TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 473/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 30/2018

Parte Acusadora        : Nils Jalil Soria Gascher en Representación de la “Empresa       .   Pacheco Montaño Distribuidora S.R.L.”

Parte Imputada        : Juan Justiniano Moreno

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, que cursa de fs. 283 a 288, Juan Justiniano Moreno, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 59 de 4 de septiembre de 2017, de fs. 272 a 280, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Nils Jalil Soria Gascher en Representación de la “Empresa Pacheco Montaño Distribuidora S.R.L.” contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 12/2017 de 30 de marzo (fs. 204 a 210), el Juez Noveno de Sentencia y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Juan Justiniano Moreno, autor y culpable de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas contra la parte coacusada.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Juan Justiniano Moreno, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 214 a 223), que fue resuelto por Auto de Vista 59 de 4 de septiembre de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 23 de noviembre de 2017 (fs. 282), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 30 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia que aparentemente el Auto de Vista impugnado, pese a haber denunciado pormenorizadamente un defecto absoluto en relación a la ilegal incorporación de una prueba pericial por su lectura y en violación al derecho a la defensa, el Tribunal de alzada no se pronuncia sobre el defecto absoluto denunciado en apelación restringida, no efectuó una ponderación del acto denunciado como ilegal, no describe con precisión el acto señalado como defecto absoluto, no analiza si es imprescindible un nuevo juicio; es decir, incumple lo dispuesto por el Auto Supremo 067/2013 de 11 de marzo, invocado en calidad de precedente contradictorio. El Auto de Vista impugnado referiría: “…la prueba pericial ha sido introducida y judicializada por su lectura conforme manda el art. 333 del Código de Procedimiento Penal…”.    


  1. Asimismo, denuncia la supuesta existencia de un defecto absoluto en la Sentencia, por haber sido dictada en base a prueba incorporada ilegalmente al juicio por su lectura, que los Autos Supremos 103/2005 de 1 de abril y 87/2006 de 28 de marzo, establecen que cuando en una Sentencia se evidencian defectos absolutos insubsanables es deber del Tribunal Supremo de Justicia enmendar dichos actos y reencaminar el debido proceso. Por su parte el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre, estableció que es obligación del Tribunal de casación corregir aún de oficio y sin reclamo previo, los defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos. Que no es cierto que el recurrente no haya impugnado la judicialización del informe contable tal como temerariamente se afirma en el recurrido Auto de Vista, oponiendo incidente de exclusión probatoria y ante el rechazo del mismo se impetró reserva de recurrir, sin convalidar dicha nulidad absoluta. Que no se analizó lo denunciado en apelación restringida apartándose del principio de legalidad. La referida prueba no sería una prueba documental sino pericial; además, que no puede ser considerada como un informe y tampoco como declaración por comisión. Pericia que no cumple con lo previsto por los arts. 209 y ss. del CPP.


  1. El recurrente denuncia la presunta existencia de un defecto absoluto en la Sentencia por la vulneración del derecho a la defensa en su elemento de motivación y fundamentación en relación a la valoración de la prueba, invocando en calidad de precedente contradictorio el Auto de Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, referido a la fundamentación y motivación probatoria. Precisando que existiese contradicción al momento de fundamentar y motivar al valorar la prueba: i) Testifical de cargo; toda vez, que en la Sentencia se mutiló parcialmente el contenido de las declaraciones testificales, los tres testigos de cargo manifestaron coincidentemente que no vieron que se apropiare de ningún dinero, pero el Juez de origen no tomó en cuenta dichas declaraciones, de ninguna manera valoró de forma conjunta y armónica tal como lo establecen los arts. 173 y 359 del CPP. ii) Documental, que en realidad es una pericia, no se fundamenta en la Sentencia el valor que se le asigna; sin embargo, dicha prueba es valorada positivamente en la fundamentación descriptiva y fáctica de la Sentencia, sin cumplir las reglas de la sana crítica, vulnerando el art. 173 del CPP.  



III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la o el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 23 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 30 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, la parte recurrente alega falta de fundamentación por parte del Tribunal de alzada, pese a haber denunciado pormenorizadamente un defecto absoluto en relación a la ilegal incorporación de una prueba pericial por su lectura y en violación al derecho a la defensa, el Tribunal de alzada no se pronuncia sobre el defecto absoluto denunciado en apelación restringida, no efectuó una ponderación del acto denunciado como ilegal, no describe con precisión el hecho señalado como defecto absoluto, no analiza si es imprescindible un nuevo juicio.


En relación a lo anterior el recurrente invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 067/2013 de 11 de marzo, teniéndose por cumplido lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la invocación de los precedentes contradictorios y la precisión de la contradicción que se denuncia falta de fundamentación- con relación al precedente invocado, constituyendo elemento suficiente que permiten ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada, correspondiendo en consecuencia disponer la admisibilidad del presente motivo de análisis.


Como segundo motivo, denuncia la supuesta existencia de un defecto absoluto en la Sentencia, por haber sido dictada en base a prueba incorporada ilegalmente al juicio por su lectura, que los Autos Supremos 103/2005 de 1 de abril y 87/2006 de 28 de marzo, establecen que, cuando en una Sentencia se evidencian defectos absolutos insubsanables es deber del Tribunal Supremo de Justicia enmendar dichos actos y reencaminar el debido proceso. Por su parte el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre estableció que es obligación del Tribunal de casación corregir aún de oficio y sin reclamo previo, los defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos. Que no es cierto que el recurrente no haya impugnado la judicialización del informe contable tal como temerariamente se afirma en el recurrido Auto de Vista, oponiendo incidente de exclusión probatoria y ante el rechazo del mismo se impetró reserva de recurrir, sin convalidar dicha nulidad absoluta. Que no se analizó lo denunciado en apelación restringida apartándose del principio de legalidad. La referida prueba no sería una prueba documental sino pericial, además, que no puede ser considerada como un informe y tampoco como declaración por comisión. Pericia que no cumple con lo previsto por los arts. 209 y ss. del CPP.

De lo expuesto precedentemente, respecto a la revisión de oficio ante la existencia de defectos absolutos, situación que era prevista en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), resulta impertinente al caso concreto teniendo en cuenta la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 185/2016-RRC de 8 de marzo que estableció: “…Es más, de la revisión de los puntos impugnados descritos en el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte acusada, se tiene que, el Auto de Vista no refiere en lo absoluto sobre la denuncia específica del apelante, ni siquiera la menciona, pues ingresa curiosa y directamente a revisar la Sentencia de `oficio´, tratando de justificar su actuación con base a Sentencias Constitucionales que refieren al art. 15 de la LOJ abrogado; sin considerar los Vocales que ese artículo ya no se encuentra en la vida jurídica, ya que fue modificado por el legislador conforme se desprende de la doctrina descrita en el apartado III.2 de la presente resolución; pretendiendo confundir al sistema, ya que el art. 15 de la LOJ, independientemente que se encuentra abrogado, no contiene el mismo alcance que la norma ahora vigente establecida en el art. 17 de la LOJ (…)”. Aparte de lo referido, se denota que el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno, razón lógica por la cual, omitió precisar contradicción alguna con la resolución recurrida, incumpliendo el requisito previsto por el art. 417 segundo párrafo del CPP. Ahora bien, esta Sala Penal advierte que el impetrante denuncia el defecto absoluto en la Sentencia, proveyendo los antecedentes de hecho generadores del recurso (defecto absoluto en la Sentencia, por haber sido dictada en base a prueba incorporada ilegalmente al juicio por su lectura); sin embargo, no precisa el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido, ni detalla con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y tampoco explica el resultado dañoso emergente del defecto; en consecuencia, se advierte que se incumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, haciendo inviable la admisión de este motivo.


Respecto al tercer motivo, el recurrente denuncia la presunta existencia de un defecto absoluto en la Sentencia por la vulneración del derecho a la defensa en su elemento de motivación y fundamentación en relación a la valoración de la prueba, precisando que existiese contradicción al momento de fundamentar y motivar al valorar la prueba: i) Testifical de Cargo; toda vez, que en la Sentencia se mutiló parcialmente el contenido de las declaraciones testificales, los tres testigos de cargo manifestaron coincidentemente que no vieron que se apropiare de ningún dinero, pero el Juez de origen no tomó en cuenta dichas declaraciones, de ninguna manera valoró de forma conjunta y armónica tal como lo establecen los arts. 173 y 359 del CPP. ii) Documental, que en realidad es una pericia, no se fundamenta en la Sentencia el valor que se le asigna; sin embargo, dicha prueba es valorada positivamente en la fundamentación descriptiva y fáctica de la Sentencia, sin cumplir las reglas de la sana crítica, vulnerando el art. 173 del CPP.


Se evidencia que el recurrente efectúa una denuncia contra la Sentencia y no así respecto al Auto de Vista impugnado, por lo que se deduce que el recurso de casación procede únicamente para impugnar Autos de Vista de acuerdo a lo previsto por el art. 416 del CPP; por lo que el medio idóneo para impugnar una Sentencia de conformidad al art. 407 del CPP, es el recurso de apelación restringida; por lo tanto, se advierte que el impetrante incumplió con los presupuestos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando inviable la admisión del motivo en análisis, al margen de lo mencionado, es predecible evidenciar que en este motivo, la parte recurrente se limitó a transcribir parte del presunto entendimiento del Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, sin explicar de manera clara y precisa, cuál la supuesta contradicción entre dichos precedentes y el Auto de Vista impugnado conforme exigen los arts. 416 y 417 del CPP y el apartado III. inc. ii) de la presente Resolución, incumpliendo de ésta manera los requisitos de admisibilidad diseñados por el legislador. Esta Sala Penal advierte que el recurrente denuncia el defecto absoluto en la Sentencia, proveyendo los antecedentes de hecho generadores del recurso (defecto absoluto en la Sentencia por falta de motivación y fundamentación en relación a la valoración de la prueba), precisa el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido (vulneración del derecho a la defensa en su elemento de motivación y fundamentación); empero, no detalla con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y tampoco explica el resultado dañoso emergente del defecto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Justiniano Moreno, de fs. 283 a 288, únicamente para el análisis del primer motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos