación de los medios de prueba, momento en el cual, el Juez señala por qué un medio de prueba merece crédito y cómo lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio”. (Las negrillas son nuestras).


Acorde con lo anterior, el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, refiriéndose a la fundamentación analítica o intelectiva, señaló: “…El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos; es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no”. (Las negrillas son nuestras).


Conforme lo ampliamente señalado, se deja asentado una vez más, que en la Sentencia se materializa la tutela judicial efectiva, por lo que para su validez, debe cumplir las exigencias legales establecidas, dentro las cuales se encuentra la exigencia de motivación y fundamentación en estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 124 relacionado con el art. 173 del CPP; lo que significa, que el juzgador a tiempo de dictar Sentencia, debe fundamentar la Resolución con base en la sana crítica, aplicando las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común - conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además, de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable), como las de identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado.


Al respecto, Couture señala: “El juez, al decidir según la sana crítica, no es libre de razonar a su voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, porque esto no sería sana crítica, que es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones en orden intelectual; es lógica porque las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal, en una operación lógica; y es experiencia, porque las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, pues el Juez no es una máquina de razonar, sino esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que lo rodea y lo conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida”. (Eduardo Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tomo II, 1979).


Ahora bien, el control respecto a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, corresponde al Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la LOJ; en ese entendido, el citado Tribunal, se encuentra facultado para ejercer el control, no sólo de legalidad de la Sentencia, sino de la logicidad o razonamiento lógico-jurídico empleado a momento de valorar la prueba, que debe encontrarse traducida en la fundamentación probatoria del fallo, lo que no implica, que el Tribunal de alzada pueda rever los hechos u otorgar valor distinto o revalorar los medios probatorios, sino ejercer control respecto a la justificación del fallo; sin embargo, esta labor, debe a su vez encontrase debidamente fundamentada.


Debe agregarse, teniendo en cuenta que los recurrentes alegan la existencia de una presunta errónea calificación del hecho que no mereció el debido control de parte del Tribunal de alzada, que en el Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo, en cuanto a la labor de subsunción penal y su control por el Tribunal de apelación, enfatizó lo siguiente: Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360.3) del CPP.


En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere, consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.


Por tal razón, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio. 


En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación, por ello la motivación de la Sentencia debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión jurídica.


Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica.


Además, cabe recordar la necesidad de que las resoluciones en general y las resoluciones judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los jueces o tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, están obligados a expresar la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.


Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulación de recurso de apelación restringida, corresponde al Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, de controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez a quo realizó la adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación”.


Efectuadas las precisiones precedentes de orden jurisprudencial y establecido el ámbito de análisis de fondo en el Auto de admisión pronunciado en el presente caso, en cuanto a la denuncia de falta de fundamentación, se verifica que emitida la sentencia condenatoria en contra de los recurrentes, éstos recurrieron de apelación restringida denunciando en principio la concurrencia de defecto absoluto, alegando que la sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba testifical y falta de fundamentación, conforme el art. 370 incs. 6) y 5) del CPP, argumentando que en la fundamentación descriptiva de la sentencia, existirían evidentes contradicciones en tiempo, lugares y personas respecto a las declaraciones testificales de cargo al no coincidir las declaraciones de testigos identificados en el memorial de apelación, denunciando además la omisión deliberada de la declaración testifical de descargo de Iván Leandro, incurriéndose en defectos e incompleta valoración, cuando esa declaración, en el planteamiento de los recurrentes desvirtuaría totalmente las declaraciones testificales de cargo, además de destacar aspectos relativos a las declaraciones del resto de los testigos de descargo.


Este planteamiento fue respondido por el Tribunal de alzada, en sentido de que los apelantes no señalaron menos especificaron la incidencia que tendría en la sentencia el hecho de que Ramiro Mamani no sea parte del sindicato Alonso de Ibáñez, argumentando que lo que se trataba de determinar era si se dio o no cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de garantías, que dispuso el cese de las acciones de obstaculización al trabajo realizado por los accionantes; y, en ese ámbito, el Tribunal de alzada concluyó que no estaba demostrada la contradicción de las declaraciones con relación a los pinchazos de las llantas y la rotura del retrovisor del vehículo de Daniel Fuentes y que si bien la declaración de Iván Leandro no se encontraba descrita, el Tribunal de Sentencia prescindió de esa declaración al haber formado convicción a partir de las declaraciones prestadas por los testigos de cargo, estableciendo en definitiva que las declaraciones testificales tanto de cargo como de descargo fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica siendo fundamentadas de acuerdo a los arts. 124 y 173 del CPP, lo que objetiviza la labor de control de parte del Tribunal de alzada, respecto a la existencia de fundamentación probatoria por parte del Tribunal de origen, conforme las exigencias normativas y los estándares determinados en la jurisprudencia glosada precedentemente, pues a partir de los cuestionamientos planteados por los recurrentes en apelación, de manera clara y precisa determinó que resultaban inexistentes las contradicciones alegadas a partir de la debida precisión del hecho objeto del proceso penal, relativo a la obstaculización de los imputados al trabajo que cumplían los denunciantes en el servicio público de recorrido entre Potosí y la localidad de Miraflores y viceversa, pese a la existencia de una resolución emitida en la tramitación de una acción de amparo constitucional que otorgó tutela.


       En el ámbito de la denuncia de que la sentencia carecería de valoración descriptiva e intelectiva, los recurrentes en apelación incidieron en la omisión de descripción de la declaración de Iván Leandro, en el hecho de que en la fundamentación jurídica se realizó otra descripción de la declaración del referido testigo contenida en la prueba MP-8, que los acusadores prestaron sus declaraciones demostrando interés en el proceso, así como la declaración de sus esposas y cuestionaron la afirmación de Ruddy Vargas  de haber sido golpeado, cuando ese hecho fue desvirtuado por los testigos Daniel Fuertes e Isidoro Montes; al respecto, el Tribunal de alzada en el ámbito de estas denuncias, estableció que la sentencia impugnada contiene valoración descriptiva e intelectiva de la prueba testifical de descargo y con relación a la omisión de descripción y valoración de la declaración del testigo de descargo Iván Leandro, concluyó que los recurrentes no explicaron el agravio sufrido con dicha omisión y de qué manera se afectó el derecho a la defensa y porqué debe anularse la sentencia, no siendo evidente que la MP-8 haga mención a la declaración de Iván Leandro; estando además la sentencia debidamente fundamentada conforme el art. 124 del CPP, señalando el valor otorgado a las pruebas.


De esta precisión, resulta que los argumentos asumidos por el Tribunal de apelación importan el ejercicio del control que le corresponde en alzada respecto a la fundamentación que debe tener toda sentencia, pues de antecedentes se verifica que si bien el Tribunal de origen no efectuó una descripción de la declaración del testigo Iván Leandro, tal como lo estableció el Tribunal de alzada, los recurrentes no establecieron fundadamente cuál la incidencia de esa omisión en el resultado final de la sentencia, pues se limitaron a detallar aquello que hubiese declarado el citado testigo argumentando en términos generales que esa declaración desvirtuaba totalmente las declaraciones de los testigos de cargo; además de verificarse que la referencia que hacen los recurrentes respecto a la prueba MP-8, no es evidente pues el Tribunal de origen en su descripción y posterior valoración no hace mención alguna al testigo Iván Leandro como correctamente en el ámbito del efectivo control, concluyó el Tribunal de alzada. 


       A esta altura del análisis, corresponde destacar que la observación planteada por los recurrentes en cuanto a la declaración de los acusadores en la causa no tiene mérito, en consideración a que en el sistema procesal penal no existe la figura de la tacha, de modo tal que la víctima del delito bien puede prestar su declaración durante la etapa preparatoria y el acto de juicio.


       En cuanto a la denuncia de que la sentencia se basó en declaraciones informativas policiales, se verifica que los recurrentes al amparo del art. 370 inc. 4) del CPP, denunciaron que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a la norma, haciendo mención específica a la prueba documental MP-8 referida al informe del investigador de las declaraciones de los denunciantes y a la MP-9 relativa a las declaraciones prestadas por Alberto Quintanilla, Víctor Villanueva Garabito, Felipa Cuellar Orcko e Iván Leandro, enfatizando que si bien el informe fue introducido por su lectura, el funcionario policial no fue ofrecido como testigo; constatándose que a este planteamiento la Sala de apelación, estableció que las literales signadas como MP-8 y MP-9, eran informes del investigador asignado al caso, siendo incorporadas al juicio oral por su lectura en aplicación del art. 333 inc. 2) del CPP, sin que los recurrentes hayan ejercido oportunamente la facultad de pedir la comparecencia en juicio del investigador, extremo que resulta verificable del acta de juicio, pues se evidencia que opusieron exclusión probatoria respecto a la prueba MP-8, siendo admitida con referencia a determinados formularios, sin plantear observación alguna a la prueba MP-9, de modo tal que la incorporación de la literal cuestionada se sujetó a las previsiones del art. 333 inc.3) del CPP, sin que la mención incorrecta del Tribunal de alzada a un inciso anterior consignado en la disposición legal citada, tenga el mérito para dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido. 


Respecto a la denuncia de falta de control sobre la carencia de fundamentación conforme a las reglas de la sana crítica, se advierte que los recurrentes en apelación restringida, en el ámbito del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, procedieron a destacar partes de las declaraciones de los testigos, así como a las respuestas brindadas a las interrogantes de las partes, identificando desde su perspectiva las coincidencias y contradicciones existentes, sin tener en cuenta que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; al respecto, se tiene el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que estableció la siguiente doctrina fundadora: “Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo. (Las negrillas son nuestras); consecuentemente, se establece que la respuesta brindada por el Tribunal de alzada adjetivizada como lacónica por los recurrentes, resulta coherente a la forma como fue planteado el defecto en apelación, sin que pueda alegarse la falta de control a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de origen, cuando el reclamo no observó la carga procesal impuesta a la parte que alegue la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc.6) del CPP.


       Sobre la denuncia planteada en casación en sentido de que el Tribunal de alzada inadvirtió que la sentencia recayó en defecto absoluto al efectuar una errónea calificación jurídica del hecho, se advierte que los recurrentes en apelación restringida con base al art. 370 inc. 1) del CPP, denunciaron que la sentencia, no cumplió con la explicación jurídica e individualizada de la conducta de ambos acusados, más aun cuando de la prueba testifical se tiene que el 23 de septiembre de 2012, no fueron quienes pincharon la llanta y rompieron el retrovisor de Daniel Fuertes sino otras personas; sin tomar en cuenta además que la Sentencia Constitucional estableció el cumplimiento de compromisos recíprocos y bilaterales, entre el Sindicato Alonzo de Ibáñez y la comunidad de Miraflores, sin que el primero haya cumplido su compromiso de construir un aula de la escuela, por lo que no podía configurarse el delito en su perjuicio; este reclamo fue desestimado por el Tribunal de alzada con el argumento de que los recurrentes no señalaron en forma clara los agravios, al no explicar de qué forma se produjo el defecto, resultando además que la sentencia determinó la acción desplegada por los acusados, realizó el juicio de tipicidad, el análisis de antijuricidad y estableció la culpabilidad de los acusados, al concluir que el 18 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la acción de amparo cuya resolución no fue cumplida.


       Ahora bien, resulta necesario señalar a efectos de resolver este particular cuestionamiento, que el art. 407 del CPP, prevé como motivo del recurso de apelación restringida la inobservancia o errónea aplicación de la ley, norma que en sus alcances fue aclarada por el Tribunal Constitucional, al señalar que: “El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley" (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien, se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R)". Entendimiento asumido por la SC. 1075/2003-R de 24 de julio, siendo además menester señalar que el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, precisó que: "La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta".


       En ese ámbito, se establece que el reclamo en apelación se centró en el hecho de que la sentencia no hubiese cumplido con la explicación jurídica e individualizada de la conducta de ambos acusados, enfatizando que el 23 de septiembre de 2012, no fueron quienes pincharon la llanta y rompieron el retrovisor de Daniel Fuertes sino otras personas, y que además el Sindicato Alonso de Ibañez y la comunidad de Miraflores suscribieron compromisos recíprocos y bilaterales resultando que el sindicato no cumplió el que les correspondía consistente en la construcción de una aula de la citada comunidad; lo que demuestra que el Tribunal de alzada al declarar improcedente el motivo ajustó su decisión a los antecedentes del proceso, al constatarse que el Tribunal de origen tuvo por acreditada la concesión del amparo solicitada por Daniel Fuertes y otros, respecto a la vulneración de los derechos previstos por los arts. 46-I y II, 47-I de la Constitución Política del Estado, disponiendo que las autoridades accionadas, entre ellos Primo Vargas Mamani en su condición de Corregidor y Miguel Villanueva como Presidente de la Junta Escolar, procedan al cese inmediato de la prohibición de trabajo o ingreso a la localidad de Miraflores y en consecuencia la restitución inmediata del derecho de trabajo de los accionantes.


Esta determinación fue confirmada en parte mediante Sentencia Constitucional 0136/2013 de 1 de febrero, en cuanto al derecho al trabajo y al acceso a las vías de transporte de la referida comunidad y que pese a la resolución de amparo a favor de los accionantes, éstos fueron entorpecidos en su trabajo de traslado de pasajeros de la ciudad de Potosí hacia la localidad de Miraflores y viceversa, pues después de esa resolución se había tomado la decisión de no dejar ingresar y muchos menos de trabajar a los acusadores particulares, quedando acreditada la participación de los recurrentes en el delito atribuido teniendo en cuenta que a la cabeza de los comunarios de Miraflores procedieron a obstaculizar el libre trabajo que había determinado el Tribunal de amparo en la audiencia de 18 de septiembre de 2012, lo que hace ver que el Tribunal de alzada en forma contraria a lo denunciado en casación, ejerció el debido control en cuanto a la adecuación de la conducta de los recurrentes al tipo penal, al evidenciarse que la concesión de la tutela emergente de la existencia de vías de hecho fue otorgada en lo que concierne al derecho al trabajo y en consecuencia de acceso por las vías de transporte y acceso a la comunidad, sin estar sujeta de modo alguno al cumplimiento de compromisos recíprocos como intentan hacer ver los recurrentes, al constatarse del contenido de la sentencia emitida en la causa, que el Tribunal Constitucional sólo dejó sentado que tal protección no podía resultar irrestricta o atemporal, pues los accionantes y demandados debían adecuar sus compromisos; de modo que el Tribunal de alzada en el ámbito de la denuncia efectuada por los recurrentes en apelación, correctamente resolvió el reclamo al concluir en la inexistencia del defecto de errónea aplicación de la Ley sustantiva.


Por el análisis precedente, esta Sala Penal concluye que el primer motivo de casación carece de mérito, razón por la cual deviene en infundado


III.2.        Con relación a la denuncia de falta de fundamentación en la modificación e incremento de la pena.


En cuanto a la determinación de la pena y su correspondiente imposición, la normativa procesal penal señala que, cuando se emita Sentencia condenatoria (art. 365 del CPP), la autoridad sentenciadora debe fijar con precisión la sanción que corresponda; lo que implica, que la misma debe encontrarse debidamente fundamentada, tomando en cuenta, no sólo las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir, sino también la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la CPE.


Sobre la temática, este Tribunal de Justicia, desarrolló entendimientos y doctrina legal que permite comprender de forma clara, la justificación a la imposición de sanciones privativas de libertad, que debe ser fruto de un estudio probo, de los hechos y las circunstancias acontecidas, enmarcadas en la norma punitiva, así el Auto Supremo 110/2013-RRC de 22 de abril, estableció: “…es necesario señalar que el art. 118.III de la CPE, establece que: El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto de sus derechos; a su vez, el párrafo segundo del mencionado artículo señala: La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto; dichos preceptos constituyen el marco general constitucional, sobre el cual el legislador impone o define las penas mínimas y máximas para los distintos tipos penales, que a su vez se constituye en el espacio o margen que el legislador otorgó al Juez, para que éste proceda a valorar todas y cada una de las particularidades presentes en el caso a resolver, observando los arts. 37 y siguientes del CP.


La doctrina internacional con autores como Eugenio Raúl Zafaroni en su obra Manual de Derecho Penal, así como la doctrina nacional con Benjamín Miguel Harb, en su obra Derecho Penal Tomo II, distinguen tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora, desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal, a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional.


Ahora bien, en lo que respecta a la primera etapa de individualización de la pena llamada legal, en el marco penal, el legislador establece los límites de la pena en el caso individual para cada delitoLas valoraciones sociales respecto de un determinado delito quedan plasmadas dentro de este marco, y en él quedan recogidas, entre otras cosas, las razones de prevención general. Las valoraciones previamente dadas por el legislador, reflejadas en el marco penal, son vinculantes para el juez, quien debe dejar de lado sus propias valoraciones y aplicar las valoraciones legales (segunda etapa) (Determinación Judicial de la Pena - Patricia Ziffer P. y otros autores)”.


Sobre la temática anterior, el Tribunal Supremo de Justicia, también  desarrolló criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, estableciendo, en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, la siguiente doctrina legal aplicable: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:


a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico de la personalidad, sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.


La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.


Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el arrepentimiento no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto.


b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.


c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.


La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué  atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales”.


En cuanto al control respecto a la fijación de la pena, por mandato de la Ley, es ejercido por el Tribunal de alzada en grado de apelación restringida, que en observancia del principio de celeridad, ante la evidencia de errores de derecho en la fundamentación de la Sentencia, que no hayan influido en la parte dispositiva, no debe anular el fallo, sino al encontrarse facultado por el último párrafo del art. 413, concordante con el  art. 414 del CPP, debe corregir el yerro en una nueva Sentencia, debiendo proceder de la misma forma, cuando advierta errores u omisiones formales, así como los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas; lo que implica, que el Tribunal de alzada, se encuentra facultado para corregir directamente los errores referidos al quantum de la pena y su correspondiente justificación, debiendo en estos supuestos efectuar la debida fundamentación y motivación complementaria, con la finalidad de rectificar el yerro advertido sin necesidad de disponer la realización de un nuevo juicio oral, evitando con ello nulidades innecesarias, que restringirían el derecho de las partes a un juicio sin dilaciones, infringiendo además el principio de celeridad procesal.


       En  el caso de autos, se evidencia que el Tribunal de origen impuso la sanción de tres años de reclusión a cumplirse en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, esbozando el siguiente argumento “(…) conforme señala el art. 359 inc. 3) se determina la pena a imponer tomando en cuenta la situación personal de los acusados, su grado de instrucción, su primer delito, las atenuantes generales establecidas en el art. 40 inc. 4) del Código Penal y la dosimetría penal” (sic), concediendo el beneficio de la suspensión condicional de la pena conforme las previsiones del art. 366 del CPP; en cuyo mérito, los acusadores particulares formularon recurso de apelación restringida denunciando en su primer motivo una mala dosimetría de la pena, bajo el argumento de no haberse verificado la existencia de agravantes y los perjuicios ocasionados durante tres años, menos la hostilidad de los imputados, de modo que no se dictó una sentencia ejemplarizadora, solicitando la imposición de seis años de privación de libertad. Este planteamiento mereció la respuesta del Tribunal de alzada que mediante el Auto de Vista impugnado, a tiempo de declarar procedente en parte el recurso, revocó parcialmente la sentencia impugnada, incrementando la pena de reclusión de tres años de privación de libertad a tres años y seis meses, al establecer en su criterio que los acusados no sólo incumplieron la resolución emitida por el Tribunal de garantías, sino que el daño ocasionado fue más allá, por cuanto una vez emitida la resolución de amparo, no dejaron trabajar a ninguno de los denunciantes, excepto a Marcos Lugo Huanaco, quien refirió que la obstaculización al trabajo fue después de la acción de amparo y que a él le dejaron trabajar porque era dirigente situación que ocurrió con sus demás compañeros, siendo corroborada esta declaración porque concedida la tutela, no volvieron a trabajar con sus vehículos en el trayecto Potosí-Miraflores y viceversa por temor a su integridad física y las amenazas incluso de muerte, concluyendo que el inferior no observó el art. 38 inc. 2) del CP, al haberse demostrado la gravedad del hecho, por la extensión del daño causado a las víctimas obstaculizando su trabajo por más de tres años y el peligro corrido.


Ahora bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos citados precedentemente respecto a los criterios y parámetros que deben considerarse a tiempo de imponerse la sanción, se evidencia que si bien el Tribunal de origen hizo constar en la sentencia una ponderación fundada únicamente en las previsiones del art. 38 inc. 1) del CP, al destacar como atenuantes con base a la prueba literal de descargo, que en el caso de Primo Vargas Mamani, no cuenta con antecedente penal alguno, que es casado y producto de su matrimonio cuenta con tres hijos; y en el caso de Alberto Quintanilla Méndez, seguía en ese momento cumpliendo funciones de Concejal munícipe de Yocalla, que es casado y cuenta con cinco hijos; no es menos cierto que el Tribunal de alzada en mérito a la apelación restringida de los acusadores, en el intento de ampliar la fundamentación, se abocó simplemente a considerar de manera aislada las circunstancias establecidas por la norma penal para apreciar la gravedad del hecho, conforme establece el inc. 2) del citado art. 38 de la norma sustantiva penal; cuando en todo caso correspondía una ponderación conjunta de todos estos aspectos, que derive en la fijación de una sanción que resulte razonable y acorde a la finalidad de la pena establecida en el ámbito constitucional y dentro de los límites legales, teniendo en cuenta que el delito de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, establecido por el art. 179 bis. del CP, establece una pena mínima de dos años de reclusión y una máxima de seis años de reclusión; lo que implica que el reclamo de los recurrentes resulta fundada por cuanto la falta de consideración de las atenuantes acreditadas en el acto de juicio, devino en la falta de fundamentación en la modificación e incremento de la sanción conforme alegan en casación los recurrentes, debiendo enfatizarse dado el ámbito de su pretensión, que no corresponde la anulación de la sentencia, menos la declaratoria de absolución en mérito al examen efectuado por este Tribunal con relación al primer motivo de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alberto Quintanilla Méndez y Primo Vargas Mamani, cursante de fs. 716 a 724 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente; en consecuencia, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 51/2016 de 12 de diciembre, de fs. 684 a 692 y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin espera de turno y previo sorteo, dicte un nuevo fallo. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente resolución a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Juan Carlos Berrios Albizu

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos