TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 478/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                        Santa Cruz 36/2018

Parte Acusadora              Ronald Adalid Velasco Cáceres en representación legal       
  de AGROBOLIVIA Ltda.

Parte Imputada                : Ricardo Wazilewski y otra

Delito                                Alzamiento de Bienes o Falencia Civil


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 1062 a 1071 vta., Ronald Adalid Velasco Cáceres en su condición de representante legal de AGROBOLIVIA Ltda., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 65 de 18 de septiembre de 2017, de fs. 1055 a 1060, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la entidad recurrente contra Ricardo Wazilewski y Rosimar Fátima Lazarri Wazilewski, por la presunta comisión del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, previsto y sancionado por el art. 344 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De los antecedentes llegados a casación se extrae:


a)         Por Sentencia 9/2017 de 21 de abril, de fs. 988 a 994, el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ricardo Wazilewski y Rosimar Fátima Lazarri Wazilewski, absueltos de la comisión del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, previsto en el art. 344 del CP, ya que la prueba aportada por la acusación particular no fue suficiente para generar en convicción plena e indubitable sobre la responsabilidad de los acusados, dejando sin efecto las medidas de carácter personal o real impuestas en su contra.


b)         Contra la mencionada Sentencia, Ronald Adalid Velasco Cáceres en su condición de representante legal de AGROBOLIVIA Ltda., promovió recurso de apelación restringida (fs. 1007 a 1014), que fue resuelto por Auto de Vista 65 de 18 de septiembre de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.

       

c)        Por diligencia de 15 de enero de 2018 (fs. 1061), la entidad recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


La Sala Penal considera que previamente al ingreso al juicio de admisibilidad de los motivos del recurso, realizar para mejor comprensión, la estimación sobre el formato y estructura de su presentación. En tal ámbito, el memorial de fs. 1062 a 1071 vta., posee una estructura dispersa, esto es, no se evidencia un orden lineal e individual sobre cada uno de los motivos que la parte recurrente propone en casación; tal es así que, el escrito inicia con la enunciación de aspectos relacionados con los hechos contenidos en la acusación, para posteriormente exponer en tres apartados (A, B y C), los cuestionamientos realizados en apelación restringida; siendo que en cada uno de ellos, van inmersas denuncias tanto a la labor del Juez de grado y del Tribunal de apelación, sin que se asocien por temática o instrumento procesal invocado. De tal cuenta teniendo presente que las condiciones de forma establecidas en el art. 396 inc. 3) y 417 segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP), no hacen mención a un formato de planteamiento en particular, sino la identificación específica de los aspectos cuestionados de la resolución y sobre tal el señalamiento de la contradicción en términos precisos, se ve por conveniente realizar la síntesis de los motivos del recurso en el orden no de la exposición, sino conforme a la problemática propuesta, habida cuenta que de la lectura del recurso en cuestión, es notoriamente visible que en cada uno de los reclamos a pesar de su dispersión, es fácilmente identificable cuál la problemática planteada. En tal sentido se tiene:


  1. Como primer motivo, inhibe la conclusión del Auto de Vista impugnado sobre el alcance otorgado al art. 519 del Código Civil (CC), sobre la participación de Rosimar Fátima Lazarri Wazilewski en el Contrato correspondiente a la Escritura Pública 393/2006. Precisa que los Vocales otorgaron valor a ésta escritura sólo para excluir de responsabilidad a la prenombrada, pero contradictoriamente no resulta útil para acreditar el pago o desembolso efectuado por AGROBOLIVIA Ltda. a favor de Ricardo Wazilewski, como se desprendería de la Cláusula Tercera de tal documento. Añade que el Tribunal de apelación pretende poner en duda lo afirmado por las partes en el Contrato, aseverando que aquel desembolso no constase en las auditorías anuales, cuando tal aspecto no fue un medio probatorio.


  1. Cuestiona la afirmación en torno al hermano del acusado, Clovis Wazileski, señalándolo como co-propietario de los bienes y que su transferencia fue realizada con anuencia del Banco acreedor. Sobre este particular, agregan que la prueba documental acredita que éste último sólo era copropietario del fundo “Monte Verde” y que para la trasferencia de este bien no se acreditó anuencia del Banco acreedor; que el inmueble en el condominio “Ciudad Jardín” sólo era perteneciente a los acusados y del mismo modo sobre él no se acreditó anuencia de la entidad acreedora; y, que el vehículo con placa 1403-LEY, sólo era propiedad de los acusados y sobre este bien sí existió autorización de transferencia de parte del Banco Nacional del Bolivia S.A.


  1. Denuncia errónea aplicación de la Ley sustantiva pues el Auto de Vista impugnado exige elementos no previstos en el tipo penal, desconociendo los alcances del art. 23 del CP, argumentando al respecto que:


    1. El Auto de Vista impugnado no emitió criterio sobre el agravio relativo a la Sentencia de primera instancia, sobre la subsunción del hecho al tipo penal en el que exigió como elemento constitutivo del tipo la necesaria existencia previa de declaración en mora en un proceso civil, sin que el texto de la norma prevea tal requisito. Seguidamente se transcribe una porción del Auto Supremo 608/2015-RRC de 11 de septiembre, relativo al concepto de insolvencia.


    1. Sobre la acusada, el Tribunal de apelación sostuvo que la misma al no ser suscribiente de la Escritura Pública 393/2006, no tendría obligación con la entidad recurrente y por ende no pudo haber cometido el hecho acusado. Ello en perspectiva del recurso- contraviniendo los arts. 20, 22 y 23 del CP; toda vez, que si bien la acusada no suscribió el documento, sí convino los contratos de 17 de abril, 2 y 10 de mayo todos de 2006, con los que facilitó y permitió la trasferencia de todo el patrimonio de su esposo (el acusado) a favor de Clovis Wazilewski, sobre lo cual se reproduce un pasaje del Auto Supremo 608/2015-RRC de 11 de septiembre, enfatizando que si bien el delito acusado es de comisión personalísima, no inhibe la existencia de otro tipo de participación como los fuera la de un cómplice. Considera que la apreciación del Tribunal de apelación para eximir de responsabilidad penal a la acusada como cómplice en el hecho apoyado en “que no se habría acusado el delito complicidad” (sic), y que en el supuesto de condenarla en esas condiciones vulneraria su derecho a la defensa, es una afirmación falsa que no condice a que el hecho atribuido fuera el mismo y que sobre él se realiza únicamente el establecimiento de grado de participación criminal.


  1. Denuncia la inexistencia de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, ya que el Auto de Vista recurrido contendría una serie de argumentos imprecisos sobre el contenido de la acusación y su correlación con la Sentencia, cuando lo que se denunció fue la inexistencia o insuficiencia de fundamentación. En torno a este tópico, el precepto inmerso en el recurso expresa que:


    1. La Sentencia, al determinar los hechos no probados concluyó que la acusación particular no explicó en qué consistieron los actos antijurídicos, la inexistencia de una relación circunstanciada, precisa de los hechos y que no se habría demostrado la existencia de nexo causal. Esta circunstancia, sería a decir de la entidad recurrente, falsa, habida cuenta que en la acusación se describen los hechos y la adecuación típica a los mismos, cuestionando también la afirmación de la Sentencia de no reconocer actuación dolosa en la transferencia de todos los bienes de los acusados, por cuanto en el caso del inmueble ubicado en el condominio “Ciudad Jardín”, luego de varios años de haber sido vendido a Clovis Wazilewski, los acusados continuasen morando en él, lo que demostraría el fraude de esa transferencia y que tal hecho tuvo como fin impedir que AGROBOLIVIA Ltda. realice acreencia.


    1. Acusa ausencia de pronunciamiento sobre el hecho de doce días después de la firma de la Escritura Pública 393/2006 de 5 de abril, el acusado transfirió su propiedad sobre el fundo rústico “Monte Verde” (mismo que es mencionado en ese documento como lugar en el que los granos de soya serían colectados), exteriorizando el dolo en su conducta. 


    1. Asimismo, expresa que el Tribunal de apelación no emitió pronunciamiento sobre las atestaciones de Vivian Cuba y Pedro Áñez Álvarez, a pesar de que la primera afirmase que el acusado no tenía ninguna deuda con el sistema financiero, cuestionando el incumplimiento de la obligación de describir de forma individual los medios de prueba incorporados al juicio, además de no haberse expresado fundamentación probatoria intelectiva aplicando las reglas de la sana crítica, lo que en suma fuese contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 468/2014-RRC de 17 de septiembre, en cuanto a las exigencias de asignar valor individual a cada elemento probatorio.


  1. Recrimina la aseveración del Auto de Vista sobre el no señalamiento de modo preciso de los elementos de prueba que no habrían sido valorados, no es evidente pues en apelación restringida se señaló por ejemplo- la deposición testimonial de Cristian Zelaya quien dijo haber entregado la suma de dinero en manos del acusado, sin que se haya ponderado tal afirmación menos por el Juez de grado ni resuelto la queja sobre el mismo de parte del Tribunal de apelación, más cuando la entrega de ese dinero constase en la cláusula tercera de la Escritura Pública 393/2006 y que por fuerza del art. 1289 del CC, tiene fuerza probatoria. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que ordena parámetros sobre valoración de la prueba y aplicación de la sana crítica.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 15 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; toda vez que el 22 de enero fue declarado feriado nacional por día del Estado Plurinacional, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo identificado, sobre el alcance otorgado por el Auto de Vista impugnado al art. 519 del CC, en referencia a la participación de la acusada en la Escritura Pública 393/2006 de 5 de abril, norma utilizada para excluir la responsabilidad de la prenombrada, pero no para acreditar el pago o desembolso efectuado por AGROBOLIVIA Ltda. a favor de Ricardo Wazilewski, como se desprendería de la Cláusula Tercera de tal documento; asimismo, el Tribunal de apelación pretendería poner en duda el contenido del contrato desconociendo el pago realizado, al exigir constancias, como auditorias, que nunca fueron medios de prueba.


Si bien el desarrollo de la problemática relaciona al Auto de Vista 65, con el entendimiento otorgado a una norma del Derecho Civil, y ello fuera en consideración de la parte recurrente materia de casación, no es menos cierto que ésta temática no resulta acompañada de los demás requisitos que abren la competencia del Tribunal de casación, esto es, el señalamiento de una situación de hecho similar que se repute contradictoria a la decisión que se impugna, a través de la invocación de un precedente contradictorio, en el orden de los arts. 416 y ss. del CPP, por lo que siendo ausente este requisito, y no habiendo materia para la labor unificadora propia al recurso de casación, este motivo resulta inadmisible.


En torno al segundo motivo identificado, sobre el valor otorgado por el Tribunal de apelación a la prueba documental, afirmando que al hermano del acusado, Clovis Wazileski, señalándolo como co-propietario de los bienes y que su transferencia fue realizada con anuencia del Banco acreedor. Sobre este particular, agregan que la prueba documental acredita que este último solo era copropietario del fundo “Monte Verde” y que para la trasferencia en este bien no se acreditó anuencia del Banco acreedor; que el inmueble en el condominio “Ciudad Jardín” sólo era perteneciente a los acusados y del mismo modo sobre él no se acreditó anuencia de la entidad acreedora; y, que el vehículo con placa 1403-LEY, sólo era propiedad de los acusados y sobre este bien sí existió autorización de transferencia de parte del Banco Nacional del Bolivia S.A.


De igual forma, si bien el contenido del recurso exterioriza desarreglo con la opinión sentada por el Tribunal de alzada sobre la trasferencia de bienes por parte de los acusados, es también visible que la exposición recursiva no supera la enunciación y el descontento, pues los requisitos exigibles en casación no están señalados, esto es, la invocación de precedente contradictorio, lo que inhabilita un eventual análisis de fondo, aún acudiendo a los criterios de flexibilización explicados en el acápite anterior de la presente Resolución.


En el tercer motivo de casación identificado, se denuncia errónea aplicación de la Ley sustantiva en relación a exigencias no previstas en la norma y una errónea aplicación del art. 23 del CP, argumentando que: el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre la queja en torno al criterio de subsunción del hecho al tipo penal efectuado por la Sentencia, en el que exigió como elemento constitutivo del tipo la necesaria existencia previa de declaración en mora en un proceso civil de insolvencia; y, el alcance brindado al art. 23 del CP, al haberse desconocido la complicidad de la acusada por no haber suscrito la Escritura Pública 393/2006. En ambos casos es citado el Auto Supremo 608/2015-RRC de 11 de septiembre, tanto para asentar un criterio sobre el concepto de Solvencia, de la misma manera también orientar que en el delito acusado es también probable la existencia de otros grados de participación criminal distintos al autor.


En este particular son presentes la identificación particular del hecho similar, que es la exigencia del elemento “declaratoria de mora” para la configuración del tipo penal que no fuera correspondiente al criterio sobre el particular sentado en el Auto Supremo 608/2015-RRC de 11 de septiembre; asimismo, en torno a la calificación de complicidad, también se expone lo vertido por el Tribunal de apelación (que consideró que la acusada estaba eximida de responsabilidad al no haber suscrito el contrato 393/2006) y el entendimiento sobre el grado y manifestaciones de participación criminal que otorga el mencionado Auto Supremo, cumpliendo de esta manera el señalamiento preciso de la situación de hecho similar exigido por los arts. 416 y ss. del CPP.


En el cuarto motivo, se denuncia inexistencia de fundamentación con relación: i) La Sentencia, al determinar los hechos no probados concluyó que la acusación particular no explicó en qué consistieron los actos antijurídicos, la inexistencia de una relación circunstanciada y precisa de los hechos y que no se habría demostrado la existencia de nexo causal; ii) Ausencia de pronunciamiento sobre el hecho de doce días después de la firma de la Escritura Pública 393/2006 de 5 de abril, el acusado transfirió su propiedad sobre el fundo rústico “Monte Verde” (mismo que es mencionado en ese documento como lugar en el que los granos de soya serían colectados); iii) Omisión de pronunciamiento sobre las atestaciones de Vivian Cuba y Pedro Áñez Álvarez, a pesar de que la primera afirmase que el acusado no tenía ninguna deuda con el sistema financiero, cuestionando el incumplimiento de la obligación de describir de forma individual los medios de prueba incorporados al juicio; además de no haberse expresado fundamentación probatoria intelectiva aplicando las reglas de la sana crítica, lo que en suma fuese contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 468/2014-RRC de 17 de septiembre, en cuanto a las exigencias de asignar valor individual a cada elemento probatorio.


Sobre las tres falencias identificadas en torno a la ausencia de fundamentación o insuficiencia de ésta, solamente en el tercer caso, que es la denuncia de falta de pronunciamiento sobre las atestaciones de Vivian Cuba y Pedro Áñez Álvarez, la parte recurrente cumple con suficiencia la invocación del precedente contradictorio, así como señalar de manera suficiente la situación de hecho similar que se repute como tal, por lo que este aspecto en particular será objeto de análisis de fondo. 


Respecto al quinto motivo identificado, sobre el no señalamiento de modo preciso de los elementos de prueba que no habrían sido valorados sustentado por el Tribunal de apelación, sin que se haya tenido presente la deposición testimonial de Cristian Zelaya quien dijo haber entregado la suma de dinero en manos del acusado, ni haberse tenido presente que la entrega de ese dinero constase en la cláusula tercera de la Escritura Pública 393/2006, se cuestiona que el accionar del Tribunal de apelación haya sido contrario al entendimiento del Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que ordena parámetros sobre valoración de la prueba y aplicación de la sana crítica, absolviendo de tal cuenta lo exigido por la norma procesal como requisito que apertura la competencia casacional.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ronald Adalid Velasco Cáceres en su condición de representante legal de AGROBOLIVIA Ltda., de fs. 1062 a 1071 vta., únicamente para el análisis de los motivos tercero, cuarto punto iii) y quinto, conforme lo descrito precedentemente. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos