TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 459/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                Santa Cruz 27/2018

Parte Acusadora        Ministerio Público y otros

Parte Imputada        Fernando Rivero Molina

Delito                            Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de enero de 2018, cursante de fs. 606 a 608, Fernando Rivero Molina, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 85 de 15 de noviembre de 2017, de fs. 596 a 599 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Petronila Yovio Tayani y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia”.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 35/2017 de 16 de mayo (fs. 547 a 555), el Tribunal Doceavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Fernando Rivero Molina, autor de la comisión del delito de Violación a Infante Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, con la modificación establecida en la Ley 348, imponiendo la pena de veinticinco años de presidio, más el pago de costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Fernando Rivero Molina formuló recurso de apelación restringida (fs. 576 a 580 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 85 de 15 de noviembre de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 12 de diciembre de 2017 (fs. 600), fue notificado el recurrente, con el referido Auto de Vista, e interpuso recurso de casación el 3 de enero de 2018, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente reclama, que el Auto de Vista recurrido no realizó una exposición y fundamentación clara, ante su cuestionamiento amparado en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); donde alegó que el Tribunal de mérito incurrió en error en la valoración al no tomar en cuenta la totalidad de las pruebas, teniendo por verdad la declaración de la supuesta víctima aún con todas las incoherencias y contradicciones, fallando en contradicción a las reglas de la lógica formal o deductiva como un razonamiento incorrecto, infringiendo los arts. “116, 1117 y 119 de la CPEP” (sic), obstruyendo sus derechos a la defensa, inmediación, contradictorio y debido proceso; no obstante, el Tribunal de alzada en violación al debido proceso no realizó una exposición y fundamentación clara respecto a la falta de logicidad en el relato de la supuesta víctima, limitándose a realizar afirmaciones basadas en una posibilidad, no efectuando un análisis o estudio lógico de razonabilidad a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, vulnerando al igual que la Sentencia los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues considera, que el Tribunal de alzada debía observar que cada declaración de un menor, es diferente; sin embargo, dio por sentada la agresión a la supuesta víctima sin realizar el iter lógico-jurídico-formal a la declaración del menor, incurriendo en vulneración a la seguridad social.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 214/2007 de 28 de marzo y 238/2012 de 6 de septiembre; “DERECHO COMPARADO: A.S. Nº 174/2011, de fecha 7 de septiembre de 2011 Emitida por el Tribunal Constitucional de España”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de diciembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 3 de enero de 2018, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 606; cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP; ello en virtud, que del 5 al 29 de diciembre de 2017, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ingresó en vacación judicial colectiva, normalizando sus actividades laborales el 2 de enero de 2018.


Respecto al único motivo, donde el recurrente reclama que el Auto de Vista no realizó una exposición y fundamentación clara, ante su cuestionamiento amparado en el art. 370 inc. 6) del CPP; donde alegó que el Tribunal de mérito incurrió en error en la valoración de las pruebas, teniendo por verdad la declaración de la supuesta víctima aún con todas las incoherencias y contradicciones, fallando en contradicción a las reglas de la lógica formal o deductiva como un razonamiento incorrecto, que obstruyó sus derechos a la defensa, inmediación, contradictorio y debido proceso; no obstante, el Tribunal de alzada violando el debido proceso, se habría limitado a realizar afirmaciones basadas en una posibilidad, no efectuando un análisis o estudio lógico de razonabilidad a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, vulnerando al igual que la Sentencia los arts. 115 y 117 de la CPE, ya que, dio por sentada la agresión a la supuesta víctima sin realizar el iter lógico-jurídico-formal a la declaración del menor, incurriendo en vulneración a la seguridad social.


Al respecto, el recurrente invocó los Autos Supremos 214/2007 de 28 de marzo y 238/2012 de 6 de septiembre; no obstante, se limitó a enunciarlos, sin observar el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar los Autos Supremos; sino, que corresponde al recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso.


En cuanto, a la invocación del “A.S. Nº 174/2011, de fecha 7 de septiembre de 2011 Emitida por el Tribunal Constitucional de España”, corresponde señalar, que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, constituyen precedentes contradictorios únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida emitidos por los Tribunales Departamental de Justicia en sus Salas Penales y Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable emitidos por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia; no siendo válido, el acudir a jurisprudencia constitucional comparada a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Por otra parte, si bien el recurrente alega la violación de sus derechos a la defensa, inmediación, contradictorio, debido proceso y seguridad jurídica; sin embargo, no precisa en qué consistiría la restricción o disminución de los referidos derechos; ello es explicar, cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso que constituyere defecto absoluto; en consecuencia, el presente recurso no cumple con los presupuestos de flexibilización que fueron explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, deviniendo en consecuencia en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Fernando Rivero Molina, de fs. 606 a 608.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos