TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 456/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Tarija 11/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Ramiro Jiménez Carrillo

Delito        : Estupro con Agravante


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 125 a 153, Ramiro Jiménez Carrillo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2018 de 24 de enero, de fs. 102 a 105, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Arancy Paz Villar y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estupro con Agravante, previsto y sancionado por el art. 309 con relación al art. 310 inc. k) del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 12/2017 de 30 de mayo (fs. 54 a 57), el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Ramiro Jiménez Carrillo, autor y culpable de la comisión del delito de Estupro con Agravante, previsto y sancionado por el art. 309 con relación al art. 310 inc. k) del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Ramiro Jiménez Carrillo, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 73 a 89 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 13/2018 de 24 de enero, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 1 de febrero de 2018 (fs. 157), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 8 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente aduce que los vocales de la Sala Penal Segunda, mediante Auto de Vista hubiesen ratificado la Sentencia condenatoria incurriendo en los defectos establecidos en el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP, en el mismo sentido habrían violentado contundentemente el mencionado artículo y en el momento que se revise la Sentencia y el Acta de Juicio se podrá evidenciar que el Tribunal de Sentencia de Villa Montes tiene como un primer hecho probado que J.D.P. de 15 años cumplidos sería menor de edad cuando se perpetro el supuesto ilícito y que vivía en la comunidad de Tiguipa en la casa de su madre; sin embargo, no se encuentra acreditada la minoridad de la víctima. Además, que respecto a la agravante, el hecho de que la victima dé positivo a un test de embarazo no significaría que el imputado es el padre, aspecto que debió ser demostrado con un examen de ADN, sin que hubiese considerado dicho extremo el Tribunal de alzada, argumentando la existencia de un certificado médico forense que confirmaría la autoría. Respecto a la entrevista psicológica, se planteó exclusión probatoria por no contar con la firma de la entrevistada, aspecto que no fuere considerado por el Tribunal de apelación, lo mismo sucedería con la Sgto. asignada al caso, quien refiere que cumplió las directrices y que las partes no presentaron pruebas. Por lo que concluye, que los vocales ratifican la decisión unánime de condena solo por aspectos referenciales, porque la presunta víctima y la madre en calidad de denunciante, no estuvieron presentes en juicio. Indica que no se aplicó y se debió considerar lo que establecen los arts. 115.I y II, 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 1, 3, 5, 13, 172 y 363 incs. 2) y 3) del CPP.    


  1. Que la Sentencia contendría el defecto establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP, referente a que no existe fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria, precisando que la jurisprudencia constitucional establece el deber de fundamentar las resoluciones; asimismo, transcribe parte del Auto Supremo 65/2012-RRC de 19 de abril, referente a la misma temática, además, de precisar lo establecido por la doctrina respecto a la fundamentación, acentuando que dicha resolución no se fundamentó debidamente respecto al delito atribuido. Consigna los Autos Supremos 479 de 8 de diciembre de 2005, 342 de 28 de agosto de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006 y 562 de 1 de octubre de 2004. Concluyendo que de la revisión del contenido de la Sentencia impugnada, se evidenciaría una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación por lo que debería aplicarse la parte in fine del art. 408 del CPP.


  1. Que el Tribunal de alzada, dictó una Sentencia que contendría el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que se basaría en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba. Referente a los hechos imaginarios y no acreditados, no se hubiese demostrado los hechos para el delito acusado, a pesar de ello los vocales en franco irrespetó a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, en este aspecto de forma subjetiva y arbitraria lo condenaron, apoyándose en la doctrina, refiriendo que se puede controlar dichas razones en la medida que sean contrarias a las reglas de la sana crítica. Como hecho no acreditado se tiene la minoridad de la víctima, mientras que en la valoración defectuosa de la prueba, al no dar lugar a la apelación restringida, los vocales vulneraron las reglas de la sana crítica, en razón, de que se le condenó injustamente por Estupro con agravante, en base a la Entrevista Psicológica e Informe Psicológico, los testigos más que generar convicción llegaron a generar dudas, sin llegar a demostrar responsabilidad penal. Precisa que no se aplicó y se debió considerar lo que establecen los arts. 119.I y II de la CPE, arts. 1, 3, 5, 13, 172 y 363 inc. 2) del CPP. Además, que sin elementos probatorios llegaron a la conclusión de que el recurrente a proximidades de la casa de la menor víctima se hubiese realizado el hecho. Respecto a la prueba de cargo sólo presentaron dos testigos referenciales, la víctima y la madre de la misma; sin embargo, dichas pruebas fueron retiradas por el Ministerio Público, por lo que existen errores lógicos jurídicos, haciendo una incorrecta valoración.


  1. Denuncia que la violación al principio In Dubio Pro Reo, y la manifestación del art. 363 inc. 2) del CPP, cuando la prueba no sea suficiente para generar la convicción se debe dictar Sentencia absolutoria, amparando su argumento en la Sentencia Constitucional 722/2002-R, sin considerar lo previsto por el art. 173 del CPP.


Precisa que el Auto de Vista impugnado contraviene a los Autos Supremos 512 de 11 de octubre de 2007, 368 de 17 de septiembre de 2005, 160 de 2 de febrero de 2007, 122 de 24 de abril de 2006, 639 de 20 de octubre de 2004, 384 de 26 de septiembre de 2005, 373 de 6 de septiembre de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 183 de 6 de febrero de 2007, 86/2016 de 8 de agosto, 562 de 1 de octubre de 2004, 5 de 26 de enero de 2007, 342 de 28 de agosto de 2006, 218 de 28 de junio de 2006, 562 de 1 de octubre de 2004, 236 de 7 de marzo de 2007, 151 de 15 de febrero de 2007, 210 de 28 de marzo de 2007, 518 de 20 de septiembre de 2004 y 223 de 28 de marzo de 2007.       

                         

  1. Como último agravio, aduce que el Tribunal de alzada valoró nuevamente la prueba introducida a juicio, invocando en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 57 de 27 de enero de 2006, 228 de 4 de julio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 151 de 2 de febrero de 2007, 412 de 10 de octubre de 2006.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 1 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 8 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo, la parte recurrente alega que el Tribunal de alzada al dictar el Auto de Vista impugnado hubiese incurrido en los defectos previstos por el art. 370 incs. 4) y 6) del CPP, sin tener en cuenta que no se probó la minoridad de la víctima, ni el hecho de que la misma de positivo a un test de embarazo no significaría que el imputado sea el progenitor, aspecto que debió ser demostrado con un examen de ADN; además, de la existencia de irregularidades en la entrevista psicológica y en la declaración de la Sgto. asignada al caso. Concluye, que los vocales ratifican la decisión unánime de condena solo por aspectos referenciales, porque la presunta víctima y la madre en calidad de denunciante, no estuvieron presentes en juicio.


Como segundo motivo, denuncia que la Sentencia contendría el defecto establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP, referente a que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria, en atención de dicha resolución no fundamentó debidamente respecto al delito atribuido. Que se evidenciaría una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación por lo que debería aplicarse la parte in fine del art. 408 del CPP.


Respecto al tercer motivo, el recurrente expresa su agravio referido a que el Tribunal de alzada, dictó una Sentencia que contendría el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que se basaría en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba. Referente a los hechos inexistentes y no acreditados, no se hubiese demostrado los hechos para el delito acusado, a pesar de ello los vocales en franco irrespetó a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, en este aspecto de forma subjetiva y arbitraria lo condenaron.


En el cuarto motivo, denuncia que la violación al principio in dubio pro reo, de la misma manera manifiesta el art. 363 inc. 2) del CPP, cuando la prueba no sea suficiente para generar la convicción se debe dictar Sentencia absolutoria.


En relaciona a los anteriores motivos, este Tribunal verificó que los argumentos vertidos por el recurrente, son copia fiel del memorial de apelación restringida, razón lógica por la cual, no impugna el Auto de Vista, al contrario recurre en contra de la Sentencia, amparándose en fundamentos propios de la tramitación de la apelación restringida, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad de los motivos primero, segundo, tercero y cuatro.


Como quinto motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada valoró nuevamente la prueba introducida a juicio.


Al efecto, este Tribunal constato que respecto a los antecedentes contradictorios, el recurrente se limitó a transcribir las presuntas doctrinas legales aplicables de los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 57 de 27 de enero de 2006, 228 de 4 de julio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 151 de 2 de febrero de 2007 y 412 de 10 de octubre de 2006, razón por la cual, no expuso de manera clara y precisa la contradicción entre la resolución recurrida con los precedentes invocados, por lo que se concluye que no ha cumplido con la carga procesal asignada por los arts. 416 y 417 del CPP. Tampoco, formuló la forma en que el Auto de Vista impugnado le hubiera generado algún agravio que hubiese vulnerado sus derechos constitucionales a los efectos de admitir el recurso vía flexibilización, por lo que el presente motivo deviene en inadmisible


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ramiro Jiménez Carrillo, de fs. 125 a 153.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos