TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 462/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Chuquisaca 14/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y Otra

Parte Imputada        : Marco Antonio Díaz Caballero y otra

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de febrero de 2018, cursante de fs. 284 a 286, Marco Antonio Díaz Caballero y Norma Lourdes Poveda Siñani, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 43/2018 de 1 de febrero, de fs. 279 a 281, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Cinthia Zamorano Vladislavic contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 04/2017 de 17 de febrero (fs. 207 a 225), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Marco Antonio Díaz Caballero y Norma Lourdes Poveda Siñani, autores de la comisión del delito de Estafa incurso en el art. 335 del CP; toda vez que la prueba aportada fue suficiente para generar en el Tribunal convicción en el hecho atribuido, imponiendo la pena de tres años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 10.- por día, con costas a favor del Ministerio Público y acusador particular a calificarse en ejecución de sentencia. 


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Marco Antonio Díaz Caballero y Norma Lourdes Poveda Siñani, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 240 a 246 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 43/2018 de 1 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisible el recurso planteado; por ende confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 20 de febrero de 2018 (fs. 282), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación, en el domicilio particular del secretario de cámara de la Sala Penal Segunda (fs. 286 vta.), que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial de recurso de casación, los recurrentes refieren que el derecho de impugnación previsto por el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado (CPE), es una garantía judicial de acuerdo a los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese contexto el art. 416 con relación al art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, que previo a la admisibilidad de la casación pues se encuentra supeditado a los arts. 416 y 417 del CPP, interponiendo el recurso bajo los siguientes argumentos: i) Un supuesto de flexibilización de los requisitos de casación es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación. De la revisión de los antecedentes, mediante la relación fáctica se advierte que los hechos denunciados no se subsumen al tipo penal de Estafa, previsto en la sanción del art. 335 del CP; toda vez, que el ilícito penal requiere que exista como elemento material el engaño o ardid y que ello produzca un error en otro que implique disposición patrimonial del ofendido; sin embargo, en el caso presente se está ante un negocio jurídico fallido; toda vez, que entre ambas partes se generó una relación contractual por la venta de un vehículo, una obligación entre partes, la cual fue incumplida por la parte denunciante en su afán de no cancelar la totalidad del precio, aspecto que debió ser demandado en la vía civil. Si bien la parte querellante se enteró que el vehículo era indocumentado, el mismo tenía expedita la vía civil, aspecto que desvirtúa el elemento del engaño, por lo que no puede ser utilizado a efectos de penalizar obligaciones contractuales, lo contrario es una franca violación a los derechos consagrados en el art. 16 de la CPE. Con relación al ilícito penal de Estafa, se evidencia que no concurren los elementos constitutivos del tipo penal, como ser el engaño, inducir en error, el ardid; aspecto que se encuentra plasmado en el Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006. Se precisa que la conducta asumida por el sujeto o los sujetos debe estar adecuada a todos los elementos constitutivos del tipo penal y que a falta de un elemento no se configura el ilícito de acción penal pública, no pudiéndose utilizar la vía penal para sancionar obligaciones contractuales, como lo ha determinado el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, y que en estricta relación a la exigencia de adecuación de los hechos al tipo penal concreto, el Tribunal Supremo de Justicia en uniforme doctrina lo ha establecido en el Auto Supremo 231 de 4 de julio de 2006. Invoca también los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006, 236/2007 de 7 de marzo, 134/2013-RRC de 20 de mayo, 132/2015-RRC-L de 27 de marzo, 421/2015-RRC de 29 de junio y “030/2014-R” de 20 de febrero.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 20 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 28 del mismo mes y año, en el domicilio particular del secretario de cámara de la Sala Penal Segunda (fs. 286 vta.); es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al único motivo de casación, se infiere que de la revisión de los antecedentes, mediante la relación fáctica se advierte que los hechos denunciados no se subsumen al tipo penal de Estafa previsto en la sanción del art. 335 del CP; toda vez, que el ilícito penal requiere que exista como elemento material el engaño o ardid y que ello produzca un error en otro que implique disposición patrimonial del ofendido; sin embargo, en el caso presente se está ante un negocio jurídico fallido, por lo que la vía penal no puede ser usada para penalizar actos civiles, lo contrario es una franca violación a los derechos consagrados en el art. 16 de la CPE, aspecto que se encuentra plasmado en el Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006. De la misma manera invocaron los Autos Supremos 241 de 1 de agosto de 2005, 231 de 4 de julio de 2006, 67 de 27 de enero de 2006, 236/2007 de 7 de marzo, 134/2013-RRC de 20 de mayo, 132/2015-RRC-L de 27 de marzo, 421/2015-RRC de 29 de junio y “030/2014-R” de 20 de febrero.


En análisis del recurso planteado, de la revisión de los fundamentos y la motivación de la casación planteada, se establece que en relación a la apelación restringida de los recurrentes, se ha denunciado dos defectos de la Sentencia establecidos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, respecto a la falta de fundamentación y la defectuosa valoración, no habiendo alegado en alguna parte de la apelación a la Sentencia, la inadecuada subsunción, atipicidad o falta de tipicidad, para que el Tribunal de alzada pueda ejercer su labor de control de subsunción y legalidad sobre el delito de Estafa sometido a juicio oral; por lo que quien recurre no puede interponer en casación cuestiones o agravios no denunciados o expuestos oportunamente al momento de recurrir en apelación restringida, porque lo contrario significaría reconocer la posibilidad de impugnar Autos de Vista que no se hayan pronunciado sobre aspectos no denunciados en los recursos, admitiendo la procedencia del per saltum; lo que sería contrario a los derechos constitucionales como el debido proceso en su vertiente de legalidad y tutela judicial efectiva, así como al principio de seguridad jurídica.


En ese marco, referir que el instituto del per-saltum en Bolivia no está vigente, que es una locución latina que significa por salto, sin derecho. Se cita para indicar que se ha llegado a una posición o grado sin haber pasado por las instancias o grados inferiores conforme al orden establecido, como un entendimiento que da lugar a saltar una instancia cuando no le es favorable a una de las partes en litigio. Por ejemplo interponer el recurso de casación sin haber interpuesto antes el recurso de apelación o después de haber renunciado a él; así como de interponer la casación sobre aspectos no apelados oportunamente.


Por ello, la temática traída en casación, no fue denunciada de manera adecuada en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, este Tribunal no puede ingresar al análisis de lo pretendido, tomando en cuenta que el Auto de Vista ahora impugnado como emergencia de esa falta de reclamo, evidentemente no se pronunció al respecto, guardando relación con el art. 398 del CPP; por lo que corresponde declarar inadmisible el presente recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Díaz Caballero y Norma Lourdes Poveda Siñani, de fs. 284 a 286.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos