TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 450/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Santa Cruz 21/2018

Parte Acusadora        : Alberto Jara Tadeo 

Parte Imputada        : Tarcila Arias Vda. de Montaño y otros

Delitos                : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de noviembre del 2017, cursante de fs. 494 a 495, Tarcila Arias Vda. de Montaño, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 66 de 19 de septiembre de 2017, de fs. 488 a 490 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Alberto Jara Tadeo contra la recurrente y Juanito, Marina, Rene, Norma, Lucia, Teodora, Luís, Sandro, Consuelo, Nancy, Teresa y Amanda todos de apellidos Montaño Arias, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnias, Injurias, Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 282, 283, 287, 351 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 27 de 30 de noviembre del 2016 (fs. 444 a 455 vta.), el Juez Octavo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Tarcila Arias Vda. de Montaño, culpable y autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas y absuelta de los demás delitos conculcados en su contra, estando habilita la querellante para la reclamación de daños y perjuicios, respecto a Juanito, Marina, Rene, Norma, Lucia, Teodora, Luís, Sandro, Consuelo, Nancy, Teresa y Amanda todos de apellidos Montaño Arias, fueron absueltos de los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Tarcila Arias Vda. de Montaño (fs. 459 a 460), interpuso recurso de apelación restringida, que previo memorial de subsanación (fs. 486 y vta.), fue resuelto por Auto de Vista 66 de 19 de septiembre de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 16 de noviembre del 2017 (fs. 492), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 22 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.




II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Bajo el acápite de antecedentes, la recurrente señala que el Auto de Vista impugnado habría referido que la comisión del delito de Despojo fue cometido el año 2011; es decir, después de dos años de la fecha en que la acusada hubiera otorgado el inmueble objeto de la Litis en calidad de alquiler; por lo que los errores de procedimiento o la aplicación de la norma sustantiva, en las que se incurrió durante la sustanciación del proceso, a decir del Tribunal de apelación debieron ser reclamados o planteados ante el Juez de la causa; toda vez, que el recurso de apelación restringida, no sería el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho, pues los Jueces y Tribunales inferiores tendrían la función de garantizar los derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley; posterior a dicho argumento y de manera contraria el Tribunal de alzada, habría manifestado: “QUE, para vincular a una persona a un proceso como posible responsable de la comisión de un hecho delictivo, se requieren motivos bastantes y comprometedores para sospechar de su participación en el hecho delictivo, entendiéndose como ella o todo elemento de prueba o daño objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto y probable acerca de los extremos de la existencia o inexistencia del hecho que con se pretende acreditar, sino también en tanto permita fundar sobre este un juicio de probabilidad con que se requiere para el procesamiento, esta idoneidad convencional se conoce como relevancia o utilidad de la prueba” (sic).


Asimismo señala que, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplicó de forma errónea; toda vez, que en el caso de autos no se habría valorado la prueba producida e incorporada en juicio, consistente en el título de derecho propietario de su persona, que resultaría siendo desde 1981 y en cuya virtud habría ejercido actos de posesión al dar su inmueble en calidad de alquiler; razón por la cual se habría aplicado de manera incorrecta lo dispuesto por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), violentando el debido proceso que por deducción de la Sentencia Constitucional 0183/2010-R de 24 de mayo, la falta de fundamentación probatoria violentaría lo dispuesto por el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE); agrega que su título propietario jamás fue anulado, por lo que su accionar sería en ejercicio de su derecho de disposición del inmueble. Señala que el Auto de Vista impugnado resulta contrario y vulnera el art. 114.II de la CPE, en su elemento al debido proceso, defensa y una justicia plural pronta, el art. 180 de la misma norma suprema que establece los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, explicando -al Tribunal de apelación-, que la falta de valoración correcta dentro del proceso, no pudo ser observada por otro medio ya que el Juez de origen da a conocer sus fundamentos en la Sentencia, por lo que la falta de valoración correcta de una prueba presentada y producida en juicio, violentaría los principios establecidos en el art. 180 de la CPE.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 16 de noviembre del 2017, fue notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado; y, el 22 del mismo mes y año, interpuso su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que:


En el planteamiento de la presente causa por la recurrente, observa que en el acápite destinado a los antecedentes del caso, alegó que entre los dos argumentos presuntamente expuestos por el Tribunal de alzada, el primero referido a que “la supuesta errónea aplicación de la norma procesal y sustantiva, debió ser reclamado ante el Juez de mérito, pues el mismo no tendría facultad para valorar y revisar cuestiones de hecho”, y el segundo argumento, referido a “Que para vincular a una persona debe existir prueba o daño objetivo capaz de producir conocimiento cierto y probable acerca de la existencia o no del hecho y la probabilidad de autoría”; los cuales acusa de ser contradictorios, sin explicar en qué consiste esa contradicción; asimismo, del análisis minucioso de los argumentos identificados por la impetrante y que hubieran sido expuestos por el Tribunal de apelación, éste Tribunal no halla los supuestos argumentos antagónicos; por lo que el mismo carece de suficiente carga argumentativa que no puede ser suplida, rectificada y complementada por esta Sala Penal a fin de admitir el recurso de casación, pues lo contrario sería vulnerar el derecho a la igualdad de las partes.


Por otra parte respecto a la exposición del agravio, la recurrente refirió, que la autoridad judicial si observó la norma; empero, la aplicó de forma errónea, pues en el caso que nos ocupa no se habría valorado el testimonio que acredita su derecho propietario y en cuyo ejercicio hubiera alquilado el inmueble objeto del juicio, lo cual revelaría la incorrecta aplicación del art. 173 del CPP y la violación del debido proceso y según la interpretación realizada por la Sentencia Constitucional 0183/2010-R de 24 de mayo, la falta de fundamentación probatoria también se transgrediría el art. 116.II de la CPE; asimismo, refiere que la resolución impugnada resulta contrario y violenta los arts. 114.II y 180 de la CPE, la primera disposición, por inobservancia del debido proceso, defensa y justicia plural pronta, y la segunda, en todos los principios procesales de la jurisdicción ordinaria. Argumentos de los cuales se establece que son generales; toda vez, que en primer lugar identifica como norma incorrectamente aplicada, el art. 173 del CPP y la violación del debido proceso art. 116.II de la norma suprema; argumento del cual se entiende que dicha inobservancia y transgresión de la norma procesal referida, sería por parte del Juez de Sentencia, aclarando en esta parte que el Tribunal de casación no puede ejercer control de legalidad respecto a la Sentencia, sino de la resolución de los agravios planteados en alzada. De manera específica en cuanto al Auto de Vista recurrido, la apelante señaló que la misma violenta el art. 114 de la CPE, en su elemento del debido proceso, defensa y justicia plural y pronta, así como el art. 180 de norma suprema; sin embargo, cabe observar por un lado, que la primera disposición identificada cómo violentada, no hace referencia a ninguno de los derechos referidos; en cuanto a la segunda norma identificada no explicó de qué manera el Tribunal de alzada vulneró todos esos principios; es decir, cuáles serían los antecedentes generadores de la vulneración alegada, en que consiste la restricción o disminución del derecho o garantía y tampoco explicó el resultado dañoso emergente de esa supuesta vulneración.


De lo expuesto precedentemente se concluye que la recurrente, además de incurrir en falta de fundamentación en el agravio planteado; toda vez, que el mismo es general y no existe claridad en la circunstancia alegada, tampoco invocó ningún Auto Supremo en calidad de precedente; en consecuencia, no precisó la supuesta contradicción entre el mismo y el Auto de Vista impugnado, incumpliendo con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por otro lado, conforme el análisis realizado en el párrafo que antecede, tampoco se cumplió con proveer los requisitos de flexibilización explicados y desarrollados en el acápite anterior de la presente resolución, resultando por ende inadmisible el recurso en análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la imputada Tarcila Arias Vda. de Montaño, de fs. 494 a 495. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos